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clarin.com · hace 4 horas · Clarin.com - Home

El cambio en la representación argentina en el Parlamento del Mercosur: inconstitucionalidad y regresión democrática

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El jueves 19 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Argentino produjo un despacho que propone modificar la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. Se supone que la Cámara de Senadores lo tratará la semana entrante.

Ese dictamen evidencia el desconocimiento de las normas Mercosur y, lo que es todavía más grave, de la Constitución Nacional.

La representación de los pueblos de los países miembros del Mercosur está regulada por la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC.28/10 que le da jerarquía normativa al “Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur y Proposiciones Correspondientes a la legislación del Mercosur”. Esta Decisión tiene dos antecedentes que la enmarcan: el “Protocolo de Ouro Preto” de 1994 que incluyó a la Comisión Parlamentaria Conjunta en la estructura institucional del Mercosur y el “Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur” (MERCOSUR/CMC/dec.23/05) que en su Art. 1 establece la elección directa de los parlamentarios.

En el Acuerdo Político de 2010 se fijó la cantidad de representantes para cada país en el Parlamento conforme a las “etapas del proceso constitutivo” indicadas en el Protocolo de 2005. En esa oportunidad los cuatro países miembros contemplaron llegar a la elección directa como fase superior y deseable de su representatividad popular.

Durante la primera y la segunda etapa previstas los parlamentarios son legisladores nacionales que representan a ambas Cámaras de su Congreso respectivo.

En la primera etapa, que finalizó en 2010 al establecerse el Acuerdo Político como norma del Mercosur, las representaciones fueron igualitarias: de 18 representantes por cada uno de los congresos nacionales.

En la segunda etapa cada delegación se compone del número que resulta de sumar los 18 representantes -cifra que se corresponde con el período igualitario- mas 1/3 de la diferencia entre 18 y la que resulta de aplicar un criterio de proporcionalidad atenuada al número de habitantes del país.

Eso llevó el número de nuestros parlamentarios a 26.La Argentina dio un segundo salto en su número de parlamentarios cuando la Ley 27.120/2014 dispuso la elección directa para 2015; allí pasamos a ser 43 representantes.

Durante la última etapa - que culminaría el 31 de diciembre de 2030 (MERCOSUR/CMC 9/20)- todos los estados deberán cumplir con la elección directa a fin asegurar en su mayor grado a la representación ciudadana.

El dictamen de la comisión senatorial propone reemplazar a los 43 parlamentarios argentinos que han sido “electos por sufragio universal, directo y secreto” por otros tantos electos entre el Congreso de la Nación y cada legislatura provincial propiciando una regresión institucional cuando vuelve a la elección indirecta. Pero, dando ese paso atrás, ignora una consecuencia inevitable: la Argentina sólo podrá elegir 26 parlamentarios, 17 menos que en el régimen actual.

Los intereses de los otros países miembros impondrían rápidamente esa deriva, una vez alterada de manera tan brusca la proporcionalidad de la composición del Parlamento, como órgano internacional.

Por otro lado, cuando el dictamen propone desprender en manos de las legislaturas de las Provincias la elección de 24 representantes está transgrediendo el Protocolo Constitutivo acerca de la legitimidad y jerarquía igualitaria de los parlamentarios de los cuatro países. Dicha normativa internacional atribuye con claridad a cada Congreso Nacional la designación de los parlamentarios entre sus propios miembros, típica de las etapas precedentes, tal como hacen por ahora los demás países.

La propuesta que está a consideración del Senado entraría en pugna, además, con varias decisiones del Consejo del Mercado Común. Estas normas están reconocidas con jerarquía superior a las leyes nacionales según los artículos 31 y 75 inciso 22 e inciso 24 de la Constitución Nacional. Privar a los ciudadanos argentinos del derecho adquirido y en pleno ejercicio de elegir a sus Parlamentarios en esta instancia internacional en que la Argentina es parte, resulta por lo tanto notoriamente inconstitucional.

Es de esperar que el pleno del Senado evite este camino de retroceso democrática y de alteración del estado de derecho de nuestro país.

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