Petróleo en Malvinas: arrancaron las audiencias ante el Tribunal del Mar y el Gobierno pidió cuatro medidas contra el Reino Unido

A las 6 de la mañana en Argentina (las 10 en Hamburgo, Alemania), los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tomaron sus respectivos lugares. También las partes enfrentadas, las delegaciones argentina y británica, para comenzar la primera de las dos históricas audiencias en esta corte internacional, ante la cual el gobierno de Javier Milei pidió que ordene al Reino Unido frenar de manera provisional las actividades petroleras en las disputadas islas, un pedido que se anunció el 28 de septiembre.

En principio, aunque puede haber matices, las especulaciones están centradas en si el Tribunal acepta el pedido argentino y ordena al Reino Unido que frene las actividades petroleras, lo que sería una victoria histórica para el reclamo nacional; o si rechaza el pedido de Buenos Aires por considerarse que incompetente al haber un conflicto de soberanía latente

Maurice Kamga, el presidente del Tribunal, presentó el caso y a las partes, empezando por la delegación argentina, cuyos miembros más importantes son: el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal; el letrado internacional argentino Marcelo Kohen; y el exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, Nico Schrijver, entre otros. El gobierno tuiteó al rato un mensaje con foto incluida en el que informa que la delegación está encabezada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

Al empezar su exposición, Oyarzábal reconoció que el pedido al Tribunal, que depende a su vez de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), no apunta a resolver el problema de fondo, que es el reclamo de la Argentina al Reino Unido sobre las islas del Atlántico Sur, sino a frenar medidas económicas y medioambientales sobre los recursos naturales del disputado archipiélago que no tendrán vuelta atrás una vez que comiencen.

La delegación de juristas británicos rechazó todos los argumentos argentinos e indicó que ese tribunal no era el sitio para debatir estos hechos, además de sostener el derecho de autodeterminación que Londres considera que tienen los isleños para desarrollar sus actividades.

Vale recordar que, casi tres años después de haber asumido, el Gobierno endureció su discurso contra Londres y Malvinas y decidió enfrentar lo que cambiará por completo la geopolítica del Atlántico Sur si se cumple el anuncio de que el yacimiento petrolífero Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros de las Malvinas —con una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo—, comenzará a ser explotado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum entre 2027 y 2028.

Al comenzar su exposición, Oyarzábal hizo una larga presentación y enumeró los reclamos argentinos, las resoluciones de la Argentina y su disposición a cooperar y a agravar la disputa, pero también la respuesta británica de que “la explotación se llevaría a cabo según lo planeado”.

Oyarzábal entonces dijo que la respuesta argentina llegó el 28 de septiembre frente al “agravamiento de la disputa causada por el Reino Unido”. Entonces, “Señor presidente, miembros del tribunal, como he dicho, este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación. Tampoco se pide al tribunal que se pronuncie sobre el fondo de la disputa sometida a arbitraje”.

Dijo entonces Oyarzábal en la mañana de este martes —como diría Kohen después— que este caso contiene “cuatro conjuntos de derechos bajo la Convención”.

Primero, sostuvo el embajador, “la protección de los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental a la espera de la resolución de la disputa, no su determinación”. En segundo lugar, “el derecho de Argentina y la correspondiente obligación del Reino Unido de que no se tome ninguna acción unilateral que altere irreversiblemente la plataforma continental en disputa solo para la explotación de sus recursos no renovables”.

En tercer lugar, “el derecho de Argentina de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de resolver disputas y actuar en el bien requerido según los artículos 279 y 300 y, en consecuencia, abstenerse de conductas que pongan en peligro u obstaculicen la solución de disputas o la agraven”.

En cuarto lugar, “el derecho de Argentina a no ser impedido por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención para proteger y preservar el medio marino de la zona en disputa. Para Argentina, este derecho se deriva de la Convención. Reino Unido disputado. Por lo tanto, existe claramente una disputa relativa a la interpretación o aplicación de la Convención”.

Los argumentos presentados por Oyarzabal ya podían observarse en el documento de 49 páginas con las medidas que el gobierno argentino pidió al tribunal internacional el pasado 13 de octubre y que fue anticipado por Clarín.

1) Frenar el proyecto Sea Lion, que estaría listo para empezar en 2027; e impedir el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

2) Restringir el uso de la información obtenida, evitando que los datos y conocimientos reunidos durante la exploración de los recursos naturales del área en disputa sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese propósito.

3) Proteger el medio marino: impedir que el accionar británico obstaculice el cumplimiento de las obligaciones argentinas de preservar y proteger el ambiente marino;

4) Evitar nuevas decisiones unilaterales: exigir que el Reino Unido se abstenga de adoptar otras medidas que agraven la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental disputada.

