Malvinas: comienzan las audiencias por Sea Lion en el Tribunal del Mar con un juez argentino
Miembros del Gobierno exponen el pedido para frenar el proyecto petrolero. Las audiencias se transmiten en vivo. La hermana de Carlos III está en las islas.
La Argentina expone desde este martes a las 6.00 (hora argentina) ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, su pedido de medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), al norte de las Islas Malvinas. Se trata de la primera demanda del país contra Londres por la explotación de recursos en el archipiélago ocupado en 1833.
El Tribunal, en tanto, quedó completo el lunes con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay. Vinuesa ocupa el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso, según pudo confirmar PERFIL. La diplomática es una referencia en la materia, y entre 1997 y 2023 lideró la comisión que delimitó el límite exterior de la plataforma continental argentina.
Las audiencias se transmiten en vivo y están a cargo del camerunés Maurice Kamga. Ocurren en un contexto de alto voltaje en el Atlántico Sur, marcado por la visita de Ana, hermana del rey Carlos III, que desde este lunes y hasta el 20 de noviembre recorre las islas y las Georgias del Sur. También por el inminente comienzo de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino que operará la chilena Easter Island Naviera, y por el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Congreso ya tiene dictamen y el oficialismo busca llevar al recinto de Diputados en las próximas semanas.
La delegación argentina, de perfil técnico porque las audiencias coinciden con los últimos días de la visita del papa León XIV al país, está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal, que actúa como agente, mientras que la defensa cuenta con asesores como el jurista argentino Marcelo Kohen, el neerlandés Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
La Argentina abrió la primera ronda de 6 a 9 y el Reino Unido responderá de 11 a 14, mientras que este miércoles será el turno de la segunda ronda, con la Argentina de 6.30 a 8 y el Reino Unido de 13.30 a 15, en bloques de exposición y repregunta.
Kohen, profesor emérito en Ginebra que ya litigó por la Argentina ante el Tribunal del Mar, había puesto la presentación en perspectiva cuando PERFIL accedió al escrito, a mediados de octubre. “Es la primera vez en la historia que Argentina decide demandar al Reino Unido por sus actividades en Malvinas. El único antecedente es la propuesta argentina de arbitraje en 1884 que el Reino Unido rechazó”, señaló entonces.
Según supo este medio, la clave de la presentación está en lo que “no se pide”, es decir, que el debate gire en el terreno de la soberanía, sobre la que el tribunal no tiene competencia. En cambio, el estado argentino concentra su planteo en la explotación de recursos en la plataforma continental, una controversia propia del derecho del mar.
El escrito argentino suma un eje ambiental que tampoco depende de la soberanía, ya que los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR obligan a todos los Estados a proteger el medio marino, y advierte que ni Navitas ni Rockhopper operaron nunca un campo offshore en producción, por lo que Sea Lion sería “el primer campo offshore que Navitas opere, junto a un socio que nunca operó uno”. La zona tiene olas de hasta 30 metros en tormentas y está entre 700 y 860 kilómetros de los puertos más cercanos, donde cada pozo deja “una huella física permanente” en el lecho marino y la extracción de recursos es, según la presentación, irreversible.
El pedido se apoya en las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la 31/49 de 1976, un triunfo diplomático argentino que buscó frenar el inicio de la investigación hidrocarburífera del Reino Unido en las aguas circundantes al archipiélago. La resolución pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el conflicto siga abierto.
“La Argentina le pide que dicte medidas provisionales sobre la explotación de recursos no renovables de la plataforma continental objeto de controversia con el Reino Unido. Lo hace en el contexto del proceso de descolonización regido por las Naciones Unidas”, explicó Kohen.
Londres, que este año avaló abiertamente las licencias otorgadas por el gobierno de las islas, que la Argentina considera ilegales y contra las que apunta la llamada “Ley Malvinas”, anticipó que buscará llevar la discusión justamente a ese terreno, ya que cuestionará la jurisdicción del tribunal y rechazará cualquier intento de usar el proceso para dirimir la soberanía, aunque se comprometió a acatar las medidas que se dicten. “Uno de los desafíos para Argentina será convencer al tribunal de que se trata de una controversia sobre derecho del mar”, advirtió el académico australiano Donald Rothwell, citado por EFE.
La decisión del tribunal podría conocerse entre mediados y fines de noviembre, antes del inicio de la perforación en Sea Lion, previsto para comienzos de 2027. En la Cancillería manejan tres escenarios: que el tribunal acepte todo el planteo y ordene frenar la explotación hasta que se resuelva el arbitraje, que acepte solo una parte o que rechace el pedido, en cuyo caso el arbitraje seguiría su curso. “Ningún escenario implica otorgarle validez legal a la explotación británica”, habían indicado a PERFIL desde la Cancillería en la previa a las audiencias.
La Argentina llega a Hamburgo con dos antecedentes propios ante tribunales internacionales, el de la Fragata Libertad, cuando en 2012 este mismo tribunal ordenó como medida provisional la liberación del buque retenido en Ghana, en un proceso en el que Kohen integró la defensa argentina, y el de las papeleras de Fray Bentos, cuando en 2006 la Corte Internacional de Justicia rechazó la cautelar pedida por el país con un único voto a favor, el de Vinuesa.
