Juicio por YPF: 15 estados de EE.UU. se suman al reclamo contra Argentina ante la Corte Suprema
Los fiscales generales de 15 estados y territorios estadounidenses presentaron un escrito en respaldo de Petersen y Eton Park para que la Corte Suprema revise el fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.
El juicio por la expropiación YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos, luego de que 15 estados y territorios estadounidenses presentaran un amicus curiae ante la Corte Suprema en respaldo de Petersen y Eton Park, los demandantes que buscan revertir el fallo de segunda instancia favorable a la Argentina. La presentación plantea cuestionamientos al criterio utilizado por la Cámara de Apelaciones para dejar sin efecto la condena de aproximadamente u$s16.100 millones contra el Estado argentino.
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La novedad fue difundida este lunes 2 de noviembre por el analista de litigios internacionales, Sebastián Maril. La presentación, encabezada por el estado de Missouri, y presentado por los fiscales generales de las jurisdicciones involucradas, figura en el expediente de la Corte Suprema estadounidense con fecha del 30 de octubre.
El argumento central es que el criterio adoptado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría convertirse en una herramienta para que otros Estados extranjeros eviten las consecuencias de sentencias dictadas por tribunales estadounidenses mediante la sanción de leyes internas favorables a sus intereses.
Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro de la Nación explicaron a PERFIL que existen diferencias entre los fundamentos jurídicos de ambos casos. "El interés que invoca Missouri surge de una controversia con otro país, que está fundamentada en el derecho estadounidense, mientras que el caso YPF fue resuelto sobre la base del derecho argentino", señalaron.
El litigio llegó a esta instancia después de que, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revirtiera la sentencia de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar aproximadamente u$s16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. Ahora, Petersen y Eton Park buscan que la Corte Suprema estadounidense revise esa decisión.
Desde la defensa argentina señalaron que la presentación de un amicus curiae en esta etapa es un procedimiento habitual, contemplado en el reglamento de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, aclararon que la intervención de los estados no implica que el máximo tribunal vaya a revisar necesariamente la sentencia.
"Recordemos que aún resta definir si la SCOTUS decide tratar el pedido de los demandantes", explicaron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que "el pedido que hicieron no es una apelación automática".
Asimismo, indicaron que no resulta inusual que los estados estadounidenses intervengan como amicus curiae en distintos litigios. En ese sentido, consideraron importante "distinguir estas presentaciones de las intervenciones realizadas a nivel gobierno federal de los Estados Unidos".
Sobre este último punto, desde la Procuración destacaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) respaldó formalmente a la Argentina en cinco oportunidades a lo largo del litigio, una circunstancia que diferenciaron de la presentación realizada por los estados.
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Por último, desde el organismo reafirmaron que continuarán ejerciendo "la defensa de los intereses de Argentina con el mismo rigor técnico y compromiso que hemos sostenido a lo largo de todo el proceso", mientras se espera una definición de la Corte Suprema estadounidense sobre el pedido presentado por los demandantes.
Por su parte, Sebastián Soler relativizó la capacidad de esta presentación para convencer a la Corte Suprema de que acepte revisar el caso. El especialista señaló en su cuenta de X que todos los fiscales generales que firmaron el escrito son republicanos, con excepción del representante de las Islas Marianas, que es independiente. Además, cuestionó el argumento jurídico del documento, al considerar que parte de una premisa equivocada: la Cámara de Apelaciones sí ejerció su competencia, pero resolvió a favor de la Argentina mediante la aplicación del derecho societario y de expropiaciones argentino.
En cuanto a las posibilidades de que el máximo tribunal estadounidense intervenga, Soler recordó que durante el último año la Corte Suprema aceptó apenas 65 de los aproximadamente 5.500 recursos presentados. Según explicó, el tribunal suele priorizar los casos en los que existen diferencias entre tribunales inferiores o se desconoce un precedente sobre una cuestión relevante de derecho federal. No obstante, advirtió que la presentación de los estados podría llevar a la Corte a solicitar la opinión del Solicitor General del gobierno federal, lo que demoraría varios meses más la definición sobre la admisión del recurso.
Por último, Soler recordó que la defensa argentina tiene plazo hasta el 2 de diciembre para presentar su escrito de oposición al recurso de Burford y a las presentaciones de terceros que lo respaldaron. Asimismo, señaló que antes de esa fecha también podrían presentarse nuevos escritos amicus curiae en apoyo de la posición argentina.
