Se destraba el Súper RIGI: el Gobierno consigue dictaminar con cambios y el proyecto vuelve a Diputados
En una jugada de último momento y al filo del cierre del año legislativo, el Gobierno consiguió destrabar el proyecto de Súper RIGI, que promueve inversiones por más de US$ 1.000 millones, tras ceder a las exigencias de los aliados.
La propuesta estaba frenada desde septiembre pasado cuando tras el debate en comisión, los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama, junto al jefe del PRO, Martín Goerling; y el correntino Carlos "Camau" Espínola hicieron algunas objeciones al proyecto que tiene la media sanción de Diputados.
Puntualmente hubo una demanda de los senadores para proteger los insumos nacionales y se pidió ampliar el término “precio/calidad” para ponerles un freno a las importaciones que se expanden de la mano del RIGI. En este sentido, se estableció que el precio de los bienes no puede superar en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero.
Lo cierto es que ante la posibilidad de que se frustre la propuesta impulsada por el Ministerio de Economía, el Gobierno tuvo también que dar garantías para que se cumpla con la cuota del 20% del compre argentino y tenga impacto en la economía local.
Por eso, las empresas proveedoras podrán importar con tasa 0, bienes de capital, maquinaria y equipamiento, destinados a desarrollar, ampliar o mejorar su capacidad productiva, siempre que estén vinculados al abastecimiento de los proyectos adheridos al programa.
Con este cambio, lo que se busca es generar un impacto de largo plazo, permitiendo que las empresas locales puedan modernizar sus plantas, producir a menor costo y mejorar su competitividad, explicaron en el Senado.
Vale aclarar que dentro del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales, que justamente establece un compromiso mínimo del 20% de contratación de proveedores nacionales, se excluyen las obras y los servicios de ese cálculo. La decisión fue tomada a partir de la experiencia del RIGI, ya que la infraestructura de obra representa una proporción significativa de la inversión.
Otra de las modificaciones que se incorporan a partir del reclamo de los senadores rebeldes es la intervención de la Comisión Nacional de Comercio Exterior para que determine la competitividad de los precios de los bienes importados.
De esta manera, se busca detectar aquellas posibles prácticas de dumping, subvenciones o condiciones de competencia desleal que perjudiquen al proveedor local.
Además, Abad, Goerling y Espínola consiguieron endurecer las sanciones para las empresas que incumplan con las condiciones del Compre Nacional. En este sentido, la multa podrá alcanzar la totalidad del monto de inversión destinado a proveedores que haya quedado pendiente de cumplimiento. En el texto original se fijaba una multa de hasta el 3% del déficit de contratación.
Según la propuesta aprobada en Diputados, un proyecto de US$ 1.000 millones debería destinar al menos US$ 200 millones a bienes locales. Si no se cumplía con esa condición, la empresa inversora podía ser sancionada con un máximo de US$ 6 millones, mientras que con la nueva redacción se eleva a US$ 20 millones.
En principio, fuentes legislativas descartaron la posibilidad de que este proyecto forme parte del temario de la sesión que será convocada para el próximo 26 de noviembre cuando se discutirá la reforma electoral. En consecuencia es probable que el Gobierno incorpore el Súper RIGI al temario previsto para las sesiones extraordinarias de diciembre.
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