Por el aumento del contrabando, el Estado deja de recaudar USD 2.800 millones y se pierden al menos 11.300 empleos
La flexibilización aduanera y el déficit de fiscalización encendieron alarmas. Un informe privado revela cómo el comercio ilícito golpea la recaudación, destruye empleo y consolida un mercado paralelo.
Redactora de Economía Política. Acreditada en el Ministerio de Economía. Mail: [email protected]
El contrabando en Argentina creció a pesar de la caída del consumo y en 2026 significa que el Estado dejará de recaudar al menos USD 2.855 millones, junto con la subfacturación de productos. Se trata de un impacto fuerte en las cuentas públicas que encendió una luz roja en el Ministerio de Economía, además de una práctica que, en plena caída del trabajo registrado, equivale a la pérdida de 11.300 puestos formales.
Se trata de un 0,4% del PBI, como mínimo, ya que el dato surge de un informe que realizó la consultora MAP Latam sobre 15 sectores con los que validó la metodología y las cifras obtenidas. Ese universo representa apenas el 2,6% del producto, lo que sugiere que la pérdida de ingresos para el Gobierno en impuestos que deja de percibir es aún mayor en el total de la economía.
Es un fenómeno que está en aumento al calor de la apertura importadora, la falta de controles y los impuestos internos concentrados en la producción que funcionan como incentivo ante un problema que la entidad calificó de “estructural” más que “coyuntural”. "El primer mensaje clave es que el contrabando es un tema estructural y cultural que se consolidó en Argentina y empeoró", sentenció Juan Pablo Ronderos, director de MAP.
A nivel global, Argentina exhibe una de las peores performances institucionales en la materia, ocupando el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT. Lejos de estabilizarse, la tendencia empeora. Durante 2024, el Gobierno eliminó el control documental y físico obligatorio, conocido como canal rojo, para productos sensibles como textiles, calzado y aquellos con medidas antidumping. Además, se suprimieron los valores criterio de importación, la herramienta preventiva que frenaba la subfacturación antes de que la mercadería saliera a plaza. Hoy, el control de valor es una tarea posterior y selectiva.
"Esto pasa porque, si bien defendemos la apertura de la economía, tenemos un déficit de infraestructura enorme: no funcionan los escáneres, faltan controles físicos en las fronteras, hay menos financiamiento y falta de foco de las autoridades en este tema, alejándonos de los estándares de Estados Unidos o Europa", explicó Ronderos.
El agujero fiscal de USD 2.855 millones —de los cuales USD 2.283 millones responden a contrabando puro y USD 572 millones a maniobras de subfacturación— equivale al 120% de lo que recauda la AFIP (hoy ARCA) por Impuestos Internos o al 160% del total de Bienes Personales. En el panorama tributario general, la sangría representa también el 55% de los ingresos totales por Retenciones a las Exportaciones o el 25% del Impuesto al Cheque. Puesto en términos de infraestructura, la pérdida equivale al presupuesto para construir 2.400 escuelas, levantar 120 centros de salud ambulatorios o trazar 2.250 kilómetros de rutas nacionales en zonas llanas.Caputo posterga el alivio al consumo para marzo acorralado por inflación, riesgo país y recesión
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El contrabando también tiene impacto en el empleo. En los siete sectores donde fue posible proyectar la variable laboral, la práctica ilegal bloquea la generación de 11.300 puestos formales, frenando contrataciones que elevarían un 22% la plantilla actual de esas actividades, que en 2025 ocupaban a 51.500 personas. En términos macro, esta pérdida equivale a no crear casi un punto entero (0,92%) del empleo industrial formal del país. Si el volumen ilícito se formalizara, en una industria como la de los juguetes, por ejemplo, cuadruplicaría su personal al sumar 2.600 empleos, el sector textil agregaría 1.900 puestos (un salto del 67%), y el circuito de la yerba mate incorporaría 3.400 contrataciones. La industria del calzado —tanto deportivo como de calle— también queda relegada, perdiendo 2.100 empleos potenciales por la competencia desleal fronteriza.
En ciertos nichos, los niveles de penetración ilícita son críticos. La perfumería árabe lidera el ranking relativo: el 83% del mercado se explica por operaciones de contrabando. En telefonía celular, el comercio ilegal absorbe el 40% de la oferta, mientras que en textiles e indumentaria el 30% de las importaciones ingresan subfacturadas, generando un rojo tributario por sí solo de USD 470 millones.
En el caso de los celulares, la dinámica tiene particularidades. A diferencia de otros rubros, en tecnología no hay "fraude marcario" o falsificaciones porque montar una fábrica de electrónica para adulterar un teléfono es caro. El problema es el contrabando puro, que además es muy fácil de detectar por los números de IMEI cuando los equipos se conectan a la red. El usuario se ve muy perjudicado porque compra un teléfono ilegal, no lo puede actualizar y luego acude a la marca a pedir garantía o servicio técnico. Para las empresas, esto representa un problema reputacional enorme al no poder darle servicio a un equipo que evadió los impuestos al entrar al país.
La subfacturación como método para evadir aranceles y liquidar menos divisas está enquistada además en los bienes para el hogar: afecta al 25% de los televisores, al 22% de los pequeños electrodomésticos y al 30% de la marroquinería de importación. El problema cruza hacia los sectores productivos primarios: un 15% de los agroquímicos y fitosanitarios circulantes provienen del contrabando, un volumen con el que el Estado deja de percibir unos USD 205 millones extra.
El retroceso general del consumo no fue detractor de la práctica ilegal. Por el contrario, en mercados en retracción, la porción marginal del contrabando se vuelve mayor. "Para que vean la gravedad: en el sector de neumáticos, el tamaño del mercado legal se derrumbó y los precios se relativizan, pero el contrabando se mantuvo o incluso creció. Es decir, en un mercado más chico, el peso del contrabando es mucho más alto", detalló el director de MAP. Según los datos del informe, el 11% del mercado de neumáticos proviene actualmente del contrabando.
"Es imposible competir si alguien cruza un neumático por la frontera norte sin pagar nada y te lo vende 30% más barato que la gomería legal que paga alquiler e impuestos. Hoy no hay inspección física adecuada ni controles de valor", graficó Ronderos.
Otra de las razones por las que se aceleró la problemática es el cambio en los canales de comercialización. El esquema abandonó el intercambio callejero o de barrio, para sofisticarse mediante plataformas online.
"La forma de vender cambió", advirtió Ronderos. "Antes el contrabando lo veías en La Salada, pero hoy contactás a un proveedor en China y te mandan un bolsón de ropa a la puerta de tu casa. Se vende por Facebook, Instagram y plataformas de e-commerce. Por eso es una excelente noticia el acuerdo que firmó la Secretaría de Industria y Comercio (con Pablo Lavigne) junto a Mercado Libre, Meta y otras plataformas para intervenir directamente en esto. Es un cambio de actitud muy fuerte del Gobierno".
