Proyecto Latidos: defender la vida sin contradicciones
El Proyecto Latidos, bajo firma de la diputada Alida Ferreyra, propone incorporar a la Ley 27.610 información sobre el desarrollo gestacional, escucha de la actividad cardíaca embrionaria o fetal cuando resulte detectable y orientación sobre apoyos para continuar el embarazo. Su examen exige distinguir el valor moral de la vida prenatal, la vigencia de una ley democráticamente sancionada y una cuestión ética decisiva: incluso los fines que consideramos legítimos obligan a justificar los medios elegidos para alcanzarlos.
Mi posición es conocida, me opongo al aborto a demanda y defiendo la vida del ser humano concebido, cuya protección no debería depender exclusivamente de la voluntad de quien lo gesta. Su vulnerabilidad y dependencia biológica no reducen su consideración moral. El artículo 19 del Código Civil y Comercial establece, además, que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, aunque esa norma no resuelve por sí sola los conflictos entre derechos. Mi convicción no me lleva, sin embargo, a respaldar cualquier procedimiento presentado en nombre de la defensa de la vida.
La Ley 27.610 permite el aborto a demanda hasta la semana catorce inclusive sin alegar una causal, y contempla supuestos específicos fuera de ese plazo. Discrepo con ese régimen por razones bioéticas, antropológicas, biológicas, institucionales y jurídicas. Pero una norma puede estar legalmente vigente y ser moralmente objetable. Su sanción democrática no la vuelve éticamente incuestionable; tampoco nuestro desacuerdo nos dispensa de justificar cómo procuramos modificarla.
El artículo 6 bis proyectado establece la escucha de la actividad cardíaca detectable como instancia previa obligatoria al consentimiento informado, no como un mero ofrecimiento. Surge entonces la pregunta decisiva: ¿qué ocurre si la mujer se niega expresamente a escuchar? El texto contempla imposibilidad técnica, ausencia de detectabilidad y riesgo clínico, pero no regula esa negativa ni sus consecuencias.
Los propios fundamentos del proyecto reconocen que la obligatoriedad podría entrar en tensión con la autonomía personal y con la Ley 27.610. Incluso aclaran que no adoptan la regla de un antecedente chileno que impediría practicar el aborto ante el rechazo de la escucha. Sin embargo, mantienen la exigencia sin explicar qué sucedería en ese supuesto. Si la negativa impide avanzar, podría convertirse en una barrera de acceso; si no lo impide, es necesario precisar en qué consiste exactamente la obligación. La coherencia de una política pública no depende sólo de lo que declara proteger, sino también de las obligaciones concretas que establece.
No es lo mismo obligar al establecimiento a disponer de medios y ofrecer una escucha, que obligar a la paciente a recibirla. Una obligación institucional puede existir sin convertirse automáticamente en condición para el acceso. El artículo 2 de la Ley 26.529 reconoce el derecho a aceptar o rechazar procedimientos médicos y a no recibir información sanitaria; la Ley 27.610 exige consentimiento informado y establece que determinados servicios de información y acompañamiento no son obligatorios ni condición para realizar la práctica. Estas disposiciones no impiden nuevas leyes, pero obligan a explicar la necesidad y alcance de sus requisitos.
La información clínicamente relevante debe ser suficiente, objetiva y comprensible. Pero conocer que existe actividad cardíaca no equivale a escucharla. Su manifestación detectable es un hecho biológico que no determina el comienzo del estatuto moral o jurídico de la vida prenatal, similarmente a que ese ser humano no comienza a adquirir valor cuando un dispositivo permite percibir su actividad. La biología aporta conocimientos; no reemplaza la argumentación ética. Y que algo sea técnicamente detectable no demuestra que una intervención para hacerlo audible resulte clínicamente necesaria.
Es justo reconocer las salvaguardas del proyecto: información científicamente validada, trato digno, privacidad, ausencia de hostigamiento, prohibición de estudios no indicados y excepciones clínicas. No autoriza expresamente a intimidar ni a formular conclusiones científicamente infundadas. Pero esas cautelas no sustituyen la fundamentación de su punto central. ¿Qué aporta la escucha obligatoria al objetivo informativo y protector declarado? ¿Por qué ese aporte no podría alcanzarse mediante información médica comprensible y una escucha voluntaria? ¿Cómo se justifica la carga impuesta frente a los derechos comprometidos? Una información puede suscitar emociones sin ser ilegítima; imponer una experiencia sensorial como requisito legal exige, en cambio, una justificación adicional.
El problema tampoco se limita al aborto a demanda durante las primeras catorce semanas. El artículo propuesto no excluye expresamente las interrupciones por violación o peligro para la vida o la salud previstas fuera de ese plazo. Las excepciones clínicas generales no aclaran cómo responder ante el rechazo de la escucha en esos casos. Una regla general debe justificarse también frente a situaciones especialmente vulnerables.
Hay, además, una responsabilidad hacia los profesionales. La Ley 27.610 fija un máximo de diez días corridos desde el requerimiento y contempla sanciones frente a ciertas obstrucciones injustificadas. Esto no convierte cualquier demora en delito, pero exige evitar instrucciones contradictorias o indeterminadas. La seguridad jurídica protege tanto a quien solicita la práctica como a quien debe asistirla.
La iniciativa incluye otro componente distinto: información sobre apoyos económicos, sanitarios y sociales, asistencia psicológica y opciones para continuar el embarazo. Esas prestaciones pueden ampliar posibilidades reales si están efectivamente disponibles. Sin embargo, el proyectado artículo 6 obliga a entregar y explicar la información, mientras deja expresamente a solicitud de la paciente sólo la entrevista interdisciplinaria. También aquí importa distinguir ofrecer ayuda de imponer una instancia de consejería. Defender la vida prenatal requiere acompañamiento durante la gestación y después del nacimiento, no solamente una intervención previa al aborto.
Desde la Ética del Límite, que he desarrollado como propuesta filosófica, la legitimidad del poder no reside únicamente en la justicia del fin que persigue, sino también en su capacidad de autolimitar los medios utilizados. Aquí radica la prueba más exigente: comparto el propósito de proteger la vida prenatal, pero ello no me exime de evaluar la proporcionalidad y claridad de los instrumentos propuestos. Autolimitarse no significa resignar convicciones, sino hacerse responsable de su traducción en reglas, procedimientos y consecuencias.
Mi desacuerdo con el régimen del aborto a demanda fundamenta mi defensa de su derogación o revisión sustancial mediante deliberación parlamentaria. Esto no descalifica las reformas parciales ni convierte toda exigencia procedimental en una restricción ilegítima. Exige que cada modificación explicite sus objetivos, identifique qué cambia y justifique sus consecuencias. El problema no es que una nueva ley modifique la anterior, sino que declare preservar las condiciones de acceso sin resolver cómo operará una obligación que podría afectarlas. Si se pretende mantener ese acceso, puede exigirse al sistema sanitario que ofrezca información y medios adecuados, preservando la posibilidad de rechazar la escucha sin que ello impida o demore la atención. Si, en cambio, se busca imponerla como condición, corresponde decirlo y justificarlo expresamente. La transparencia legislativa exige identificar con precisión los efectos de una reforma y resolver las ambigüedades de sus requisitos.
Estar en contra del aborto a demanda, aun cuando esté reconocido por una ley democráticamente sancionada, no obliga a respaldar cualquier instrumento presentado en favor de la vida prenatal. Defenderla exige sostener con argumentos y asumir la responsabilidad de que las reformas sean explícitas, coherentes y jurídicamente justificables. La Ética del Límite comienza por quienes estamos convencidos de tener razón. Porque una convicción pierde su pretensión de universalidad si sólo exige límites a los otros y se dispensa de ellos a sí misma. La prueba de un principio comienza cuando también obliga a quienes lo invocan.