Por qué las próximas elecciones podrían importar menos de lo que creen los inversores
Pocos países han contribuido tanto como la Argentina a darle significado al concepto de “riesgo político”. Ha incumplido el pago de su deuda soberana en nueve ocasiones y ha inmovilizado repetidamente los fondos de los inversores mediante controles de capital. Por eso, las elecciones presidenciales se han convertido en momentos en los que los inversores se preparan para posibles cambios de rumbo: en las últimas décadas, algunos gobiernos introdujeron controles cambiarios y de precios, además de enfrentamientos con los acreedores, mientras que las administraciones favorables al mercado apenas ofrecieron breves períodos de apertura para los inversores antes de que el péndulo volviera a oscilar en sentido contrario.
En 2023, cuando la inflación se encaminaba hacia una tasa anual superior al 200%, los votantes eligieron a Javier Milei, un outsider libertario que prometió aplicar la motosierra al Estado. La pregunta que sobrevuela las elecciones generales de octubre de 2027 es si su llegada a la presidencia representa una ruptura duradera con ese patrón o simplemente otro movimiento del péndulo.
La Argentina ha logrado avances concretos desde 2023: la inflación cayó considerablemente, el presupuesto está equilibrado, se levantó la mayor parte de los controles de capital y las principales agencias calificadoras mejoraron la calificación de su deuda. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y la creación de empleo se ha quedado rezagada, especialmente en los sectores ajenos a la minería y la energía. Así las cosas, a un año de las elecciones, muchos inversores interpretan la votación como una apuesta binaria sobre la supervivencia de las reformas de Milei.
Sin embargo, el riesgo de una reversión generalizada es menor de lo que sugiere esa interpretación. Los sectores minero y energético cuentan ahora con defensores de distintas fuerzas políticas, mientras que parece estar consolidándose un consenso más amplio en torno a la disciplina fiscal. Entonces, los riesgos más inmediatos son una corrida contra el peso antes de las elecciones y la fragilidad de las protecciones existentes fuera del sector de los recursos naturales, donde el acceso a divisas, la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria están lejos de estar garantizados.
Los funcionarios argentinos tienen una queja recurrente respecto de los inversores extranjeros: cada vez que el Gobierno cumple un objetivo, los inversores elevan las exigencias.
Durante la primera mitad del mandato de Milei, los inversores reclamaban un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el levantamiento de la mayoría de los controles de capital y pruebas de respaldo político en las elecciones legislativas de octubre de 2025.
La administración cumplió con los tres objetivos, pero los antecedentes argentinos de volatilidad económica y cambios de políticas siguen desalentando inversiones extranjeras significativas fuera de los sectores energético y minero.
Los ejecutivos de empresas multinacionales con quienes he conversado consideran ahora que la reelección de Milei es la próxima condición que debe cumplirse.
Milei ha invocado reiteradamente el concepto de riesgo “kuka”, su expresión para describir el temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo, el movimiento populista de izquierda, para explicar esa cautela. Por ejemplo, durante una intervención en Nueva York a fines de septiembre, responsabilizó a dirigentes de la oposición por un reciente aumento del riesgo país argentino.
Los inversores financieros parecen compartir esa preocupación, ya que las señales de debilitamiento de la recuperación económica vuelven menos segura la reelección de Milei: la actividad económica se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, y la pobreza aumentó hasta el 32,3% durante el primer semestre de 2026, aunque permaneció muy por debajo del 41,7% registrado en la segunda mitad de 2023.
La narrativa del Gobierno en torno al riesgo kuka refuerza la idea de que las reformas argentinas dependen de un único resultado electoral. Esto lleva a los inversores a apostar por el futuro político de Milei, en lugar de evaluar la solidez y permanencia del marco económico. Sin embargo, una pregunta más útil sería hasta qué punto ese marco ya condiciona las decisiones de quien llegue al poder después.
Varios factores estructurales harían costoso que otro gobierno se apartara de las actuales políticas económicas, al menos en sectores orientados a la exportación, como la energía y la minería.
