Crónica de un cientificidio anunciado
La crisis científica argentina suele atribuirse a la falta de presupuesto y a gobiernos que no comprenden la investigación. Son problemas reales. Pero esta explicación tiene una ventaja conveniente: coloca toda responsabilidad fuera del sistema. Los culpables son siempre otros. Rara vez somos los científicos. Sin embargo, muchos problemas habían sido identificados hace más de veinte años, incluso durante la expansión presupuestaria.
La crisis no se explica solo por la falta de fondos, sino también por nuestra incapacidad para corregir deficiencias que conocíamos desde hace décadas.
La revista Ciencia Hoy, fundada en 1988, documentó esta historia. Sus editoriales defendieron la investigación, pero también cuestionaron al CONICET y las universidades, la evaluación, la endogamia y los conflictos de interés. Las críticas venían de adentro.
En 2005, Daniel Bes publicó "Siete problemas capitales del sistema científico-tecnológico". Identificó deficiencias de conducción, conflictos de interés, endogamia y problemas en la evaluación del mérito y la asignación de recursos. Se concentró deliberadamente en las responsabilidades internas, aquellas cuya solución dependía de los científicos.
La endogamia era central: investigadores que se formaban y jubilaban en una misma institución; concursos formalmente abiertos que favorecían a conocidos; evaluadores que decidían sobre discípulos o colaboradores sin declarar conflictos de interés. Apariencias de competencia sin competencia real.
En 2007, "Preguntas para un año electoral" sostuvo que más presupuesto era insuficiente. Reclamó subsidios competitivos, promociones por mérito y evaluación externa. Otro editorial pidió separar planificación, financiamiento y ejecución. El crecimiento llegó. Se incorporaron investigadores, se multiplicaron becas y se ampliaron instituciones. Fueron avances reales, pero persistieron los problemas institucionales. Aumentar la cantidad de científicos no garantiza una mejor ciencia. Hay que evaluar resultados, decisiones y uso de los recursos públicos.
Las advertencias continuaron. En 2012, Ciencia Hoy señaló que los doctorandos aumentaban más rápidamente que sus oportunidades profesionales. En 2013 cuestionó la formación doctoral concebida como ingreso permanente al CONICET y las limitaciones de los indicadores bibliométricos. Publicar más no necesariamente significa investigar mejor.
En 2016, Luis Quesada Allué advirtió en Noticias que, entre 2000 y 2014, Argentina había retrocedido en una clasificación internacional de producción científica. Cuestionó el crecimiento sin planificación integral. El sistema no carecía de diagnósticos. Carecía de capacidad para convertirlos en reformas. Y una explicación incómoda es que las instituciones pueden resistirse a cambiar porque sus integrantes encuentran ventajas en conservarlas como están.
El corporativismo no requiere conspiraciones. Puede surgir de un investigador que favorece a su discípulo, un jurado que evita cuestionar a un colega o una asociación que confunde el bienestar de sus miembros con el de la ciencia. Su acumulación puede convertir los recursos públicos en patrimonio de grupos académicos. Una privatización de lo público sin transferencias al sector privado.
La pandemia expuso otra contradicción. Durante décadas reclamamos que los gobiernos escucharan a los científicos. En 2020, los expertos ocuparon un lugar central en la comunicación oficial. Pero decisiones que exigían ponderar riesgos sanitarios, educativos y sociales se presentaron como consecuencias inevitables de la evidencia.
La ciencia podía estimar riesgos de contagio, pero no decidir por sí sola cuánto aprendizaje infantil, libertad o actividad económica debía sacrificarse. Eso correspondía a la política. Lo preocupante no fue que los científicos se equivocaran. Equivocarse es inevitable ante información incompleta. Lo inquietante fue utilizar el prestigio de la ciencia para conferir autoridad a decisiones políticas. Un modelo matemático no es una política pública. Ser científico no inmuniza contra prejuicios, intereses ni convicciones ideológicas.
Nada de esto exime a los gobiernos de responsabilidad. Los recortes, el deterioro salarial y las dificultades para investigar son reales. Tampoco todos los investigadores compartimos esas conductas. Una institución puede ser víctima de decisiones externas y responsable de sus propias deficiencias. Y estas últimas siguen presentes.
En mayo de 2026, investigadores reunidos en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires volvieron a señalar opacidad en las evaluaciones, conflictos de interés y fragmentación institucional, según difundió María José Binetti en Infobae. Más de veinte años después de Bes, discutimos lo mismo.
La discusión pública sobre ciencia sigue organizada alrededor del presupuesto, como si más recursos resolvieran los problemas de administración. Defender el financiamiento público no exige defender acríticamente a las instituciones que lo reciben. Cuanto más importante consideremos la ciencia, mayor debería ser nuestra exigencia sobre su funcionamiento. Reclamamos que los gobiernos tomen decisiones basadas en evidencia. Esa exigencia también nos obliga.
No podemos reclamar respeto por nuestros conocimientos mientras ignoramos las fallas institucionales. No podemos exigir pensamiento crítico hacia afuera y practicar el dogmatismo hacia adentro. La ciencia no pierde prestigio cuando reconoce sus errores, sino cuando se niega a examinarlos. Ignorar deliberadamente la evidencia es lo contrario de lo que debería hacer un científico.
Federico Coluccio Leskow es doctor en Ciencias Biológicas, profesor asociado de la UBA y la UNLu e investigador del CONICET.
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