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infobae.com · hace 47 minutos

Las prepagas criticaron el fallo contra los aumentos libres: “Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”

Infobae

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto dos artículos del DNU 70/23 y restituyó la intervención estatal sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga abrió un nuevo frente con las empresas del sector.

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea no solo a las prepagas sino a todas las empresas del sistema privado de asistencia a la salud, sostuvo en diálogo con Infobae que el pronunciamiento genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” y alertó sobre las consecuencias que, a su juicio, puede tener sobre la continuidad y el alcance de las coberturas.

“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, resumió.

Otro especialista del sector marcó en off the record dos puntos de la nota publicada por este medio. Primero, interpretan que el fallo cuestiona la opción de un DNU para resolver este tipo de temas y, más importante aún, que los aumentos no debería estar atados del IPC sino a la estructura de costos de las empresas.

Como contó Infobae hoy, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de desregulación, que habían eliminado la supervisión estatal sobre los valores de los planes. A partir de la sentencia, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones de las cuotas. La decisión se conoció en una causa iniciada por una afiliada cuyo plan registró un alza de 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Por un fallo de la Corte, las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno.

Magonza remarcó que el caso tiene un alcance individual, aunque objetó las consecuencias normativas de la sentencia. “Es un fallo claramente por un caso, pero está declarando inconstitucional el DNU 70/23, lo cual es un problema gravísimo”, afirmó.

Hugo Magonza

Para el titular de la UAS, el decreto había desactivado los mecanismos internos de la Superintendencia vinculados con la regulación de precios. “El Ejecutivo, a partir del Decreto 70, desactiva todas las instancias dentro de la Superintendencia para la regulación de precio. Ya no tiene el control”, planteó. De todos modos, añadió que, desde su visión, el esquema anterior tampoco se aplicó como disponía la ley.

Magonza se refirió al artículo 17 de la ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga. Según explicó, cada entidad debía presentar su estructura de costos y solicitar incrementos que contemplaran los gastos directos e indirectos de cada plan. “Esa situación no se dio nunca”, aseguró, y señaló que durante los años de vigencia de los controles predominó un precio uniforme para todo el mercado, con pocas excepciones.

El representante empresarial sostuvo que aquella modalidad produjo un desfase en los valores de las cuotas. “Vivimos doce años de regulación de precio, pero un precio que era único para todo el mundo”, afirmó. A su entender, esa dinámica generó “un retraso arancelario muy grande en promedio”, con un impacto mayor sobre carteras de afiliados de mayor antigüedad y con una carga de enfermedad más elevada.

En ese punto, vinculó el debate actual con los problemas acumulados del sistema de salud. “Esto que estamos viendo es un dislate más de un Estado”, expresó, en referencia a la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Dejan que el sistema de salud vaya a la deriva durante más de treinta años”, agregó.

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Magonza sostuvo que el funcionamiento de las prepagas quedó condicionado por normas, decisiones administrativas y fallos judiciales. También cuestionó que, según su diagnóstico, los tribunales intervengan sobre las prestaciones que las empresas deben brindar. “El sistema literalmente ya está quebrando”, afirmó, y describió la decisión judicial como parte de medidas que consideró “claramente populistas”.

La sentencia de la Corte no impuso un límite automático atado al Índice de Precios al Consumidor. El tribunal revocó el tramo del fallo de la Cámara Federal de La Plata que establecía ese parámetro y devolvió a la autoridad de aplicación la facultad de evaluar los aumentos de acuerdo con la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.

Para Magonza, el restablecimiento del control estatal puede multiplicar las controversias ante los tribunales. “Le abre una brecha enorme para la judicialización”, dijo. En su enumeración incluyó devoluciones de dinero, indemnizaciones y acciones colectivas que, según planteó, pueden convertirse en reclamos de montos elevados.

“La judicialización se lleva una gran cantidad de los recursos del sistema”, sostuvo. El dirigente consideró que esos recursos podrían comprometer la capacidad operativa de las compañías y derivar en restricciones de cobertura. “La gente se va a quedar sin cobertura”, advirtió, aunque aclaró que se refería, al menos, a la posibilidad de que los afiliados no mantengan el nivel de prestaciones que tuvieron hasta ahora.

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El presidente de la UAS también ofreció un cálculo sobre la pérdida de ingresos que, de acuerdo con su descripción, acumuló el sector desde la vigencia de la ley. “En solamente catorce años y diez meses, que son los transcurridos hasta octubre de este año, el sistema perdió 18 % de cuota en promedio, pero perdió 24 cuotas, o sea, dos años de recaudación”, afirmó. “Y todavía seguimos dando servicio. Es un milagro, literalmente es un milagro”.

Magonza comparó la situación de la medicina privada local con la de sistemas sanitarios de otros países. Según su visión, los planes argentinos ofrecen una calidad y una amplitud de cobertura poco frecuentes en la región. “Una cobertura que es única, estupendamente única, lamentablemente imposible de financiar”, sostuvo.

El empresario mencionó los casos de Inglaterra, Canadá, España e Italia para señalar que, a su criterio, los sistemas con cobertura universal enfrentan demoras para consultas especializadas o intervenciones programadas. “No saben lo que están haciendo”, dijo al referirse a quienes respaldan las restricciones sobre las cuotas.

Magonza anticipó que la UAS prepara un documento con argumentos jurídicos sobre el fallo, que prevé poner a disposición en los próximos días.

El presidente de la UAS también salió al cruce de la idea de que la Superintendencia de Servicios de Salud tenga la responsabilidad de revisar precios y tomar decisiones sobre coberturas a partir del fallo. Para Magonza, ese planteo ignora el estado actual del organismo. “La Superintendencia no puede hoy revisar los precios y no puede hoy tomar decisiones sobre las coberturas en el aumento de los valores”, afirmó.

Según explicó, el decreto presidencial desactivó esas facultades y el organismo no podría actuar en sentido contrario a lo que el propio decreto establece. “La nota como está armada le está atribuyendo una responsabilidad que no va a poder cumplir y no creo que quiera cumplir, porque iría en contra del propio espíritu de lo que quiere el gobierno”, dijo.

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