Caso Manuel Adorni: el fiscal no pudo corroborar enriquecimiento ilícito y pidió investigar una posible evasión
Para el fiscal no se pudo corroborar posible enriquecimiento ilícito y pide que el expediente pase al fuero penal económico ante supuesta evasión tributaria.
Se trata de la causa en la que se imputó a Adorni por enriquecimiento ilícito por irregularidades en sus declaraciones juradas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse por presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, ante la posibilidad de que haya cometido delitos tributarios. El funcionario judicial consideró que no existen elementos suficientes para demostrar que el patrimonio cuestionado se haya originado durante su paso por la función pública.
Según el dictamen, la investigación no permitió descartar que los fondos utilizados por Adorni para realizar distintas operaciones inmobiliarias y afrontar gastos personales hayan sido obtenidos antes de su incorporación al Gobierno, en diciembre de 2023.
No obstante, el planteo del fiscal no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. Por el contrario, Pollicita advirtió que persisten sospechas sobre ingresos, tenencias de dólares en efectivo y operaciones con criptomonedas que habrían permanecido fuera de las declaraciones impositivas durante varios años.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ahora deberá decidir si acepta el pedido de cambio de competencia.
Durante la investigación, que comprendió el período entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, la Fiscalía identificó gastos por u$s402.578,12, de los cuales u$s374.081,66 fueron abonados en efectivo.
El relevamiento también detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos legítimos acreditados por el exfuncionario y los desembolsos correspondientes a compras, gastos personales y cancelaciones de deudas.
Entre las operaciones examinadas aparecen la adquisición de un lote en el country Indio Cuá, trabajos de refacción, compra de muebles, la escrituración de una propiedad en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
De acuerdo con la investigación, parte de esas transacciones se realizó fuera del sistema bancario o mediante la intervención de terceros.
Ante el requerimiento judicial para justificar el origen de su patrimonio, Adorni presentó una explicación vinculada con inversiones en Bitcoin realizadas varios años antes de asumir funciones públicas.
Su defensa sostuvo que, entre 2014 y 2018, el exfuncionario administró ocho direcciones de autocustodia de criptomonedas, en las que habría invertido aproximadamente u$s200.000.
Según esa versión, la posterior liquidación de los activos digitales le permitió obtener u$s591.544,61, que conservó en efectivo y utilizó posteriormente para afrontar distintos gastos.
Pollicita entendió que las pruebas reunidas no permitieron refutar esa explicación. En particular, señaló que el delito de enriquecimiento ilícito exige demostrar que el incremento patrimonial injustificado ocurrió después de que la persona asumiera un cargo público.
En este caso, la defensa ubicó el origen de los fondos antes de diciembre de 2023, una circunstancia que impide sostener la acusación con los elementos disponibles.
El fiscal también destacó que no se logró vincular el dinero investigado con un acto propio de la función pública, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el ejercicio del cargo.
Aunque consideró que no existen pruebas suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía identificó elementos que podrían configurar infracciones tributarias o delitos de evasión.
El dictamen reconstruyó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como distintas operaciones cambiarias realizadas antes de su ingreso al Gobierno.
Entre los movimientos registrados figuran compras conjuntas de moneda extranjera por u$s60.983 entre 2011 y 2014. La cifra asciende a u$s83.472 si se incluyen las operaciones efectuadas durante 2015.
Para Pollicita, estos antecedentes no demuestran por sí solos que Adorni haya realizado las inversiones en Bitcoin que declaró. Sin embargo, permiten considerar que esas operaciones no resultaban económicamente imposibles en función de los ingresos familiares.
La investigación también identificó una fuente documentada de divisas durante el período examinado: la venta de un inmueble heredado en La Plata por u$s50.000.
El principal interrogante que permanece abierto está relacionado con la falta de declaración de determinados bienes, ingresos y operaciones ante los organismos fiscales.
En ese sentido, el dictamen señala que la propia defensa reconoció que parte de la información incorporada posteriormente en declaraciones juradas rectificativas correspondía a activos que no habían sido declarados anteriormente.
También se advirtió que una porción de los ahorros familiares habría permanecido durante años fuera del sistema bancario y del control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Frente a estas circunstancias, el fiscal solicitó que el expediente sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existieron maniobras de evasión tributaria.
La decisión final sobre el cambio de fuero quedará en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si corresponde trasladar la investigación para que continúe bajo la hipótesis de posibles delitos impositivos.
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