Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: nueva audiencia por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces y últimas noticias

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo donde se comenzará a leer el requerimiento de elevación a juicio de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera.

Al llegar a la instancia final del requerimiento de elevación a juicio, se escuchó en la audiencia: “Las consideraciones desarrolladas en el presente capítulo son suficientes para tener por acontecida, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa preliminar del proceso, la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales”.

Entre ellos, detallaron los fiscales, “la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tal contexto, además a criterio del Ministerio Público Fiscal se “encuentra cabalmente demostrado que en el marco de la asociación ilícita en cuestión, se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la firma Los Sauces S.A., a la que se le inyectaron fondos provenientes de las empresas de los conglomerados societarios de los empresarios allegados al poder, Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos De Sousa, provenientes del fraude al Estado Nacional, de los beneficios indebidos otorgados y del ofrecimiento de dádivas, de modo que al final de cuentas la exfamilia presidencial pudiera gozar de ellos luego de haber sido aplicados a los mencionados rubros”.

En consecuencia, se señaló “teniendo en cuenta la gravedad institucional que representan los ilícitos descriptos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la corrupción, consideramos que se impone el pronto avance de este proceso hacia la etapa del debate oral, donde los principios de oralidad, publicidad y contradicción que la rigen facilitarán el debate que la sociedad toda requiere respecto de esta maniobra de corrupción pública y lavado de dinero”.

Se avanzó con la explicación del delito de blanqueo. En este marco se dijo: las “empresas de los grupos Báez e Indalo inyectaron en Los Sauces S.A. recursos originados en la defraudación por obra pública vial, ventajas impositivas indebidas y dádivas, logrando mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras simuladas que esos fondos ilícitos retornaran con ropaje legal al patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner entre 2009 y 2016.

Esta “concatenación de transferencias y contratos responde a una unidad de designio criminal sostenida en el tiempo, configurando la figura dogmática de delito continuado y determinando criterios específicos según la participación de cada imputado frente al cambio normativo”.

Se explicó la pena de este otro delito. El artículo 259 del Código Penal “reprime tanto la recepción como la entrega de dádivas motivadas por la función pública, configurando un delito de codelincuencia necesaria que enlaza indefectiblemente el accionar del particular con el del funcionario”.

En este esquema, los empresarios Cristóbal López y Carlos De Sousa “canalizaron pagos indebidos bajo la apariencia de contratos de locación con la firma Los Sauces, pactados por sumas notoriamente superiores a los valores de plaza o directamente innecesarios, como contraprestación por las contrataciones, licencias y beneficios fiscales concedidos durante los mandatos presidenciales”.

La admisión de estas prebendas -dice la acusación-, se “perfeccionó con el ingreso efectivo del dinero al patrimonio de Cristina Fernández a través de la sociedad comercial que compartía con su grupo familiar, contando con la colaboración indispensable de Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva como apoderados para cobrar y depositar los cheques de Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S, mientras que el ofrecimiento quedó consumado por parte de López y De Sousa al librar y direccionar dichos fondos corporativos en favor de los exmandatarios”.

El funcionamiento del andamiaje exigió además la colaboración constante de figuras de estricta confianza y de profesionales técnicos. Por un lado, directivos y accionistas como Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho formalizaban contratos de locación y operaciones comerciales simuladas, mientras que los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña confeccionaban los instrumentos notariales, poderes y transferencias societarias indispensables para dar soporte legal a las operaciones delictivas.

Por último, la fiscalía concluye que la asociación cumplió acabadamente con los requisitos de coordinación, permanencia, cantidad de integrantes y dolo directo.

La estructura funcionó de manera ininterrumpida por más de doce años —desde la fundación de Austral Construcciones en mayo de 2003 hasta la intervención de Los Sauces en diciembre de 2016—, superando holgadamente los quince miembros imputados, quienes mantuvieron el conocimiento pleno de los fines delictivos y la voluntad sostenida de ejecutar los planes de enriquecimiento a expensas de los recursos públicos.

En cuanto a la toma de decisiones, la estructura situaba en su vértice a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en su carácter de presidentes de la Nación. Su posición de liderazgo les permitía operar de forma simultánea en dos ámbitos complementarios: desde la esfera pública, orientando organismos y recursos estatales en beneficio de contratistas cercanos, y desde la esfera privada, articulando las sociedades y mecanismos necesarios para captar esos fondos y retornarlos a su propio patrimonio.

La conducción y ejecución cotidiana de la trama recaía en un nivel organizador clave encabezado por Máximo Kirchner, quien desde 2006, al asumir la presidencia de la sociedad Los Sauces, gestionó contratos, inmuebles y cobros para garantizar el flujo de dinero hacia el núcleo familiar.

En ese mismo plano jerárquico se ubican los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos De Sousa, involucrados tanto en el fraude original como en el posterior reciclaje patrimonial, junto al contador Víctor Manzanares y a Osvaldo Sanfelice como operadores directos de los esquemas financieros.

Con este objetivo, el análisis jurídico se divide en tres ejes sucesivos: la configuración de la asociación ilícita y el rol de sus partícipes, el delito de dádivas como antecedente ilícito de los activos, y finalmente los tipos penales referidos al lavado de dinero y las irregularidades en registros financieros.

Al examinar la figura de la asociación ilícita regulada en el artículo 210 del Código Penal, la acusación recuerda que se sanciona el mero hecho de formar parte de una banda de tres o más personas destinada a cometer delitos, con penas más severas para quienes actúen como jefes u organizadores.

Para los fiscales, la responsabilidad de los acusados supera cualquier discusión teórica, ya que la investigación judicial demostró la existencia de un pacto criminal explícito y una definida distribución de tareas entre exmandatarios, familiares, colaboradores y empresarios afines para enriquecerse indebidamente mediante obras viales, concesiones y exenciones fiscales.

El dictamen encuadra todos estos hechos bajo la figura de criminalidad organizada, una tipificación que responde a compromisos internacionales asumidos por el país para perseguir delitos complejos que erosionan el orden democrático e institucional.

La hipótesis central de la fiscalía describe un esquema articulado en dos fases continuas y sistemáticas: una primera etapa orientada a sustraer caudales públicos desde el aparato estatal y una segunda destinada a disimular y legitimar el origen de esos fondos mediante maniobras de reciclaje.

A todos estos canales mediante los cuales los “miembros de la familia Kirchner se hicieron de los fondos líquidos —dinero— que habían sido canalizados por los empresarios amigos a través de la firma Los Sauces,debe sumársele el uso con fines personales por parte de Cristina Fernández y de Florencia Kirchner de dos inmuebles de titularidad de la sociedad, la finca sita en la calle Mascarello 441 de la ciudad de Río Gallegos y el inmueble ubicado en San José 1111/5 de esta ciudad, en donde respectivamente las nombradas han declarado su domicilio real”, se añadió.

Este último aspecto, versa el requerimiento, “pese a no tratarse de un mecanismo de apropiación de fondos, sí resulta ser un modo en que la expresidenta, Cristina Fernández, y su hija, Florencia Kirchner, se beneficiaron a partir de la sociedad familiar, que como vimos adquirió con dinero que provenía de las empresas de Báez, López y De Sousa, dos inmuebles que luego entregó gratuitamente a las nombradas, lo que corrobora la ya sostenida confusión entre la persona jurídica —la empresa Los Sauces SA— y sus accionistas —la familia presidencial— quienes utilizaron a la sociedad como una extensión de su propia persona”.

En definitiva, la exfamilia presidencial, “primero fondeó a la empresa Los Sauces,contabilizando esos aportes como “préstamos” a favor de la sociedad, para luego, a partir de la canalización constante y permanente de fondos desde las firmas de los conglomerados societarios de Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa, retiró dinero que había transitado un proceso de reciclaje —gracias a su aplicación a la actividad inmobiliaria— asentando esos retiros bajo el “cobro” de lo oportunamente prestado a la sociedad, a través del pago de gastos personales, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración, a través del salario al incorporarse a sí mismos como empleados de la firma, o bien teniendo disponible los fondos para su utilización”.

Al avanzar con la lectura, se señaló que Máximo Kirchner “retiró de la empresa fondos limpios ya sea directamente en concepto de “retiro de fondos”, o bien como “pago de gastos propios” o bajo el rótulo de “pago de honorarios como director” que en su totalidad ascienden a la suma de $2.492.415,69 a lo largo del período enunciado, dejando un saldo a favor de la sociedad de $14.151,58”

Todo lo expuesto, dijeron los fiscales, “permite corroborar la utilización de los fondos que eran canalizados a favor de la empresa Los Sauces por parte del hijo de los exmandatarios, quien por los medios descritos se hizo del dinero que transitaba el proceso de reciclaje imputado”.