Al momento de exponer, por su parte Kohen -que vive en Ginebra y es conocido aquí por su defensa de Argentina ante el caso de las pasteras contra Uruguay y en la liberación de la Fragata Libertad retenida en Ghana a pedido de fondos de inversión- sostuvo en su extensa presentación de esta demanda al Reino Unido que éste "no puede modificar unilateralmente la plataforma continental en disputa ni explotar sus recursos hidrocarburíferos".

Argumentó que la controversia de soberanía sobre Malvinas no impide que el Tribunal del Mar examine los derechos y obligaciones de ambas partes sobre esa plataforma, aun mientras el conflicto permanezca sin resolver.

El letrado afirmó que existen fundamentos jurídicos para que el Tribunal dicte medidas provisionales, que los derechos invocados por la Argentina son plausibles y que es indispensable mantener el statu quo: impedir nuevas perforaciones y la explotación de hidrocarburos para evitar un daño irreparable. También pidió que se evite agravar la controversia y cuestionó la información presentada por el Reino Unido, porque, según sostuvo, deja abierta la posibilidad de continuar con las actividades petroleras.

Tanto Kohen, como Oyarzabal y Schrijver expusieron las medidas tomadas por el TIDM que involucraron a Ghana como ejemplos positivos de lo que se puede hacer en esta histórica demanda argentina. No sólo con la Fragata, sino también en el caso entre Ghana y Costa de Marfil que disputaron la delimitación de su frontera marítima en el océano Atlántico, rica en yacimientos de petróleo y gas.

En abril de 2017, el tribunal falló sobre el fondo delimitando la frontera marítima entre ambas naciones, y previamente había ordenado medidas cautelares para que no se iniciaran nuevas perforaciones que agravaran el litigio en la zona en disputa. Fue un resultado mixto, como puede ocurrir entre Argentina y Reino Unido -y todos se considerarán ganadores y al otro perdedor- pero en ese caso frenó parcialmente a Ghana.

La delegación británica —que está con un grupo de autoridades isleñas— comenzó a hablar en la tarde alemana.

Más temprano, el gobierno de Andy Burnham —que le dijo a Donald Trump que Argentina aplicaba “medidas coercitivas contra los habitantes de Malvinas”— rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de las Malvinas y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas. Lo dijo desde Londres la fiscal general británica, Ellie Reeves, al diario The Times.

La delegación británica comenzó a dar sus fundamentos diciendo que respetaba y era parte del Tribunal. "Las medidas provisionales solicitadas por la Argentina impedirían que los habitantes de las Islas Falkland desarrollen sus recursos naturales, tal como tienen derecho a hacerlo en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación", señaló la defensa británica.

"Como escucharán hoy, las medidas solicitadas tendrían consecuencias devastadoras para las Islas Falkland y su población. Existe el riesgo de que pierdan miles de millones de libras en ingresos, que resultan esenciales para el desarrollo económico de las islas. Las medidas también serían catastróficas para las empresas involucradas. Esas compañías han invertido importantes sumas de dinero para llevar adelante un proyecto hidrocarburífero de gran relevancia, de acuerdo con los más altos estándares ambientales y en cumplimiento de las leyes nacionales aplicables", señalaron. Y reiteraron "El Reino Unido confía plenamente en que este Tribunal tendrá presentes estos hechos al evaluar la solicitud argentina conforme a los estándares jurídicos pertinentes." Mañana será el segundo y último día de las audiencias.

En las últimas semanas, como no tiene jueces en este período ante el TIDM, el Reino Unido designó al prestigioso juez Vaughan Lowe, un catedrático de la Universidad de Oxford y jurista especializado en derecho internacional, como juez ad hoc, es decir, un magistrado que se sumará a los miembros del tribunal mientras dure el juicio entre ambos países. Entre tanto, la Argentina designó a Raúl Vinuesa como juez ad hoc para ocupar el lugar de la vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter. La jueza argentina se excusó de intervenir debido a su trabajo previo en temas vinculados a la Cancillería y la plataforma continental.

El lunes a la noche, el canciller Pablo Quirno tuiteó: "Mañana, desde las 6:00 (hora argentina), nuestro país se presentará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar exigiendo el cese inmediato de las actividades ilegítimas que llevan a la explotación petrolera en Malvinas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras pretenden llevarse nuestros recursos. Mañana, en Hamburgo, estamos todos los argentinos. Nos convoca una misma causa: la defensa de nuestra Patria. Y cuando los argentinos nos unimos somos imparables", escribió.

Vale recordar, que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982 por la soberanía de las Malvinas después de que la junta militar argentina las ocupara el 2 de abril de ese año. El conflicto armado terminó dos meses después con la victoria de las fuerzas británicas.

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