Reforma electoral: hacerle trampa a la Constitución
En estos días, a puertas cerradas y con un escrutinio público que se ha limitado a trascendidos periodísticos, el Senado está discutiendo la reforma electoral que, de confirmarse, sería la más ambiciosa de las últimas décadas: suspensión de las primarias obligatorias, supresión del debate electoral estatal, liberación del financiamiento privado de campañas, reducción de la publicidad televisiva gratuita. Con la desfachatez propia de la época, ya casi no quedan defensores de la propuesta que no confiesen lo que le resulta obvio a cualquier observador: el único propósito de la reforma es beneficiar al oficialismo. A tal punto esto es así, que ni siquiera se propone un cambio permanente: como ya se hizo el año pasado, se propone la suspensión de las primarias obligatorias por otra única vez… no sea cosa que en alguna otra elección sí le sirvan al Gobierno.
En septiembre, la Cámara Electoral había comunicado al Congreso la “conveniencia” de que este tipo de reformas se realice con la anticipación necesaria recomendada, además, por los organismos internacionales especializados en la materia. El mensaje es acertado pero insuficiente: este tipo de reforma, negociada entre bambalinas sin argumentos públicos y de modo abiertamente autointeresado, no es meramente “inconveniente”, sino que lesiona nuestros compromisos constitucionales más básicos.
Tal vez convenga comenzar por lo más claro y sencillo: cualquier ciudadano mínimamente interesado en los asuntos compartidos puede, desde el más básico sentido común, reconocer la implausibilidad (y, finalmente, la invalidez) de la reforma. No existen buenas razones públicas para sostener los cambios electorales propuestos. O, en términos más fuertes: quienes defienden la reforma no han ofrecido, para justificarla, el tipo de argumentos que nos deben a todos nosotros, en tanto miembros de la misma comunidad política. Es de sentido común que las reglas del juego no pueden ser cambiadas por quienes tienen una posición dominante en el juego, mientras el juego se está jugando. Todos reconocemos, por ejemplo, que no se justifica que la AFA cambie el sistema de descensos cuando el torneo está por terminar y se advierte que uno de los equipos “grandes” está por perder la categoría. De hecho, cada vez que algo así ocurre se desata un merecido escándalo. Hechos como los anteriores -aun si, como sabemos, pueden imponerse en la práctica- no se justifican en ningún caso: cualquiera entiende que se trata de trampas impermisibles, que nos avergüenzan a todos y que inculpan a sus propulsores.
Esta razonable y sensata visión de sentido común se vincula muy directamente con la mejor doctrina constitucional hoy en boga -una doctrina que, según veremos, calza perfectamente con lo que han sabido reconocer nuestros tribunales. La línea doctrinaria a la que nos referimos es lo que se conoce como una lectura procedimentalista de la Constitución, esto es, una lectura como la que impulsó, en el mundo anglosajón, John Ely; como la que defendió, en la Argentina, el mejor jurista que tuvo el país, Carlos Nino; y como la que expuso, en el ámbito europeo, el principal cientista social del siglo XX, Jürgen Habermas. Muy resumidamente, lo que la doctrina procedimentalista sostiene es que los órganos de control deben examinar con presunción de invalidez todas aquellas reformas impulsadas por los grupos a cargo del proceso de toma de decisiones que se dirijan a cerrar los canales del cambio político (típicamente, para permanecer en el poder, o dificultar las posibilidades de que sus opositores los remuevan) o se orienten a socavar los derechos de las minorías. Es decir, a menos que quien impulsa la reforma (el Gobierno, en este caso) pueda ofrecernos una justificación de peso extraordinario para defenderla (por ejemplo, evitar la violación de derechos fundamentales que resultarían arrasados sin dicha reforma), ésta debe considerarse inconstitucional.
No tratan estas reflexiones de meras expresiones de deseos: hablamos de consideraciones jurídicas de la más alta jerarquía. Acaso lo mejor para que el punto sea comprendido sea apelar a la simetría que, en materia de atropellos institucionales, nos ofrece la historia reciente. Cuando el gobierno de Cristina Fernández impulsó la llamada “democratización de la justicia” en 2013, la Corte Suprema presidida por Ricardo Lorenzetti tardó apenas seis semanas en declararla inconstitucional. Si bien lo que más se recuerda del fallo “Rizzo” son sus argumentaciones en favor de la independencia judicial, debe recordarse que la Corte también se detuvo en este crucial principio procedimental. Ante esa reforma electoral, que evidentemente tendía a beneficiar al partido de gobierno, la Corte lo amonestó en los términos más duros: “el Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a una o unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto” ya que el sistema debe tender a “fortale[cer] la calidad y transparencia de tal proceso”.
Estas palabras resuenan hoy. Con lo poco que se sabe hasta ahora (y eso, de por sí, es un dato que debería determinar nuestro rechazo), es claro que la reforma impulsada por el gobierno se trata de un intento de aprovecharse de las mayorías que el poder permite forzar, y para conservar ese mismo poder. ¿A quién beneficia, por ejemplo, la eliminación de la publicidad gratuita en televisión, sino al partido que puede aprovecharse de la visibilidad que le da la propia posición de gobierno? ¿Quién puede aprovecharse más de la eliminación del debate electoral que el presidente que debería explicar, frente a candidatos opositores y no periodistas amigables, los números que nos trae la economía real? ¿Quién puede beneficiarse de la liberación de los aportes privados de campaña, sino el partido que más ha hecho para beneficiar a los sectores más concentrados de la economía?
La Corte ya supo intervenir en circunstancias similares, cuando era el propio Poder Judicial el que se veía perjudicado. ¿Será muy ingenuo esperar que esta vez haga lo mismo, con la misma contundencia y la misma celeridad?
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