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Báez admitió que seguía usando sus propiedades decomisadas y le echó la culpa a la Justicia: “Sí, son mis campos”

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“Sí, para mí es mi campo, nuestros campos”, dijo Lázaro Báez durante la audiencia de formalización de las acusaciones en el marco de la nueva causa por lavado de dinero, donde se lo acusa de comercializar propiedades y estancias que se encuentran embargados y con pedidos de decomiso por la Justicia. El fiscal Julio Zárate le consultó sobre una expresión reiterada a lo largo de su exposición: “¿Usted ratifica la expresión cuando se refiere a nuestros campos, a mis campos”. El empresario no dudó en responder que eran "suyos" y acusó al Poder Judicial por no designar personas que cuiden los bienes cautelados.

Entre los años 2010 y 2013, el ex dueño del Grupo Austral adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles distribuidos en siete provincias. La mayor cantidad, se encuentran en suelo santacruceño. En 2016 cuando tramitó la causa de la Ruta del Dinero K le asignó un valor, a través del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) de 206 millones de dólares.

Todos los bienes, según la Justicia, fueron adquiridos como producto de las operaciones de lavado de activos. Con las condena por blanqueo confirmada por la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) procedió al decomiso para llegar a cubrir 60 millones de dólares.

Lo propio hizo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad, pero el trámite donde se ordena el decomiso de 84 bienes de Lázaro Báez como de sus empresas, se encuentra bajo estudio en el máximo tribunal.

Los documentos que encontraron en la celda de Lázaro Báez con datos de los alquileres.

Pese a todas las medidas cautelares impuestas que van desde embargos a órdenes de decomisos, el ex socio comercial de Cristina Kirchner, se considera aún dueño de ese cuantioso patrimonio adquirido, de manera ilícita. ”Consideró que son mis campos, nuestros”, le dijo al fiscal Julio Zárate.

Durante más de cinco horas el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la audiencia de formalización de los hechos investigados que colocó en el centro de la escena -una vez más- a Lázaro Báez. Propia del sistema acusatorio que rige en la jurisdicción federal de Río Gallegos, durante el encuentro la fiscalía a cargo de Julio Zárate expuso las pruebas en base a las cuales inició la investigación y que sostienen las imputaciones.

De forma virtual y desde el penal de Ezeiza donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión, el empresario hizo uso de la palabra antes las acusaciones de la fiscalía. “Primero sería necesario acceder a todas las pruebas y aclaro que cuando se hizo el allanamiento a mi celda, no me dejaron presente, me retiraron del lugar como parte del pedido y la celda quedó abierta sin poder saber si agregaron cosas”, replicó Báez.

En un tono calmo, pausado, rechazó las acusaciones informadas por el Ministerio Público Fiscal, que lo sitúa dentro de la estructura criminal, como jefe y director, impartiendo directivas desde el Penal de Ezeiza. Báez utilizaba una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal para dar órdenes directas a su conducción ejecutiva (Insaurralde e Ibáñez, quienes lo trataban como Tío y Tía).

De este modo, el empresario “designaba y removía administradores y disponía de bienes violando expresamente la incapacidad legal prevista en el artículo 12 del Código Penal, que priva al penado de administrar o disponer de su patrimonio mientras dure su condena”, sostuvo el fiscal Zárate. Poco le importó eso a Lázaro Báez.

El empresario se corrió de esas acusaciones. “El fiscal ha tomado cosas puntuales de mis cuadernos, algo de "banda", el fiscal debería haberme preguntado a qué se refería en esas anotaciones, en ese cuaderno hay anotaciones sobre 64 causas desarrollándose en lo que hace a mi persona y esa banda representa en parte, a quienes vaciaron Austral Construcciones y si el fiscal averigua bien en la zona de Esperanza podrá encontrar denuncias por los vaciamiento que hay en los campos”.

La referencia es sobre 25 documentos secuestrados de la celda del empresario kirchnerista, una de las anotaciones manuscritas Lázaro Báez dio cuenta de lo que calificó como “El Clan” y una serie de nombres, algunos de los cuales son parte de los imputados en este nuevo expediente.

Al brindar detalles al respecto, Báez dijo: “El fiscal ha tomado cosas puntuales de mis cuadernos, algo de "banda", el fiscal debería haberme preguntado a qué se refería en esas anotaciones, en ese cuaderno hay anotaciones sobre 64 causas desarrollándose en lo que hace a mi persona y esa banda representa en parte, a quienes vaciaron Austral Construcciones y si el fiscal averigua bien en la zona de Esperanza podrá encontrar denuncias por los vaciamiento que hay en los campos”.

