El puerto de Ushuaia seguirá intervenido por la Nación por tiempo indeterminado y se tensa la relación con la provincia
USHUAIA. La intervención nacional del puerto de Ushuaia, dispuesta en enero por doce meses, ya no tiene fecha de vencimiento. Por la Resolución 69/2026, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, el organismo la prorrogó dos meses antes de que venciera. Su vigencia queda sujeta, ahora, al “cumplimiento del Plan de Obras” aprobado en el mismo acto.
Ese plan, al que tuvo acceso LA NACIÓN, enumera quince obras. Según su propio cronograma, la última, la reparación del frente del sitio 1 del muelle comercial, terminaría en diciembre de 2028. Al momento de la firma, solo dos tenían fecha de inicio real.
La resolución inicial del 20 de enero fijaba un término concreto. Suspendía la habilitación del puerto e intervenía su administración “por un término de DOCE (12) meses, prorrogables por acto fundado”. La suspensión de la habilitación quedó sin efecto para no afectar la temporada de cruceros. La intervención se ejecutó en la medianoche del 21, cuando el personal nacional entró a la terminal con apoyo de la fuerza pública.
La nueva norma no reemplaza ese plazo por otro. El artículo 2 prorroga “las medidas” de enero y deja su vigencia “sujeta” al cumplimiento del plan. En los considerandos, la continuidad se extiende “hasta tanto se verifique el cumplimiento de los objetivos establecidos y la superación de las circunstancias que justificaron su adopción”.
La propia resolución cita la norma que habilita la medida: el artículo 23 del decreto 769/1993. Esa norma permite intervenir un puerto cuando se le suspende la habilitación “por tiempo determinado” o se la declara caduca. En el caso de Ushuaia, la habilitación no fue declarada caduca, y la nueva resolución tampoco fija un tiempo determinado. Tampoco aclara si la suspensión de la habilitación sigue diferida.
Para justificar la prórroga, la ANPyN reconoce que “el plazo originalmente previsto ha resultado insuficiente”. Atribuye la demora a estudios técnicos pendientes y a licitaciones de la Administración General de Puertos (AGP) cuya finalización está prevista “para futuros ejercicios”.
En términos de cantidad de pasajeros y atraques, el puerto de Ushuaia recibe aproximadamente entre 495 (temporada 2025-2026) y 590 recaladas (temporada 2026-2027) de cruceros y buques de pasajeros, operados por unas 60 embarcaciones. Esto moviliza más de 250.000 personas (pasajeros y tripulantes) durante cada temporada de primavera-verano, o sea de septiembre/octubre a marzo/abril de cada año. En términos económicos ese movimiento representa unos 30.000 millones de pesos anuales.
De las quince obras del plan, trece terminan después de enero de 2027, cuando vencía la intervención original. La última está prevista para diciembre de 2028.
Solo dos obras tienen inicio informado: el recambio de las defensas del muelle comercial, desde septiembre, y la reparación del pontón de catamaranes, desde noviembre. Las reparaciones de fondo que se invocaron en enero empiezan mucho después: los pilotes de los sitios 3 y 5, en abril de 2027, y el tablestacado del sitio 1, en enero de 2028. Las dos tareas que la ANPyN da por concluidas son un relevamiento de la infraestructura y un servicio de mantenimiento del respaldo eléctrico.
El cronograma tampoco es firme. El plan no informa montos y aclara que todos sus plazos quedan “sujetos a la disponibilidad presupuestaria”, al avance de las licitaciones, a la operatoria del puerto, al clima y a “otras contingencias de ejecución”. Si las obras se demoran, la intervención se extiende con ellas.
La resolución también enumera pendientes de seguridad que no figuran en el cronograma. Entre ellos, la auditoría de protección ante la Prefectura, la convalidación del PLANACON (el plan de contingencia ante derrames), los dispositivos de salvamento, las cámaras de seguridad y la potabilidad del agua.