En efecto, tal como se expuso a partir del fallecimiento del expresidente, “Cristina, Máximo y Florencia Kirchner utilizaron la cuenta particular de aquel con el objetivo de aportar y retirar fondos en forma conjunta, sin embargo a partir del año 2012 el remanente de dicha cuenta se dividió entre sus herederos, recibiendo Florencia Kirchner $1.204.165,35”.

En efecto, dice la fiscalía, según se desprende del informe pericial “del análisis de los movimientos monetarios reflejados en la cuenta particular (…) “el activo de la sociedad con el accionista Máximo C. Kirchner ($14.151,88 al 03-11-2014), se genera básicamente en tres conceptos; un crédito por una operación de reclasificación de un pasivo que fue originalmente imputado a la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner por $1.204.165,35; débitos por retiro de fondos y pago de gastos del accionista y pago de honorarios como director por $2.492.415,69; y créditos por aportes a la sociedad por $153.098,46; y créditos por la asignación de honorarios como director votada por las asambleas por $1.121.000”.

Es decir, “Máximo Kirchner desde marzo de 2008 y hasta el mes de noviembre de 2011, inyectó fondos como aportes a la sociedad por $153.098,46 y aportó a la empresa fondos por $1.121.000 que provenían de la misma empresa que se los habían asignado los otros accionistas —su propia familia— como paga por sus honorarios de director”.

Asimismo, la cuenta particular del nombrado “recibió el 1° de enero de 2012, la porción que le correspondía de la herencia de su padre, esto es $1.204.165,35 que representa un cuarto de lo que, como vimos, tenía de “saldo a favor” la cuenta particular del expresidente, luego de que el nombrado junto a su madre y su hermana, utilizaran dicha cuenta para aplicar y retirar fondos en el período que va desde el fallecimiento de Néstor Kirchner y la partición”.

De modo que, desde el 19 de marzo de 2008 —cuando se abrió la cuenta particular de la exmandataria— hasta el 10 de octubre de 2014 —último asiento analizado en la pericia contable—, “Cristina Fernández retiró de la empresa y pudo utilizar en forma personal y justificada más de 2 millones de pesos —$2.095.426,67— gracias al mecanismo de lavado de dinero del que formaba parte”.

Cabe señalar que el 99,20% —$2.078.722,13— de los retiros de la empresa realizados por Cristina Fernández a través de su cuenta particular ocurrieron con posterioridad a la sanción y promulgación de la ley 26.683 que tipifica penalmente la figura del autolavado.

Al igual que se verifica en el caso de la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner, también se hizo de fondos provenientes de los empresarios favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, y a los que se les había borrado su origen espurio como consecuencia del esquema de reciclaje descripto.

Según se leyó, el saldo a favor de la cuenta particular del expresidente al 31/12/11 de $4.816.661,43, fue dividido del siguiente modo: la mitad —$2.408.330,73— a favor de su esposa Cristina Fernández y la otra mitad, en partes iguales a favor de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes recibieron cada uno la suma de $1.204.165,35, “lo que permitiría a partir del año 2012 conocer los ingresos y egresos por separado de cada uno de los tres accionistas de Los Sauces”.

De esta manera, tal como se desprende del análisis del Libro Diario n° 1 de la empresa realizado por los peritos contadores, la cuenta particular de la accionista Cristina Fernández que había registrado hasta el momento cuatro movimientos (cuatro pagos de gastos de la accionista con dinero de la empresa), “verificó un saldo a favor millonario de fondos proveniente de los créditos que tenía su esposo con la empresa y que luego a lo largo de los siguientes años la expresidenta retiraría en forma personal de la empresa, con el fin de utilizarlos luego del mecanismo de reciclaje que realizaba la firma”.

Al respecto, los profesionales refirieron que “[d]el análisis de los movimientos monetarios reflejados en la cuenta particular precedente, se informa que el pasivo de la sociedad con el accionista Cristina Fernández de Kirchner (al 31-10-2014 de $412.904,06), se genera básicamente en tres conceptos: un crédito por una operación de reclasificación de un pasivo que fue originalmente imputado a la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner por $2.404.330,73; débitos por retiro de fondos y pago de gastos del accionista por $2.095.426,67; y créditos por aportes a la sociedad por $100.000””.

Dice la acusación, “desde el fallecimiento de Néstor Kirchner hasta el 31 de diciembre de 2011 Cristina, Máximo y Florencia Kirchner continuaron utilizando contablemente la “Cuenta Particular” del expresidente en la empresa para ingresar y retirar fondos de la firma”.

Según se desprende del informe pericial, los nombrados ingresaron una transferencia de fondos por $2.790.000 el 29/12/10, realizaron aportes por $550.000 y asentaron un crédito de $96.666,86 por una operación de alquileres con Solvencia Crediticia S.A. en la que según describieron los peritos “no hay movimientos de fondos y no surgen las razones del motivo de la registración de la operación en esta cuenta,ni documentación respaldatoria de la misma”.

Mientras que en simultáneo a lo largo de este período, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner retiraron fondos limpios —que habían transitado el proceso de blanqueo gracias a su aplicación a la actividad hotelera e inmobiliaria— de la “Cuenta Particular de Néstor Kirchner” por $2.028.360,37, de modo que, hasta el 31 de diciembre de 2011 no resulta posible determinar cuál de los tres accionistas se hizo de los fondos.

De esta forma, dijo la fiscalía, “la Cuenta Particular de Néstor Kirchner, fue utilizada por Cristina, Máximo y Florencia desde el fallecimiento del expresidente y hasta el ejercicio inmediatamente posterior a que en el marco del proceso sucesorio se dispusiera la declaratoria de herederos a favor de los nombrados, lo que ocurrió el 2 de junio de 2011”.

Surge de la pericia contable realizada en autos, la cuenta particular del socio Néstor Kirchner, se abrió el 19 de marzo de 2008 y se cerró el 1° de enero de 2012, verificando al momento de cierre de la cuenta un saldo a favor del accionista de $4.816.661,43.

Dicho crédito a favor de la cuenta particular del accionista Néstor Kirchner —que hasta el 27/10/10 fue utilizado por aquél y a partir de allí por sus tres herederos— se conformó según expusieron los profesionales contables a partir de tres conceptos por los que el nombrado ingresó fondos a la sociedad: a) “aportes a la sociedad por $6.555.255,09 (de los que $5.501.155,09 se registran aportados para la compra de inmuebles por parte de la sociedad)”; b) una “transferencia de $2.790.000” de fecha 29/12/10; y c) “un crédito por $96.666,86 por una operación de alquileres con Solvencia Crediticia S.A.”.

En simultáneo, “mientras los fondos eran ingresados a la sociedad familiar bajo uno de los tres conceptos señalados, Néstor Kirchner hasta su fallecimiento, y luego sus herederos, realizaron “débitos por retiro de fondos y pago de gastos (…) por $4.625.260,52”, lo que arroja como resultado que la “Cuenta Particular de Néstor Kirchner” al momento de su cierre —31/12/11— tuviera un saldo positivo de $4.816.661,43”.

Para el Ministerio Público el circuito detallado, permite sostener que el tercer paso de la maniobra de lavado de dinero consistió en que la exfamilia presidencial “entregara” dinero en préstamo a la sociedad —que como vimos eran ellos mismos— luego aplicara esos fondos a la compra y construcción de propiedades que posteriormente eran alquiladas a las empresas de Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, y finalmente retiraran esos fondos como “devolución” de lo oportunamente dado en mutuo”.

Se aclaró que, si bien no surge de los estados contables cuál fue el socio que retiró el dinero de la empresa, “lo cierto es que dicha información sí se encuentra plasmada en el Libro Diario n° 1, en donde se desprende día a día los movimientos de la empresa y se evidencia cómo cada uno de los miembros de la exfamilia presidencial se hizo de los fondos inyectados por los empresarios beneficiados por el Estado Nacional”.

Mediante este mecanismo, dijo la fiscalía, los acusados “lograron ocultar en los estados contables —que debían presentarse ante los organismos de control— a quién le pertenecían los créditos y quién retiraba los fondos de la sociedad luego de que los mismos habían transitado el proceso de reciclaje, así como también, les permitió declarar dicho dinero en poder de un tercero —la sociedad— cuando en los hechos la misma familia es la propietaria acreedora y la deudora puesto que la empresa les pertenece en su totalidad, es decir, acreedor y deudor coinciden en una misma persona”.

