Cómo quebrar el dominio político de los multimillonarios
“El sistema de lealtades que protegió a Huang durante la presidencia de Trump” todavía permite a los republicanos decidir a qué intereses servirá el gobierno”, analiza el autor. Pero el 21 de noviembre, durante la “Cumbre de París contra la oligarquía internacional”, el tema central será el vínculo del poder político con la riqueza concentrada.
(*Desde Berlín) La renuncia de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia (segunda empresa más valiosa del mundo, de la que fue cofundador) generó un terremoto en los mercados mundiales. Pero a pesar de la trascendencia del hecho, era probable que sucediera mucho antes si los aliados políticos de Huang (en particular el presidente estadounidense Donald Trump) no hubieran restado importancia a la relación que mantenía con una presunta espía china.
Sin embargo, es lo que hicieron, y Huang siguió siendo una de las personas con más influencia en la definición de la política estadounidense para la inteligencia artificial.
La renuncia de Huang se produjo cuando apenas había pasado una semana desde que Elon Musk (la persona más rica del mundo) vio hacerse humo los casi US$ 500 millones que había invertido para influir en las elecciones intermedias en los Estados Unidos.
Muchos de los candidatos que respaldó perdieron en sus respectivos distritos; se destaca Texas, donde además de un escaño en el Senado de los Estados Unidos, los demócratas obtuvieron la gobernación, el control de la cámara baja del Estado y los cuatro puestos disputados en la Corte Suprema local. Es de suponer que la derrota en Texas habrá sido un golpe importante para Musk, que ha trasladado a ese Estado gran parte de su imperio empresarial y mantiene estrechos vínculos con el aparato republicano local.
Nos hemos acostumbrado a dar por sentado que las grandes fortunas decidan las elecciones, de modo que es una grata sorpresa que a veces ni los más grandes gastadores se salgan con la suya. Pero la derrota de un candidato no elimina el poder político y la influencia de los multimillonarios. El sistema de lealtades que protegió a Huang durante la presidencia de Trump todavía les da capacidad para decidir a qué intereses servirá el gobierno.
La respuesta a la combinación de la riqueza concentrada con el poder político será el tema central de la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional, que se celebrará el 21 de noviembre. Lo primero es desarmar el sistema de reglas que permite a los superricos convertir sus fortunas en poder ilimitado.
Los multimillonarios no necesitan presentarse a elecciones para ejercer influencia. Pueden financiar campañas, poseer medios de comunicación y tener acceso privilegiado a funcionarios, lo que les permite presionar en pos de exenciones impositivas y subvenciones públicas. En California, bastó que treinta de ellos invirtieran US$ 293 millones en una campaña exitosa para frustrar el intento de instituir un impuesto a las grandes fortunas en el Estado. Otros (por ejemplo Trump) asumen cargos públicos sin renunciar a sus intereses empresariales.
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El resultado es un círculo vicioso. La laxitud normativa ayuda a los ricos a amasar enormes fortunas y contratar ejércitos de abogados y contadores para ocultar activos tras sociedades anónimas. Pueden usar esa riqueza para comprar influencia política, lo que a su vez les permite influir en la definición de leyes y políticas con las que podrán aumentar todavía más su riqueza y poder. Sin que nadie les exija rendir cuentas, prolifera la corrupción y se debilita la democracia.
Por supuesto que Estados Unidos no es el único país donde el dinero compra influencia política. En el Reino Unido, en 2015 las donaciones de un millón de libras (1,3 millones de dólares) o más eran el 1 % de la financiación política privada. En 2024, según Transparency International UK, la cifra se había disparado hasta el 35 %.
Nuestros colegas en la República Checa llevan mucho tiempo cuestionando los vínculos del primer ministro Andrej Babiš con Agrofert, el imperio empresarial que él mismo fundó y cuyas empresas reciben subvenciones de la Unión Europea. Aunque hace unos meses Babiš transfirió sus acciones a un fideicomiso, la Comisión Europea determinó que el conflicto de intereses no está resuelto. Babiš se opone a esa conclusión, pero cuando los funcionarios electos pueden beneficiarse de subvenciones o contratos con el Estado, cuesta confiar en que antepongan el interés público a sus propias finanzas.
Los ultrarricos también pueden usar su dinero para inundar las redes sociales con propaganda política dirigida a los votantes. Antes de las elecciones presidenciales del mes pasado en Brasil, Meta publicó más de 1600 publicidades políticas pagadas por usuarios en el extranjero, a pesar de que la normativa brasileña lo prohíbe expresamente. Ya más cerca de la jornada electoral, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron de que los algoritmos de Meta estaban favoreciendo a uno de los dos lados en el debate electoral.
Informes internos de empleados de Meta indicaron restricciones a las cuentas de Instagram del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras se recomendaba a los usuarios el perfil del candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro. Meta negó que hubiera algún sesgo y atribuyó la situación a errores técnicos. Pero cualquiera sea la explicación, el caso es una muestra del enorme poder que tienen las megatecnológicas sobre lo que ven y oyen los votantes.
Los partidos políticos necesitan dinero para funcionar y hacer campaña, y la gente tiene todo el derecho a apoyar causas en las que cree. Pero cuando un puñado de multimillonarios tiene un grado de influencia desproporcionado sobre decisiones que afectan a millones de votantes, la democracia está en peligro.
La buena noticia es que hay una reacción del electorado. En Nepal, protestas juveniles contra la corrupción llevaron al poder a un partido antisistema, mientras que en Serbia, un movimiento de protesta estudiantil puso fin a catorce años de gobierno autoritario del presidente Aleksandar Vučić.
Cuando un puñado de multimillonarios tiene un grado de influencia desproporcionado sobre decisiones que afectan a millones de votantes, la democracia está en peligro"
Estas victorias son una prueba de que la exigencia de rendición de cuentas puede hacer posibles reformas que impidan que el tamaño de la billetera se transforme en influencia política.
Pero poner límites a las donaciones políticas no es suficiente. Los gobiernos también deben exponer las identidades de los dueños reales de empresas y activos y eliminar las lagunas legales que permiten ocultar fortunas malhabidas. Hay que someter a sanciones legales a aquellas personas que usen la función pública para enriquecerse, y poner estrictos límites al cabildeo empresarial en la adjudicación de subvenciones y contratos públicos. Los organismos de control deben tener capacidad para investigar, y los periodistas y la sociedad civil deben tener libertad para denunciar la corrupción sin temor a represalias.
Las reglas que otorgan una ventaja injusta a los ricos no están escritas en piedra. En 2024, el Tribunal Supremo de la India anuló un sistema de financiación electoral que impedía publicar el origen de grandes donaciones políticas.
Y en diciembre del año pasado, la ONU aprobó su primera resolución anticorrupción en el ámbito de la financiación de los partidos políticos, que estipula veintidós compromisos tendientes a reforzar la supervisión de la financiación de campañas y exigir rendición de cuentas a los partidos y candidatos que incumplan las normas. Pero de nada sirven los acuerdos internacionales si los gobiernos no convierten esos compromisos en leyes realmente vinculantes.
Que los políticos corruptos pierdan elecciones no impedirá a los donantes ricos comprar influencia política. También hay muchas leyes y normativas que deben cambiar (sobre todo en relación con la financiación de campañas) para que los funcionarios electos rindan cuentas ante los votantes y no ante las grandes fortunas.
*Directora ejecutiva de Transparency International; copyright: Project Syndicate, 2026