Tras "fallas" en la ciudad China, Vicuña eligió empresas locales con fabricación chilena
Luego de que los módulos asiáticos presentaran problemas de ingeniería, la mayor inversión minera del país adjudicó tres nuevos campamentos a firmas argentinas. Sin embargo, el giro hacia el "compre local" llegó con letra chica.
Redactora de Economía Política. Acreditada en el Ministerio de Economía. Mail: [email protected]
El megaproyecto minero Vicuña, que representa la mayor inversión extranjera en el país, debió recalcular su estrategia de infraestructura. Luego de elegir a proveedores de China para importar y construir su mayor campamento modular, ahora dos empresas argentinas serán las encargadas de armar tres estructuras más, aunque el componente extranjero estará presente. Esta vez, las compañías de origen asiático quedaron fuera de la compulsa: aquella primera ciudad para sus trabajadores está presentando problemas clave en los que el sector minero necesita ser específico.
La iniciativa de cobre anunció este martes que las argentinas Modular Homes, RAFA y BMI Constructora serán las encargadas del desarrollo de los campamentos de Piedras Pintadas y otros dos complejos ubicados en la ruta de acceso a la mina, La Jarilla y La Majadita, respectivamente. La primera compañía había quedado afuera de la licitación por el complejo de Batidero, el principal de la mina que tendrá 2500 camas.
De esta forma, esta vez habrá industria y logística nacional. Pero, de todas formas, el 89% de la fabricación se realizará fuera de la Argentina. Tanto La Jarilla como La Majadita tendrán emplazamiento nacional, pero los módulos los proveerá Tecnofast, empresa chilena dedicada al negocio de las soluciones habitacionales para este tipo de proyectos. Según cálculos del sector, de los aproximados 45.000 metros cuadrados que adjudicó Vicuña, 30.000 se fabricarán en China (vinculados a PowerChina y Beijing Chendong), unos 10.000 en Chile y los 5.000 restantes en territorio nacional.
Fuentes al tanto del tema explicaron a PERFIL que la demora en la llegada del campamento de origen asiático no se debe a retenciones en la aduana, sino a problemas de ingeniería estructural. Al estar ubicado en una zona sísmica y de clima extremo, el diseño debe garantizar resistencia mecánica frente a fuertes vientos y cargas de nieve. Y ocurre que la propuesta original de los proveedores chinos no cumplía con estas especificaciones técnicas, con lo cual los obligó a rehacer toda la ingeniería de construcción del campamento.
La minera Vicuña oficializó la inversión de US$ 18.000 millones en proyectos de oro, plata y cobre en Argentina
Las nuevas obras adjudicadas por la compañía, conformada por BHP y Lundin Mining, se desplegarán en el Corredor Norte de la provincia de San Juan y deberán estar listas durante el primer y segundo trimestre de 2027. En total, estos tres complejos habitacionales demandarán la creación de unos 470 empleos directos y tendrán capacidad para albergar a 1.350 trabajadores.
El cambio de estrategia busca también apaciguar las aguas tras el malestar que generó en el entramado industrial la decisión inicial de importar el campamento principal desde Asia, amparándose en los beneficios aduaneros del RIGI. Al tratarse de un megaproyecto con desembolsos proyectados por USD 18.000 millones, la minera necesitaba dar una señal de que el desarrollo del yacimiento traccionará el empleo y la cadena de valor en la Argentina, más allá de los contratiempos técnicos que hoy demoran su infraestructura.
Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI) advirtieron que el esquema elegido sigue dejando a la industria local en un segundo plano y plantearon la "paradoja" de recibir inversiones millonarias mientras el entramado productivo espera. Si bien reconocieron que las obras civiles y el montaje a cargo de firmas nacionales generan movimiento, remarcaron que existe una "diferencia sustancial" con la fabricación industrial, que moviliza una cadena mucho más amplia de acero, ingeniería, cerramientos y proveedores.
"El problema no es solamente cuánto dinero se invierte, sino dónde se produce, quiénes participan de esa inversión y cuánto valor económico permanece efectivamente en el país", señalaron desde la entidad, que nuclea a más de 100 empresas del sector. En esa línea, alertaron que el debate ya no pasa solo por el impacto ambiental, sino por construir una "licencia social económica y productiva", y lanzaron un interrogante directo sobre el modelo: "¿De qué sirve anunciar inversiones multimillonarias si una parte sustancial de los bienes industriales que requieren se termina fabricando fuera del país, mientras nuestras fábricas necesitan producir y nuestra gente necesita trabajar?".