Sobre este asunto, los peritos contadores que intervinieron en la causa conexa n° 11.352/14 “Hotesur”, que en su mayoría coinciden con los peritos intervinientes en autos, explicaron con notable claridad: “en una sociedad típica, jurídicamente constituida, la figura de los socios se diferencia claramente del ente societario y de la de los directores. Cuando los socios intervienen en los movimientos financieros en forma prácticamente habitual, la sociedad se convierte en un mero vehículo de transferencia de fondos desde las operaciones que ella realiza hacia las personas físicas que actúan en calidad de socios”.

Misma situación se verifica en relación al “préstamo” por $950.000 que en el año 2011 la empresa Hotesur le realizó a la firma Los Sauces —ambas para ese entonces ya pertenecían a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner—, que tal como se desprende de los estados contables se mantuvo hasta el año 2015 en el que disminuyó a $650.000, es decir, que los nombrados retiraron por esta vía $300.000.

De esta forma, “mediante la mecánica de consignar la extracción de fondos como el “cobro de préstamos” primero Néstor Kirchner y luego de su fallecimiento, Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, retiraron dinero de la firma Los Sauces, mientras que gracias a su identificación genérica a partir del año 2011 no especificaban el destinatario de los fondos ni qué proporción le correspondía a cada uno”.

En la acusación se observa que al 31 de diciembre de 2009, “Néstor Kirchner le había “prestado” a la sociedad familiar la suma de $3.968.321,94, monto que al año siguiente se había prácticamente duplicado alcanzando la cifra de $6.295.021,80 y que fue colocado en su totalidad al rubro “Sucesión de Néstor Kirchner” como consecuencia de la muerte del exmandatario el 27 de octubre de 2010”.

A partir de allí, la deuda de la sociedad sería trasladada a la figura “Cuenta Particulares de Socios” en la que no se establecería discriminadamente su composición y comenzaría a disminuir el monto de la misma a partir de los retiros realizados por Cristina, Máximo y Florencia Kirchner de modo que para el año 2011 alcanzaría la cifra de $4.816.661,43, en el 2012 $3.378.116,70 y en el 2013 $2.088.203,65.

Asimismo, pese a que el estudio de los peritos intervinientes se limitó a analizar los estados contables hasta el año 2013, “corresponde señalar que se encuentra reservado por Secretaría, el estado contable correspondiente al año 2014, en el que se mantuvo la ubicación de los créditos de los accionistas dentro del rubro “Cuenta Particulares de Socios” y los créditos continuaron disminuyendo en el año 2014 a $783.776,34”.

La fiscalía detalló que a partir de la formación de la empresa en noviembre de 2006 y a lo largo de toda la relación contractual con las empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos De Sousa, la exfamilia presidencial “extrajo dinero de Los Sauces por más de 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración o como empleado de la firma, o bien a través del pago de gastos particulares con dinero de la sociedad”.

Así, teniendo en cuenta que precisamente el escenario planteado por el esquema de lavado de activos, busca mezclar los fondos con el objeto de dificultar su trazabilidad, como se verá los presidentes de la firma —Máximo Kirchner (2006 al 2013) y Romina de los Ángeles Mercado (2014 y 2015)— y el contador Víctor Manzanares al confeccionar los Estados Contables y los accionistas —Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner— al aprobarlos, “realizaron una descripción general de los pasivos de la empresa lo que permite observar las deudas de la empresa más no con precisión a quien le corresponden esos créditos”.

En efecto, “según se puede observar en el informe confeccionado por los peritos contadores en el que analizaron los activos y pasivos de la sociedad en el período 2009–2013, las deudas de la empresa con sus accionistas hasta el año 2011 son discriminadas por socio, sin embargo a partir del año 2011 son incorporadas dentro del rubro “Cuentas Particulares Socios” del que no se realiza detalle de su composición, es decir, no es posible determinar a qué socio corresponde el crédito ni en qué proporción”.

La fiscalía determinó que una parte del dinero ya “integrado con apariencia lícita en la firma Los Sauces era finalmente retirado por los miembros de la familia Kirchner sin las formalidades y los tiempos legales previstos para la distribución de ganancias”.

En efecto, la sociedad luego de ser creada en el año 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, “comenzó una primera etapa de capitalización de la firma en la que los nombrados, como vimos, por un lado, aportaron propiedades personales como aportes irrevocables y, por otro, compraron propiedades “a nombre” de la sociedad y luego los asentaron como préstamos”.

¿Cómo fue el circuito? Mientras que los primeros aumentan el capital social de la empresa, los segundos al ser mutuos deben ser devueltos por la empresa al socio que los hizo, así es que, a lo largo de toda la vida de Los Sauces, “los socios fueron retirando dinero en efectivo en virtud del “saldo a favor” que tenían con la empresa como consecuencia de los préstamos otorgados para la compra de propiedades, que luego eran alquiladas por la firma a las sociedades de los empresarios amigos”.

Todo ello, “favorecido por una suerte de confusión entre las personas físicas y la jurídica y un manejo personal del patrimonio de una sociedad anónima”.

En ese sentido, las pericias consignaron un resultado de cero pesos en 2006 y 2007; una pérdida de 9.485,05 pesos en 2008; y ganancias consecutivas de 991.752,23 pesos en 2009; 765.457,01 pesos en 2010; 1.156.520,03 pesos en 2011; 1.457.645,27 pesos en 2012; 1.728.796,10 pesos en 2013; 2.505.388,09 pesos en 2014; y 2.361.204,31 pesos en 2015, acumulando una ganancia global declarada de 10.957.277,99 pesos.

Como se puede observar, el “crecimiento exponencial de la empresa de la familia Kirchner, tuvo un correlato marcado y pronunciado con la instrumentación de la maniobra de lavado de activos que conforma la acusación aquí enunciada, lo que permite sostener que Los Sauces funcionó principalmente como un mecanismo de reciclaje de ganancias espurias”.

En otras palabras, “la empresa creció gracias a la inyección de fondos constante y permanente por parte de los empresarios allegados a los expresidentes que por este medio lograban entregar con apariencia de legitimidad —actividad inmobiliaria y hotelera—, anualmente varios millones de pesos a favor de los exmandatarios y sus hijos”.

Así explica este punto el requerimiento: “Como se puede observar, dijeron los fiscales, “desde la creación de la empresa por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner hasta el año 2008 el patrimonio neto de la misma permaneció incólume, manteniendo el aporte inicial realizado por los accionistas para su conformación”.

Sin embargo, a partir del año 2008 “como resultado de la incorporación de la firma a la maniobra de lavado de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera, “se produce un aumento constante y permanente del patrimonio neto de la empresa”.

Para la fiscalía, “se verifica en la otra variable analizada por los peritos contadores, quienes señalaron que “…es dable destacar, que en los períodos 2006 y 2007, la sociedad no ha tenido operaciones comerciales. A partir del año 2008, la sociedad comienza a tener actividad arrojando, en el mencionado ejercicio, un resultado negativo de $9.485,05. Con posterioridad los resultados han sido positivos”.

Los profesionales contables intervinientes en autos expusieron las variaciones del patrimonio neto (activo menos pasivo) de Los Sauces, reflejando que en los ejercicios 2006 y 2007 se mantuvo en 100.000,00 pesos sin variación respecto al ejercicio anterior; en 2008 ascendió a 2.324.914,95 pesos (un incremento de 2.224.914,95); en 2009 llegó a 3.316.667,18 pesos (aumento de 991.752,23).

En 2010 se ubicó en 3.948.124,19 pesos (aumento de 631.457,01); en 2011 alcanzó 4.927.644,22 pesos (incremento de 979.520,23); en 2012 trepó a 6.127.041,76 pesos (aumento de 1.199.397,54); en 2013 sumó 7.555.837,86 pesos (incremento de 1.428.796,10); en 2014 alcanzó 9.761.225,95 pesos (aumento de 2.205.388,09); y en 2015 se elevó a 12.122.430,26 pesos (un incremento de 2.361.204,31), totalizando una variación patrimonial acumulada de 12.022.430,26 pesos.

El incremento de la inmobiliaria, dice la acusación, es “consecuencia de su rol en la maniobra de lavado de dinero”

“Según se pudo demostrar a través del estudio pericial contable, a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2016, las firmas de Cristóbal López y Carlos De Sousa —Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia—, de Lázaro Báez —Valle Mitre, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones— y de Osvaldo Sanfelice —Idea—, le pagaron a Los Sauces un flujo de dinero constante y permanente de prácticamente 26 millones de pesos ($25.968.042)”, se leyó durante la audiencia.

