Cuando el niño hostigado es quien tiene que cambiar de escuela

Ante el bullying, la salida que a veces recibe una familia es retirar a su hijo del lugar donde debería estar protegido. Cambiar de institución puede ser necesario; convertirlo en la única respuesta significa dejar intacto el problema.

Después de las denuncias de hostigamiento durante un reciente viaje de egresados a Bariloche, volvió a escucharse una pregunta que debería incomodar a todo el sistema educativo: ¿qué sucede cuando una escuela no consigue proteger a uno de sus alumnos? El caso, que está bajo investigación y sobre el que las autoridades escolares ofrecieron su propia versión, no autoriza a anticipar responsabilidades. Pero sí obliga a mirar una escena demasiado frecuente: una familia denuncia, insiste, pide ayuda y termina considerando que la única manera de recuperar la tranquilidad es irse.

Hay algo profundamente injusto en ese desenlace. El niño que fue humillado pierde a sus compañeros, sus rutinas, sus docentes, los lugares conocidos y parte de su historia. Quienes participaron del hostigamiento, en cambio, pueden seguir ocupando el mismo espacio. La institución comunica que el conflicto terminó, aunque lo único que haya cambiado sea la presencia de quien sufrió el daño. No es un asunto menor. Para un adulto, cambiar de trabajo después de una situación de violencia puede representar una ruptura difícil. Para un niño, cambiar de escuela supone reorganizar uno de los escenarios centrales de su identidad: el lugar en el que aprende, hace amigos, prueba su autonomía y construye su pertenencia. Y cuando el traslado ocurre después de meses de burlas, amenazas o exclusión, puede dejar una idea dolorosa: para estar a salvo, yo tengo que desaparecer.

La literatura clínica viene señalando que el hostigamiento sostenido se asocia con síntomas de ansiedad, estado de ánimo depresivo, dificultades de sueño, dolores recurrentes, rechazo escolar y pérdida de confianza. No todos los chicos desarrollan el mismo cuadro ni toda dificultad escolar se explica por bullying. Sin embargo, cuando un alumno empieza a llorar antes de entrar al colegio, cambia su conducta, deja de participar o presenta malestares físicos repetidos, el sufrimiento merece una evaluación seria. La respuesta no puede limitarse a pedirle que sea fuerte o que aprenda a ignorar.

A veces la primera propuesta institucional consiste en cambiarlo de banco, separarlo de sus compañeros, modificar su horario, sugerirle que no participe de determinada actividad o recomendar a la familia otra escuela. Algunas medidas de separación pueden ser protectoras si son transitorias, proporcionales y acordadas con el niño y sus responsables.

El problema aparece cuando se transforman en la respuesta definitiva, sin investigar los hechos, sin intervenir sobre quienes hostigan y sin revisar el funcionamiento del grupo.

En ese momento la escuela parece resolver su incomodidad administrativa, no el daño. Porque el bullying no es simplemente una pelea entre dos alumnos. Supone conductas agresivas que se reiteran en un vínculo con desequilibrio de poder, y suele involucrar un entorno: quienes se ríen, quienes celebran, quienes temen intervenir y los adultos que advierten tarde o miran hacia otro lado. Trasladar al niño agredido no modifica necesariamente ninguna de esas condiciones. Existe, además, un punto que rara vez se discute con la profundidad necesaria: la diferencia entre una decisión familiar libre y una salida forzada por la falta de alternativas. Es legítimo que una madre o un padre elija otro colegio para preservar la salud de su hijo. En ocasiones, frente a un riesgo inmediato, ese cambio puede ser la mejor decisión. Lo cuestionable es que la familia se vea empujada a hacerlo porque la institución no puede explicar qué medidas concretas adoptó para garantizar la seguridad y evitar nuevas agresiones.

Escribir un acta no alcanza. Convocar una reunión tampoco. Un protocolo es útil si modifica lo que ocurre en los recreos, los pasillos, las aulas, los grupos de mensajería y los viajes. Debería establecer quién escucha, quién registra lo sucedido, quién protege de inmediato, quién conversa con los alumnos involucrados, quién verifica que la agresión cesó y cómo se informa el seguimiento a las familias sin vulnerar la intimidad de ningún menor. Sin esa continuidad, el expediente puede cerrarse mientras el miedo sigue abierto.

En mi práctica médica insisto en algo: la escuela tiene una responsabilidad educativa, pero también un deber de cuidado. No se le pide que diagnostique trastornos ni que reemplace a los profesionales de salud. Se le exige detectar señales, interrumpir situaciones de violencia, actuar con criterios claros y facilitar la participación de los equipos especializados cuando sea necesario. La Ley 26.892, que establece pautas para la convivencia escolar en la Argentina, no se agota en la idea de pedir respeto; plantea prevenir el hostigamiento, rechazar la exclusión y promover intervenciones institucionales.

