El Banco Central paraguayo restituyó parte de los ahorros a 1,7 millones de clientes del Ueno Bank, y a algunos se los "pesificó"
El Banco Central informó que el 93% de los depositantes de Ueno Bank recibió al menos parte de sus ahorros tras el colapso de la entidad digital. La crisis, que terminó con la destitución y detención del expresidente paraguayo, también golpeó al dólar, al riesgo país y al consumo.
La crisis bancaria que sacude a Paraguay comenzó a mostrar las primeras señales de alivio para los ahorristas, aunque sus consecuencias económicas y políticas todavía están lejos de resolverse. El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que cerca de 1,7 millones de clientes de Ueno Bank recuperaron al menos parte de sus depósitos, una semana después del colapso de la entidad digital que había logrado captar a casi la mitad de la población del país y cuya caída precipitó la destitución del presidente Santiago Peña.
Según los datos oficiales difundidos el lunes 9 de noviembre, el organismo concretó pagos por aproximadamente US$ 340 millones, equivalentes a 2,126 billones de guaraníes, que alcanzaron a 1.738.804 depositantes, el 93,1% del total contemplado en el operativo. Sin embargo, la restitución no significa que todos los clientes hayan recuperado la totalidad de sus ahorros.
Los grandes depositantes y quienes mantienen fondos sujetos a procedimientos especiales todavía enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán disponer de su dinero, según AFP.
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Un tema importante a tener presente es la moneda en que se reintegran los depósitos. Según información que publica el diario paraguayo ABC Color, José Maciel, presidente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central del Paraguay, explicó este martes 10 de noviembre que los depósitos originalmente constituidos en dólares serán restituidos en guaraníes, tomando la cotización correspondiente al 2 de noviembre de 2026, fecha de la resolución de la entidad.
El problema es que, desde entonces, el guaraní sufrió una depreciación superior al 10%. Esto implica que los ahorristas que reciban la devolución en moneda local y quieran volver a comprar dólares podrían encontrarse con que el dinero recibido ya no alcanza para recomponer íntegramente sus tenencias originales en divisas.
La decisión se fundamenta en la legislación bancaria paraguaya. La base normativa es la Ley N.º 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras. El propio Banco Central la identifica como el marco aplicable a la intervención de Ueno Bank.
El derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, se convirtió rápidamente en una crisis de alcance nacional. La entidad había pasado en menos de cinco años de ser una financiera digital prácticamente desconocida a administrar cuentas de tres millones de paraguayos, además de recibir depósitos de grandes empresas y organismos públicos. Pero detrás de esa expansión comenzaron a aparecer irregularidades que derivaron en la intervención del banco, la detención de ocho de sus directivos y una investigación judicial que también alcanzó a las máximas autoridades políticas y monetarias del país.
La historia de Ueno Bank comenzó en diciembre de 2021, cuando irrumpió en el mercado paraguayo como una financiera digital con atención durante las 24 horas y una propuesta orientada a ampliar el acceso a los servicios bancarios.
En noviembre de 2023 obtuvo su licencia bancaria y comenzó una expansión acelerada. Para 2026, según cifras de la propia compañía, había alcanzado los tres millones de clientes, aproximadamente la mitad de la población paraguaya.
Uno de los principales atractivos eran los beneficios que ofrecía a los usuarios, especialmente a sectores que hasta entonces no estaban bancarizados. Entre ellos figuraban reintegros de hasta el 40% por consumos realizados con sus tarjetas, una estrategia comercial que impulsó su crecimiento, pero que también despertó interrogantes sobre la sostenibilidad del negocio.
La entidad logró captar fondos no solamente de personas físicas y empresas privadas, sino también de organismos como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la represa hidroeléctrica de Itaipú.
Sin embargo, ese crecimiento escondía debilidades patrimoniales que comenzaron a quedar expuestas cuando las autoridades monetarias profundizaron la revisión de sus estados financieros.
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal requerido.
La medida, dispuesta el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente, implicó la suspensión de sus operaciones y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus fondos.
Para el economista y exministro de Hacienda paraguayo Dionisio Borda, el desenlace era previsible.
La caída de Ueno fue una "muerte anunciada", sostuvo el especialista, quien cuestionó tanto la velocidad de expansión de la entidad como su débil respaldo patrimonial.
"Su crecimiento en tres años era muy llamativo y sobre todo sabiendo que tenía un patrimonio muy bajo, casi negativo, y que se fondeaba con recursos del Estado", señaló Borda.
El economista también puso en duda la viabilidad de los beneficios comerciales que ofrecía el banco. A su entender, los reintegros de hasta el 40% hacían difícil sostener márgenes de rentabilidad compatibles con ese ritmo de crecimiento.
Entre las irregularidades investigadas aparecen presuntas operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador del banco, que podrían haber superado los límites permitidos.
La caída de Ueno abrió así un interrogante sobre los mecanismos de supervisión financiera y la capacidad de los organismos de control para detectar anticipadamente los riesgos de una entidad que había adquirido un peso significativo dentro del sistema bancario paraguayo.
El colapso financiero tuvo consecuencias políticas casi inmediatas. El entonces presidente Santiago Peña, que había asumido en 2023, quedó bajo investigación por sus vínculos comerciales anteriores con el grupo empresarial propietario del banco.
