Inteligencia artificial y Poder Judicial: los desafíos de una justicia más moderna, eficiente y humana
La inteligencia artificial está transformando profundamente la manera en que trabajamos, nos comunicamos, accedemos a la información y tomamos decisiones. El Poder Judicial no permanece ajeno a esta revolución tecnológica. Por el contrario, se encuentra frente a una oportunidad histórica para modernizar sus estructuras, mejorar sus procedimientos y ofrecer un servicio de justicia más eficiente y accesible.
Sin embargo, esta transformación también plantea interrogantes: ¿hasta dónde puede intervenir la inteligencia artificial en la actividad judicial? ¿Qué tareas pueden automatizarse? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar sistemas algorítmicos en decisiones que afectan derechos fundamentales? Y, especialmente, ¿qué funciones deben permanecer exclusivamente bajo responsabilidad humana?
Estos interrogantes estuvieron presentes en la jornada sobre inteligencia artificial y Poder Judicial realizada el 5 de noviembre en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que contó con la participación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
El encuentro, desarrollado en el marco de las actividades académicas impulsadas por la institución que preside Andrés Basso, permitió reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la administración de justicia ante el avance de las nuevas tecnologías.
La discusión resulta particularmente oportuna: ¿cómo debe incorporarse la IA a la justicia, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control?
La actividad judicial se encuentra estrechamente vinculada con el procesamiento de información. Expedientes, testimonios, jurisprudencia, informes periciales, documentos y antecedentes constituyen materiales que los operadores jurídicos deben analizar cotidianamente para desarrollar sus funciones.
En este contexto, la inteligencia artificial ofrece posibilidades extraordinarias. Las herramientas actuales permiten procesar grandes volúmenes de documentación, identificar patrones, realizar búsquedas jurídicas, organizar expedientes complejos, elaborar cronologías y facilitar el análisis preliminar de información.
En la justicia penal, por ejemplo, donde las investigaciones pueden involucrar miles de archivos digitales, comunicaciones, operaciones financieras y registros informáticos, estas capacidades pueden contribuir significativamente al trabajo de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios.
No obstante, debemos evitar una concepción exclusivamente cuantitativa de la innovación. El objetivo no puede limitarse a resolver más expedientes en menos tiempo.
La verdadera modernización judicial consiste en aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer las garantías y permitir que los operadores jurídicos dediquen mayores esfuerzos a las cuestiones que requieren razonamiento, sensibilidad y valoración humana.
Uno de los aspectos centrales del debate es la distinción entre utilizar inteligencia artificial como herramienta de asistencia y delegar en ella el ejercicio de la función jurisdiccional.
Administrar justicia no consiste simplemente en procesar datos o aplicar mecánicamente una norma jurídica. Implica interpretar el derecho, valorar pruebas, ponderar circunstancias particulares, resolver conflictos y fundamentar decisiones que pueden afectar profundamente la vida de las personas.
La inteligencia artificial puede colaborar en esas tareas, pero no posee legitimidad jurisdiccional propia ni puede asumir la responsabilidad institucional, jurídica y ética que corresponde a un magistrado.
La tecnología puede ampliar nuestras capacidades de análisis, pero no reemplazar el juicio crítico ni la responsabilidad constitucional de quienes administran justicia.
Las oportunidades que presenta la inteligencia artificial conviven con riesgos que requieren especial atención.
El primero es el fenómeno de las denominadas alucinaciones, que se produce cuando un sistema genera información falsa o inexistente y la presenta con apariencia de veracidad.
Un antecedente ilustrativo es el caso Mata v. Avianca, ocurrido en Estados Unidos en 2023, en el que abogados incorporaron a una presentación judicial precedentes inexistentes generados mediante inteligencia artificial. El episodio derivó en sanciones y puso de manifiesto la importancia de verificar rigurosamente las respuestas de estas herramientas.
