← Volver
lanacion.com.ar · hace 1 hora

La Corte declaró inconstitucional la decisión de Milei de permitir que las prepagas fijen libremente el valor de sus cuotas

LA NACION

La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23, de Javier Milei, que permitían a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de sus cuotas.

Por unanimidad, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia que Milei dictó en el inicio de su gobierno que barrieron con el control estatal respecto de los valores de los planes prestacionales de servicios de salud.

La Corte resolvió el caso de una mujer que afirmó que la cuota de su plan de salud, de Swiss Medical, había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 cuando, de haberse aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%. En consecuencia, solicitó que se dejasen sin efecto los aumentos de cuota aplicados por Swiss Medical luego del dictado del DNU 70/2023.

La causa llegó a la Corte por los recursos interpuestos por Swiss Medical y por el Estado Nacional. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó parcialmente la sentencia. Mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, pero revocó lo dispuesto por la cámara en cuanto ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El efecto de la sentencia de la Corte de hoy es que la Superintendencia de Salud deberá reasumir sus competencias en cuanto a la revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones, y al deber de fiscalizar y garantizar la razonabilidad de los aumentos, que tienen que estar fundados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.

En su fallo, la Corte recordó los límites que tienen las facultades legislativas que ejerce el Poder Ejecutivo, que son excepcionales. Dijo que en este caso, de los considerandos del decreto no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones al sistema. Los jueces sostuvieron que no es suficiente la mera afirmación de que existe una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema”, para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.

Esas consideraciones genéricas, según la Corte, no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley. A juicio del máximo tribunal, tampoco se acreditó que existiera una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.

Las normas del DNU 70 que la Corte declaró inconstitucionales modificaron dos artículos de la ley 26.682. Uno facultaba a la autoridad de aplicación de la ley -el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud- a “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” que propusieran las empresas de medicina prepaga. Ese artículo fue derogado por el decreto de Milei.

El otro artículo, que fue reformado, en su redacción anterior atribuía a la autoridad de aplicación el deber de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales” y de autorizar su aumento cuando estuviese “fundado en variaciones en la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”. Tras el DNU, solo se estableció que las entidades de medicina prepaga podrían “establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”.

La Corte recordó en su fallo que su jurisprudencia es clara respecto de la “rigurosa excepcionalidad” de los DNU.

“Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, afirmó la Corte. “No surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país”, subraya el fallo.

La Corte destacó que “las normas derogadas o modificadas creaban potestades de control en cabeza de órganos del propio Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio supone un margen de discrecionalidad dentro de las pautas legislativas fijadas”; es decir, la Corte advirtió que el Gobierno ya tenía la posibilidad de “otorgarle una impronta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión” y que eso “hace exigible un esfuerzo de justificación aún mayor” para demostrar por qué “era imprescindible” modificar la ley con un DNU.

“Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades -dice el fallo- que cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son, pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

The Trust Project

© Copyright 2026 SA LA NACION | Todos los derechos reservados. Dirección Nacional del Derecho de Autor DNDA - EXPEDIENTE DNDA (renovación) RL-2023-95334553-APN-DNDA#MJ.Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente diario.

App store