Alerta en el conurbano: intervinieron la fábrica que provee luminarias LED e investigan un faltante millonario
La llegada de la tecnología LED (diodo emisor de luz) al alumbrado público modificó un mercado que durante décadas dependió de lámparas de sodio, mercurio o halogenuros metálicos. El cambio no se explica por una sola ventaja, sino por la combinación de varios factores que, juntos, redujeron costos y mejoraron la calidad del servicio. Una lámpara LED puede funcionar entre 50.000 y 100.000 horas, frente a las 2.000 horas de una luminaria incandescente tradicional, lo que equivale a más de 20 años de uso continuo. Esto reduce de forma drástica la frecuencia de reemplazo y, con ella, los costos de mantenimiento, que según estimaciones oficiales bajan entre 25% y 30%. Por esa razón, cuando un vecino del conurbano bonaerense ve encenderse la luminaria de su calle, es probable que ese equipo haya salido de una planta de San Martín. Allí, Fadalex S.R.L. produce de manera exclusiva los productos que comercializa Strand S.A., una de las proveedoras de alumbrado público con más presencia en la provincia de Buenos Aires. Esa cadena de suministro está hoy en el centro de siete causas judiciales que investigan una presunta administración fraudulenta y un faltante contable que supera los 15.400 millones de pesos.
Los intendentes y administradores de corredores viales están en alerta, ya que la disputa judicial pone en jaque el suministro del equipamiento LED que reemplazó a las viejas lámparas “de mercurio” gracias a la reconversión masiva del alumbrado público impulsada a lo largo del país bajo la premisa de la sustentabilidad y el ahorro fiscal.
La empresa es tan importante que los propios intendentes han subido a sus redes sociales posteos con frases como: “Esta mañana recorrimos Fadalex, en Villa Libertad, una fábrica de luminarias y equipos de alumbrado público. Con más de 40 años de antigüedad, es una PyME que emplea a 50 personas y aporta gran valor productivo al sector”.
Los cuestionamientos judiciales, que llevaron a una intervención por parte del magistrado interviniente (después levantada) y al allanamiento de sus oficinas, no llegaron desde un competidor ni de un organismo de control: partieron de la propia familia propietaria. Tras la muerte del fundador, Hugo Manuel Caivano, en mayo de 2024, la rama minoritaria de los herederos quedó fuera de la conducción de ambas sociedades. Según su presentación judicial, ese desplazamiento se concretó con actas de asamblea adulteradas.
Uno de los motivos que derivó en las acciones de la Justicia es el Acta N.° 54, que registra la presencia física de Caivano en una reunión de directorio mientras, de acuerdo con los registros médicos aportados a la causa, el empresario permanecía internado en terapia intensiva.
Los accionistas minoritarios señalan como responsables a Juan Abdul Luis Pizzani, sobrino del fundador, y a Mariana Elizabeth Caivano. Según los escritos presentados ante los tribunales, ambos controlaban las cuentas de Fadalex y de Strand, condujeron las asambleas cuestionadas y firmaron cheques que luego fueron rechazados. Son acusaciones que la Justicia todavía debe probar.
El dato central del expediente surge de las auditorías forenses de la causa penal y del informe de un interventor judicial que analizó las cuentas de Fadalex. Entre 2024 y enero de 2026, la fábrica entregó a Strand suministros certificados por $17.859.986, pero solo habría percibido ingresos por $2.449.857.497. Es decir, una diferencia que superaría los diez millones de dólares.
Mientras ese desfase se acumulaba, Strand seguía cobrando con normalidad a municipios y concesionarias viales. Fadalex, en cambio, quedó sin capital de trabajo pese a contar con un respaldo patrimonial considerable: un predio industrial en Villa Libertad, San Martín, tasado junto a propiedades linderas en más de 1,5 millones de dólares, y una flota vehicular valuada en 27,7 millones de pesos, siempre según los datos de la causa.
Los denunciantes sostienen que parte de ese dinero se canalizó a través de una “caja paralela”, un registro físico conocido como “el cuaderno” y ajeno a la contabilidad oficial de la empresa. Según sus presentaciones, se detectaron depósitos de 10 millones de pesos en una cuenta personal de Pizzani con cheques de la sociedad, pasajes a Hong Kong pagados con fondos de la empresa y giros bancarios a nombre de dos socios ya fallecidos. También se firmaron ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) acuerdos por 193 millones de pesos que la querella considera simulados, además de pagos por 45 millones de pesos a familiares sin relación laboral formal. La contadora de la empresa admitió ante los peritos judiciales que no conserva copias de los talonarios de cheques emitidos.
El conflicto suma siete causas, promovidas por la accionista María Luz Caivano y otros socios minoritarios. Dos tramitan en el fuero penal y cinco en el comercial.
La causa penal principal corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 2, bajo la carátula “Pizzani, Juan Abdul Luis y otros s/ defraudación por administración fraudulenta, falsificación de documento y hurto” (Causa CCC 52.385/2025), que apunta a los directores de ambas sociedades. Por orden de ese juzgado, el 26 de noviembre de 2025 se allanó la planta de San Martín y se secuestraron libros contables, documentación comercial y registros informáticos. Una segunda causa penal tramita en la provincia de Buenos Aires: se trata de una investigación penal preparatoria del Departamento Judicial de San Martín (IPP N.° 15-43764-25), con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.
En el fuero comercial, la Justicia ya dispuso la intervención de Fadalex (Expediente N.° 23.442/2025) tras advertir irregularidades graves en su administración. Otros cuatro expedientes tramitan en paralelo por las supuestas responsabilidades de los directores de Strand, la nulidad de asamblea de esa firma, y los expedientes 21.720/2025 y 806/2026, por nulidad de asamblea de Fadalex.
Con la apertura a prueba, el expediente entra en su etapa decisiva. Una docena de municipios y concesionarias viales deberá entregar a la Justicia sus expedientes de contratación con Strand: el pedido de compra, las empresas invitadas, la adjudicación, el precio y el procedimiento seguido. Un perito contador cruzará esos pagos con la facturación y las cuentas bancarias de la empresa, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará cuánto le facturó Strand a cada municipio y si hay diferencias.
La querella sostiene que, si parte del dinero facturado a los municipios no llegó a reflejarse en las cuentas de Fadalex, la pregunta pendiente es hacia dónde se dirigieron esos fondos. Un cruce entre los pagos municipales y la facturación de la empresa podría determinar si existieron comisiones o pagos irregulares vinculados a las adjudicaciones, lo que eventualmente ampliaría la causa penal hacia delitos contra la administración pública.
Strand tiene más de cincuenta años de trayectoria en el sector y presencia declarada en más de veinte provincias. En 2018, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación había señalado que la empresa concentraba el 22% de las luminarias LED adjudicadas en el marco del Plan Alumbrado Eficiente, la mayor proporción entre todas las adjudicatarias.
La compañía también registra antecedentes de observaciones administrativas en licitaciones de distintos municipios bonaerenses por incumplimientos formales en certificados de cumplimiento fiscal, algunos de ellos subsanados en los plazos exigidos. En 2026, Strand impugnó una licitación de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz por 2.800 millones de pesos, al denunciar que las empresas adjudicatarias incumplían requisitos técnicos y no estaban inscriptas como proveedoras del Estado; la impugnación fue rechazada por el directorio del organismo provincial.
Para varios de los intendentes con los que dialogó Infobae, la batalla judicial que se libra con extrema dureza en dos frentes, el comercial y el penal, se materializa en la demora de la provisión de los equipos LED que iluminan avenidas, calles y plazas.