El segundo riesgo está relacionado con los sesgos algorítmicos. Los sistemas pueden reproducir o amplificar patrones discriminatorios presentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que resulta especialmente problemático cuando intervienen en cuestiones vinculadas con derechos fundamentales.
El tercero es la opacidad tecnológica. Algunos modelos presentan dificultades para explicar de manera comprensible cómo llegaron a determinados resultados. Esta característica puede entrar en tensión con la exigencia de motivación de las decisiones judiciales y con el derecho de las partes a conocer y cuestionar sus fundamentos.
El cuarto riesgo es la confidencialidad. La utilización de herramientas externas con información contenida en expedientes judiciales puede comprometer datos personales, actuaciones reservadas y documentación sensible si no existen protocolos adecuados de protección.
Finalmente, aparece la dependencia tecnológica, que puede conducir a aceptar respuestas automatizadas sin un examen crítico suficiente.
Este último problema merece especial atención. La inteligencia artificial puede equivocarse y, al mismo tiempo, presentar sus conclusiones con un nivel de coherencia y persuasión que dificulte advertir el error.
Por eso, cuanto más sofisticados sean estos sistemas, mayor deberá ser la capacitación y la capacidad crítica de quienes los utilizan.
Los desafíos adquieren una dimensión aún más sensible en el ámbito penal. A diferencia de otras actividades, las decisiones judiciales penales pueden comprometer directamente la libertad, el patrimonio, la intimidad y otros derechos fundamentales de las personas.
Un ejemplo relevante es la utilización de herramientas algorítmicas destinadas a evaluar riesgos de reincidencia.
En el caso State v. Loomis, resuelto en Estados Unidos en 2016, se discutió la utilización del sistema COMPAS como elemento de apoyo para la determinación de una pena.
El caso puso de manifiesto una cuestión esencial: no alcanza con que un sistema ofrezca resultados estadísticamente útiles. También debe garantizarse que su utilización sea compatible con el derecho de defensa, la transparencia y la posibilidad de cuestionar sus conclusiones.
Desde la perspectiva de nuestro sistema constitucional, deben preservarse la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de culpabilidad y la valoración individualizada de las circunstancias de cada caso.
Una persona no puede ser juzgada exclusivamente a partir de perfiles estadísticos o predicciones algorítmicas.
Cuanto mayor sea el impacto de una herramienta tecnológica sobre los derechos fundamentales, más exigentes deberán ser los mecanismos de supervisión y control judicial.
La transformación tecnológica requiere también espacios de investigación, experimentación y formación interdisciplinaria.
Las instituciones judiciales deben asumir un papel activo en esta transformación. No se trata solamente de incorporar programas informáticos, sino de construir capacidades institucionales que permitan evaluar su utilidad, establecer límites y desarrollar buenas prácticas.
En ese proceso, la formación académica y la colaboración entre magistrados, abogados, investigadores y especialistas tecnológicos resultan indispensables.
Las reflexiones del papa León XIV acerca de la inteligencia artificial y la dignidad humana aportan una dimensión ética particularmente relevante.
La capacidad de procesar información no equivale a la capacidad humana de comprender las consecuencias morales de una decisión ni de asumir responsabilidad por ellas.
Cuando un tribunal resuelve sobre la libertad de una persona, la responsabilidad penal de un acusado o la protección de una víctima, no está realizando una simple operación técnica.
Está ejerciendo una función constitucional que exige independencia, imparcialidad, fundamentación y responsabilidad.
La tecnología debe permanecer al servicio de las personas, y no las personas subordinadas a decisiones automatizadas que no puedan comprender ni cuestionar.
La inteligencia artificial continuará transformando el ejercicio profesional del derecho y el funcionamiento de los tribunales.
Su desarrollo ofrece una oportunidad concreta para reducir tareas repetitivas, mejorar el acceso a la información, optimizar recursos y fortalecer el servicio de justicia.
Pero administrar justicia exige algo más: comprender los conflictos humanos, valorar las circunstancias particulares, interpretar el derecho y asumir la responsabilidad por las consecuencias de cada decisión.