La pericia contable “ha permitido determinar que desde la inmersión de la firma Los Sauces en el esquema de lavado de activos en el año 2008, la empresa de la exfamilia presidencial que hasta ese entonces había permanecido inactiva, experimentó un crecimiento vertiginoso en las dos variables económicas principales —el patrimonio neto y el resultado de sus ejercicios— como consecuencia de la incorporación de activos a su patrimonio y de la suscripción de contratos de alquiler con las distintas empresas de quienes, en simultáneo eran favorecidos con suculentos contratos con el Estado Nacional, beneficios impositivos ilegítimos, concesiones viales y de juego, etc”.

A partir de estas consideraciones, se leyó por secretaría, “el dinero con el que era nutrida la firma Los Sauces luego de que había transitado un proceso de blanqueo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera, en simultáneo, era apropiado por los miembros de la ex familia presidencial mediante alguna de las tres vías enunciadas anteriormente”.

Se consideraron dos aspectos: “El aumento patrimonial de la firma Los Sauces como consecuencia de la inyección de fondos espurios; y la apropiación de los fondos por parte de los miembros de la familia Kirchner y la confusión entre la persona física y la jurídica”.

La finalidad de esta última etapa es “precisamente completar el proceso de reciclaje y, para ello, es necesario que se proporcione una explicación aparentemente legítima para la existencia de estos bienes, de modo tal que su propietario pueda gozar libremente de ellos y se produzca el ‘agotamiento’ del delito”.

En otras palabras, dijeron los fiscales, “una de las principales características del proceso de blanqueo es la capacidad de permitirle al delincuente disfrutar de su botín y obtener de él posteriores rendimientos sirviéndose con tranquilidad de las entidades e instituciones del sistema económico lícito”.

La maniobra en su conjunto “consistió en que luego de haber montado la ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos precedentes —primer paso—,de haber sometido el dinero a una cadena de movimientos bancarizados con distintos ejecutantes enlazados entre sí —segundo paso—, finalmente los destinatarios finales del delito —los expresidentes y sus dos hijos—, gozaran de lo blanqueado, ya sea retirando el dinero de la firma, mediante la compra de propiedades para su uso personal o a través del pago de salarios —tercer paso—“.

Al reanudar la audiencia, por secretaría se profundizó en la tercera etapa del proceso de lavado.

Esta fase -dijo la fiscalía-, “se centró en que el dinero de procedencia ilícita que había transitado un proceso de blanqueo a través del ropaje de legitimidad que le otorgaba el haber sido incorporado a Los Sauces en virtud de la actividad inmobiliaria y hotelera que desarrollaba con las propiedades proporcionadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fuera finalmente integrado al patrimonio de aquellos y de sus dos hijos, Máximo y Florencia, para que pudieran disponer en forma segura de ellos”.

La estrategia diseñada consistió, en que una vez que la empresa Los Sauces “contaba con propiedades en su patrimonio, aquellas fueran dadas en alquiler a las empresas pertenecientes a Cristóbal López, Carlos De Sousa y Lázaro Báez, para que por esta vía los nombrados canalizaran un flujo permanente de fondos, que finalmente eran retirados limpios por los miembros de la ex familia presidencial gracias a su aplicación al mecanismo de reciclaje instaurado”.

Según la documentación, el precio pactado en el contrato fue de $20.000 más IVA, pagaderos a mes, más un porcentaje del diez por ciento (10%) sobre la utilidad neta mensual final después de considerar los impuestos que correspondan”.

Asimismo, se estipuló que “las partes acuerdan noventa (90) días de gracia a partir de la fecha del presente para que la locataria comience a efectivizar el pago correspondiente y que los mismos se harán efectivos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, que son los meses denominados de temporada alta en los cuales El Hotel permanecerá abierto”.

En definitiva, dijeron los fiscales, “Cristina, Máximo y Florencia Kirchner en el año 2013 al tomar estado público su vínculo con Lázaro Báez, decidieron reemplazar a la firma Valle Mitre por la empresa Idea de Osvaldo Sanfelice y Marta Leiva quienes a partir de allí, se encargaron de canalizar la suma de $561.665,56 proveniente de las empresas del grupo Indalo en concepto de alquiler del Hotel La Aldea”.

La acusación determinó que a los fines de “justificar el flujo de fondos entre la firma Idea y Los Sauces, los integrantes de esta organización delictiva canalizaron dinero ilícito proveniente del grupo Indalo bajo la apariencia de legitimidad que le otorgaba la actividad hotelera, es decir el alquiler del Hotel La Aldea del Chaltén”.

Un ejemplo claro: el 29 de agosto de 2013, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces, y Osvaldo José Sanfelice, en nombre de la empresa Idea, formalizaron un contrato de locación por la Hostería La Aldea del Chaltén, por el término de tres años, contados a partir del 1° de octubre de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2016.

Para ello, el “propio Osvaldo Sanfelice consignó como presidente de Idea en el Libro de Actas de Directorio de la firma, que el convenio con Los Sauces por la locación de fondos de comercio del Hotel La Aldea, se había concretado el 30 de julio de 2013”.

En la estructura societaria y las acusaciones del Ministerio Público Fiscal, se recordó que Osvaldo Sanfelice “es una de las personas de mayor confianza de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia”.

A modo de ejemplo, se detalló, “no solo fue el nombrado quien actuó “en comisión” esto es “en nombre” de Néstor Kirchner en la operación millonaria por la que se adquirieron las acciones de Hotesur, sino porque además fue él quien ocupó el cargo de presidente de la firma, suscribiendo los contratos con Valle Mitre y cobrando mensualmente los cheques por los cuales dicha sociedad le pagaba el canon a la firma de los presidentes, así como también, aquellos que eran abonados por la empresa de Báez a la sucesión de Néstor Kirchner por el Hotel Las Dunas”.

Sin embargo, ello no es todo, dijeron los fiscales: “Sanfelice era apoderado personal de Néstor y Cristina Kirchner, quienes el 11 de diciembre de 2008 personalmente le otorgaron un poder especial bancario con amplias facultades, ante el escribano de confianza de los exmandatarios, Ricardo Albornoz, y además era apoderado de la firma Los Sauces, al mismo tiempo en que alquilaba el Hotel La Aldea del Chaltén, propiedad de esta última, lo que nuevamente lo colocó de los “dos lados del mostrador”.

Asimismo, la estructura de la empresa se completó con otra persona de confianza de los exmandatarios que de esta manera estaría en las tres empresas vinculadas al Hotel Alto Calafate, Patricio Pereyra Arandia, yerno de Alicia Kirchner, quien se desempeñó como director titular de Hotesur desde el año 2008, fue fiscalizador de Valle Mitre y ahora sería apoderado de Idea.

Para el Ministerio Público Fiscal, a partir del conocimiento público que adquirió la relación comercial y personal entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, en forma repentina los accionistas y directores de Los Sauces decidieron cambiar a la empresa Valle Mitre y en su lugar colocar a otra empresa que cumpliera la misma función de desligar a la familia presidencial de la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén.

De esta manera entonces, “Idea salió de un letargo que duró más de dos años, sin experiencia en el negocio hotelero y sin capacidad económica y financiera, pasó a ser administrada por una persona del círculo de confianza de los expresidentes —Osvaldo Sanfelice, presidente de la firma— y fue colocada como persona interpuesta entre la firma Los Sauces que para el año 2013 ya pertenecía a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, y el dinero que recibía del grupo Indalo”.

Sin embargo, dice el requerimiento, “la empresa se mantuvo inactiva, sin haber realizado operaciones comerciales, sin tener empleados y sin ningún movimiento económico, hasta el mes de agosto de 2013, fecha en la que se concretó el convenio entre Idea y Los Sauces por la administración y explotación del Hotel La Aldea del Chaltén, al igual que aconteció con el Hotel Alto Calafate y la Hostería Las Dunas”-

Ello permite sostener que al igual que la empresa Valle Mitre, Idea fue una firma que había sido constituida y puesta “en el mostrador”, en lo que se conoce como “shelf company”, es decir, entidades legales con pocos o ningún empleado, sin actividad alguna ni operaciones, y escasa o ninguna presencia física en la economía, por cuanto la verdadera finalidad de su creación no es la iniciación de una actividad comercial, sino que se busca tener disponible una sociedad que pueda ser comercializada y/o implantada rápidamente en un negocio comercial posterior”.

La firma Idea fue constituida el 7 de septiembre de 2011 por el exgobernador de la provincia de Santa Cruz,Carlos Alberto Sancho —quien fue director suplente de Hotesur— y su esposa, María José Fernández Clark —socia de Máximo Kirchner y de Osvaldo Sanfelice en la firma Negocios Inmobiliarios S.A— ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña”.

