Cómo es el bono por hasta $600.000 millones que analiza emitir CABA para pagar a proveedores
La Legislatura aprobó en la sesión de la última semana de octubre un proyecto enviado por Jorge Macri que habilita a Hacienda a fondearse con un título en pesos para cubrir eventuales deudas con contratistas del Estado. Sin fecha prevista, el Gobierno porteño quedó habilitado para salir al mercado en caso de necesidad.
El Gobierno porteño quedó habilitado para salir al mercado en caso de necesitar fondos para cubrir obligaciones con proveedores.
La Legislatura porteña aprobó a finales de octubre el proyecto del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que autoriza la emisión de un bono por hasta $600.000 millones para cancelar obligaciones con proveedores. La iniciativa que había sido enviada junto con el Presupuesto 2027 se encuadra dentro de un contexto de caída de la recaudación de las arcas de la Ciudad de Buenos Aires y busca anticiparse a futuros escenarios.
La ley, aprobada por 37 votos a favor -PRO, La Libertad Avanza, UCR y Confianza y Desarrollo, y 18 negativos - Fuerza Buenos Aires y Frente de Izquierda- faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo a emitir en el mercado local títulos de deuda pública por hasta $600.000 millones.
Se usarán para cancelar obligaciones derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obra pública del Sector Público porteño y apunta a "resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno" y preservar "la ecuación económica-financiera de los proveedores", sin incrementar los pasivos de CABA.
El proyecto que se trató en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y que obtuvo despacho el 19 de octubre, fijó las condiciones generales de los títulos que podrá emitir la administración porteña.
Solo podrán cancelarse con estos títulos las obligaciones que, al momento de la colocación, estén emitidas, conformadas y aprobadas por la autoridad competente, además de devengadas, exigibles y pendientes de pago.
La ley también autoriza al Ejecutivo a instrumentar la emisión, dictar la reglamentación y tramitar la colocación por sí o por terceros. Además, le permite incorporar al presupuesto los créditos que surjan de la operación, mediante un aumento de las fuentes de financiamiento por crédito público.
Durante el debate en comisión, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, explicó que el bono apunta a compensar una caída de recursos de unos $600.000 millones en 2026, equivalente a cerca del 6% de baja prevista en Ingresos Brutos. Dijo entonces que el título vencería en 2029, con TAMAR sin margen, y que los intereses estimados son de $114.000 millones.
También afirmó que “hoy no hay deuda” con proveedores, sino que dependerá de lo que se proyecte en el año. La ley, en cambio, solo fija el mínimo de un año, de modo que el vencimiento definitivo quedará en manos del Ejecutivo.
La iniciativa había recibido objeciones. Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, advirtió sobre el riesgo de endeudarse para cubrir gasto corriente y preguntó si la adhesión de los proveedores sería voluntaria o compulsiva. Su bloque, finalmente, terminó acompañando la norma.
Claudia Neira, de Fuerza Buenos Aires, reclamó información sobre el stock de deuda, los tipos de proveedores y los organismos deudores, y cuestionó que el bono no aumente los pasivos. El peronismo rechazó la iniciativa al momento de votar.
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