En primer lugar, a medida que aumenta la demanda mundial de recursos naturales argentinos, aprovechar el potencial de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y de los yacimientos de litio y cobre de categoría mundial requerirá inversiones sostenidas. Como señaló Milei en un discurso pronunciado durante una exposición de petróleo y gas en octubre, el paso de la Argentina de un déficit energético a un superávit superior a los 10.000 millones de dólares ya ha mejorado la capacidad del país para atender sus necesidades de financiamiento.
Cualquier futuro gobierno nacional tendría fuertes incentivos para proteger esos ingresos en dólares. Los gobiernos provinciales argentinos también tienen intereses directos en juego. A partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias son propietarias de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Como ha observado Fernando Straface de la Universidad Austral, los inversores internacionales mantienen cada vez más reuniones directamente con los gobernadores para negociar acuerdos vinculados con esos recursos. La implementación del Corredor Andes-Atlántico, lanzado por Washington y Buenos Aires en septiembre para conectar Vaca Muerta y el noroeste argentino, rico en minerales, con los puertos del Atlántico, también dependerá considerablemente de las autoridades provinciales.
Los gobernadores argentinos, además, ejercen una enorme influencia en el Senado y suelen utilizarla para defender esos intereses económicos. Cuando el Senado votó en febrero una modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por las provincias mineras, los senadores de esas jurisdicciones respaldaron la iniciativa más allá de sus diferencias partidarias. Entre ellos se encontraban peronistas de Catamarca y San Juan, integrantes del movimiento que constituye la principal oposición a Milei.
Los gobernadores de esas provincias y sus aliados en el Senado apuestan a la inversión extranjera y tienen razones de peso para oponerse a políticas que puedan ponerla en peligro. Ese respaldo multipartidario también quedó de manifiesto ante los inversores durante las presentaciones de Argentina Week de 2026 en Nueva York y París, donde varios gobernadores, incluidos algunos peronistas, manifestaron su apoyo al rumbo económico del país.
Sin embargo, si cambia el Gobierno, todavía está por verse si ese amplio respaldo a una política económica ortodoxa en minería y energía también se extenderá a sectores políticamente más sensibles, como la industria manufacturera, concentrada en provincias muy pobladas como Buenos Aires.
La relación entre Estados Unidos y Argentina representa otro factor que limita las posibilidades de un cambio de rumbo, aunque es menos seguro. Los minerales críticos de Argentina y su posición estratégica cerca de la Antártida y de las rutas marítimas entre los océanos Atlántico y Pacífico hacen que Washington tenga interés en la estabilidad del país y en limitar la influencia de Beijing en la región. La preocupación por el dominio de China sobre las cadenas de suministro de minerales atraviesa las divisiones partidarias estadounidenses.
Sin embargo, Milei ha vinculado estrechamente la relación bilateral con el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, mientras que los demócratas criticaron duramente la línea de swap de 20.000 millones de dólares del año pasado. Si cambia el equilibrio político en Washington después de las elecciones de 2028, probablemente persista el interés estratégico, pero el respaldo político y financiero podría no mantenerse.
Quizás el factor de mayor peso sea el recuerdo reciente de la crisis. Los argentinos estuvieron cerca de la hiperinflación en 2023, lo que contribuyó a impulsar a Milei hacia la presidencia. Su legado más duradero podría terminar siendo una aceptación más generalizada de la disciplina fiscal, que ha sido el eje central de su programa económico. Su partido, La Libertad Avanza, obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas de 2025 pese a los fuertes recortes del gasto, y consiguió la aprobación de un presupuesto equilibrado para 2026 en el Senado, aun sin contar con mayoría propia. Incluso dentro de la oposición, muchos peronistas moderados consideran necesario mantener el superávit fiscal.
El escenario electoral está lejos de estar definido, y el principal adversario de Milei no necesariamente tiene que ser kirchnerista, ni siquiera peronista. Un candidato que prometa continuidad en la política económica reduciría considerablemente el riesgo. Sin embargo, si un candidato asociado con políticas del pasado gana terreno en las encuestas, los argentinos podrían trasladar sus ahorros a dólares y los inversores extranjeros podrían vender bonos, independientemente de las promesas realizadas durante la campaña.
