El gobierno acelera en acordar con la oposición todo lo acordable

El gobierno aceleró en la estrategia de acordar con la oposición todo lo acordable, con tal de compensar las desgracias encadenadas que han fracturado su método de gobernar peleándose con todos. Los resultados de las elecciones en Brasil y los Estados Unidos han ayudado a esa entrada en razón. En las derrotas de Bolsonaro y de Trump se ha roto el encanto que pudieron tener, en dirigentes y en algunas sociedades, el discurso populista de construir un adversario en el anti-pueblo (la oposición) al que se combate desde un poder arbitrario sin las restricciones del sistema republicano: el Congreso, los partidos políticos, la opinión que se expresa en los medios. La lección de Trump y Bolsonaro es que tampoco hay que apostar en ruletas ajenas.

El gobierno parece quedarse sin padrinos externos —algunos magnificados como Bessent que se dice que salvó al gobierno en las elecciones de 2025—. ¿Impactó el pase financiero del secretario del Tesoro en el voto que recogió en 2025 la alianza Libertad Avanza-PRO? Alcanzó 40,66 % de los votos, el mismo porcentaje que ha tenido la marca Cambiemos, que en 2023 lo hizo presidente a Milei, contra el 33,70 % del peronismo. Nada distinto a anteriores elecciones. En la provincia de Buenos Aires esa coalición del oficialismo le ganó al peronismo por un pelo (41,43 % a 41,10 %). El peronismo suele perder las elecciones parlamentarias en ese distrito Es bueno recordar esos números, porque la hora de las urnas es un llamado de atención y un momento de sinceridad inexcusable.

El gobierno entiende la hora y confirmó el giro acuerdista el miércoles en el plenario de comisiones del Senado, que dio dictamen a una ley de Discapacidad redactada por la oposición y admitida por el gobierno como necesidad electoral (y papal), por una inédita cantidad de firmas de todos los bloques.

El gobierno tiene una presión añadida en el proyecto que irá al tratamiento del Senado en la última sesión del período extraordinario, que ocurrirá el 26 de noviembre. En el texto que se aprobó se establece que apenas esa norma sea sancionada, el Poder Ejecutivo tiene sólo 30 días para reglamentarla. Es una cláusula inusual en los proyectos, pero que debieron aceptar para capitalizar políticamente tamaña capitulación. Casi una humillación. El número récord de firmas de todos los bloques es la manera de blindar la letra de lo que habían votado los diputados con más de 2/3 de los votos, e impedir que vuelva a esa cámara para considerar eventuales cambios.

Varios senadores pusieron objeciones a lo aprobado, pero prefirieron consolidar la letra de manera que, con la aceptación mayoritaria del Senado, la ley será sancionada antes de fin de mes. La intención obedece a que la oposición detectó intentos del oficialismo de abrir la compuerta a algunos cambios y obligar a que la norma vuelva a Diputados.

Entre las objeciones que quedaron en el aire está que el proyecto no incluye los fondos para cubrir el régimen que se va a instaurar. Ese agujero negro aumenta día a día en la medida que se acerca el final del período de sesiones ordinarias. Faltan los fondos para este nuevo régimen de discapacidad en el proyecto de presupuesto nacional 2027, pero tampoco están incluidas otras demandas de financiamiento de la oposición, como el Fondo Hídrico y la atención de los proyectos aún vigentes como la ley de barrios populares, que debe financiar la expropiación de tierras en villas para entregárselas a sus ocupantes.

Finaliza el año legislativo y ni los aliados le creen al gobierno cuando les pide que no pongan cláusulas gatillo en los proyectos, porque no pueden admitir ante los vigilantes externos la intención de aumentar el gasto. Les prometen que la plata se la van a dar por la vía reglamentaria, pero sin que figure en la ley. Ya nadie le cree esos pedidos, ni los mileístas más leales. Salvo que haya alguna nueva pirueta para alguna suelta de plata que aceite el voto oficialista en las urnas de 2027, el gobierno parece resignado a no tener presupuesto. O quizá es lo que busca.

El manual diría que a un gobierno en dificultades y que quiere disputar una reelección le conviene prorrogar el presupuesto vigente y administrar la economía con las emergencias y las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete. Ya que va a haber una agenda dispendiosa que apure la reelección, mejor hacerla sin presupuesto y pagar el costo de mostrarle a los inversores una modificación de las pautas comprometidas. El senador por Catamarca Guillermo Andrada, que presentó en su momento un dictamen propio, adelantó el voto favorable y sin cambios, pero se quejó de que se legisla sin responsabilidad sobre los fondos necesarios. "Estamos cansados de ver —dijo el legislador, que es médico, en el plenario del miércoles— en el área de salud leyes que tienen que estar en el presupuesto, que es una herramienta, no el resultado, que no lo cumplen. Entonces es bueno hacer un proyecto de ley. Nos gusta poner en la tinta todas las soluciones, pero la verdad, en algún momento este parlamento tiene que poner en claro que tenemos que hacer controles y auditoría de lo que se ejecuta".

Esta adaptación a una nueva agenda es imprescindible para el oficialismo, que necesita oxigenar el proyecto principal que tiene: asegurarle un nuevo mandato a Javier Milei. La clave es que le aprueben una suspensión de las internas PASO, pero ya nadie habla de eso, como tampoco de proyectos que parecían imprescindibles, como el Super RIGI o la reforma de la ley de sociedades. La mala hora ha frizado todos los acuerdos que le podían dar alguna funcionalidad al gobierno.

