Caso Cuadernos: quedan 208 testigos por declarar y la fiscalía cree que el juicio “terminará antes de lo previsto”
El 6 de noviembre de 2025 se inició el juicio del caso Cuadernos de las Coimas. “El debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”, sostuvo la fiscal general Fabiana León, en un informe oficial que acaba de publicar a un año del arranque del proceso y que revela que puede terminar antes de lo previsto. La fiscal detalla que aún quedan por escuchar a 208 testigos en el juicio que fue calificado como el mayor caso en materia de corrupción de los últimos veinte años.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
En el centro de la acusación se encuentra Cristina Kirchner, sindicada como la jefa de una asociación ilícita y destinataria de 175 hechos de cohecho pasivo (entre ellos 165 atribuidos al esquema de cartelización de la obra pública civil montado desde la Cámara Argentina de la Construcción). Junto a ella se juzga a más de un centenar de personas, -mayoritariamente empresarios- yexfuncionarios clave como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y los máximos directivos de las principales constructoras y energéticas del país.
El objeto procesal del juicio comprende la existencia de un “engranaje sistemático de recaudación de sobornos” montado desde la cúpula del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015. A través de contrataciones viales, concesiones de transporte, obra pública civil y subsidios energéticos, las empresas abonaban pagos ilegales en efectivo que oscilaban habitualmente entre el 5% y el 10% de los anticipos financieros y certificados de obra, según las confesiones que unificaron los tramos del expediente.
El debate unificó la causa matriz de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, con derivaciones directas como la cartelización de la obra pública, sobornos en las concesiones viales, en el transporte y otros sectores vinculados a la energía.
Un total de doce audiencias, fueron las destinadas a la lectura de los requerimientos de elevación de la causa madre y los expedientes conexos que son parte de este debate. Fue después del 30 de diciembre cuando el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) declaró formalmente abierto el debate.
Antes de que se dé inicio a este juicio, la fiscal general Fabiana León había señalado en otro documento oficial, que no se trató de hechos aislados de “aportes de campaña” o extorsiones individuales sufridas por empresarios, sino del funcionamiento “orgánico de una matriz de corrupción estatal cartelizada y sostenida en el tiempo”.
Para la representante del Ministerio Público, el circuito se apoyó en un trípode indisociable: funcionarios que direccionaban fondos y habilitaban certificados, empresarios cartelizados que generaban la caja negra retirando divisas por ventanilla, y recaudadores que trasladaban bolsos repletos de dólares hacia departamentos privados y dependencias oficiales.
A lo largo de estos meses de audiencias, que en un inicio fueron sólo virtuales y desde febrero adoptaron la modalidad híbrida, la fiscal León rechazó todos los pedidos de nulidad de las defensas, que buscaban derribar la validez de la ley del arrepentido o impugnar la custodia pericial.
En el nuevo informe del Ministerio Público Fiscal se brindaron algunos números: hasta el 5 de noviembre, se celebraron 51 audiencias, en cuyo transcurso prestaron declaración un total de 146 testigos.
¿Qué resta por delante? Escuchar en el marco del debate, un total de 208 testigos admitidos, de los cuales 13 corresponden a la prueba testimonial ofrecida por esta Fiscalía.
A lo largo de las últimas semanas las defensas, el Ministerio Público como la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), desistieron de poco más de un centenar de testigos lo que a criterio de los participantes, “imprimirá mayor celeridad al juicio”, en consonancia con lo que expresó la fiscalía en su informe.
“Si bien no resulta posible que este Ministerio Público Fiscal establezca con precisión la fecha de conclusión de esta etapa, por encontrarse supeditada a la actividad procesal de las restantes partes, corresponde señalar que el debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”.
A la fecha, nadie arriesga plazos pero fuentes judiciales hablan de una etapa de alegatos que podría ubicarse a lo largo del primer semestre del 2027.
Con dos audiencias semanales, el debate sentó en el banquillo de los acusados a 60 empresarios contratistas del Estado, junto a 19 ex funcionarios y ex secretarios, ex choferes, cuenta además con la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). A la fecha, los acusadores creen que se han ido mostrando los elementos de prueba que hacen a la "columna vertebral de los hechos imputados e investigados".
Conceptualmente, el Ministerio Público entiende que se viene probando la acusación inicial que envió a todos los imputados a juicio oral. "Se fue corroborando que las cosas ocurrieron de la forma en que se dijo en la investigación inicial y se viene sosteniendo que ocurrieron y que fue validado por todas las instancias".
En la vereda de enfrente están las defensas, que consideran que la causa no cuenta con elementos de prueba que puedan sustentar las imputaciones, que la documentación habría sido manipulada y que muchos de los hechos que se dieron por corroborados “no se pueden contrastar porque no se pudo indagar a los arrepentidos”.