El objeto social de la firma quedó delimitado desde un inicio a la actividad inmobiliaria, agropecuaria, financiera y comercial, y pese a que la hotelería fue el principal rubro al que se dedicó a partir de la administración de los hoteles de los expresidentes, no se encuentra en su objeto, lo que demuestra que al momento de su creación quienes la constituyeron aún no conocían el destino que le darían a la misma (v.documentación en C. 68).

Tan solo un año después, el 1° de noviembre de 2012, los cónyuges Sancho y Fernández Clark transfirieron por la suma de $30.000 la totalidad del paquete accionario de la sociedad a Osvaldo José Sanfelice y a su esposa Marta Alcira Leiva —hermana de Alberto Leiva, director de Hotesur—, quienes de allí en adelante y hasta la fecha son sus accionistas con una participación del 91,67% y 8,33%, respectivamente.

Fue el turno de brindar detalles sobre Idea SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice y administradora desde 2013 de los hoteles de la familia Kirchner.

Así se explicó su transición: “Una vez que la firma Valle Mitre perdió su aparente neutralidad como intermediario en el año 2013, como consecuencia del informe periodístico que dio lugar a la causa n° 3017/13 del registro del Juzgado n° 7 del fuero, conocida públicamente como “La ruta del dinero K” que expuso el vínculo entre las familias Báez y Kirchner, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner —únicos accionistas de Los Sauces en ese entonces—,decidieron correr inmediatamente a la empresa Valle Mitre —cuyos socios mayoritarios eran Lázaro y Martín Báez— como administradora de sus hoteles —entre ellos, el Hotel La Aldea del Chaltén— y en su lugar colocaron a una nueva empresa que permitiría continuar con la maniobra ilícita investigada en estos actuados”.

Así, la expresidenta y sus hijos junto con uno de sus socios, Osvaldo José Sanfelice, “echaron mano a una empresa que había sido creada algunos años atrás y que al igual que había sucedido con Valle Mitre había sido dejada “en el mostrador” —sin ninguna actividad ni funcionamiento— para que en caso de resultar necesario fuera activada con el fin de ser insertada en el negocio que se deseara”, dijeron los fiscales.

Al momento de explicar cómo Los Sauces recepcionó esos fondos, se indicó: #Quien se encargó de girar el dinero en favor de la sociedad de los expresidentes fue el propio Carlos Fabián De Sousa, quien suscribió al menos ochenta (80) cheques por los que se canalizaban los millonarios fondos hacia la firma Los Sauces, lo cual realizaba en calidad de presidente de Álcalis de la Patagonia”

Por otra parte, quienes se encargaron de cobrar los fondos provenientes de la firma Álcalis de la Patagonia fueron Osvaldo José Sanfelice y su cuñado Alberto Oscar Leiva, quienes depositaron más de cuarenta (40) cheques librados por la empresa en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz”.

Al igual que en el caso anterior, pese a la magnitud del valor del canon y a la posibilidad que otorgaba el art.1582 del Cód. Civil de incluir un fiador o garante que pudiera hacer frente a los compromisos en caso de que el locatario no pudiera afrontarlos, el “contrato no estipuló garantías ni fiadores que aseguraran el cobro de los cánones locativos, la efectiva satisfacción de las expensas y eventuales perjuicios no alcanzados por el monto del depósito”.

En efecto, si bien en el acuerdo figura que el Sr. Osvaldo Manuel De Sousa “presente en este acto y desde el comienzo (…) e interiorizado de todas y cada una de las cláusulas que componen este instrumento, se constituye como fiador (…) liso, llano, solidario y principal pagador del inquilino”, lo cierto es que no obra su firma en el contrato de locación, por lo que mal puede afirmarse su sujeción al acuerdo comercial y, por tanto,la existencia de una garantía válida que asegurase el compromiso del locatario.

Así entonces, por la locación del departamento en el edificio Madero Center, la firma Los Sauces le facturó a la empresa Álcalis de la Patagonia alquileres entre abril de 2009 y marzo de 2016 por la suma de $4.658.053”.

Sobre el punto, son dos las aclaraciones que formuló el Ministerio Público Fiscal: 1) si bien Carlos Fabián De Sousa suscribió el contrato a título personal, los pagos por la locación del departamento fueron realizados por la firma Álcalis de la Patagonia; y 2) Osvaldo José Sanfelice ostentaba un cargo “de los dos lados del mostrador”: era apoderado de Los Sauces y empleado de quien abonaba el canon locativo, Álcalis de la Patagonia”.

En ese negocio jurídico, la firma Los Sauces le “dio en locación el departamento individualizado como UF 126,piso 4° L, con destino de vivienda por el término de 2 años, contados desde el 1° de abril de 2012, hasta el 31 de marzo de 2014, plazo que se estipuló como “definitivo e improrrogable” y como contraprestación el pago de la suma de USD 7.500 más IVA mensual”.

Al momento de dar mayor sustento a la acusación, se citó el fallo de la Sala I de la Excma. Cámara del Fuero sostuvo que “en cuanto a la supuesta actividad inmobiliaria, ya en una primera aproximación resulta llamativo observar que los principales clientes de la sociedad integrada por los ex presidentes fueran precisamente empresas contratistas y/o concesionarias del Estado Nacional, durante el período en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández desempeñaron la primera magistratura (…) Tampoco puede pasarse por alto que, dada la entidad económica de los grupos Báez e Indalo, no se advierte la necesidad real de alquilar inmuebles con las características de los bienes pertenecientes a Los Sauces. Y en todo caso, resulta llamativo que hayan elegido a dicha sociedad familiar entre los distintos prestadores que ofrecía el mercado”.

Hubo más: Con fecha 21 de marzo de 2012 —aunque el flujo de dinero ya existía desde el mes de abril del año 2009—, Osvaldo José Sanfelice, en representación de la firma Los Sauces en virtud del poder otorgado en marzo de 2009, celebró un contrato de locación con Carlos Fabián De Sousa, en forma particular, lo que fue instrumentado con certificación de firmas ante la escribana María Bulubasich”.

“Para justificar el flujo de fondos que se canalizaría entre el grupo Indalo y la familia Kirchner, los acusados recurrieron a la formalización de un vínculo contractual ficticio entre las firmas Los Sauces y Álcalis de la Patagonia por la locación de un departamento en el edificio Madero Center, el cual fue ajeno e innecesario para los fines y actividades de la empresa”, sostiene el requerimiento acusatorio.

En efecto, se leyó, “la propiedad de la empresa presidencial fue alquilada a título personal por Carlos Fabián De Sousa como vivienda para su exmujer, Rafaela Karina Rubín, lo que evidencia que el flujo de fondos que canalizó la firma productora de químicos para costear gastos personales de su presidente no guarda ninguna vinculación con la actividad y el objeto social de la empresa y que, en definitiva,esa relación contractual por el alquiler de la vivienda fue “generada” para justificar la trasferencia de fondos a favor de los expresidentes y su familia”.

Así entonces, con el manejo de los órganos sociales y con la inserción de una persona de extrema confianza de los expresidentes en la sociedad, los imputados López y De Sousa como titulares y principales beneficiarios del grupo Indalo, a través de la firma Álcalis de la Patagonia —que como se expuso había recibido beneficios impositivos directa o indirectamente del Estado Nacional— se “encargaron de inyectar fondos a la firma Los Sauces desde el mes de abril del año 2009 y hasta el mes de marzo de 2016 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

Fue así que, “como contraprestación por los distintos beneficios recibidos desde el Estado Nacional, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la firma Álcalis de la Patagonia un total de $3.849.631 más IVA —$4.658.053 final— en el período que va desde el mes de abril del 2009 hasta el mes de marzo de 2016”.

Pero además, se leyó, “quien integraba la nómina de empleados de la firma era el socio y persona de máxima confianza de los expresidentes en los negocios familiares, Osvaldo José Sanfelice, quien también ingresó a la sociedad en el año 2006 y formó parte de la misma al menos hasta el año 2016, en donde fue intimado a tramitar su jubilación”.

La permanencia de Sanfelice en la firma Álcalis de la Patagonia durante el proceso de reciclaje de activos —que se desarrolló durante los años 2009-2016— “no fue casual ni desinteresada, sino que, muy por el contrario, su estabilidad allí fue esencial para la canalización de fondos ilícitos en favor de los expresidentes, en tanto en su rol de apoderado de la firma Los Sauces se encargó de depositar el dinero que transfería, entre otras, la sociedad Álcalis de la Patagonia, actuando de este modo y en forma simultánea “de los dos lados del mostrador”.

