Las pymes, en la cuenta regresiva: cómo las afectará el nuevo fondo obligatorio que empieza a funcionar en diciembre
La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), desde el mes que viene, abrió una nueva carrera entre bancos y sociedades administradoras para captar a las empresas que deberán incorporarse al nuevo esquema, obligatorio para todos los empleadores.
Pero en simultáneo, entre las pymes todavía persiste un problema más elemental: una parte importante todavía desconoce cómo funciona el mecanismo, qué obligaciones implica y qué pasos debe seguir.
La preocupación aparece especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte de los empleadores del país y concentran alrededor de 70% del empleo privado registrado, según estimaciones privadas.
Para ese universo amplio que incluye sectores variopintos de la economía, la implementación del nuevo esquema supone para sus dueños una serie de decisiones administrativas que en el fragor del día a día quedaron en segundo plano o, incluso, ni siquiera saben que deben tomar.
El diagnóstico se repite entre las cámaras empresarias y las entidades financieras. Aunque el nivel de conocimiento mejoró desde que comenzó el proceso de difusión, ttodavía hay compañías que no terminaron de interiorizarse sobre el alcance de la normativa. Algunas no saben que deben incorporarse obligatoriamente al sistema; otras todavía no eligieron una entidad para administrar los recursos.
Consultados por Clarín, desde la ARCA no informaron cuántos identificadores FAL (ID FAL) fueron creados hasta el momento. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), describió el desconocimiento inicial como "profundísimo". Según contó, desde las cámaras empresarias necesitaron apurar capacitaciones para que la información llegue a los representantes de gremiales pyme.
"Cuando empezó el tema había un desconocimiento total. Vimos niveles de desconocimiento de entre 60% y 70%. Ahora queda entre 20% a 30% de empresas que todavía no están informadas o que están empezando a preguntar", señaló.
La estrategia de las entidades empresarias fue lineal: tratar de extender, lo antes posible, capacitaciones entre cámaras y federaciones sectoriales para que luego reprodujeran esas explicaciones entre los asociados. Castillo mencionó también las actividades organizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en conversaciones con bancos tradicionales, que suelen trabar vínculos bien aceitados con el entramado pyme.
En su diagnóstico, uno de los puntos débiles estuvo en la cadena de información entre los contadores y sus clientes. "La mayoría no conocía el tema porque los contadores no se los dijeron. Había una obligación fuerte de los contadores, que son quienes preparan la liquidación de sueldos", planteó el presidente de Fecoba.
Desde el sector financiero también advierten que el ritmo de incorporación no es uniforme. Daniela Castaldo, CEO de Santander Asset Management Argentina, informó que cerca de 15% de los clientes pymes de esa entidad que tienen empleados ya aceptó y generó su ID FAL. La posibilidad de realizar ese trámite está habilitada desde el 10 de octubre.
"Todavía estamos en una etapa relativamente temprana del proceso", explicó Castaldo. Según su análisis, las primeras empresas que avanzaron responden al perfil de los llamados early adopters: compañías que suelen estar más atentas a las novedades regulatorias y reaccionan rápidamente ante nuevas comunicaciones.
La cuestión ahora, dijo, es llegar al resto de los clientes, en particular a aquellos que todavía no perciben una urgencia inmediata o no tienen completamente claro el alcance de la normativa. "Observamos que todavía hay empresas que no terminaron de involucrarse con el FAL y con las acciones necesarias para su implementación", indicó.
En esa entidad esperan que se produzca una segunda ola de adhesiones hacia fin de año. "Nuestra percepción es que, en muchos casos, están analizando las distintas alternativas antes de tomar una decisión y que una parte importante avanzará a medida que se acerquen las fechas relevantes del proceso", dijo Castaldo.
La percepción coincide con lo registrado en un banco público líder, donde señalaron que después de una primera etapa de fuerte interés el ritmo de inscripciones se desaceleró. La entidad puso ahora el foco en las microempresas y las firmas más pequeñas, que suelen tener menos acceso a información y cuentan con menos recursos para ocuparse de cuestiones administrativas que no consideran inmediatas.
"Estamos trabajando mucho con las pymes más chicas, las microempresas y las pequeñas, porque muchas veces les llega menos información o están ocupadas en un montón de otras cosas", explicaron desde esa entidad. Entre las herramientas que utilizan mencionaron encuentros de capacitación, charlas explicativas y contactos directos a través de los oficiales de atención a empresas y microemprendimientos.
