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infobae.com · hace 15 horas · Martín Fernández Nadale

Ante el freno de la actividad, el Gobierno descarta un cambio de rumbo, se ata a la ortodoxia y profundiza el ajuste

Infobae

La actividad económica encendió una luz amarilla en el tablero del Gobierno, pero el equipo de Javier Milei no prevé cambiar de carril. Ante indicadores que anticipan una recesión técnica en el tercer trimestre, la respuesta oficial será más disciplina fiscal y monetaria: menos pesos en circulación, recortes en las partidas donde aún hay margen y ningún programa expansivo que pueda tensionar al dólar o a la inflación.

La definición deja poco espacio para un impulso amplio del consumo, el crédito o la inversión antes de las elecciones presidenciales de 2027. El margen para una nueva poda generalizada del gasto se achicó, mientras que una mayor circulación de pesos podría trasladarse al mercado cambiario y, desde allí, a los precios. El Gobierno elige priorizar ese riesgo por encima del costo que la restricción tiene sobre la economía.

La promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de que en abril de 2026 comenzarían los mejores 18 meses para la economía quedó lejos de cumplirse. Los datos oficiales mostraron una marcha irregular, con altibajos y una tendencia negativa. De hecho, la mayoría de los analistas prevé que la economía ingresó en una recesión técnica en el tercer trimestre, tras dos caídas trimestrales consecutivas.

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Las expectativas también se deterioraron durante el año. A comienzos de 2026, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaban una expansión anual de 3,5 por ciento. En el último sondeo, elaborado a fines de octubre, esa estimación se redujo a apenas 0,7 por ciento.

Caputo atribuyó el incumplimiento de aquella previsión inicial a la situación internacional y al riesgo electoral asociado con un eventual regreso del kirchnerismo. La guerra en Medio Oriente alteró el escenario financiero global, elevó las tasas de interés y golpeó a los bonos argentinos: el índice de riesgo país se más que se duplicó desde julio, cuando había alcanzado los 403 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018.

El salto del indicador elaborado por JP Morgan, que mide el diferencial entre la tasa de los bonos argentinos y la de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, dejó al país sin acceso a los mercados voluntarios de deuda para cubrir las necesidades financieras de 2027.

Javier Milei sostuvo en una entrevista con A24 que una política expansiva obligaría a recurrir a alguna de tres alternativas: endeudamiento, emisión monetaria o aumento de impuestos. El Presidente consideró que esas opciones son inviables o contraproducentes y descartó un “plan platita” de cara a los comicios del año próximo.

Caputo había expresado a comienzos de noviembre que “están equivocados” quienes proponen financiar otra vez al Estado con emisión monetaria y una expansión del gasto público. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, coincidió con esa postura al afirmar que “es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad”.

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La lógica oficial es mantener bajo control la cantidad de pesos que circulan para contener la inflación y evitar una presión adicional sobre el dólar oficial. En el oficialismo temen que una mayor liquidez en el sistema empuje la cotización de la divisa y que ese movimiento se traslade luego a los precios, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

El costo de esa estrategia se siente en la economía real. Una política monetaria más dura restringe el financiamiento, ralentiza la expansión del crédito y complica a hogares y empresas que necesitan consumir, invertir o refinanciar deudas. El impacto es mayor en los sectores que dependen del mercado interno y del acceso a préstamos, en una economía que no logró consolidar una recuperación.

Una de las consultoras más escuchadas por el círculo rojo consideró que el Gobierno tiene poco margen para reactivar la economía durante el resto del mandato. “Desde el punto de vista fiscal, el Ejecutivo está muy comprometido con el superávit primario, y encima el lanzamiento de los FAL quitará recaudación en 2027”, señaló el último informe de 1816.

La firma también estimó que, durante el próximo año, la política de tasas responderá más a la necesidad de cuidar al tipo de cambio que a la intención de expandir el crédito. “Nosotros creemos que el año que viene la tasa estará mucho más al servicio de contener al tipo de cambio, que para estimular el crédito”, planteó.

El frente fiscal tampoco ofrece demasiadas alternativas. En mayo, Caputo había admitido que la posibilidad de profundizar el ajuste se había reducido y que la administración nacional necesitaba aumentar sus ingresos para preservar el resultado de las cuentas públicas.

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“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, dijo entonces el ministro.

Desde aquel reconocimiento, la actividad no terminó de repuntar y la recaudación alternó meses de crecimiento y caída en términos reales, una vez descontada la inflación. Con el objetivo de superávit fiscal primario de 1,4% en 2026, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como referencia, el equipo económico sostuvo los recortes en las partidas donde conserva capacidad de decisión.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cerca del 55% del gasto primario nacional está indexado; es decir, se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación. Allí se ubican jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que concentran buena parte de las erogaciones estatales.

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Ese mecanismo acota el alcance de la denominada motosierra, ya que esas partidas están atadas por ley a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La poda se puede concentrar, entonces, en los rubros con mayor flexibilidad administrativa.

Según los datos de Lucas Tettamanti, economista de Equilibra, en octubre hubo una “importante baja del gasto primario para lograr superávit primario y financiero; el gobierno recortó donde hay margen de maniobra”. En el acumulado del año, las mayores reducciones se registraron en transferencias a provincias, programas sociales —sin incluir la Asignación Universal por Hijo—, gastos de capital y salarios públicos.

Sin margen para un estímulo de mayor escala, el oficialismo anunció en los últimos tres meses medidas puntuales que no comprometen el superávit. Flexibilizó el acceso a créditos en dólares para empresas que no generan divisas y habilitó financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para que los bancos amplíen la oferta de préstamos hipotecarios.

Además, postergó la actualización del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, suspendió hasta mayo de 2027 los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a pequeñas y medianas empresas, extendió a 18 cuotas el plan de pagos de deudas y permitió utilizar el 100% de los saldos a favor para cancelar impuestos aduaneros.

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Para 1816, esas decisiones forman parte de las pocas herramientas que le quedan al Gobierno. Los economistas de la consultora descartaron que exista margen para aplicar una corrección cambiaria que impulse a sectores intensivos en mano de obra, como la construcción. “Pensamos que es tarde para ejecutar algo así, a tan pocos meses de que arranque la discusión electoral más fina”, sostuvieron.

En esa línea, destacaron que “lo que queda son herramientas ad hoc, como reforzar el uso del FGS para impulsar los préstamos al sector privado”. Según la firma, el Ejecutivo no dispone de instrumentos fiscales, monetarios o cambiarios de escala suficiente para provocar un repunte marcado de la actividad antes de los comicios.

El Gobierno apuesta a que las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales aporten algo de impulso a la construcción, uno de los sectores con peor desempeño en los últimos tres años. También espera que una eventual distensión del conflicto en Medio Oriente reduzca las tasas de interés internacionales y el precio del petróleo. Una baja del crudo aliviaría los costos internos y la presión inflacionaria, aunque también moderaría el beneficio exportador de Vaca Muerta.

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