Los imputados colaboradores se negaron a declarar y a responder preguntas. Sin embargo, para el Ministerio Público es relevante un dato: ninguno de ellos se retractó de los aportes realizados durante la etapa de instrucción,cuando decidieron acogerse a la figura del arrepentido.
Para los abogados defensores no se pudo contrastar esos dichos y aportes, ya que se incorporaron las confesiones por secretaría y los protagonistas no aceptaron responder preguntas.
Tras concluir la etapa indagatoria, en la que desfilaron 24 imputados colaboradores, el tribunal abrió paso a un desfile testimonial de más de 400 personas: a la fecha más de cien de ellos declararon y otro centenar fueron desestimados por las propias partes. Esto, aseguran fuentes judiciales, "imprime mayor celeridad al juicio".
El Ministerio Público Fiscal, dio constancia a lo largo del informe que a lo largo del debate el se “suscitaron numerosas incidencias, en su mayoría de carácter técnico jurídico, promovidas por las distintas partes intervinientes. Algunas fueron resueltas por el Tribunal en el transcurso de las propias audiencias, mientras que otras permanecen pendientes de resolución”. Entre estas últimas, se encuentran los pedidos de careo requeridos por la defensa de Roberto Baratta para contrarrestar las declaraciones testimoniales de los ex directivos de Techint quienes lo involucraron en el cobro de sobornos.
Por otra parte, sostiene el informe, durante las audiencias se exhibieron diversos elementos probatorios, entre los que se destacan los cuadernos secuestrados y reservados por el Tribunal, fotografías y registros audiovisuales ofrecidos por las partes y admitidos para su exhibición, así como audios y mensajes de WhatsApp.
Exhibidos y cotejados en la sala de audiencias, operan para la fiscalía no como una prueba solitaria, sino como la “hoja de ruta”, o como calificó el juez Claudio Bonadio, “la bitácora de la corrupción”, cuya información fue corroborada con informes financieros, los testimonios de los arrepentidos y trazabilidad de movimientos bancarios, entre otros datos.
En su momento, aquellos manuscritos que se incorporaron inicialmente como copias de los originales, permitieron “convalidar que las direcciones asentadas (Uruguay 1306, el Hotel Feir's Park, las sedes corporativas de Catalinas y el búnker de Planificación), las matrículas de los vehículos utilizados y las cifras detalladas concuerdan punto por punto con los registros de patentes de peajes, las antenas de telefonía celular y las confesiones brindadas en el expediente”.
Pero la exhibición de los cuadernos originales escritos en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 7 constituye para el Ministerio Público el blindaje material de la prueba madre frente a los reiterados embates procesales de las defensas: los cuadernos no existen, fueron quemados, manipulados, no son veraces.
Durante la instrucción y la etapa previa al juicio oral, los abogados defensores intentaron en múltiples ocasiones voltear el caso argumentando que los cuadernos no existían, que habían sido quemados en un asado —como declaró inicialmente el propio chofer— o que las copias digitalizadas habían sido manipuladas o adulteradas mediante peritajes de parte. La aparición de seis de los ocho cuadernos físicos originales, entregados a la Justicia por el periodista Diego Cabot en 2019, cambió de raíz la discusión probatoria.
Al poner los cuadernos físicos bajo la lupa del tribunal, la fiscalía y los jueces logran tres objetivos procesales decisivos: la autenticidad caligráfica y de tintas permite contrastar de manera directa y tangible los peritajes escopométricos y caligráficos oficiales que determinaron que la letra, los trazos y las tintas corresponden indubitablemente al puño de Centeno a lo largo de los años en que se produjeron los hechos.
En segundo lugar, corroboraron la cronología real: El estado físico de las hojas, los márgenes, las tachaduras espontáneas y el desgaste natural del papel demuestran que "no se trató de una redacción armada en un único momento para armar una causa, sino de una bitácora escrita en tiempo real, día a día, viaje tras viaje", indicó una fuente judicial.
Asimismo, al exhibirse en el debate, los cuadernos funcionan como el índice físico que conecta las confesiones de los empresarios arrepentidos con los elementos objetivos de la causa: fechas, patentes de vehículos, montos en dólares y domicilios exactos donde se produjeron las entregas de dinero.
Sumado a ello, se exhibieron informes elaborados por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación proveniente de autoridades aeroportuarias, incluidas órdenes de vuelo y manifiestos de pasajeros, constancias de expedientes administrativos e informes de entrecruzamientos telefónicos.
La exhibición comprendió, además, actas de procedimientos y allanamientos, croquis, declaraciones testimoniales anteriores y demás documentación incorporada a las actuaciones.
Aquellos informes de la ex AFIP, daban cuenta de irregularidades en los números de compañías investigadas como parte del esquema de sobornos, retiros de dinero en efectivo, que para la fiscalía, coinciden con los montos y ventanas temporales en las que las coimas se habrían pagado.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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