Prosiguió con su descargo y consignó: “Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es recuperar la totalidad de la información y como bien dijo el fiscal en una carpeta bien detallada hay planteos que debemos presentar ante el TOF 4”. En ese marco, el empresario admitió no sólo estar interviniendo sobre parte de su patrimonio, sino que no desconocía las órdenes judiciales.

“Somos conscientes de las propiedades que ya están en proceso de decomiso, fue informado oportunamente por el doctor (Néstor) Costabel presidente del TOF 4. Estamos al tanto de la totalidad de estos activos y que si el fiscal tiene tantos datos debería decirnos cuáles son la disposición de bienes activos que hayamos puesto a la venta, o que nosotros hemos comercializado a través de qué porque nosotros no tenemos cuentas”, dijo Lázaro Báez.

Al seguir ampliando su explicación señaló que en los últimos años hubo una gran cantidad de territorio “que fueron ocupados y debería saber que los campos estuvieron abandonados, se corrían los alambrados para el pastoreo de ovejas que no tenían autorizado el uso de nuestros campos, a eso me refería con “el clan”.

Fue allí cuando apuntó contra el Poder Judicial, al indicar que era la justicia la “responsable del cuidado de nuestros activos, en ese momento no designaron personas para que protegieran esas propiedades. Austral Agro estaba intervenida y el doctor Costabel designó una interventora, cuando concluyó esa intervención se devolvió la administración y nombraron veedores. Desde el primer día que se asumió se informa constantemente lo que se hace”.

Pese a ello, Lázaro Báez dijo ante el juez Claudio Vázquez y la fiscalía: “Lo que tratamos de hacer es recuperar todas las propiedades que han estado abandonadas y nunca se pagaron impuestos y en su momento también nos reclamaba quien se encarga de la recaudación fiscal en Santa Cruz. Se ha estado trabajando todos estos años para normalizar. La contabilidad está a disposición de la justicia”.

Antes de concluir la audiencia, se le cedió la palabra al Ministerio Público Fiscal y en ese momento ante la reiterada expresión de “mis campos, nuestros campos”, el fiscal Zárate le preguntó si ratificada esos términos. “Considero a todos los campos que uno pueda tener obtenidos en pos de un proyecto, en el mayor de los amores que le ponemos y como buen santacruceño amo mi provincia, sí para mí es mi campo, nuestros campos”, enfatizó Lázaro Báez.

Minutos antes había señalado él no estuvo “presente en las negociaciones de los campos, más allá de los audios en los que levanto temperatura cuando me cuentan determinadas cosas, o me informan determinadas cosas y a veces no soy tan pulcro en las expresiones o palabras utilizadas”.

En más de una conversación habla sobre La Entrerriana un campo que hace 24 horas clausuró la justicia federal, y entre los papeles secuestrados en su celda había un detalle de alquileres de diez estancias por un valor global de 94 millones de pesos.

En función de estos hechos que informó la fiscalía, la calificación provisional de la causa comprende los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad y pertenencia a una asociación, asociación ilícita calificada por el objeto, insolvencia fraudulenta y defraudación.

El rasgo distintivo de la maniobra radica en que la red no creó sociedades fantasma nuevas, sino que operó sobre un patrimonio preexistente y judicialmente comprometido —alcanzado por embargos, depósitos judiciales o decomisos firmes en las causas Ruta del dinero K y Vialidad, e incluso con inmuebles ya transferidos a nombre de la Corte Suprema— para sustraerlo de la ejecución, mantenerlo productivo y derivar sus ganancias.

El circuito abarcó la explotación agropecuaria de las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., diversos inmuebles urbanos y comerciales en Río Gallegos y El Calafate, la negociación para vender dos galpones por $250.000.000 y puntos de contacto con economías narco (como el uso de un Ford Mondeo de Báez por una investigada por drogas y un camión Scania con papeles falsos secuestrado en Güer Aike).

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la organización movilizó un flujo financiero documentado de aproximadamente $390.880.000 mediante fraccionamiento de transferencias, autotransferencias masivas entre cuentas de Jorge Manuel Ulloa por más de $165 millones, apuestas en juegos de azar y remesas directas hacia Insaurralde y hacia una explotación agropecuaria pantalla.

Lucía Salinas

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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