La transparencia de las finanzas del Vaticano, el gran desafío del papa León XIV
El papa León XIV modificó la estructura de la principal autoridad financiera del Vaticano el 25 de junio de este año cuando aprobó un nuevo estatuto para la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero, detectar operaciones sospechosas y supervisar las actividades financieras sometidas a la legislación de la Santa Sede.
La reforma eliminó las figuras del presidente y del Consejo de Administración, que fueron reemplazadas por una dirección integrada por un director y un vicedirector, con el apoyo de consultores especializados. El nuevo esquema busca simplificar la conducción, delimitar responsabilidades y fortalecer la autonomía operativa de una institución cuya importancia creció a medida que se multiplicaron las controversias sobre la administración del dinero de la Iglesia.
La dirección quedó a cargo de Federico Antellini Russo, un economista graduado en la Universidad Internacional Libre Guido Carli fundada en 1974 por un grupo de empresarios liderado por Umberto Agnelli. Anteriormente se había desempeñado como vicedirector de la autoridad. El nuevo estatuto también incorpora una jefatura de Asuntos Jurídicos y establece que la ASIF debe rendir cuentas al Consejo para la Economía de la Santa Sede, sin que ello afecte su independencia en el ejercicio de las funciones técnicas.
Entre las novedades figura, además, la posibilidad de intervenir como mecanismo alternativo de resolución de controversias entre usuarios y entidades financieras profesionales, particularmente en relación con los servicios ofrecidos por el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano. La reforma se propone adaptar la estructura institucional a la evolución de los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El organismo tiene tres grandes áreas de actuación: supervisión y regulación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo; inteligencia financiera, que incluye la recepción y análisis de operaciones sospechosas; y supervisión prudencial de las entidades financieras.
No se trata de una transformación aislada. Es el capítulo más reciente de un proceso que comenzó durante el pontificado de Benedicto XVI, se profundizó con el de Francisco, y tiene como telón de fondo una sucesión de escándalos financieros que durante décadas afectaron la reputación de las instituciones económicas vaticanas.
La actual estructura es resultado de una serie de reformas impulsadas por Jorge Bergoglio. Aunque la Autoridad de Información Financiera (AIF) había sido creada por Benedicto XVI mediante un motu proprio del 30 de diciembre de 2010, fue Francisco quien amplió sus competencias y reorganizó su funcionamiento.
El 8 de agosto de 2013, el pontífice aprobó el motu proprio La promoción, mediante el cual otorgó a la AIF nuevas facultades de supervisión prudencial sobre las entidades que desarrollaban profesionalmente actividades financieras. También creó el Comité de Seguridad Financiera, destinado a coordinar las políticas de prevención y control dentro del Estado vaticano.
Dos meses después, el 8 de octubre de 2013, se promulgó la Ley XVIII sobre transparencia, vigilancia e información financiera. La normativa estableció mecanismos para prevenir y combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El 15 de noviembre de ese año, Francisco aprobó un nuevo estatuto para la AIF, que reforzó su autonomía e independencia y consolidó sus funciones de inteligencia financiera y supervisión.
La transformación continuó en 2018 y 2020, con modificaciones de la legislación financiera. El 5 de diciembre de 2020, Francisco cambió la denominación de la AIF por Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF) y aprobó un nuevo estatuto que reforzó sus competencias regulatorias y de supervisión.
Las reformas no pueden comprenderse sin revisar los episodios que durante décadas pusieron en cuestión la transparencia de las finanzas vaticanas. Desde la posguerra hasta las investigaciones judiciales más recientes, distintos casos involucraron bancos, intermediarios internacionales, funcionarios eclesiásticos y operaciones de gran magnitud sospechadas de lavado de dinero.
La ASIF no es una fiscalía ni tiene competencia para conducir causas penales. Su función es detectar anomalías, reconstruir circuitos de dinero, intercambiar información con organismos extranjeros y remitir los resultados de sus análisis al Promotor de Justicia cuando encuentra elementos que pueden justificar una investigación.
Uno de los primeros grandes protagonistas de las controversias financieras fue Michele Sindona, un financista italiano que construyó un imperio bancario internacional y mantuvo relaciones con sectores de la Iglesia durante el papado de Paulo VI que se extendió desde 1963 hasta 1978.
Su entramado empresarial se derrumbó tras la quiebra del Franklin National Bank de Nueva York, en 1974. Fue condenado en Estados Unidos por fraude bancario y posteriormente en Italia por su participación en el asesinato del abogado Giorgio Ambrosoli, quien había investigado sus negocios.
El mayor escándalo financiero de los años ochenta fue la caída del Banco Ambrosiano, en 1982. La entidad italiana, presidida por Roberto Calvi, mantenía una extensa red de sociedades y operaciones internacionales.