Este congelamiento se verifica especialmente con la propia tropa. Los legisladores que le responden advierten que Olivos negocia directamente con los gobernadores la suerte de Milei sin tener en cuenta sus intereses en las provincias. Los oficialistas de La Libertad Avanza son los primeros en soltarle la mano al oficialismo repitiendo el mismo lema: si acá solo importa la suerte de Milei, que se las arregle él, pero que se olvide de nosotros. Los agentes de Milei parecen confiar en que los gobernadores amigos le darán la reelección. Para eso el gobierno parece confiar más en los pactos con los legisladores de la oposición, a los que les han aceptado proyectos que le permiten aprobaciones de leyes por amplia mayoría y que disfrazan su debilidad.

Más de una docena de diputados que reconocen la conducción de Patricia Bullrich se sacan fotos avisando que pueden dividir el bloque de La Libertad Avanza y hacerle perder la primera minoría que le sacó al peronismo en diciembre pasado. Esa tribu juega al borde de la disidencia con posiciones manifiestas y otras tácitas: 1) Patricia no quiere la derogación de las PASO; 2) Eso le quita los votos de ese grupo en Diputados, con lo que la reforma no sale; 3) Patricia juega como que quiere una PASO con Milei y se mueve como quien cree que el presidente no se anima a enfrentar a ella ni a ninguno de los otros postulantes del espectro de centro y centroderecha que hasta ahora le han permitido gobernar.

Quienes tienen acceso a la intimidad de la senadora trasmiten que no quiere irse; prefiere que la echen pero que Milei teme pagar un costo que le puede costar la reelección si promueve una purga. El comportamiento de las organizaciones caudillistas – y el mileísmo lo es - tiene el mejor análisis en el cine de Martin Scorsese: es la tragedia central de The Irishman, donde Frank Sheeran traiciona y asesina a su mentor y amigo Jimmy Hoffa, a quien se suponía debía proteger. El que te mata es quien te tenía que cuidar, es la lección de ese filme de contenido hasta teológico.

Este desbaratamiento de la disciplina interna produce hechos que pueden significar con el tiempo más que su sola mención. “Por ejemplo, la elección del expresidente de la Asamblea del PRO, el exsenador Humberto Schiavoni, como uno de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Lo eligió, entre otros delegados de diversos bloques de las dos cámaras del Congreso, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que preside el senador radical Daniel Ricardo Kroneberger. Entre los designados, los bloques de La Libertad Avanza admitieron un acuerdo en donde tienen integrantes la bancada radical, del PRO y del peronismo.

La designación de Schiavoni deja una huella en las relaciones del partido que preside Mauricio Macri, que sostiene las PASO y pide tiempo hasta marzo del año que viene para discutir una alianza para 2027. Lo ratificó el lunes pasado en la reunión de la mesa federal del PRO.

Schiavoni es la segunda autoridad más importante del PRO después de Macri. Tendrá ese alto cargo legislativo en cumplimiento de una negociación que hizo el jefe del bloque del PRO en el Senado, Enrique Goerling, como parte del pacto para cubrir también cargo en la Auditoría General de la Nación. Ese nombramiento es por un período de cuatro años y remunerado con un salario equivalente al 80% de la dieta de un legislador.

En esta pulseada de cargos en la Bicameral, Nadia Márquez le ganó a Patricia Bullrich. Impuso al candidato a integrar la comisión, Fernando Zarabozo, que se desempeña como defensor letrado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es un ángulo original ésto de que el gobierno ponga a un experto en defender policías en un órgano que tiene que impedir las torturas. Los bloques del peronismo en la Bicameral impugnaron esa decisión, pero el Dr. Zarabozo se comprometió a excusarse en denuncias que involucren a personas a las que ha asistido en esa tarea. Originalidades del mileísmo, que reparte cargos en un Estado que promete destruir desde la primera magistratura.

El frenesí acuerdista del gobierno no empezó esta semana. Se ensayó en la sesión del 21 de octubre en Diputados cuando la cámara aprobó por una mayoría récord un proyecto de Ley de Discapacidad que impuso un amplio acuerdo de la oposición: 237 votos positivos contra 9 negativos y 4 abstenciones. Un resultado con holgados 2/3 sobre los presentes. La diputada Laura Rodríguez Machado —que migró del PRO a La Libertad Avanza y ahora ensaya, como el bullrichismo originario, una nueva navegación— reveló que el oficialismo tenía una nueva estrategia que era negociar todo lo posible con la oposición. Ese proyecto fue avalado por el ministerio de Toto Caputo, que a medida que se avanza en la agenda electoral imagina todas las formas posibles de poner alguna plata en la calle. El anuncio en favor de las pymes, planes de facilidades extendidos en la ARCA para ese sector - las mismas medidas que tomó el gobierno de Macri, del cual formaba parte el actual ministro, como reacción a la derrota de abril de 2019 en las primarias-.

A esa agenda de la nostalgia obedece el intento de gravar la inversión en títulos extranjeros (CEDEAR). Duró poco por la reacción instintiva de los vigilantes del modelo. En el ADN de los mercados, y también en el gobierno cuya economía es administrada por los mismos funcionarios que tuvo Mauricio Macri entre 2015 y 2019, quedó marcado el efecto de medidas que pueden aliviar la situación fiscal, pero que se tornan resbaladizas cuando se acercan las elecciones. O cuando la caja hace agua como en 2017.

Una de las medidas de reforma fiscal que propuso el gobierno de Juntos por el Cambio en 2017 y que entró en vigor después de las elecciones de aquel año (Ley 27.430) gravaba la renta financiera. Esa decisión fue un factor importante en la crisis de mitad de 2018. Hay reformas que pueden ser razonables en lo técnico, pero pueden generar mucha incertidumbre en los mercados financieros. Ni qué decir cuando se dispara el riesgo país.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín