Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad y qué puede pasar con la venta de tierras a extranjeros
El Senado busca este jueves convertir en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficacia Permanente del Sistema de Discapacidad al tiempo que decidirá si ratifica las modificaciones realizadas a la propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye un cambio central para que el oficialismo mantenga el apoyo de los aliados.
El temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria comienza con la nueva ley de Discapacidad, que entre las principales novedades viene a dar carácter permanente a los principales beneficios de la emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793), que vencerá el 31 de diciembre de 2026.
Uno de los puntos de la nueva ley reforma el artículo 9 de la Ley 13.478 y habilita la entrega de la pensión no contributiva a personas de 70 años o más, a quienes estén imposibilitados para trabajar y a personas con discapacidad sin cobertura previsional.
En este sentido se mantiene el monto que rige del 70% del haber mínimo jubilatorio, tanto para la pensión por discapacidad como para la de invalidez laboral, con actualización según el SIPA.
De aprobarse la ley se confirma la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y la coexistencia de ese haber con otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, si se aprueba el proyecto como ingresó desde la Cámara baja, se garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, otro de los puntos clave que reclamaron los dialoguistas al momento de tratar la iniciativa.
La propuesta, que tiene la media sanción de Diputados, fue elaborada en base a un acuerdo entre el oficialismo y los aliados, pero no tuvo una buena recepción en la Casa Rosada, ya que en el proyecto de Presupuesto 2027 se eliminaban los principales puntos de la emergencia.
Por eso uno de los puntos centrales y que tuvo a la oposición tensionada fue la cuestión presupuestaria. En principio, las partidas saldrán de los fondos que se asignen al Ministerio de Salud y de ser necesario se solicitará la intervención del Tesoro Nacional. Un dato clave es que el presupuesto del sector no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.
Por reclamo de los aliados también se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores.
Asimismo se establece la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas. Y, además, se dispone un sistema de notificación fehaciente ante eventuales suspensiones de beneficios. Al respecto se fija un plazo de 60 días para que el beneficiario pueda efectuar su descargo.
Para acceder al beneficio se exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD), ser argentino nativo, por opción o naturalizado y los extranjeros tendrán que acreditar 5 años de residencia legal.
Los interesados no podrán percibir ingresos superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, medidos de forma individual y no por grupo familiar. Tampoco podrán acceder al beneficio aquellos que tengan más de una propiedad y deberán demostrar que que es su única vivienda familiar.
En cuanto a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió al Senado tras una modificación clave que se hizo en Diputados, ratifica los topes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Vale recordar que el proyecto original impulsaba la flexibilización de la venta de campos a extranjeros. Pero, por presión de los aliados, el oficialismo tuvo que acceder en Diputados a sumar un capítulo que deroga el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablece plenamente la Ley de Tierras de 2011.
De esta manera, se mantiene un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios.
En otro orden, la propuesta acelera los procesos judiciales para recuperar una propiedad al establecer los desalojos exprés mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
Para los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda. El texto plantea un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación.
Agotados los tiempos, el propietario podrá iniciar el desalojo y según la ley, la restitución de la propiedad deberá concretarse dentro de los 10 días hábiles. Aunque también se habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Con este proyecto también se reforma la Ley de Expropiaciones y establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública, que tendrá que interpretarse de manera restrictiva, identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se incorpora el lucro cesante con un límite del 30% del valor del daño emergente, aunque deja abierta la posibilidad de superar ese porcentaje si el expropiado acredita una afectación mayor.
La indemnización se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta el pago efectivo.
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