Una ola de ventas de ese tipo podría provocar daños duraderos, incluso si el próximo gobierno finalmente mantiene las reformas. La presión sobre el peso podría reavivar la inflación y obligar al Banco Central a utilizar reservas o aumentar las tasas de interés, lo que potencialmente paralizaría la inversión y el crédito durante varios meses. El calendario electoral también podría contribuir a la volatilidad.
Si la administración Milei consigue suspender las elecciones primarias abiertas, podría evitar que se repita lo ocurrido en 2019, cuando los resultados de las primarias desencadenaron una turbulencia económica inmediata. Sin embargo, eso también concentraría el riesgo en una única votación en octubre de 2027.
Mientras tanto, muchos gobernadores celebrarán elecciones provinciales antes de los comicios nacionales, y una sucesión de derrotas para los candidatos del oficialismo, como la que sufrieron en septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, podría inquietar a los mercados mucho antes de la elección presidencial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, suele destacar que Argentina cuenta con mayores mecanismos de protección financiera, entre ellos una cuenta corriente nuevamente superavitaria y un mayor nivel de reservas brutas del Banco Central. Sin embargo, la confianza sigue siendo frágil.
Washington podría proporcionar un respaldo adicional en caso de ser necesario: a comienzos de octubre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos podría ofrecer apoyo financiero en caso de volatilidad preelectoral, tal como lo hizo antes de las elecciones legislativas argentinas de 2025.
Un segundo riesgo, de evolución más lenta, es que la estabilidad económica esté concentrada en unos pocos sectores y grandes proyectos. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece a los proyectos que reúnen los requisitos estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria de largo plazo, mientras que las empresas que quedan fuera del régimen siguen enfrentando impuestos elevados, cambios regulatorios e incertidumbre respecto de la aplicación efectiva de las normas.
Para muchos de los inversores con quienes he conversado, el principal atractivo del RIGI es el acceso al arbitraje internacional, una vía para hacer cumplir los compromisos fuera de los tribunales nacionales. Como ha señalado el profesor de Derecho Administrativo Ezequiel Cassagne, esos mecanismos de resolución de controversias, junto con las protecciones contractuales del régimen, elevan el costo que tendría para un futuro gobierno incumplir los compromisos asumidos.
Sin embargo, si no se produce una expansión más amplia de la inversión y del empleo, el respaldo a las reformas podría continuar concentrado entre los inversores del sector de los recursos naturales y los gobernadores provinciales. Extender esa confianza al conjunto de la economía requerirá reformas institucionales más profundas.
Un sistema judicial más previsible y eficiente fortalecería las garantías para las empresas que operan fuera del RIGI, mientras que una reforma tributaria que reduzca las alícuotas y las mantenga estables incentivaría una inversión más amplia. Honrar los compromisos también implica cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales.
La Argentina ha conseguido avances importantes, entre ellos, un acuerdo por 171 millones de dólares alcanzado este año con los últimos acreedores que permanecían fuera de las reestructuraciones de la deuda soberana incumplida en 2001.
Resolver los laudos arbitrales internacionales pendientes relacionados con inversores extranjeros enviaría una señal adicional de que el país ahora cumple con su palabra y contribuiría a reconstruir la confianza de los inversores.
De aquí a las elecciones, los inversores harían bien en prestar atención a tres cuestiones: si surge un candidato opositor creíble que se comprometa con la disciplina fiscal y presente un equipo económico que inspire confianza a los mercados; si los gobernadores mantienen públicamente su compromiso de atraer inversión extranjera a medida que se intensifica la campaña; y si el crecimiento comienza a generar empleo fuera de los sectores minero y energético.
Si esas condiciones se cumplen, los inversores podrían descubrir que las elecciones de 2027 importan menos de lo que hoy suponen.
* Kezia McKeague es directora gerente en McLarty Associates en Washington, DC, y fellow senior no residente del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.
Directora gerente en McLarty Associates en Washington, DC, y fellow senior no residente del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.
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