El fiscal Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni, pero pidió investigarlo por evasión tributaria
El fiscal federal consideró que la prueba no alcanza para acreditar que el patrimonio cuestionado se formó durante la gestión pública. Aun así, vio indicios de bienes y fondos no declarados y pidió girar el expediente al fuero Penal Económico,
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizaría una posible evasión tributaria. En su dictamen, el funcionario judicial concluyó que no es posible descartar que el patrimonio bajo la lupa haya sido adquirido antes de que Adorni llegara al Poder Ejecutivo, según cita Infobae
El pedido no equivale a un sobreseimiento. Para la Fiscalía, la prueba reunida no alcanza para sostener que hubo un enriquecimiento injustificado durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, subsisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían quedado por años fuera de las declaraciones fiscales.
La presentación se dio en el marco de un expediente que se originó en una denuncia de la diputada Marcela Pagano y que ahora quedará en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver. La pesquisa abarcó la evolución patrimonial del entonces funcionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Pollicita había relevado gastos por USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una brecha de $43.068.549 entre los ingresos legítimos acreditados y el total de gastos, compras y cancelaciones de deudas del período examinado.
Entre esos pagos figuraban la compra de un lote en el Country Indio Cuá, obras de refacción, muebles, la escrituración de una propiedad en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas del colegio. Según el dictamen, parte de estas operaciones se hizo por fuera del circuito bancario o a través de terceros.
Al ser intimado a justificar su patrimonio, Adorni apuntó a una inversión anterior en Bitcoin. Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 manejó ocho direcciones de autocustodia, que invirtió cerca de USD 200.000 y que, al liquidar esos activos, obtuvo USD 591.544,61, que después guardó en efectivo.
El fiscal entendió que esa explicación no pudo ser desmentida con la prueba disponible. El punto jurídico central es que el delito de enriquecimiento ilícito requiere que el aumento patrimonial, apreciable y sin justificación, ocurra luego de asumir un cargo público. Aquí, la versión de la defensa sitúa el origen del dinero varios años antes de diciembre de 2023.
Pollicita subrayó, además, que la investigación no logró conectar los fondos en cuestión con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
A eso se suman compras conjuntas de divisas por USD 60.983 entre 2011 y 2014, monto que sube a USD 83.472 si se incorpora 2015.
La Fiscalía aclaró que estas cifras, por sí solas, no prueban la inversión en criptoactivos ni dan cuenta de todos los gastos de manutención de la familia. Aun así, consideró que ubican la compra de Bitcoin en una escala económica factible y que no puede tildársela de materialmente inviable.
El dictamen menciona también una fuente documentada de divisas en el período investigado: la venta, por USD 50.000, de un inmueble heredado en La Plata.
Si bien la Fiscalía dio por explicado el núcleo patrimonial que originó la intimación, advirtió posibles irregularidades impositivas. El documento recuerda que la propia defensa reconoció que parte de lo incorporado en las declaraciones juradas rectificativas era “materia antes no declarada” y que los ahorros de la familia se mantuvieron fuera del sistema bancario y “del radar de ARCA”.
