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infobae.com · hace 13 horas

La farsa electoral argentina

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Analistas y periodistas coinciden en que existe una monumental crisis de representación en el sistema político argentino. ¿Por qué motivo no habría de haber una fenomenal crisis de representación política en la Argentina?

En los Estados Unidos existen aproximadamente 500.000 cargos electivos a las distintas legislaturas nacionales, estaduales, de condados, ciudades o pueblos. En el cien por ciento de los casos los electores eligen a los candidatos individualmente, identificándolos con su nombre y apellido, es decir, directamente.

Ya sea a través de los sistemas de circunscripciones uninominales de tradición anglosajona, de sistemas mixtos o de listas abiertas, en la mayoría de las repúblicas democráticas los ciudadanos ejercen su derecho de elegir en forma directa, en mayor o menor medida, a las personas que quieren los representen en las distintas legislaturas. Dicho en otras palabras, los electores tienen la posibilidad de ser protagonistas y elegir en forma individual a los candidatos de su preferencia que quieren los representen en el principal órgano de las democracias republicanas: el poder legislativo que, al decir de John Locke, es el alma que le da forma, vida y unidad a la República, y al que todos los demás poderes deben ser subordinados.

En la Argentina existen aproximadamente 25.000 legisladores sumando a los nacionales, provinciales y municipales o departamentales. ¿A cuántos de esos elegimos los ciudadanos argentinos? A ninguno. No hay una sola legislatura en todo el país cuyos miembros sean elegidos directamente por los ciudadanos. En todos los casos son listas cerradas y bloqueadas en donde el elector no puede cambiar el orden de los candidatos ni puede tampoco votar candidaturas independientes.

¿Por qué motivo no habría entonces una crisis de representación? ¿Cómo podría no haberla? Dice el art. 45 de la Constitución Nacional: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo …”.

Ya en octubre de 1902, Joaquín V. González, decía en la Cámara de Diputados de la Nación: “el escrutinio de lista suprime por completo la voluntad del elector, hace del hombre, en realidad, una máquina, una cantidad, una cifra. Contraría, pues, en su esencia la base del sistema republicano representativo de gobierno, que se funda en un mandato…”.

Pero entonces, si no somos nosotros los ciudadanos quienes elegimos a nuestros representantes: ¿Quiénes los eligen? Una oligarquía política cerrada que usurpa nuestro derecho constitucional igual o peor que la que elegía a los candidatos a fines del siglo XIX en los llamados acuerdos de “notables”.

La Ley Sáenz Peña, vigente desde 1912 hasta julio de 1962 -con algunos intervalos- permitía, no sólo las candidaturas independientes – hoy vedadas tanto en el orden nacional como en todas las provincias, lo que constituye, en palabras de Mario Justo López (h), “una limitación a la libertad política reñida con los principios de la democracia representativa” (“Entre la Hegemonía y el Pluralismo”, 2001, pág. 476)-, sino también que el elector tachara candidatos de una lista e incorporara candidatos de otra. Es decir, permitía que el ciudadano eligiera a las personas de su preferencia y no quedara limitado a aceptar en bloque una lista confeccionada previamente por los “managers” de las estructuras partidarias.

Alguien podría argüir que en Argentina es a través de los partidos, de su democracia interna, en el ámbito en el que los electores eligen a los candidatos de su preferencia. ¿Es ello así? Claro que no.

El sistema de las PASO, también de listas cerradas y bloqueadas, en el que los candidatos son elegidos previamente por las autoridades del partido, desde su instalación, funciona como una suerte de encuesta nacional ya que la mayoría de las veces los partidos presentan una lista única de candidatos, es decir, no hay competencia interna.

El Dr. Santiago H. Corcuera, ex Juez de la Cámara Nacional Electoral, en “La vigencia de los derechos políticos enunciados en los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional” (2016) analiza cómo la mayoría de los partidos adoptaron la estrategia de la lista única en sus internas y concluye que la ley “ha fracasado con su objetivo de quitar el poder de nominación a las dirigencias partidarias”.

Pero bueno, se dirá, al fin y al cabo: ¿No son acaso los ciudadanos comprometidos (los afiliados) los que eligen a las autoridades del partido quienes, por delegación, a su vez, eligen a los precandidatos a cargos electivos? ¿Es ello así? Tampoco. No sucede así en la Argentina la mayoría de las veces.

Ni el Partido Justicialista desde el regreso de la democracia en 1983, ni el PRO desde su fundación en 2005, ni la Libertad Avanza desde su reciente nacimiento en 2024, permitieron siquiera una vez que sus afiliados elijan a sus máximas autoridades ejecutivas nacionales en violación a lo dispuesto en sus cartas orgánicas.

Desde el regreso de la democracia, la elección directa de las autoridades partidarias por los afiliados ha sido excepcional antes que la regla en los principales partidos políticos. La regla, en violación a la Ley de Partidos Políticos, es que las “conducciones” partidarias surgen de listas únicas, acuerdos inorgánicos entre dirigentes de “peso” y/o proclamaciones sin competencia efectiva.

Esas prácticas “han consolidado verdaderas oligarquías partidarias” que funcionan como “máquinas electorales” ajenas a una auténtica democracia interna (Antonio M. Hernández y José Manuel Belisle (h) “Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Argentina”, 2006).

El art. 3 de la Ley de Partidos Políticos (N° 23.289) establece como condición “sustancial” de “la existencia” de los partidos la elección periódica de autoridades de acuerdo a lo reglado en sus cartas orgánicas. El art. 50 fulmina con la caducidad, es decir, con la disolución y muerte del partido “la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años”.

Dicho en otras palabras, según la ley vigente, a la mayoría de los partidos se le debiera haber caducado su personería política. Pero la “justicia” electoral mira para otro lado, con la complicidad de todos.

Los hechos prueban pues que no existen verdaderos partidos políticos. Es decir, no hay organizaciones políticas duraderas, con una ideología clara, un programa de gobierno ni democracia interna, como lo exige también el art. 38 de la Constitución Nacional. Son todas estructuras políticas personalistas como las que existieron durante la segunda mitad del siglo XIX y que, hay que decirlo, el movimiento reformista liberal de principios del siglo XX, aun cuando hizo denodados esfuerzos para que evolucionaran hacia partidos orgánicos de ideas y democráticos como los que ya existían en Inglaterra y Estados Unidos, no lo logró.

De la manera descripta el sistema político electoral obtura el recambio dirigencial e impide que ciudadanos y dirigentes honestos y no dispuestos a someterse al vasallaje de caudillos se postulen a cargos electivos. Ello, a su vez, explica los innumerables casos de dinastías familiares que se perpetúan en el poder y/o hegemonías personalistas que dificultan e incluso impiden el pluralismo político. Vayan como muestras algunos ejemplos.

Gildo Insfrán en Formosa gobierna desde 1995. Va por su octavo mandato. Gerardo Zamora controla Santiago del Estero desde hace más de 20 años. La familia Kirchner tuvo bajo férreo control a la Provincia de Santa Cruz durante el período 1991-2023 (32 años). En San Luis, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá gobernaron 40 años con una brevísima interrupción y todo parece indicar que “el Adolfo” volverá a postularse una vez más. En Neuquén la familia Sapag, a través del Movimiento Popular Neuquino, gobernó desde 1962 hasta el 2023, 63 años. La familia Posse tuvo el control de la Intendencia de San Isidro durante 40 años. Ferraresi gobierna Avellaneda desde 2007 hasta hoy a través de su esposa. La familia Andreotti controla San Fernando desde 1991. Ejemplos similares abundan en Misiones (Rovira); Rio Negro (Weretilneck); Catamarca (Familia Saadi); San Juan (Gioja/Uñac); Chaco (Capitanich y aliados); Corrientes (los hermanos Valdés); CABA (los primos Macri), etc.

A nivel Nacional, aún hoy el “príncipe heredero”, Máximo Kirchner, pretende que la dinastía Kirchner no solo conserve el férreo control del Partido Justicialista, ejercido durante más de dos décadas, sino que incluso reclama públicamente que se le permita a “Cristina” “cuidar” de los argentinos durante otro período presidencial, pese a estar condenada por la justicia e inhabilitada para ejercer cargos públicos. El panorama es deplorable.

Innecesario decir que el sistema descripto lleva a la destrucción de las instituciones republicanas mediante el mecanismo de cooptar primero las legislaturas a través de las listas cerradas y bloqueadas con dirigentes serviles, funcionales al caudillo de turno, para luego, a través de componendas en las legislaturas con otros jefes o caudillos de otras fuerzas, ir por los poderes judiciales provinciales e incluso el nacional y todos los organismos de control para garantizar la impunidad de los funcionarios públicos de todas las fuerzas políticas además de los empresarios amigos del poder. La consecuencia inevitable: una corrupción endémica que se ha esparcido a lo largo y ancho de la república como una mancha venenosa que corroe todas las instituciones republicanas.

En su monumental obra “Entre la hegemonía y el pluralismo” Mario Justo López (h) nos cuenta que el hilo conductor de las primeras normas sobre partidos políticos de ese movimiento reformista de principios del siglo XX “era siempre el repudio al personalismo yrigoyenista, a la existencia de partidos con programas difusos o inexistentes, dominados por caudillos nacionales con subcaudillos locales, a la toma de decisiones en conciliábulos ocultos y no a la luz del día”.

Hoy, después de más de un siglo, en nada hemos evolucionado. Es justamente en conciliábulos ocultos y no a la luz del día en que las “autoridades” partidarias son “designadas” a dedo por caudillos y subcaudillos. Así “elegidas”, dichas “autoridades”, son las que en definitiva han usurpado el derecho del pueblo, de la ciudadanía argentina, al arrogarse el derecho que nos otorga la Constitución Nacional y elegir ellos, y no nosotros, todos los candidatos a las legislaturas nacionales, provinciales y municipales.

Ante la eventualidad del fracaso del gobierno actual la ciudadanía perpleja se pregunta quién podrá salvarnos, pues está claro que la mayoría de los argentinos no quieren volver a ser gobernados por gobiernos irresponsables, populistas y corruptos. En este escenario de preocupante inestabilidad analistas políticos “miden” a varios empresarios, outsiders de la política, como candidatos a Presidente, con la fantasiosa idea que el calamitoso y oprobioso estado de la política y de la justicia pueda ser solucionado sin la imprescindible reforma del sistema político electoral.

Creemos que la ciudadanía argentina debería comenzar por tomar consciencia de esta situación y empezar a exigir a los candidatos una reforma total del sistema político electoral que facilite el reemplazo de la vetusta y fracasada dirigencia actual que desde hace décadas no satisface las aspiraciones de la ciudadanía y que no sabe, no puede o no quiere salir de una cosmovisión binaria y pueril de la historia y de la sociedad y que nos tiene sumidos en el atraso y la pobreza.

Los sanos dirigentes, particularmente los más jóvenes, con verdadera vocación de servicio público, que estamos seguros existen en todas las fuerzas políticas, debieran también pujar para que tanto el Congreso Nacional como las legislaturas provinciales sancionen normas en el sentido indicado ya que un cambio del sistema es lo que permitirá la evolución hacia un orden político más civilizado, republicano y próspero.

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