Oro del BCRA: denuncian ante la Comisión de Valores de EEUU posibles pagos irregulares en las operaciones con Deutsche Bank

Un abogado pidió a la SEC investigar operaciones del Banco Central con oro por presuntas pérdidas estimadas en u$s1.023 millones, comisiones no declaradas y fallas de control.

La presentación apunta a determinar si hubo comisiones no declaradas, quiénes participaron de las transacciones y qué controles se aplicaron en los negocios con el Deutsche Bank.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue posibles irregularidades en las operaciones con derivados financieros sobre el oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. En su presentación, puso el foco en la eventual participación del Deutsche Bank, las posibles comisiones pagadas en el marco de esos negocios y la falta de documentación sobre las transacciones.

El planteo se apoya en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó que las operaciones generaron una pérdida de 1,469 billones de pesos, equivalente a unos u$s1.023 millones, con salida efectiva de divisas de las reservas internacionales. La presentación fue realizada en inglés ante el organismo de Estados Unidos (SEC).

Según la traducción del documento original, Dalbón solicitó que la SEC evalúe si existieron pagos, honorarios o comisiones vinculados con las operaciones que pudieron haber llegado, directa o indirectamente, a funcionarios extranjeros, y si las transacciones fueron correctamente registradas y estuvieron sujetas a mecanismos adecuados de control contable y cumplimiento normativo.

La presentación identifica a Deutsche Bank AG como una posible contraparte de las operaciones, aunque aclara que su participación fue publicada por distintos medios de comunicación y que el Banco Central nunca la confirmó oficialmente. “El monto y los destinatarios de cualquier comisión, honorario o margen son desconocidos”, advirtió el abogado, quien pidió que el organismo estadounidense determine si tiene competencia para intervenir y si corresponde abrir una revisión.

Uno de los principales argumentos de la denuncia es la diferencia entre el objetivo declarado por el BCRA —cubrirse frente a eventuales variaciones del precio del oro— y el resultado económico que arrojaron las operaciones.

Según el informe de la AGN, durante 2025 el Banco Central realizó operaciones con derivados cuyo activo subyacente era el oro y que fueron presentadas como instrumentos de cobertura. Sin embargo, esas transacciones terminaron con un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos, unos u$s1.023 millones, que implicó una salida de moneda extranjera.

De ese total, 1.400.793 millones de pesos, equivalentes a u$s960,2 millones, correspondieron al resultado negativo de las opciones, mientras que otros 68.362 millones de pesos —unos u$s62,8 millones— fueron registrados como primas de opciones.

El planteo busca esclarecer quiénes cobraron por las transacciones, cómo se eligió a las contrapartes y por qué el BCRA no entregó los contratos de las operaciones.

Para el abogado Dalbón, hay un dato que merece especial atención que es la pérdida registrada por las opciones fue más de quince veces superior a las primas pagadas.

El abogado sostuvo que esa relación no sería consistente con una cobertura realizada exclusivamente mediante la compra de opciones, ya que en ese tipo de operación la pérdida máxima queda limitada al valor de la prima. Por eso, planteó que podría haber existido también una venta de opciones, mediante la cual el Banco Central habría asumido riesgos adicionales.

“Esto exige establecer qué posiciones se tomaron, con qué contrapartes, por qué montos y bajo qué límites de riesgo”, señaló.

La presentación también remarca que el oro registró una suba cercana al 65% durante 2025. En ese escenario, cuestionó qué riesgo buscaba cubrir el Banco Central y por qué terminó afrontando un desembolso de divisas de semejante magnitud.

Dalbón también incorporó las versiones periodísticas que señalaron que la estrategia utilizada habría sido un mecanismo financiero conocido como collar. Se trata de una combinación de opciones: se compra una cobertura frente a una caída del precio del activo y, para financiarla, se vende una opción que limita las ganancias si el precio supera determinado nivel.

De acuerdo con esas versiones, el BCRA habría vendido a sus contrapartes el derecho a comprar oro a un precio algo superior a los u$s3.000 por onza, cuando la cotización internacional llegó a superar los u$s4.000.

La presentación aclara que esa descripción no surge del informe de la AGN ni de una explicación oficial del Banco Central y que debe ser confirmada mediante los contratos de las operaciones. De haberse utilizado ese mecanismo, el BCRA habría resignado las ganancias por encima del precio establecido y quedado obligado a pagar la diferencia cuando el oro superara ese nivel.

El abogado cuestionó además la respuesta oficial que sostuvo que, pese a las pérdidas de las opciones, la posición total en oro había terminado con un resultado positivo.

El Banco Central informó una ganancia neta de u$s2.505 millones. Sin embargo, Dalbón sostuvo que ese argumento mezcla dos conceptos diferentes: por un lado, la revalorización contable del oro que permaneció en las reservas y, por otro, los dólares que efectivamente salieron para afrontar las operaciones financieras. “La ganancia por revalorización no reemplaza los dólares que salieron”, planteó.

Según los datos que reproduce la presentación, la tenencia de oro tuvo una revaluación de u$s3.527 millones, pero ese resultado se redujo a una ganancia neta de u$s2.505 millones. La diferencia, de aproximadamente u$s1.022 millones, coincide con la pérdida registrada por la AGN.

