Cuando la violencia entra al aula, no se puede mirar para otro lado

Hace pocos días se viralizó un video donde una alumna insulta a una profesora, la degrada, la llama “vieja de m...”, le dice que no es su madre y la empuja. La escena ocurrió en una escuela de Villa Jardín, en San Fernando, y se conoció a partir de un posteo que volvió a poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa a muchas instituciones educativas: ¿qué está pasando con los vínculos entre adolescentes y adultos?

Sin dudas, la primera reacción es la indignación. Ningún docente debería tener que soportar insultos, humillaciones o agresiones físicas como parte de su trabajo. La violencia no puede naturalizarse, relativizarse ni justificarse.

Pero quedarse solamente en el escándalo sería perder una oportunidad para pensar un problema mucho más profundo porque detrás de esa escena hay preguntas que necesitamos hacernos: ¿qué está pasando con la autoridad adulta? ¿Cómo estamos enseñando a resolver los conflictos? ¿Qué lugar ocupan el respeto, los límites y la palabra en la formación de las nuevas generaciones?

Hay una frase que la adolescente dice: “No sos mi mamá”. Es cierto, la profesora no es su madre; pero tampoco necesita serlo para ocupar un lugar de autoridad, cuidado y referencia. La escuela no es una extensión de la familia, ni el docente tiene que asumir un rol maternal o paternal. Su función es pedagógica: enseñar, acompañar, establecer límites y garantizar condiciones para que todos puedan aprender.

Durante años hemos discutido cómo construir una autoridad sin caer en el autoritarismo. Sin embargo, en algunos contextos parece que, por temor a ser autoritarios, terminamos debilitando la autoridad pedagógica. Y no son lo mismo. La autoridad no consiste en imponer miedo, sino en construir legitimidad, sostener normas con límites y asumir la responsabilidad adulta de orientar a quienes todavía están creciendo.

Los adolescentes tienen derecho a cuestionar, disentir, expresar enojo y discutir algunas -no todas- las decisiones de sus profesores y la escuela debe habilitar esas voces; pero la libertad de expresión no significa que todo esté permitido. Insultar, humillar o agredir físicamente a otra persona no es una forma legítima de ejercer la libertad.

Sin intentar justificar a esta joven, un grave problema es que los adolescentes crecen en una sociedad donde la descalificación muchas veces se convierte en espectáculo, la agresividad consigue visibilidad y la exposición pública parece tener más valor que el diálogo. Y, en consecuencia, la escuela recibe esas tensiones, pero no puede resolverlas sola.

En primer lugar, recuperar la presencia adulta. Los estudiantes necesitan personas disponibles, coherentes y capaces de sostener límites. No necesitan profesores que busquen permanentemente agradarles, sino referentes que, además de enseñarles una asignatura, puedan escucharlos, orientarlos y señalarles cuándo una conducta lastima a otra persona.

En segundo lugar, las instituciones deben contar con protocolos claros de intervención frente a situaciones de violencia, con aval ministerial. Cuando un docente es agredido, la respuesta no puede depender de su capacidad individual para resolver el conflicto. El equipo directivo debe intervenir, proteger a la persona afectada, escuchar a los involucrados y convocar a las familias. El docente no puede quedar solo frente a una situación que compromete a toda la comunidad educativa.

En tercer lugar, es necesario trabajar con los estudiantes involucrados. Una sanción ejemplificadora es necesaria, pero no debería ser la única respuesta. Hay que generar instancias para que puedan reconocer el daño, asumir responsabilidades y aprender otras formas de tramitar el enojo y la frustración. Comprender qué hay detrás de una conducta no significa justificarla, sino intervenir pedagógicamente con herramientas concretas para evitar que se repita. La convivencia no puede trabajarse solamente cuando aparece un problema. No alcanza con organizar una jornada o una charla contra la violencia después de un episodio grave. Hace falta incorporar propuestas concretas: espacios de diálogo entre estudiantes y docentes, acuerdos de convivencia construidos colectivamente, formación en habilidades socioemocionales, educación para la resolución pacífica de conflictos y participación estudiantil en las decisiones institucionales.

Las familias también tienen un papel fundamental. La escuela necesita construir acuerdos con ellas, no convocarlas exclusivamente cuando aparece una dificultad. Educar es una responsabilidad compartida y requiere coherencia entre los mensajes que circulan en la casa, en la escuela y en la sociedad.

Hay algo que no deberíamos perder de vista: no todos los adolescentes son violentos, ni estamos frente a una generación que ha perdido irremediablemente el respeto. Generalizar sería injusto y, además, impediría comprender la diversidad de experiencias juveniles. Hay muchísimos jóvenes comprometidos, solidarios, sensibles y capaces de construir vínculos extraordinarios. Precisamente por eso, necesitamos instituciones que puedan enseñar a convivir y ofrecer otras maneras de relacionarse.

La escuela no puede convertirse en un espacio donde los docentes tengan miedo de enseñar ni donde los estudiantes sientan que las normas carecen de sentido. Tampoco puede ser que responda a cada conflicto únicamente con castigos o expulsiones. Su desafío es mucho más complejo: poner límites, garantizar derechos, reparar los vínculos cuando sea posible y sostener la responsabilidad de educar.

Quizás debamos dejar de preguntarnos solamente qué les pasa a los adolescentes y empezar a preguntarnos qué nos está pasando a los adultos. ¿Estamos presentes? ¿Escuchamos? ¿Somos capaces de poner límites? ¿Ofrecemos modelos de respeto en nuestras propias relaciones?

Una escuela sin autoridad deja solos a los adolescentes; una autoritaria los silencia. Necesitamos una escuela donde la autoridad se ejerza desde el respeto, la palabra, la responsabilidad y el cuidado.

Porque educar no es evitar los conflictos ni conseguir que todos obedezcan. Es enseñar que podemos pensar diferente, enojarnos, discutir y cuestionar sin destruir al otro.

Y esa es una de las enseñanzas más urgentes que nuestra sociedad necesita recuperar, que la buena convivencia se exige luego de haberla enseñado, construido y practicado a diario.