Peña había mantenido participación accionaria en el conglomerado que controlaba Ueno hasta 2025 y fue acusado de favorecer el ingreso de más de US$ 800 millones de fondos públicos a la entidad, además de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a las advertencias sobre posibles irregularidades.
También surgieron cuestionamientos por el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. El funcionario había sido directivo de Ueno Bank, lo que abrió sospechas sobre un posible conflicto de intereses en la supervisión de la entidad.
En medio de la presión política y social, Peña perdió el respaldo de su propio Partido Colorado y fue destituido el viernes 6 de noviembre mediante un juicio político.
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El exmandatario quedó en prisión preventiva, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían implicar penas de hasta 15 años de cárcel en caso de una condena.
La investigación avanzó durante el fin de semana. El domingo, la Fiscalía allanó la residencia del expresidente, después de que surgieran sospechas sobre un préstamo de US$ 500.000 otorgado por Ueno para la construcción de la vivienda en 2024.
Según el acta de imputación, la cuota mensual de ese crédito equivalía a seis veces el salario que percibía Peña como presidente.
El exmandatario rechazó las acusaciones en su contra, mientras la investigación judicial continúa abierta.
Ante el impacto del colapso bancario, las autoridades paraguayas pusieron en marcha un operativo extraordinario para restituir los depósitos protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Una ley de emergencia permitió adelantar pagos de hasta aproximadamente US$ 18.000 por cuenta, con el objetivo de evitar que la crisis se extendiera al resto del sistema financiero.
Los primeros desembolsos comenzaron el jueves 5 de noviembre y fueron organizados por grupos de depositantes, de acuerdo con los saldos de sus cuentas, sus deudas pendientes con el banco y la disponibilidad de cuentas en otras entidades.
Hasta el sábado 7 de noviembre, casi 1,2 millones de personas habían recibido fondos. Dos días después, la cifra trepó a 1.738.804 ahorristas, con desembolsos acumulados equivalentes a unos US$ 340 millones.
De acuerdo con el Banco Central, todavía quedan pendientes algunos grupos de clientes, entre ellos quienes mantienen cuentas bloqueadas, certificados de depósito de ahorro (CDA) y operaciones vinculadas con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
El organismo estableció el miércoles 11 de noviembre como plazo máximo legal para completar los anticipos de la garantía.
La situación es más compleja para los grandes depositantes cuyos fondos superan los montos cubiertos. En esos casos, la recuperación del dinero no garantizado dependerá de la liquidación de activos o del cobro de créditos pendientes de Ueno Bank.
Las consecuencias del derrumbe bancario ya se trasladaron a distintos sectores de la economía paraguaya.
Entre el 2 y el 5 de noviembre, la cotización del dólar registró un salto del 9,5%, mientras que el riesgo país aumentó de 125 a 143 puntos básicos, reflejando el nerviosismo financiero provocado por la crisis.
Aunque Paraguay partía de niveles de riesgo soberano considerablemente más bajos que los de otras economías de la región, el episodio alteró las expectativas de los inversores y puso bajo presión a los activos locales.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay reportó caídas de hasta el 70% en las ventas, junto con dificultades para reponer mercadería y cumplir compromisos financieros.
La combinación de ahorros congelados, incertidumbre política y temor a nuevas complicaciones bancarias provocó un freno en las decisiones de consumo.
Los especialistas advierten que, frente a crisis de esta magnitud, las familias y las empresas tienden a preservar liquidez, postergar gastos y reducir las operaciones que no consideran indispensables. Ese comportamiento puede profundizar la desaceleración de la actividad económica.
El problema no termina en los depósitos bancarios. Ocho directivos de Ueno fueron detenidos por presunta lesión de confianza y estafa, entre ellos su CEO, Miguel Vázquez, vinculado con un conglomerado de casi una veintena de empresas de diferentes sectores.
La investigación judicial y las dificultades financieras podrían extenderse a otras compañías del grupo, con consecuencias sobre la actividad y el empleo.
El eventual cierre de empresas vinculadas al conglomerado amenaza con provocar miles de despidos y agravar las dificultades que ya enfrentan los comercios y proveedores.
Para Dionisio Borda, la magnitud del escándalo no tiene antecedentes comparables en la historia democrática reciente de Paraguay.
"Es el robo mayor que se hizo en toda la historia de la era democrática", afirmó el exministro, aunque aclaró que, a su entender, el resto de las entidades bancarias mantiene una posición sólida y que la población no ha perdido la confianza en el conjunto del sistema financiero.
La distinción resulta importante. Si bien el derrumbe de Ueno Bank desencadenó una crisis de confianza y una fuerte conmoción política, las autoridades buscan evitar que sus consecuencias deriven en una corrida generalizada contra otras entidades.
Por ahora, el dato más favorable es que más de 1,7 millones de personas ya recuperaron al menos parte de sus ahorros. Pero el desafío para Paraguay será determinar cuánto dinero podrá recuperarse, qué sucederá con los fondos públicos comprometidos y hasta dónde llegará el impacto económico y judicial de un banco que, en apenas cinco años, pasó de ser un símbolo de inclusión financiera a convertirse en el centro de una crisis nacional.