Otro de los puntos centrales del planteo es la falta de información sobre las entidades financieras que participaron de las operaciones. Dalbón señaló que, luego de que se conociera la denuncia penal presentada en Argentina, distintos medios informaron que Deutsche Bank habría sido una de las contrapartes del Banco Central. Sin embargo, remarcó que esa participación no fue reconocida oficialmente por la entidad monetaria.

También advirtió que se desconoce cuánto se pagó en concepto de comisiones, honorarios o márgenes financieros, quiénes recibieron esos fondos y si intervinieron asesores o intermediarios.

La presentación menciona versiones periodísticas sobre posibles comisiones superiores a los u$s60 millones, pero aclara expresamente que esa cifra no surge de documentación conocida y que no debe confundirse con los u$s62,8 millones correspondientes a las primas de las opciones que registró la AGN.

En ese contexto, el abogado apuntó contra la falta de entrega de los contratos y sus anexos, documentación que permitiría conocer las condiciones pactadas, las entidades participantes y quiénes autorizaron las operaciones.

La denuncia también incorpora los cuestionamientos sobre la ubicación de las reservas de oro argentinas y las dificultades que habría tenido la AGN para auditar su trazabilidad.

Según la presentación, las reservas incluyen alrededor de 1.000 lingotes que habrían sido trasladados al exterior en cuatro envíos realizados entre junio y agosto de 2024. El Gobierno confirmó que parte del oro había sido depositado fuera del país y justificó la decisión en la posibilidad de obtener rendimientos financieros.

Sin embargo, Dalbón señaló que existieron versiones contradictorias sobre dónde se encuentra el metal. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había informado ante el Senado que el oro estaba depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Otras publicaciones señalaron que los lingotes se encontraban en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres, con titularidad registrada a través del BIS.

El abogado sostuvo que el Banco Central no brindó una explicación oficial que permita conciliar esas versiones. Además, denunció que el BCRA no habría entregado a la AGN los contratos ni la documentación vinculada con las operaciones sobre el oro. Según describió, la entidad invocó razones de confidencialidad y habría ofrecido a los auditores consultar la información en una pantalla, sin posibilidad de obtener copias.

La presentación también cita una comunicación de la AGN, identificada como nota 840/26-P, según la cual la auditoría sobre la trazabilidad del oro físico continuaba “en proceso de análisis”.

Para Dalbón, ese escenario impide verificar adecuadamente las operaciones y conocer si existieron pagos asociados a ellas.

La presentación identifica a cuatro funcionarios argentinos cuya eventual intervención considera que debe ser esclarecida: el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y el vicesuperintendente Nicolás Marcelo Ferro.

El abogado Dalbón aclaró que, por el momento, no atribuye a ninguna persona en particular la decisión concreta de realizar las operaciones, ya que eso solamente podrá determinarse a partir de la documentación interna del Banco Central.

También mencionó que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank y sostuvo que, si se confirma la participación de esa entidad en las transacciones, deberá determinarse bajo qué criterios fue seleccionada y si existió algún vínculo o beneficio indebido relacionado con los funcionarios intervinientes.

Como argumento para solicitar la intervención de la SEC, el abogado recordó que ese organismo ya sancionó a Deutsche Bank en enero de 2021 por deficiencias en sus libros contables y controles internos.

En aquella oportunidad, la autoridad estadounidense determinó que el banco no tenía controles adecuados sobre intermediarios y consultores vinculados con funcionarios extranjeros. Esa situación había derivado en pagos por alrededor de u$s7 millones que fueron considerados sobornos o desembolsos por servicios desconocidos, no documentados o no autorizados, aunque registrados como gastos legítimos. El banco aceptó pagar más de u$s120 millones en acuerdos coordinados con la SEC y el Departamento de Justicia.

Dalbón aclaró que no está afirmando que en las operaciones con el BCRA se haya repetido aquella conducta, sino que considera que existen riesgos del mismo tipo que justifican una revisión de los controles y los pagos.

El abogado solicitó que la Comisión examine si se realizaron, ofrecieron o canalizaron comisiones, honorarios o pagos vinculados con las operaciones que pudieron haber llegado, directa o indirectamente, a funcionarios extranjeros, lo que podría comprometer las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

También pidió que se investigue si las operaciones, sus costos y los eventuales pagos a terceros fueron registrados correctamente y si existieron controles contables internos y mecanismos de cumplimiento adecuados, conforme a la legislación estadounidense. El planteo incluye además un pedido para determinar si alguna parte de los movimientos de dólares o de los pagos relacionados con las operaciones pasó por Estados Unidos o involucró a personas o entidades sujetas a su jurisdicción.

El abogado reconoció que no cuenta con información interna ni conocimiento personal de las transacciones y que su presentación se basa en fuentes públicas, principalmente el informe de la AGN y publicaciones periodísticas. También admitió que no tiene acceso a los contratos, las confirmaciones de las operaciones, los acuerdos de garantías ni los registros de comisiones.

Por último, solicitó que la SEC confirme la recepción de la denuncia y determine si el asunto se encuentra dentro de sus competencias. En caso contrario, pidió que evalúe la posibilidad de remitirla a otra autoridad estadounidense, como el Departamento de Justicia.

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