RIGI: a la espera de una nueva ronda de negocios, Economía cambia las reglas para los proveedores locales
El Ministerio de Economía introdujo, mediante un decreto, cambios en las reglas para la venta de acciones y las fusiones de empresas beneficiarias del RIGI, así como modificaciones en las condiciones de acceso al mercado de cambios (MULC).
El Gobierno está haciendo gala de pragmatismo económico en lo relacionado con el desarrollo de proveedores locales para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para ello, introdujo una serie de cambios regulatorios destinados a facilitar la conformación de redes de empresas locales.
Así lo indica el decreto 1366/26, publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial de este lunes. "El Gobierno parece advertir que el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no puede quedar a merced de las empresas con Vehículo de Proyecto Único (VPU) y que debe 'hacer política' para agilizar la participación local, lo que se manifiesta en cambios regulatorios como el actual y en las Rondas de Negocios articuladas por el Ministerio de Economía para los sectores de Minería y de Petróleo y Gas", señaló al respecto la consultora Paspartú.
Uno de los principales cambios para los proveedores es que, hasta ahora, se exigía que las empresas tuvieran al menos un 51% de capital argentino para ser consideradas locales. Ahora, una compañía extranjera puede abrir una sociedad en Argentina y participar de un proyecto RIGI bajo esa condición.
"La duda al respecto es si la calificación como 'local' de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo", plantea la consultora especializada en temas energéticos.
Federico Palavecino, socio en MHR, señaló que los considerandos del decreto "fundamentan la modificación en que la composición del capital social no debe constituir un impedimento para participar en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI".
"La norma también se fundamenta (aunque no lo dice) en que, restringir la oferta a empresas de capital mayoritariamente argentino en sectores de alta complejidad tecnológica e intensa demanda de capital presenta el riesgo de generar cuellos de botella, que -si no pueden superarse a tiempo- ponen en riesgo el cumplimiento de las condiciones para permanecer en el RIGI y con ello el interés del inversor en concretar la inversión", señaló Palvecino.
El consultor indicó que "no parece que la modificación caiga bien entre los proveedores nacionales que estaban evaluando inversiones para llegar a la escala requerida por los proyectos RIGI,
El Ministerio de Economía anunció la apertura de inscripciones para la segunda Ronda de Negocios del RIGI, que se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en San Isidro y estará orientada de manera exclusiva a los sectores de hidrocarburos y energía.
El encuentro reunirá a 60 empresas compradoras con más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país. El objetivo central de la jornada es promover la articulación directa de los grandes proyectos de inversión aprobados y en evaluación dentro del RIGI con la cadena de valor local de petróleo y gas.
Actualmente, el sector energético e hidrocarburífero cuenta con 14 proyectos aprobados bajo el RIGI: 11 corresponden a Oil & Gas, por u$s49.000 millones, y tres a energía, por u$s706 millones. A su vez, se encuentran en proceso de evaluación otros 13 proyectos (11 de hidrocarburos, por u$s117.436 millones, y dos de energía, por u$s458 millones).
Por otro lado, el decreto introduce otras modificaciones que ya afectan a los 27 proyectos aprobados, como es el caso de la posibilidad de transferir acciones o realizar fusiones entre empresas.
"Se establece que la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales de un VPU con posterioridad a la presentación de su solicitud de adhesión no altera, por sí misma, los derechos derivados ni da lugar al cómputo de inversiones en Activos Computables a los efectos del cumplimiento de la Inversión Mínima de Activos Computables (IMAC)", dice Paspartú. Esto es, sobre todo, para el cumplimiento de los plazos de inversiones mínimas.
También se introducen pautas para que la autoridad de aplicación apruebe o no fusiones o adquisiciones de acciones de empresas que participan del RIGI y se determina la regla de que, si no hay pronunciamiento del Estado en un plazo de 30 días, las propuestas quedan aprobadas.
En cuanto al acceso al mercado único de cambios, se introducen modificaciones para que el ingreso de divisas para un proyecto RIGI pueda ser realizado por la sociedad titular o por los socios que participan de ella y realizan sus aportes.
En cuanto a los denominados Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), se distingue entre el cumplimiento del monto mínimo de Inversión en Activos Computables (IMAC) exigido para un VPU y los compromisos de inversión asumidos para cada una de sus etapas sucesivas.
La fecha límite única para alcanzar el IMAC correspondiente al proyecto en su conjunto no modifica los montos mínimos ni los compromisos de inversión previstos para cada etapa. Pero se agrega un requisito: la fecha límite no debe resultar ajena a las prácticas del sector de que se trate para el "razonable" desarrollo del Proyecto Único.
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