“Arbitrario”: tres entidades del agro cuestionaron una suba del 16% que fijó el gobierno de Kicillof para el transporte de granos
Tres entidades del sector agropecuario cuestionaron al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, por fijar una suba del 16% en la tarifa de referencia para el transporte de granos, un aumento superior al 15% que habían pedido los transportistas. En un comunicado conjunto, Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores señalaron que ese ministerio resolvió la suba mediante un laudo durante la reunión de la Comisión de Transporte de Granos bonaerense del jueves pasado, ante las diferencias entre los cálculos de costos de los transportistas, la provincia y los dadores de carga. Según las entidades, las autoridades justificaron la decisión por la necesidad de evitar un conflicto.
En tanto, desde el gobierno provincial señalaron que “el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires actuó en todo momento en el marco de las facultades que le otorga la legislación provincial, con fundamentos técnicos y respetando la institucionalidad de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro”.
Según el comunicado de las entidades del agro, Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores ofrecieron inicialmente un 8,3%, porcentaje que, según sus cálculos, reflejaba el aumento de los costos reales, y elevaron su propuesta hasta el 11,5% sobre las tarifas vigentes entre abril y octubre, cuando estaban en busca de un acuerdo.
Las entidades sostuvieron que, en medio de la negociación, el ministerio amenazó con laudar y finalmente fijó el aumento en el 16%. Que la cifra superara la pretensión de los transportistas fue, según señalaron, un “hecho inédito en la larga historia de la Comisión”. Las tres organizaciones repudiaron la actitud del Ministerio, calificaron el laudo de “arbitrario” y dejaron constancia de su rechazo en el acta oficial de la reunión.
En abril pasado, la Mesa de Transportes de La Plata había acordado un aumento del 14%. Después de esa reunión, y ante la presión de un bloqueo de rutas y puertos por parte de entidades de transporte, autoconvocados y fleteros, la provincia avaló en una reunión en Necochea una suba del 16%, por encima del 14% que se había consensuado en La Plata. Según el comunicado, las entidades dadoras de carga rechazaron aquel aumento del 16% y consideraron que la decisión marcó el inicio del debilitamiento institucional de la mesa que discute las tarifas de referencia en la provincia.
Frente al argumento de las autoridades de que el laudo buscaba evitar un conflicto, las entidades atribuyeron la posibilidad de nuevas medidas de fuerza al sector transportista. “Ese conflicto solo puede provenir de la representación transportista, la misma que en abril desconoció lo acordado por la Mesa”, afirmaron.
“El Ministerio, al fijar un valor por encima del pretendido por el transporte para prevenir medidas de fuerzas no evita el conflicto: lo convalida. Le confirma a cada parte que la presión ofrece mejores resultados que la concertación”, sostuvieron. También afirmaron que cuando el Estado reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, “deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema”.
Por último, las tres entidades recordaron a los productores y al comercio de granos que, según la ley provincial que citaron en el comunicado, las tarifas son orientativas y se negocian libremente entre las partes. También sugirieron consultar el precio de los fletes locales, que surge de la libre oferta y demanda, antes de contratar viajes.
El antecedente se remonta a abril, cuando los transportistas de granos iniciaron protestas en rutas y accesos a puertos en plena cosecha para reclamar una recomposición de las tarifas ante el aumento de los costos, en particular del gasoil. La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) oficializó entonces una suba del 14% en la tarifa orientativa, tras la cual se levantaron las protestas en buena parte del corredor exportador. En Quequén, los autoconvocados consideraron insuficiente ese porcentaje y mantuvieron la medida de fuerza.
El conflicto en los accesos al puerto de Quequén se destrabó el 24 de abril, después de tres semanas de protesta, con un acuerdo para subir un 16% la tarifa de referencia en la zona de Necochea. Según se informó entonces, productores y acopiadores de la región avalaron ese incremento para poner fin a la medida de fuerza. En el comunicado de noviembre, Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores sostuvieron que la provincia avaló aquel 16% sin la conformidad de las entidades dadoras de carga.
Tras el comunicado de prensa de Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores, desde el gobierno provincial señalaron que “el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires actuó en todo momento en el marco de las facultades que le otorga la legislación provincial, con fundamentos técnicos y respetando la institucionalidad de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro”.
“Durante el encuentro, todos los sectores tuvieron la posibilidad de expresar sus posiciones y presentar sus estudios de costos. En ese contexto, el Ministerio manifestó que también contaba con un estudio técnico propio, que podía ponerse a consideración de la mesa en caso de no alcanzarse un acuerdo”, agregaron.
Contaron que, respecto del 16% establecido, “es importante aclarar que la decisión se sustentó en los estudios de costos analizados y que el porcentaje determinado fue incluso inferior a los valores que surgían de los trabajos técnicos presentados por las entidades transportistas. Además, se tomó como antecedente el 14% que había alcanzado un consenso mayoritario en la Comisión”.
Después indicaron que, en relación con el conflicto ocurrido en el Puerto de Quequén, “es importante aclarar que el Ministerio fue convocado a intervenir para colaborar en la búsqueda de una solución a una situación que llevaba más de 20 días sin resolverse. A partir de esa intervención y del trabajo conjunto con los distintos sectores, incluidos representantes de las entidades dadoras de carga, se logró alcanzar un acuerdo que permitió destrabar el conflicto y normalizar la actividad.”
Remarcaron que “no se trató de una negociación impulsada por el Ministerio por fuera de los ámbitos institucionales, sino de una intervención para facilitar el diálogo y contribuir a una solución consensuada entre las partes”.
Destacaron que “las tarifas establecidas son orientativas y que las condiciones comerciales continúan siendo acordadas libremente entre las partes”. Finalizaron: “Desde el Ministerio vamos a seguir promoviendo el diálogo y la búsqueda de consensos, con reglas claras, fundamentos técnicos y respeto por todos los sectores involucrados”.
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