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perfil.com · hace 2 horas

La Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de la AFA y la mansión de Pilar vaya a Comodoro Py

El máximo tribunal anuló el fallo que había enviado el expediente a Campana, como pedían los supuestos testaferros. Los jueces hablaron de una “grosera violación a las reglas de competencia”. La investigación alcanza a dirigentes de la AFA.

La Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de la AFA y la mansión de Pilar vaya a Comodoro Py

La causa que investiga el presunto lavado de dinero a través de la compra de casas, autos y caballos vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volverá a los tribunales federales de Comodoro Py, donde se inició. Así lo resolvió por unanimidad la Corte Suprema, que dejó afuera al juzgado federal de Campana. El expediente había llegado allí a pedido de dos supuestos testaferros.

La investigación quedará a cargo del Juzgado Federal N°3, del juez Daniel Rafecas. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que aceptaron el recurso de la fiscalía y anularon la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Casación era el tribunal que había dejado el caso en manos del juez de Campana, Adrián González Charvay.

Los jueces fueron duros con el recorrido que tuvo el expediente. “La garantía del juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admite otra vía de revisión y, por ello, justifica la intervención del Tribunal para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”, sostuvo.

En su fallo, el máximo tribunal explicó que la causa no se limita a la compra de una propiedad. “La hipótesis investigada comprende también entonces la constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos”, señaló. Según la Corte, se investiga un presunto lavado de dinero mediante cambios en empresas y una red internacional de intermediarios entre 2021 y 2025.

Para los jueces, la mayor parte de esas maniobras se habría realizado en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar . “Estas circunstancias integran un cuadro objetivo que deja en evidencia que el Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación”, afirmaron. Para sostener esa conclusión, recordaron que Real Central SRL, la empresa a través de la cual se habría comprado la propiedad, tenía su sede en la Ciudad. Además, la escritura del 30 de mayo de 2024, con la que se habría formalizado la venta a Central Park Drinks SRL, se firmó en un domicilio porteño.

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La Corte también tuvo en cuenta que la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366/76, estaba en la Ciudad cuando ocurrieron los hechos y tuvo actividad hasta principios de este año. Allí se habrían tomado las decisiones de gobierno de la entidad y de manejo de sus fondos. También allí se habría desarrollado la actividad de dirigentes y allegados que habría implicado el desvío de fondos y su ocultamiento ante la propia AFA y organismos como ARCA y la Inspección General de Justicia (IGJ). A eso se suma que en la Ciudad tienen domicilio las empresas y las personas denunciadas. “A todo ello se suma que la justicia federal de esta ciudad fue la que previno”, agregó el tribunal, en referencia a que fue la primera en intervenir.

La causa comenzó con una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió , Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica. Allí se acusó a Luciano Nicolás Pantano ya su madre, Ana Lucía Conte, de haber comprado la mansión a través de Real Central SRL sin tener ingresos que justificaran la operación. Pantano es un exdirigente de fútbol sala y su madre, jubilada. La empresa antes funcionaba con el nombre de Central Park Drinks SRL .

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, tiene una superficie de 105.308,80 metros cuadrados en dos lotes, que conforman una quinta con autos de colección, pista de entrenamiento para caballos, haras, helipuerto e instalaciones deportivas. Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, la casa había sido comprada por Carlos Tevez en julio de 2017.

La Mansión de Pilar de Chiqui Tapia

La sospecha de los investigadores es que Pantano y Conte actúan como testaferros de dirigentes de la AFA, en particular de su tesorero, Pablo Toviggino. Para la fiscalía, la quinta sería la prueba de una maniobra de lavado de dinero mediante obtenida una supuesta administración fraudulenta de contratos de la AFA con la selección nacional.

En diciembre, Rafecas ordenó allanar la propiedad. En un galpón de grandes dimensiones se encontraron 54 vehículos: 45 autos de lujo o de colección, 7 motos de alta cilindrada y dos kartings, todos registrados a nombre de Real Central SRL. Entre ellos había varios Porsche, un Audi, un BMW y motos Harley Davidson. En el lugar también se descubrió objetos que vincularían la mansión con el tesorero: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central (club presidido por un hijo de Tapia) dedicada a Toviggino y, en dos de los vehículos, cédulas azules vinculadas al hijo ya la exesposa de Toviggino. Además, antes del allanamiento, un camión habría llegado al predio para llevarse los 14 caballos que estaban en el haras.

Autos Importados

La Justicia estimó que la quinta, con los autos incluidos, tiene un valor de 25 millones de dólares. También se investiga la compra de unidades en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también está entre los investigados, aunque ante la Justicia aseguró bajo juramento que no tiene nada que ver con la casa de Pilar.

Desde su inicio, el expediente pasó por varios juzgados. Rafecas, a quien le tocó por sorteo, se declaró incompetente y lo envió al fuero penal económico, que no lo recibió. La Cámara Federal confirmó esa decisión, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar a qué juzgado correspondía según el territorio. Entonces, la defensa de Pantano y su madre se presentó ante el juzgado federal de Campana para que el caso se investigara allí. González Charvay solicitó el expediente, pero el juez penal económico Marcelo Aguinsky, que estaba a cargo de forma interna, se negó a entregarlo. Finalmente, la Cámara Federal de San Martín ordenó en enero que pasara a Campana.

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La fiscalía apeló esa decisión. En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Ángela Ledesma y Javier Carbajo y la disidencia de Mariano Borinsky, anuló el fallo y envió el caso a la Cámara en lo Penal Económico para que resolviera el conflicto. Ese tribunal dejó el expediente en su fuero, pero la defensa volvió a apelar. En agosto, la Sala I de Casación, con los votos de Borinsky y Diego Barroetaveña, le dio la razón y declaró competente al juzgado de Campana.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, llevó entonces el caso a la Corte. A principios de noviembre, el procurador general Eduardo Casal también sostuvo ante el máximo tribunal que la causa debía tramitar en la justicia federal porteña. Este jueves, la Corte les dio la razón y el expediente volverá al juzgado donde empezó.

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