A su vez, se detalló el rol de los hijos del dueño del Grupo Indalo. “Cristóbal Nazareno López, hijo de Cristóbal Manuel, también formó parte del directorio de la empresa Álcalis de la Patagonia, ostentando el cargo de director durante los años 2009, 2010 y 2014, mientras que Raúl Esteban Zamora, detentó el cargo de director desde el 2006 al 2013”.

Como se ve, la injerencia de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal Manuel López como principales responsables del grupo Indalo “no se limitó a formar parte directa o indirectamente del órgano de gobierno de la firma Álcalis de la Patagonia, sino que además también dirigieron y manejaron la marcha de la empresa a partir de la designación del primero como presidente de la firma y de la composición del órgano de administración con personas de extrema confianza desde al menos el 2006 en adelante”.

Dentro del conglomerado de accionistas, la principal tenedora de acciones fue la firma South Mineral S.A. —quien desde al menos el 2006 integraba el órgano de gobierno—, cuyo paquete accionario fue adquirido en un 100% por la firma Inversora M&S con fecha 18/06/2010, que como vimos, era mayor parte de titularidad de Cristóbal López y de Carlos De Sousa.

Al respecto, versa en el requerimiento fiscal, según se pudo demostrar, en el órgano de gobierno de la empresa Álcalis de la Patagonia “detentó la mayoría de la participación accionaria la firma South Mineral, con un 67,69% del paquete, quien recibió además la asistencia financiera de la holder del grupo Indalo, Inversora M&S, la cual participó en el crecimiento y expansión de la productora química”.

Sin embargo, al igual que aconteció con la sociedad inversora del grupo económico, la firma Álcalis de la Patagonia “estuvo manejada por personas pertenecientes al grupo Indalo desde al menos el año 2006. En este sentido, en el órgano de administración de la empresa, el imputado Carlos Fabián De Sousa fue director titular de la firma durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y ostentó el cargo de presidente del directorio durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.

Al dar continuidad a la lectura de las acusaciones se procedió a dar información sobre la segunda inquilina de Los Sauces, una compañía del Grupo Indalo.

La sociedad fue creada en el mes de agosto del año 1970 bajo la denominación Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. “con un objeto social focalizado en la fabricación de productos químicos y su participación accionaria a lo largo de los años estuvo en manos de más de un centenar de accionistas (personas físicas y jurídicas)”.

Se dieron más detalles al respecto: por la locación del dúplex en el edificio Madero Center, la firma Los Sauces le facturó a la empresa Inversora M&S alquileres entre abril de 2012 y marzo de 2016 por la suma de $13.397.475,02, monto que, según se pudo demostrar a través de los informes del Tribunal de Tasaciones de la Nación, “se encuentra por encima de los valores de mercado”.

En efecto, a partir de antecedentes cercanos de oficinas en alquiler de similares características y del metraje del inmueble en cuestión, el Tribunal de Tasaciones de la Nación “estimó que el valor locativo mensual en noviembre de 2012 fue de $63.900, en noviembre de 2013 ascendió a $88.900, en noviembre de 2014 aumentó a $113.800 y en noviembre de 2015 alcanzó los $154.400”.

Sin embargo, dijeron los acusadores, “lejos de encontrarse acorde a los valores de mercado, el precio abonado por el grupo Indalo a la familia Kirchner exhibió un sobreprecio que oscila entre el 100% y el 150%. Así, en noviembre del año 2012, la firma Inversora M&S abonó la suma de $144.595 (+126,28%); en noviembre del año 2013, pagó la suma de $178.777,50 (+101,09%); en noviembre del año 2014, canalizó la suma de $282.837,50 (+148,53%); y en noviembre del año 2015, transfirió el monto de $361.298,44 (+134%)”.

Con todo esto, “es posible afirmar que la locación no fue más que una mise en scène a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde Inversora M&S hacia la sociedad de los expresidentes y su núcleo familiar”.

Asimismo, se dio lectura en la audiencia, pese a encontrarse vigente la relación contractual y haberse pactado la imposibilidad de prorrogar el convenio, el 14 de marzo de 2014 Inversora M&S, representada por su vicepresidente Carlos Fabián De Sousa, y Los Sauces, representada por su apoderado Osvaldo José Sanfelice, “suscribieron un nuevo contrato de locación, cuyas firmas fueron certificadas por la notaria Bulubasich”.

Al respecto, “no se advierte y tampoco se ha explicado por qué razón se suscribió un nuevo contrato de locación cuando restaba más de un año de vigencia de vínculo y en donde no se modificaban las condiciones de esa porción de contrato que faltaba cumplir, sin perjuicio que al suscribir un nuevo contrato ya no sería Máximo Kirchner quien representaría a la empresa familiar, lo que permitió “quitar” al hijo de los expresidentes como cara visible de la empresa”.

Así entonces, la firma Los Sauces prorrogó por 3 años el contrato de locación con la firma Inversora M&S,desde el 1° de marzo de 2014 al 1° de marzo de 2017, en donde se estipuló que a cambio la locataria abonaría la suma de USD 30.250 más IVA para el primer año, USD 31.250 más IVA para el segundo año y USD 32.250 más IVA para el tercero, cuya valuación en pesos se realizaría con la cotización del BNA del día anterior.

En ese negocio jurídico, remarcó la acusación, la firma Los Sauces le dio en locación el dúplex individualizado como UF 440, letra D,pisos 8° y 9°, con destino exclusivo a oficinas y cinco unidades complementarias (cocheras) por el término de 3 años, contados desde el 1° de abril de 2012, hasta el 31 de marzo de 2015, plazo que se estipuló como “definitivo e improrrogable”.

El precio de la locación se fijó en USD 25.000 más IVA para el primer año, USD 27.500 más IVA para el segundo y USD 30.250 más IVA para el tercero, convirtiéndose a pesos según la cotización del BNA del día anterior.

“Pese a la magnitud del canon locativo y a la posibilidad de incorporar un fiador o garante conforme al art.1582 del Cód. Civil, ni en ese contrato ni en el posterior se estipularon garantías que aseguraran el pago de los alquileres, las expensas y los eventuales perjuicios no cubiertos por el depósito”, expresa el requerimiento.

De esta forma, los indicadores recién explicados permiten cuestionar la autenticidad de tales erogaciones como contraprestación del uso de los espacios comunes del edificio Madero Center, corroborando la sospecha de que en realidad las supuestas locaciones sirvieron en realidad para canalizar la entrega de dádivas a la exmandataria y su familia.

El segundo mecanismo -indica la acusación-, que permitió la canalización de fondos desde la empresa Inversora M&S hacia la firma Los Sauces fue la formalización de alquileres por el dúplex de los pisos 8° y 9° del edificio Madero Center, durante el período comprendido entre los meses de abril de 2012 y marzo de 2016.

Para ello, “con fecha 21 de marzo de 2012, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces, celebró un contrato de locación con la firma Inversora M&S, representada por Carlos Fabián De Sousa en su calidad de vicepresidente, lo que fue instrumentado con certificación de firmas ante la escribana María Bulubasich”.

Para los investigadores no resultan atendibles ni convincentes las explicaciones brindadas por el contador de la sociedad Los Sauces, Víctor Manzanares, y por el empresario Cristóbal Manuel López en orden a la transferencia de fondos por la contratación de estos servicios:

En primer lugar, “porque el inmueble al que se hacía referencia en la facturación emitida a nombre de Inversora M&S —piso 4°, depto. “L”—, ya se encontraba alquilado a título personal por el acusado Carlos Fabián De Sousa y era abonado por la firma Álcalis de la Patagonia, que también pertenecía al grupo Indalo, por lo que el uso y goce de espacios comunes y amenities ya habían sido cedidos. Mal puede alquilarse algo que ya ha sido entregado en locación con anterioridad”, se detalló.

En segundo término, porque entonces “no había necesidad real de alquilar esos espacios, porque el socio Carlos Fabián De Sousa, titular del grupo Indalo, ya ostentaba derechos de uso sobre las mencionadas áreas comunes y servicios. La necesidad real de dicha operación comercial es inexistente”.

En tercer lugar, “porque resulta impensado suponer que un locador pueda arrogarse válidamente derechos de uso pertenecientes a un colectivo y obtener un beneficio patrimonial a título personal. No puede sacarse rédito sobre algo que le pertenece a todos los copropietarios”.

La segunda (factura n° 0001-00000115) fue librada con fecha 14 de mayo de 2010, por la suma de $256.132,80, y habría abarcado nuevamente el alquiler de los espacios comunes y amenities entre el 01/05/2010 y el 30/04/2011, por un valor mensual de USD 4.500 más IVA, a una cotización de la divisa extranjera pautada en $3,92.