¿Y qué ocurre con quien hostiga? A veces se impone una sanción y se da por terminado el asunto. Pero una conducta de agresión reiterada, grave o sostenida pese a las intervenciones exige algo más que castigo. Puede requerir una evaluación profesional de salud mental infantojuvenil que explore dificultades emocionales, regulación de impulsos, dinámica familiar y vincular, antecedentes de violencia y factores contextuales. Evaluar no significa etiquetar al adolescente como enfermo, ni disculpar sus actos. Significa intentar comprender qué sostiene la conducta para modificarla y prevenir nuevos daños.

Esa evaluación no reemplaza los límites escolares. Tampoco puede convertirse en un requisito previo para proteger al alumno agredido: la protección es inmediata. Es posible trabajar con quien hostiga, con su familia y con el curso, al mismo tiempo que se garantiza un entorno seguro para quien recibió la agresión. Los adultos deben dejar de elegir entre comprender y poner límites. Ambas cosas son necesarias.

Otro capítulo delicado comienza cuando la familia denuncia. Hay padres que describen un cambio de tono en la relación con la escuela: de la preocupación por el niño se pasa a cuestionar la insistencia de sus responsables, a recomendar silencio o a presentar sus reclamos como una amenaza para la convivencia. No toda decisión institucional desfavorable demuestra una represalia; cada situación necesita ser documentada y examinada. Pero las posibles presiones, exclusiones o negativas de continuidad que aparecen después de una denuncia merecen controles externos y explicaciones verificables, no respuestas cerradas. La asimetría es evidente. Una familia necesita proteger a su hijo y, al mismo tiempo, conservar el vínculo con la institución que decide sobre su vida escolar cotidiana. Si considera que reclamar puede costarle una vacante, una actividad o la tranquilidad del niño, el mensaje para el resto de la comunidad es devastador: hablar puede salir caro. El resultado más previsible no es la paz, sino el silencio.

Para evitarlo, el sistema educativo debe ofrecer vías accesibles de supervisión y revisión de las decisiones escolares. Cuando las respuestas internas resultan insuficientes, las autoridades de educación de cada jurisdicción deben poder intervenir y verificar lo actuado. Esa revisión debe proteger los derechos de todos los alumnos, incluido el debido proceso de los señalados como agresores. Defender a una víctima no autoriza a vulnerar los derechos de otro menor; exige procedimientos serios y medidas proporcionadas.

También es necesario dejar de exigirle al niño hostigado que sea el responsable de reparar la relación. No siempre es apropiado sentarlo frente a quien lo agredió para obtener una disculpa. Las prácticas restaurativas requieren condiciones de seguridad, preparación y consentimiento; no pueden utilizarse para presionar a la víctima a perdonar ni para presentar como simétrico un vínculo atravesado por el miedo. Antes de hablar de reconciliación, debe cesar el hostigamiento.

Hay colegios que trabajan con seriedad, realizan seguimiento, convocan a las familias y corrigen sus procedimientos. Esa tarea merece reconocimiento. Precisamente por eso resulta necesario discutir lo que ocurre cuando otros establecimientos minimizan las señales, delegan toda la resolución en consultorios externos o consideran que el problema terminó cuando el alumno dejó de asistir. La calidad de una escuela también debe medirse por su capacidad de sostener a un niño en una situación difícil, no solamente por sus resultados académicos o su prestigio.

Una institución comprometida no debería preguntar primero cómo evitar que el caso trascienda. Debería preguntar qué necesita ese alumno para volver mañana sin miedo, qué cambios deben hacerse para que el hostigamiento no se repita y de qué modo se comprobará que las medidas funcionaron. El objetivo no es producir una comunicación tranquilizadora para los adultos, sino una experiencia escolar segura para los chicos.

Cambiar de colegio puede ser una salida necesaria y, en algunos casos, reparadora. Pero cuando esa decisión nace de la ausencia de protección, no corresponde presentarla como una solución institucional exitosa. La escuela habrá perdido a un alumno que pidió ayuda; el grupo no habrá aprendido a convivir y quien hostigó quizá no habrá recibido la intervención que necesitaba.

La pregunta final es incómoda, pero inevitable: cuando el niño que sufrió bullying tiene que irse para estar a salvo, ¿a quién protegió realmente la escuela? Si la única respuesta fue desplazar a quien denunció, no se resolvió la violencia. Se trasladó su costo a la víctima.

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