El final de la intervención queda en manos del mismo organismo que la ejecuta. La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, como Unidad Ejecutora, elaboró el plan, conduce las obras junto con la AGP y es la encargada de evaluar “los resultados obtenidos y las decisiones pendientes”. La resolución no prevé informes periódicos a la Provincia ni un control externo de ese avance.
Mientras tanto, la recaudación sigue en manos de Nación. Según la resolución, las obras se pagan con las tarifas que cobra el puerto, y la prórroga busca “preservar adecuadamente el direccionamiento del erario público”. Según la Dirección Provincial de Puertos (DPP), desde el 22 de enero los usuarios le pagan los servicios directamente a la ANPyN. Esos ingresos representaban el 94% de su presupuesto y la DPP estimó que, sin esos ingresos, cerraría 2026 con un déficit de $10.005 millones y agregó que, usando sus ahorros para obras, solo podría cubrir gastos mínimos hasta noviembre.
Según el Tribunal de Cuentas, la DPP sigue pagando los sueldos de su personal con fondos previos a la intervención: en febrero intimó a la ANPyN a reintegrar $1057 millones de la masa salarial de enero.
Desde el inicio del conflicto, la provincia de Tierra del Fuego pidió a la Justicia Federal que declare inconstitucional la intervención. El 10 de febrero pasado el juez federal Federico Calvete concluyó que el caso correspondía a la Corte Suprema, adonde llegó el 18 de ese mes. Hasta hoy no hubo fallo y la resolución nacional sigue vigente.
La demanda inicial la presentó el gobernador Gustavo Melella con patrocinio letrado, sin la Fiscalía de Estado. Después, tras una investigación, la Fiscalía presentó su propia demanda con un enfoque más amplio citando y protegiendo el convenio de transferencia firmado en 1991 por la Nación y la Provincia. También se referencia la gestión del puerto desde ese año en adelante por parte de la provincia sin problemas operativos mayores. Esa demanda se presentó ante la Corte y el gobernador adhirió a la misma.
“Es un puerto transferido, eso se consolidó con la reforma de 1994, dando una protección aún mayor a la titularidad del puerto por parte de la provincia. Lo que se hizo es completamente arbitrario e injustificado”, afirman fuentes cercanas a la causa.
Para la Fiscalía, la intervención fue arbitraria y debió tratarse como una intervención federal, que exige decisión legislativa, porque la ANPyN no intervino un órgano propio, sino que reemplazó a una autoridad provincial. Dice que no encuentra antecedentes de una entrada nocturna con fuerza pública sobre un organismo de la administración. Su planteo apunta al convenio de 1992: el puerto fue transferido y es provincial, no una concesión, y ese acuerdo interfederal tiene protección especial. Sostiene que se busca “construir una historia falaz de la gestión portuaria para quitarle la administración”.
En el Juzgado Federal de Ushuaia queda una sola causa: la de dos sindicalistas que no pueden ingresar al puerto (expediente FCR 9499/2026, amparo sindical). Hay además un frente penal: la Fiscalía de Estado denunció a Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la ANPyN, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización de tareas oficiales, luego de que inspectores ambientales provinciales no pudieran ingresar al puerto para una auditoría.
El texto no se refiere a los trabajadores provinciales desplazados ni a los expedientes judiciales. Los gremios portuarios sostienen que 140 trabajadores no pueden volver a sus puestos desde el 21 de enero. Con un plazo abierto, tampoco hay una fecha en la que esa situación deba revisarse. Mientras tanto, los trabajadores sostienen reclamos y cortes de calle esporádicos frente al muelle de la ciudad.
Del lado provincial, el gobernador Melella sostiene que el problema nunca fue la gestión sino el avasallamiento de facultades. Además, Melella reaccionó en la red X: dijo que la ANPyN prorroga la intervención para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto y que el gobierno nacional pretende quedarse con los recursos de los fueguinos
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