Denuncian ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que se niegan a dejar los tribunales de la AFA

ACIJ pidió sancionar a Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez, que integran los órganos de disciplina y ética de la entidad que conduce Claudio Tapia. Sostiene que la ley prohíbe esa doble función.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que integran tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que, pese a los reclamos de casi un año, no renunciaron a esos cargos. Se trata de Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa; Roberto Minguillón, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín, y Juan Pablo Rodríguez, de la Cámara Nacional en lo Civil. La organización pidió que se investigue su conducta, que se apliquen las sanciones que correspondan y que se los intime a dejar "de manera inmediata" sus funciones en la AFA.

Según el sitio oficial de la AFA, Fernández forma parte del Tribunal de Disciplina, el órgano que sanciona a clubes, jugadores y dirigentes por lo que ocurre en las competencias, y los otros cuatro integran el Tribunal de Ética. "La función jurisdiccional no admite desdoblamientos. No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo", sostuvo ACIJ en el comunicado con el que difundió la presentación.

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El argumento central es legal. El artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que organiza la Justicia nacional, prohíbe a los magistrados ejercer cualquier otra actividad profesional, salvo la defensa de intereses personales o familiares. Para ACIJ, la tarea en la AFA encuadra en esa prohibición: quienes integran esos tribunales "tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias" que obligan a clubes, dirigentes, jugadores y demás afiliados. "Se trata de funciones asimilables a las de la judicatura", señala la denuncia.

La organización agrega un segundo planteo, por si se considerara que la actividad es compatible con el cargo. El Reglamento para la Justicia Nacional exige que los jueces cuenten con autorización previa de la Corte Suprema para integrar comisiones directivas de asociaciones. Según ACIJ, de los registros públicos no surge que ese permiso haya sido otorgado a ninguno de los cinco. "Ni siquiera solicitado", remarca el texto.

El tercer eje es la imparcialidad. ACIJ recuerda que, según los estándares internacionales, los jueces no solo deben ser imparciales sino también parecerlo, y advierte que el fútbol es un ámbito con "una alta densidad de actores" —dirigentes, clubes, jugadores, abogados, representantes y patrocinadores— que suelen cruzarse en causas judiciales o en relaciones institucionales. Esa superposición, sostiene, expone a los magistrados a "un número considerable de situaciones que podrían requerir su excusación" y genera "riesgos objetivos de conflictos de interés". La advertencia tiene un peso particular en este momento: la conducción de la AFA, con Claudio "Chiqui" Tapia como presidente y Pablo Toviggino como tesorero, enfrenta investigaciones en los tribunales federales por presunta evasión, fraude y lavado de dinero.

La denuncia ante el Consejo es el tercer paso de una ofensiva que empezó hace casi un año. El 19 de diciembre de 2025, en plena escalada de las causas contra la dirigencia del fútbol, ACIJ le pidió a la Corte Suprema, que preside Horacio Rosatti, que dispusiera el cese de todos los jueces que integraban los órganos disciplinarios y éticos de la AFA. En las semanas siguientes se produjo una serie de renuncias. Entre ellas estuvieron las de Diego Barroetaveña, camarista de la Cámara Federal de Casación Penal que presidía el Tribunal de Ética; Juan Ignacio Pérez Curci, camarista federal de Mendoza con un rol central en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas; Néstor Barral, camarista federal de San Martín, que dejó el Tribunal de Disciplina después de negarse a firmar una sanción contra Juan Sebastián Verón, y Martín Peluso, juez nacional en lo Criminal y Correccional. En febrero, la organización también le pidió al procurador general, Eduardo Casal, que ordenara a los fiscales retirarse de esos tribunales.

Los cinco denunciados ahora no siguieron ese camino. En junio, ACIJ volvió a presentarse ante la Corte porque Fernández y Morán se negaban a renunciar. Según la información disponible, el máximo tribunal, que ejerce la superintendencia sobre los jueces y es el que debería autorizar este tipo de actividades, no se pronunció en público sobre los pedidos. Ante ese silencio, la organización cambió de ventanilla y llevó el caso al Consejo de la Magistratura, el órgano que puede sancionar a los jueces e incluso abrirles un proceso de remoción.

La presentación obliga ahora a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo a decidir si abre una investigación. Mientras tanto, los cinco magistrados siguen figurando en los organigramas de la AFA, la misma entidad cuyas autoridades tienen causas abiertas en el fuero federal al que pertenecen la mayoría de ellos.