Sin embargo, se continuó dando lectura, “el justificativo detrás de la canalización de prácticamente medio millón de pesos —$499.197,60— a favor de la firma Los Sauces no ha encontrado fundamento en ningún contrato de locación o negocio jurídico real que sirva de sustento a esta operación dineraria”.

El primer mecanismo consistió en la facturación de la “locación de espacios comunes y amenities pertenecientes al inmueble piso 4° departamento L, edificio Madero Center, Juana Manso s/n, Lado Este,Dique IV”, durante el período comprendido entre los años 2009, 2010 y 2011”.

La primera de ellas (factura n° 0001-00000015) fue emitida con fecha 18 de mayo de 2009, por un valor de $243.064,80, y habría comprendido el alquiler de los espacios comunes y amenities entre el 01/05/2009 y el 30/04/2010, por un valor mensual de USD 4.500 más IVA, a una cotización de la divisa extranjera pautada en $3,72. Así consta en la acusación.

Ahora bien, se señaló, a los efectos de “justificar en los papeles el flujo de fondos que se canalizó entre el grupo Indalo y la familia Kirchner, la firma Los Sauces e Inversora M&S recurrieron a la utilización de dos mecanismos simulados, que resultaban injustificados para el objeto y magnitud de la empresa y que se cotizaron a un valor más elevado a los precios de mercado”.

Según la investigación, el primero, el alquiler de espacios comunes y amenities en el edificio Madero Center, y el segundo, la locación de oficinas en dicho complejo de Puerto Madero.

Quien se encargó de girar el “dinero en favor de la sociedad de los expresidentes fue el propio Cristóbal Manuel López, quien suscribió al menos cuarenta y dos (42) cheques por los que se canalizaban los cuantiosos fondos hacia la firma Los Sauces, lo cual realizaba en calidad de presidente de Inversora M&S”

Por otra parte, quienes se “encargaron de cobrar los fondos provenientes de la firma Inversora M&S fueron Osvaldo José Sanfelice y su cuñado Alberto Oscar Leiva, quienes depositaron más de diecisiete (17) cheques librados por la empresa en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz”.

A su vez, se continuó leyendo, dentro de la empresa, los expresidentes de la Nación “colocaron a una persona de extrema confianza, a su sobrina Romina de los Ángeles Mercado —hija de Alicia Kirchner y directora de Hotesur y Los Sauces—, lo que demuestra que la nombrada desarrollaba funciones “de los dos lados del mostrador” y que garantizaba, de este modo, el éxito de la maniobra de lavado de activos”.

Así entonces, con el manejo y control de los órganos sociales de la nave insignia de los negocios empresarios del grupo Indalo, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa “conjuntamente con los expresidentes, a través de la firma Inversora M&S, se encargaron de inyectar fondos millonarios a la empresa Los Sauces entre los años 2009 y 2016 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

De esta manera, sostiene la acusación, “como contraprestación por los distintos beneficios recibidos desde el Estado Nacional, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la firma Inversora M&S un total de $11.484.853 más IVA —$13.896.672 final— en el período que va desde el mes de mayo de 2009 hasta el mes de marzo de 2016”.

Sobre este punto, como se desprende del análisis de la estructura societaria utilizada para la ejecución de la maniobra investigada, en la participación societaria de la empresa Inversora M&S —más allá de las acciones a título personal de los encausados— se verifica la concurrencia de otras personas jurídicas, Nitzon Holdings Inc y Fideicomiso CML II, las que como quedará demostrado también eran controladas por López y De Sousa.

Por un lado, Nitzon Holdings Inc es una sociedad constituida en la República de Panamá en el año 2008 por Elizabeth Cornejo Peñalba y Lilian De Muschett —ambas ciudadanas de dicho país—, que fue registrada como sociedad extranjera ante la Inspección General de Justicia de nuestro país a fines del año 2009 —conforme el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales— y su directorio está compuesto por Carlos Fabián De Sousa (director y presidente), Cristóbal Manuel López (director y vicepresidente) y Cristóbal Nazareno López (director y tesorero).

Por otra parte, consta en el requerimiento, la documentación recabada ha permitido determinar que “Fideicomiso CML II presenta a Cristóbal Manuel López como fiduciario del mismo, y a sus dos hijos, Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, como fiduciantes y beneficiarios”.

En virtud de lo expuesto, dijo la fiscalía, “a pesar del complejo entramado societario que incluyó sociedades en el país, en el extranjero y un fideicomiso, es posible sostener que ya sea directa o indirectamente Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa tenían el control accionario mayoritario y la dirección de los negocios de la empresa Inversora M&S”.

En igual sentido, el órgano de administración de Inversora M&S estuvo conformado, entre otros, por Cristóbal Manuel López (presidente) y Carlos Fabián De Sousa (vicepresidente) quienes comandaron el directorio y los negocios de la empresa, encargándose de la suscripción de los contratos de locación simulados y de la canalización de fondos a la firma Los Sauces.

La sociedad Inversora M&S fue constituida en noviembre de 2005 bajo la denominación Oil Minerals y mantuvo ese nombre hasta julio de 2008, cuando sus accionistas resolvieron modificar la razón social y transformar su objeto: “pasó de la explotación minera a las inversiones, servicios de financiación y actividades inmobiliarias y empresariales”, explicaron los fiscales en la acusación..

A partir de esa reconversión, la compañía “quedó bajo el dominio exclusivo de López y De Sousa, posicionándose como una de las piezas centrales del holding al otorgar préstamos cruzados a otras firmas del grupo, adquirir compañías y expandir el espectro general de negocios”.

Debido a su posición estratégica en el conglomerado, Inversora M&S ”recibió entre 2009 y finales de 2015 préstamos multimillonarios girados por empresas del propio grupo que habían sido beneficiadas con contrataciones públicas y ventajas impositivas por parte del Estado, entre ellas CPC y Oil Combustibles”.

Durante todo el período investigado —que abarcó desde enero de 2009 hasta marzo de 2016—, el órgano de gobierno de la firma estuvo integrado exclusivamente por López y De Sousa, quienes concentraron la titularidad directa del 100% del paquete accionario mientras se ejecutaban las transferencias hacia Los Sauces.

Se avanzó con la lectura del requerimiento y se hizo foco en el inquilino principal de los Sauces SA, se escuchó: “El grupo Indalo comprende más de 150 empresas dedicadas a diversas actividades, como el rubro petrolero,construcción, medios de comunicación, ganadería y producción alimenticia. Sus principales titulares y beneficiarios directos e indirectos son Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, quienes ejercen el control efectivo de los paquetes accionarios y participan personalmente en la administración y dirección de los negocios sociales del conglomerado.

Dentro de este entramado comercial, las “firmas Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia participaron de forma directa del esquema de reciclaje, canalizando fondos ilícitos hacia Los Sauces bajo la cobertura legal de contratos de locación sobre propiedades innecesarias para sus fines o pactadas a valores superiores a los de mercado”, sostiene la acusación.

En simultáneo, se detalló, la empresa Idea, perteneciente a Osvaldo José Sanfelice —socio comercial de los expresidentes—, “intervino como intermediaria indirecta al transferir a la inmobiliaria de los Kirchner fondos provenientes de diversas compañías del grupo”.

El requerimiento de elevación a juicio indica: “Lo expuesto hasta aquí permite afirmar fundadamente no solo que el canon fijado implicó la recuperación del valor total de compra del hotel en apenas 5 meses de concesión del establecimiento, sino que además el flujo canalizado a lo largo de 4 años en favor de los expresidentes superó en más de 13 veces el precio por el que la familia Kirchner adquirió el hotel, lo que evidencia la inverosimilitud del negocio y revela la ilicitud de la maniobra ensayada”.

A su vez, al igual que en los contratos suscriptos con las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, la “sociedad de los expresidentes tampoco exigió garantes o fiadores que garantizaran el pago de los cánones contractuales incluso pese a que lo que se estaba entregando era un hotel entero, lo que demuestra el vínculo de extrema confianza entre las familias Kirchner y Báez y la certeza absoluta en el cobro del dinero desde la firma Los Sauces”.

En definitiva, todo lo expuesto permite sostener fundadamente que la cesión de la administración del Hotel La Aldea del Chaltén por parte de Los Sauces a la firma Valle Mitre se trató en realidad de una ficción contractual que fue funcional a la maniobra de lavado de dinero investigada.