El objetivo es que esas compañías no queden afuera del proceso por desconocimiento y terminen con una administradora asignada por sorteo. Según indicaron, esperan que el ritmo de incorporaciones vuelva a acelerarse a medida que se acerque la nueva fecha de implementación, en diciembre.
Desde otro banco privado de primera línea mencionaron, por otra parte, que entre las pymes que cuentan con información el ejercicio más común a semanas del inicio del FAL es comparar los fondos en los que podrá invertir.
"Consultan qué diferencias hay entre las alternativas, cómo se cobran las comisiones y qué rendimiento pueden esperar", explicaron. Faltando varias semanas todavía para su puesta en marcha, creen en esa entidad que no existe una situación generalizada de desconocimiento.
Detrás de la campaña de información también hay una disputa comercial. Los bancos buscan captar la mayor cantidad posible de empresas, especialmente entre las pymes, que representan una porción importante del universo de potenciales cuentas. El FAL pareciera ser, en ese sentido, un negocio de escala. Para eso, distintas entidades desplegaron ofertas de bonificaciones, descuentos y otros beneficios destinados a atraer empleadores.
Una decisión de ese tipo puede ser compleja para una empresa pequeña. Muchas ya tienen una relación bancaria consolidada, pagan los salarios a través de una entidad determinada y utilizan sus cuentas para operar con proveedores, tarjetas y otros servicios.
Cambiar de banco exclusivamente para administrar el FAL puede implicar costos administrativos y operativos que muchas no van a estar dispuestas a asumir. "Todos tenemos bancos y más de uno. El tema es la pertenencia. Si ya pago los sueldos y tengo las tarjetas en una entidad, sería un problema pasar todo a otro banco", describió Castillo.
La decisión, de todas formas, no es optativa, sino todo lo contrario. El FAL alcanza a todas las empresas empleadoras de manera obligatoria, independientemente de su tamaño, con excepción de los sectores que tienen regímenes específicos, como la construcción, las empleadas de casas particulares y los empleados públicos.
El mecanismo fue aprobado en el marco de la reforma laboral y no supone, en términos prácticos, un incremento de los aportes patronales que realizan las compañías, sino un cambio en el destino de una parte de esos recursos. Las pymes deberán derivar 2,5% de los aportes patronales que antes se destinaban al sistema previsional, mientras que para las empresas de mayor tamaño el porcentaje será de 1%.
El empleador continuará realizando los pagos habituales ante ARCA. Será el propio organismo tributario el que desviará la proporción correspondiente hacia la entidad administradora que haya elegido cada empresa. Esos recursos se acumularán en una cuenta individual y deberán invertirse en instrumentos del mercado de capitales argentino, dentro del menú de activos habilitado por la normativa.
El dinero tendrá un destino específico: podrá utilizarse para afrontar indemnizaciones por despido o compromisos derivados de juicios laborales. No será dinero de libre disponibilidad para las empresas.
La obligatoriedad del sistema también alcanza a las compañías que no hayan elegido una entidad administradora antes de la fecha establecida. Para esos casos, el Gobierno dispuso un mecanismo de asignación de oficio: las empresas que no completen el trámite serán distribuidas por sorteo entre las administradoras que se hayan registrado como elegibles.
Esa posibilidad es uno de los argumentos que utilizan las entidades financieras y las cámaras empresarias para acelerar las campañas de información. La recomendación de Castillo es que cada compañía tome una decisión antes de que venza el plazo. "La gran recomendación es que opten para que no los elijan de oficio", señaló Castillo, de Fecoba.
La asignación por sorteo no implica que la empresa quede eximida de cumplir con el esquema ni que pueda postergar su incorporación. En cambio, perderá la posibilidad de decidir qué entidad administrará los recursos que le correspondan.
La implementación del FAL también tuvo cambios en sus plazos. El Gobierno resolvió postergar un mes el comienzo del esquema, que finalmente arrancará en diciembre, y extendió el período durante el cual las empresas no podrán retirar los fondos acumulados (carencia) para pagar indemnizaciones o juicios laborales.
La ley original contemplaba un período de carencia de seis meses para que el sistema alcanzara cierta escala y las compañías pudieran comenzar a utilizar los recursos. La reglamentación posterior extendió ese plazo de carencia a 12 meses.
De esta manera, durante todo 2027 no habrá rescates de los fondos acumulados para afrontar esos compromisos, una restricción que será igual para grandes empresas como para las pymes.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