El Instituto para las Obras de Religión (IOR), la única entidad del Vaticano autorizada por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera para ejercer profesionalmente actividades financieras en el Estado de la Ciudad del Vaticano, había mantenido relaciones financieras con esa estructura y emitido cartas de patrocinio utilizadas por sociedades vinculadas al banco.
Cuando el Ambrosiano colapsó, dejó un agujero financiero de miles de millones de dólares. La Justicia italiana investigó las conexiones con el Vaticano y puso bajo sospecha al arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, entonces presidente del IOR. Marcinkus fue investigado, pero nunca recibió una condena penal por el caso.
El desenlace tuvo un episodio todavía más oscuro: el 18 de junio de 1982, Roberto Calvi apareció muerto, colgado bajo el puente de Blackfriars, en Londres. Su muerte, inicialmente considerada un suicidio, fue objeto de investigaciones posteriores y de hipótesis sobre posibles vínculos mafiosos. El episodio se convirtió en uno de los grandes enigmas de la historia financiera italiana.
En septiembre de 2010, magistrados italianos ordenaron el embargo preventivo de aproximadamente 23 millones de euros pertenecientes al IOR, en una investigación por presuntas infracciones de las normas contra el lavado de dinero. El expediente examinaba transferencias internacionales cuya información no habría sido comunicada adecuadamente a las autoridades italianas.
Tres años después, en junio de 2013, fue detenido monseñor Nunzio Scarano, funcionario de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. La Justicia italiana investigó una presunta operación para introducir en Italia unos 20 millones de euros en efectivo procedentes de Suiza, mediante un vuelo privado. El caso volvió a poner bajo discusión los controles sobre los movimientos de fondos y la utilización de intermediarios.
En 2012 se produjo la filtración de documentos reservados conocida como Vatileaks, que reveló conflictos dentro de la Curia Romana y cuestionamientos sobre contratos, proveedores y administración económica.
Aunque no fue exclusivamente un escándalo bancario, las revelaciones alimentaron el debate sobre la transparencia de las finanzas de la Santa Sede y la necesidad de reformar sus organismos administrativos.
Otro episodio fue una sospechosa operación inmobiliaria de la Secretaría de Estado vaticana en Londres. La Santa Sede invirtió alrededor de 350 millones de libras en un edificio de lujo situado en Sloane Avenue, en el barrio de Chelsea.
La operación comenzó con inversiones administradas por el financista Raffaele Mincione y continuó con una compleja negociación para recuperar el control de la propiedad, en la que intervino el empresario Gianluigi Torzi. La operación terminó provocando pérdidas estimadas en unos 140 millones de euros.
El expediente involucró al cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien había sido sustituto de la Secretaría de Estado, además de intermediarios y funcionarios. La investigación examinó presuntos delitos de malversación, fraude, extorsión y autolavado, entre otras conductas.
En diciembre de 2023, el Tribunal del Vaticano condenó en primera instancia a diez acusados por distintos delitos relacionados con la operación inmobiliaria y otras transacciones. Becciu recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión. Los condenados cuestionaron las decisiones y recurrieron las sentencias.
El 17 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelación declaró parcialmente inválido el procedimiento por irregularidades relacionadas con el acceso de las defensas a documentación y ordenó repetir una parte del proceso. Por ello, las condenas de primera instancia deben analizarse teniendo en cuenta la revisión judicial y las garantías procesales.
El informe anual de la ASIF correspondiente a 2025 y publicado en abril de 2026, registró 78 comunicaciones de actividades sospechosas. 16 informes fueron remitidos a la Oficina del Promotor de Justicia y tres operaciones suspendidas por aproximadamente 522.000 euros. También informó sobre 35 intercambios de información con unidades de inteligencia financiera extranjeras.
Uno de los principales ámbitos de supervisión es el Instituto para las Obras de Religión (IOR). El objetivo es controlar sus mecanismos de prevención de riesgos, la estabilidad de sus operaciones y la transparencia de las transferencias internacionales, sin obstaculizar los fondos destinados legítimamente a obras religiosas y humanitarias.
La reforma de León XIV busca consolidar esa arquitectura de control. Después de los cambios impulsados por Benedicto XVI y Francisco, el Vaticano procura fortalecer la autonomía técnica de su autoridad financiera, simplificar su conducción y mantener una relación más estrecha con los estándares internacionales.
La historia de las finanzas vaticanas demuestra que la transparencia no es solamente una cuestión administrativa, sino que también es un asunto de credibilidad institucional. Desde la quiebra del Ambrosiano hasta el escándalo inmobiliario de Londres, los episodios que sacudieron a la Santa Sede explican por qué el control del origen y destino del dinero se convirtió en una prioridad para la Iglesia católica.
