La fortaleza del RIGI ante intentos desestabilizadores
El 20 de noviembre trajo dos noticias sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apuntan en direcciones opuestas. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador aprobó la adhesión de Argentina GNL, el proyecto de YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG para llevar gas de Vaca Muerta a la costa de Río Negro, licuarlo en dos unidades flotantes y exportarlo. Son US$ 50.750 millones a lo largo de la vida útil del proyecto, de los cuales unos US$ 29.000 millones se invertirían hasta 2031; una capacidad de 12 millones de toneladas anuales y exportaciones estimadas en US$ 10.000 millones por año durante unos veinte años. Es la mayor inversión privada que haya registrado el país.
Por otro lado, en la presentación de un nuevo espacio político, Máximo Kirchner propuso auditar los beneficios que el régimen concede a las empresas, cuestionó a los dirigentes de su propio partido que advirtieron sobre el riesgo de esa auditoría y anticipó que van a “armar todo el quilombo que haya que armar”.
Las dos noticias están conectadas. La primera muestra lo que el RIGI es capaz de atraer. La segunda, el riesgo para el que fue diseñado. El presidente de YPF, Horacio Marín, sostuvo que sin el RIGI el proyecto no habría sido posible. No es una frase de ocasión: ningún directorio aprueba un desembolso de US$ 50.000 millones a treinta años por una rebaja de diez puntos en el impuesto a las ganancias. Lo aprueba si tiene la certeza de que las condiciones pactadas hoy serán las mismas dentro de quince o veinte años, gobierne quien gobierne.
La Argentina sabe lo que vale una promesa de estabilidad que no se cumple. La Ley 24.196 de Inversiones Mineras (1993) otorgó estabilidad fiscal por treinta años. Con el tiempo aparecieron nuevos tributos y derechos de exportación, y en 2012 la Corte Suprema, en “Minera del Altiplano”, convalidó aumentos impositivos a pesar de esa estabilidad, con la condición de que no se alterara la carga tributaria total de la empresa, y dejó en cabeza del inversor la prueba de lo contrario. La garantía quedó, en los hechos, vaciada.
El RIGI, regulado en el Título VII de la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, se escribió para cerrar esa puerta. Y lo hace con herramientas que vale la pena repasar ahora que el régimen tiene su primer gran desafío político.
La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria rige por treinta años y no admite la interpretación de “Minera del Altiplano”. El inversor puede rechazar cualquier tributo nuevo o aumento de alícuotas, conserva los beneficios aun si el régimen se deroga y aprovecha cualquier reducción posterior. No hay una “carga tributaria total” que el Estado pueda reacomodar a su favor.
Esa estabilidad, además, no es una concesión revocable. La adhesión del inversor y su aprobación por la autoridad de aplicación forman un contrato administrativo con obligaciones exigibles para ambas partes. Los derechos que nacen de él se incorporan al patrimonio del inversor y quedan amparados por el derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional. La Corte lo dijo en “Bourdieu” (1925, Fallos 145:307) y lo aplicó a los regímenes de promoción en “Metalmecánica” (1976, Fallos 296:672).
El contraste con 2002 es claro. La Ley 25.561 de emergencia pública sirvió para dejar sin efecto, de un día para el otro, una enorme cantidad de contratos. El costo fue de décadas de desconfianza y más de cuarenta demandas arbitrales en pocos años, que llevaron a la Argentina a encabezar durante veinte años la lista de países más demandados ante el Ciadi.
Aquí está el punto central del debate que abrió Máximo Kirchner. Controlar el RIGI no solo es legítimo: es necesario. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación tienen competencias de control externo e interno según la Ley 24.156, y la autoridad de aplicación debe verificar que cada proyecto cumpla lo que comprometió: montos, plazos, empleo y contratación de proveedores locales. En el caso de Argentina GNL, este último compromiso ronda los US$ 51.000 millones. Una auditoría que controle ese cumplimiento es coherente con el régimen y, bien hecha, lo fortalece.
Lo que el RIGI no permite es usar una auditoría como atajo para recalcular beneficios, quitar la estabilidad o declarar la caducidad de un proyecto por una decisión política. El régimen sancionatorio lo impide de forma expresa: el cese definitivo de los incentivos exige un sumario previo con pleno derecho de defensa y solo procede cuando la sanción está firme o hay un laudo firme del tribunal arbitral. El Estado no puede rescindir por sí mismo un proyecto RIGI alegando un incumplimiento del inversor. Si el inversor cuestiona esa decisión, la última palabra la tiene un tribunal arbitral, no el gobierno que la tomó.
