← Volver
clarin.com · hace 2 horas · Clarin.com - Home

Facturas falsas y negocios bajo sospecha, las dos investigaciones de ARCA por presunta evasión en Córdoba

Google

ARCA detectó en Córdoba dos presuntas maniobras de evasión tributaria que involucran a contribuyentes del sector agropecuario y a empresas vinculadas con el negocio inmobiliario.

Los expedientes tienen protagonistas y mecanismos diferentes. En uno, el organismo detectó facturas duplicadas y proveedores que no tendrían actividad comprobable, con créditos fiscales cuestionados por más de $170 millones.

En el otro, encontró diferencias entre presupuestos de materiales para la construcción y las compras declaradas por una empresa vinculada con el grupo inmobiliario Ammiraglia.

La primera pesquisa se originó en la fiscalización de Brenda Silvana Quiroga Quintero, dedicada a la prestación de servicios agropecuarios en Carnerillo. Al revisar 1.279 compras declaradas entre enero de 2021 y mayo de 2025, ARCA encontró comprobantes repetidos, puntos de venta inexistentes o sin habilitación y facturas mellizas.

El mecanismo bajo análisis habría permitido incorporar compras a las declaraciones impositivas para generar créditos fiscales que luego podían utilizarse para reducir el IVA a pagar. El monto cuestionado por el organismo asciende a $170.874.069,23. De esa cifra, aproximadamente $115,4 millones corresponden a la contribuyente cuya situación dio origen a las actuaciones.

La revisión también incluyó a Mariano Yamil Quiroga y Juana Petrona Quintero, relacionados con ella por vínculos familiares y económicos.

En el análisis de los comprobantes apareció un dato que llevó a los investigadores a ampliar la mirada sobre el caso. Se trata de facturas atribuidas a distintos proveedores habrían sido generadas desde una misma dirección IP.

Desde ARCA consideran que esa coincidencia podría ser una señal de que existía una estructura que preparaba y distribuía documentación fiscal irregular para diferentes contribuyentes. El organismo llevó los resultados a la Fiscalía Federal y pidió medidas para identificar a quienes habrían intervenido en la operatoria.

Una misma dirección IP fue una de las pistas para que ARCA avance con el seguimiento.

El 19 de junio de 2026, la Justicia Federal de Río Cuarto ordenó alrededor de 20 allanamientos en esa ciudad, Carnerillo y la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo Cabanillas y dispuestos por el juez Carlos Arturo Ochoa, terminaron con el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La información disponible no permite confirmar que todos los procedimientos correspondan exactamente a los contribuyentes examinados en el informe fiscal.

El segundo expediente tiene como eje a Ammiraglia SRL y su relación comercial con Centro de Negocios SRL, una firma dedicada a la venta de materiales para la construcción.

La documentación analizada por ARCA incluía presupuestos por $118,8 millones. Sin embargo, las compras registradas por Ammiraglia SRL ante el fisco con ese proveedor sumaban $31,7 millones netos gravados. Además, el organismo encontró registros internos de ventas de materiales por unos $21,3 millones.

La diferencia encendió una alerta sobre la posible existencia de actividad comercial que no habría sido declarada. De todos modos, los presupuestos por sí solos no prueban que las ventas se hayan concretado. Para establecer si hubo una omisión impositiva, todavía debe determinarse qué operaciones se realizaron efectivamente y cómo fueron registradas.

La revisión no se limitó a esa sociedad. También incluyó a AMMI SAS, el Fideicomiso Buena Vista II y otras estructuras relacionadas con emprendimientos inmobiliarios. ARCA examinó además la información financiera y patrimonial de Leandro Ariel y Guillermo José Ammiraglia.

A partir de esos elementos, el organismo planteó distintas hipótesis, entre ellas posibles maniobras de evasión, incrementos patrimoniales sin justificar y ocultamiento de activos. También pidió investigar eventuales vínculos con lavado de activos, asociación ilícita y empleo no registrado.

La causa, impulsada por la fiscal Virginia Carmona y a cargo del juez federal Sergio Pinto, incluyó intervenciones telefónicas y medidas para analizar los movimientos financieros y fiscales. También hubo procedimientos en escribanías, estudios contables, inmobiliarias y estudios de arquitectura, además de un allanamiento en una sucursal de cajas de seguridad de Justiniano Posse.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Newsletter Clarín