Reforma electoral: un nuevo retroceso democrático
La reforma electoral que impulsa el Gobierno como una decisión crucial, en el contexto de una campaña electoral adelantada ex profeso, constituye un nuevo intento de manipular las reglas para adecuarlas a las exigencias del poder. Acorde con los tiempos que corren y fiel a su estilo, el oficialismo no se preocupa en disimularlo; asume explícitamente que se trata de un intento para favorecer sus chances y debilitar las de la oposición.
Se trata de un diseño quirúrgico cuya procedencia se asienta en profundizar una seria anomalía institucional, ofreciendo a cambio supuestos beneficios políticos y fiscales a los gobernadores que, hoy por hoy, son quienes votan en el Congreso a través de la formación de mayorías transaccionales, en detrimento del principio de representación popular.
Ninguno de los ítems del proyecto –a excepción de la “ficha limpia”, que funciona como anzuelo– apunta a fortalecer la calidad democrática, favorecer la transparencia o estimular una ciudadanía más activa y comprometida. Por el contrario, se trata de un giro regresivo que convalida y profundiza la fragmentación política, empodera a los sectores económicamente concentrados, menoscaba el voto informado y abre las puertas a la posverdad como metodología de campaña.
Aunque el objetivo prioritario del Gobierno es la derogación de las PASO, el proyecto también avanza en otras cuestiones concernientes y complementarias en términos de equidad en la competencia electoral. En este sentido, se elimina el límite a los gastos de campaña, se deroga el aporte de fondos oficiales a las mismas, se suprime la publicidad gratuita en radio y televisión, e incrementa considerablemente el porcentaje de aportes que pueden realizar personas y empresas.
Del mismo modo, se incorporan los alcances de la ley de “ficha limpia” ya rechazada por el Senado; se elimina el debate presidencial; se introducen cambios en la boleta única de papel al incorporar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido en caso de elecciones simultáneas con las provincias, e incluye una veda menos restrictiva para la publicidad y difusión de encuestas, que podrán realizarse sin límites de tiempo, incluso durante su vigencia, entre otras cosas.
Como sabemos, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se celebraron ininterrumpidamente desde 2011 hasta 2023. En 2025 fueron suspendidas excepcionalmente para el calendario electoral de dicho año, en el cual se realizaron elecciones legislativas.
Es fácil advertir que la deliberada intención del Gobierno es favorecer un escenario de polarización con el peronismo kirchnerista, restándole un instrumento valioso para su reunificación en torno a una candidatura única, y al mismo tiempo, impedir el surgimiento y la organización de una tercera fuerza de centro que congregue amplios sectores alejados de ambos extremos.
En primer lugar, cabe señalar que es el propio Gobierno el que, como fruto de su estrategia polarizadora, contribuye a anticipar el clima de campaña, generando un contexto que resta legitimidad para discutir esta reforma, transformando las reglas de competencia en ejes del propio debate electoral.
Recientemente, la Cámara Nacional Electoral advirtió mediante la Acordada Extraordinaria 155/26 respecto de los riesgos de instrumentar cambios en las reglas fundamentales de una elección cuando los procesos electorales se encuentran próximos, citando estándares de organismos internacionales en materia de tiempo, algunos de los cuales ya se encuentran sobrepasados.
La primera conclusión surge de manera indeleble: la instrumentación de cambios de tal magnitud requiere la estructuración de alternativas para diseñar mecanismos de selección de candidatos, herramientas de votación y normas de financiamiento partidario, todos de difícil y compleja implementación. Esto nos lleva a pensar que, más que cambios en las metodologías, se promueve un vacío organizacional del sistema que solo beneficia a las posiciones consolidadas desde el Gobierno, con acceso a los recursos e instrumentos del propio Estado.
Si la democracia se nutre de la participación popular, calificar el acto de votar como una “molestia” o “gasto de tiempo” supone una concepción de democracia mínima
Distintos argumentos se vienen esgrimiendo para justificar la eliminación de las PASO; sin embargo, hay uno que sobresale por su endeblez conceptual y el marcado tono antidemocrático que revela. Si la democracia se nutre de la participación popular, calificar el acto de votar como una “molestia” o “gasto de tiempo” supone una concepción de democracia mínima, meramente formal y convalidatoria, ajena a una cultura cívica de control directo y participación.
Una mayor cantidad de instancias de votación supone empoderar a los ciudadanos, no solo reemplazando la selección de candidatos “a dedo” por parte de cúpulas partidarias, sino facilitando un voto estratégico al funcionar las primarias como una gran encuesta real y vinculante que modifica el comportamiento de los votantes de cara a las elecciones generales.
También se aduce el tema del costo de su realización. Aun cuando los recursos que demanda no representan erogaciones presupuestarias significativas, el argumento nos aproxima peligrosamente a una concepción economicista de la democracia y una visión gerencial que condiciona su vigencia al “precio” de sostenerla, en lugar del “valor” que representa su perdurabilidad.
En línea con este último argumento, cabría recordar que muchos de sus sostenedores promueven el desdoblamiento en cada distrito electoral para evitar el solapamiento de los electorados o desvincular las elecciones locales del arrastre de candidaturas nacionales, proliferación electoral que no parece estar alcanzada por dicha limitación.
Por último, el sistema de primarias obligatorias requiere de algunas reformas en torno a su viabilidad e implementación más adecuada sin perder su función de ordenador de la oferta electoral, “igualdad de armas” de la competencia política y promotor de la participación e involucramiento ciudadano. No parece ser este el objetivo del Gobierno, que al promover su eliminación o, al menos, una nueva suspensión, devela su intención de inclinar la cancha en su propio beneficio.
Facilitarle al Gobierno la eliminación de las PASO a cambio de inciertos e hipotéticos beneficios para algunas provincias no solo no remueve los desequilibrios estructurales que actualmente las condicionan, sino que contribuye a alejar cada vez más la reorganización de un sistema de partidos a nivel nacional como instrumento indispensable para terminar con la fragmentación política y asegurar un progreso sustentable del país.
Abogado, diputado provincial en varios períodos, exdiputado nacional y secretario y prosecretario parlamentario del Senado de la Nacion
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