Por eso el problema de la propuesta no está en la palabra “auditoría”. Está en el mensaje político que la acompaña. Que una fuerza con aspiraciones de gobierno anuncie que va a dar pelea contra un régimen de naturaleza contractual le dice al inversor que los términos podrían reabrirse. Ese mensaje tiene un costo aunque nunca se concrete: encarece el financiamiento, alarga las decisiones de inversión y castiga a los proyectos que todavía esperan aprobación. La respuesta jurídica es que esos términos no pueden reabrirse unilateralmente. Y esa respuesta descansa en el arbitraje.
El RIGI incorpora en una ley nacional algo que hasta ahora dependía de los casi cincuenta tratados bilaterales de inversión vigentes: el acceso directo al arbitraje internacional. El inversor elige el foro entre el Ciadi (cuyo convenio la Argentina aprobó por Ley 24.353), la Cámara de Comercio Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Antes de iniciar el arbitraje, las partes deben negociar durante ciento ochenta días. Salvo en el Ciadi, que tiene su propio sistema, la sede debe estar fuera del país, el procedimiento puede llevarse en español o en inglés, y los árbitros no pueden ser argentinos ni tener la nacionalidad del accionista mayoritario del inversor. A esto se suma el Panel RIGI, creado por la reglamentación, que acompaña la ejecución del proyecto y puede intervenir en las diferencias. Los laudos son ejecutables en casi todo el mundo gracias a la Convención de Nueva York de 1958, aprobada por la Ley 23.619.
Para quien invierte a treinta años, esta garantía no es accesoria. En la justicia contencioso administrativa argentina, un juicio contra el Estado puede durar más de veinte años, casi lo mismo que el proyecto. Y más allá de la calidad de muchos de nuestros jueces, el inversor extranjero difícilmente vea neutral a un tribunal nacional que debe juzgar a su propio Estado. Sin el arbitraje, la estabilidad sería una promesa. Con él, es un derecho exigible.
La experiencia argentina demuestra que esto no es teoría. El Ciadi condenó al país en CMS Gas Transmission (2005), Azurix (2006) y Compañía de Aguas del Aconquija y Vivendi (2007). En el caso de Suez, Aguas de Barcelona y Vivendi, por la concesión de Aguas Argentinas, el laudo de 2015 rondó los US$ 400 millones y se mantuvo en 2017, cuando se rechazó su anulación. En 2013, después de años de negarse a pagar, el propio Estado canceló con bonos y una quita las condenas de cinco arbitrajes. Los laudos terminan cumpliéndose porque la alternativa es quedar fuera de los mercados de crédito.
Aplicada a la escala de Argentina GNL, esa experiencia es concluyente. Un gobierno futuro que quisiera desconocer los compromisos asumidos con un proyecto de US$ 50.000 millones enfrentaría reclamos de una magnitud sin precedentes, que pagarían todos los argentinos. Ese costo es la mejor garantía de que no ocurra: ningún gobierno, sea del signo que sea, tendrá incentivos para pagarlo.
Hay otra protección, menos visible. Cada inversor que entra al RIGI suma un interesado en que las reglas se respeten. Argentina GNL incorpora a una empresa italiana y a una de Emiratos Árabes Unidos, y se suma a proyectos de compañías de Argentina, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Corea del Sur y China. Detrás de cada una hay un gobierno que no aceptará en silencio que se afecten sus inversiones. Italia, por ejemplo, tiene con la Argentina un tratado bilateral de inversiones vigente desde la década de 1990.
Afectar al mismo tiempo los intereses de tantos países tendría un costo diplomático y económico que la Argentina no puede asumir. Así, la estabilidad del régimen deja de depender solo de la voluntad política local y pasa a sostenerse en la red de intereses que el propio capital genera.
El cuarto pilar completa el esquema: las provincias que adhieren al RIGI se comprometen a no crear nuevos tributos ni aumentar los existentes para los proyectos aprobados. Río Negro, donde se instalarán las unidades de licuefacción, es una de ellas.
Con Argentina GNL, las inversiones aprobadas bajo el RIGI superan los US$ 125.000 millones. La decisión final de inversión del proyecto está prevista para fin de mes. Hace un siglo, la Corte advirtió que los beneficios que el Congreso otorga para promover el desarrollo del país comprometen la fe pública de la Nación. Esa es la cuestión de fondo. La ley ya ofreció reglas claras y exigibles. Lo que falta es que todo el sistema político, incluida la oposición que aspira a gobernar, asuma que honrarlas no es una concesión a las empresas sino una condición para que la Argentina vuelva a ser un país donde se puede invertir a largo plazo. Controlar que se cumplan, sí. Amenazar con desconocerlas, no.