Tal es así -se leyó- que una vez que Valle Mitre fue “despojada de la administración de los hoteles de la familia Kirchner, la firma ingresó en un declive hasta que fue finalmente abandonada sin actividad, sin libros societarios y sin presentaciones ante el fisco respecto de su actividad, todo lo cual demuestra que la firma Valle Mitre, lejos de ser una empresa con independencia, fue colocada como explotadora de los hoteles de la familia Kirchner con el objetivo de que cumpliera un rol estratégico y que cuando fue necesaria su salida se la reemplazó por la firma Idea de Osvaldo Sanfelice”.

De esta forma, Valle Mitre como administradora de los hoteles de la familia Kirchner colocó en el mercado $70.949.170,95 proveniente de Austral Construcciones, $1.473.656 transferido desde Kank y Costilla, $497.700 enviado desde Loscalzo y Del Curto, $500.000 procedente de Badial, $662.242,57 proveniente de La Estación, $661.684,72 transferido desde la firma Don Francisco, $234.195,50 enviado desde Alucom Austral, $799.414,08 proveniente de La Aldea del Chaltén y $91.996,42 remitido desde Diagonal Sur.

Así entonces, tras recibir fondos de origen ilícito provenientes de las restantes empresas del grupo Báez, la firma Los Sauces le facturó a la sociedad Valle Mitre por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén un total de $2.836.724, de los cuales $2.344.400 correspondieron al canon neto libre de IVA (v. informe pericial de fs. fs. 2554/2607 y 4847/61 y base “retenciones y percepciones” de AFIP de Los Sauces, alcance SIGEA 13288-945-2016-1, cuya copias obran reservadas en C. 70).

Quien se encargó de girar el dinero en favor de la sociedad de los ex presidentes fue Adrián Berni, quien suscribió prácticamente la totalidad de los cheques por los que se canalizaban los fondos, lo cual realizaba en calidad de gerente general y presidente de Valle Mitre.

Por otra parte, quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Valle Mitre fue Máximo Kirchner, quien depositó más de trece (13) cheques librados por la empresa por los montos de $68.209,50 y $45.497 en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz. (v. copias de cheques y documentación bancaria reservada en las C. 48 y C. 50).

A través de esta ingeniería, Valle Mitre absorbió más de 70,9 millones de pesos de Austral Construcciones y cientos de miles de pesos provenientes de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom Austral, La Aldea del Chaltén SA y Diagonal Sur.

Así lo expresa el requerimiento: “Con ese flujo de dinero espurio, Los Sauces le facturó a Valle Mitre un total de $2.836.724 ($2.344.400 netos de IVA) por la locación de La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Los pagos eran emitidos casi en su totalidad mediante cheques librados por Berni y depositados directamente por Máximo Kirchner en la cuenta corriente de la inmobiliaria en el Banco Santa Cruz”.

El alquiler se justificó a través de un contrato formal firmado el 30 de mayo de 2009 entre Osvaldo Sanfelice (por Los Sauces) y Berni (por Valle Mitre) por un plazo de 12 meses prorrogable a un canon inicial de 10.000 dólares mensuales y luego de 15.000 dólares más IVA, convenio que habría sido renovado en 2011 y 2012 mediante instrumentos sin certificar.

Los números revelaron la “absoluta inverosimilitud del negocio: en apenas cinco meses de alquiler Los Sauces recuperó el valor total invertido en la compra del hotel, y en cuatro años percibió transferencias que superaron en más de trece veces el precio original abonado por el inmueble. Además, jamás se le exigieron garantías ni fiadores a la gerenciadora pese a entregar la explotación de un hotel completo”.

Tras el estallido público del vínculo comercial en mayo de 2013, Valle Mitre fue despojada de los establecimientos, cayó en abandono sin libros ni balances y fue reemplazada por la firma Idea, de Sanfelice.

Entre las maniobras calificadas como “ficticias” por los fiscales, firmas como Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto “alquilaron habitaciones en el Alto Calafate para obreros viales asignados a obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, lo que hubiera demandado traslados diarios inviables de ocho horas”.

Paralelamente, empresas como Don Francisco y La Estación “pagaron salones para supuestas promociones de productos de YPF sin conocimiento de la petrolera estatal, mientras Austral Construcciones y Alucom Austral contrataron asesorías millonarias en hotelería y marketing a una firma sin personal idóneo, o le encomendaron a una gerenciadora gastronómica la construcción de un complejo turístico por más de 2,5 millones de pesos”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que la estructura corporativa de Valle Mitre, se completó con un esquema en “espejo al órgano de administración de Hotesur: intervinieron Patricio Pereyra Arandia (yerno de Alicia Kirchner y director de Hotesur) en la fiscalización, Alejandro Fermín Ruiz (director suplente de Hotesur) como apoderado, y César Gerardo Andrés (contador de las firmas de Báez) en la contabilidad”.

La misión primordial de Valle Mitre -entendieron los investigadores- fue “operar como empresa pantalla y vaso comunicante entre las firmas contratistas del grupo Báez y los establecimientos hoteleros de los Kirchner, canalizando sumas millonarias bajo contratos de servicios simulados para solventar tanto los cánones locativos como los costos corrientes de explotación”.

Esa reactivación comenzó en 2007, cuando la firma —integrada entonces por Albornoz y su esposa Edith Gelves— empezó a recibir transferencias de Austral Construcciones por la explotación del restaurante La Usina en Santa Cruz, “con el fin deliberado de otorgarle movimiento comercial”.

Pese a carecer por completo de experiencia y capacidad económico-financiera en el rubro, Valle Mitre fue “colocada de inmediato como gerenciadora de tres hoteles de la familia presidencial: la hostería Las Dunas (de Néstor Kirchner), el hotel Alto Calafate (de Hotesur) y el hotel La Aldea del Chaltén (de Los Sauces)”.

En septiembre de 2009 la empresa pasó a ser sociedad anónima y, en diciembre de ese año, Albornoz y Gelves vendieron la mayoría de las acciones, formalizando el ingreso directo de Lázaro Báez con el 46% del capital social y de su hijo Martín con otro 46%, reteniendo Albornoz el 5% y Adrián Berni el 3%, quien asumió además la presidencia.

Con el avance de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se brindó detalles sobre otra compañía de Lázaro Báez que se consideró un eslabón central a la hora de concretar las operaciones de blanqueo.

La firma Valle Mitre fue constituida el 30 de abril de 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta, con un capital social mínimo de 12.000 pesos suscripto en partes iguales.

Aunque su objeto social abarcaba el alquiler de vehículos, gastronomía, transporte y turismo, y con los años su “principal actividad real fue gerenciar los hoteles de los expresidentes, en sus balances declaró llamativamente como rubro principal los servicios de restaurante”.

Pese a estar formalmente inscripta, la sociedad permaneció inactiva hasta 2007 sin libros contables obligatorios, sin balances y sin empleados registrados: operó como una típica sociedad de estantería (shelf company), “creada para quedar a disposición hasta ser activada repentinamente en un negocio posterior”.

En las más de 260 páginas del requerimiento de elevación se señaló: “La comparación de los números resulta elocuente. Al confrontar el período que va desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2016, Los Sauces percibió $378.200 de los nuevos inquilinos frente a los $533.610 que hubiera obtenido de mantener el contrato vigente con Austral Construcciones”.

Esa brecha salarial ratifica que las empresas viales abonaban sobreprecios superiores al 41% para inyectar recursos espurios. A su vez, mientras a los particulares se les impuso la presentación de dos fiadores solidarios por contrato, a la constructora de Báez jamás se le requirió garantía alguna, amparados en la confianza del vínculo societario.

Finalmente, la gestión, cobranza y eventual reclamo de los alquileres de los nuevos ocupantes fueron delegados formalmente en la firma Negocios Inmobiliarios, un paso administrativo que jamás se utilizó durante la relación con las compañías del grupo Báez. Para la fiscalía, estas anomalías prueban que los acuerdos comerciales previos constituyeron una puesta en escena para justificar retornos, permitiendo trazar de punta a punta la ruta del dinero desde el fraude a la obra pública vial hasta su acreditación final en las cuentas de la familia Kirchner.

Para los investigadores, el cotejo entre los acuerdos pactados con el grupo Báez y las locaciones suscriptas con inquilinos comunes “expone con nitidez la maniobra de blanqueo y refuerza la acusación penal”.

Tres indicadores centrales dan cuenta de esta diferencia: el reemplazo de los locatarios por particulares que dejaron una rentabilidad 41% menor, la repentina exigencia de garantías y fiadores que antes no se pedían a las constructoras, y la decisión de delegar en terceros la administración y el cobro de las mensualidades.

En ese marco, el 9 de marzo de 2016 Romina de los Ángeles Mercado, presidenta de Los Sauces, firmó contratos de alquiler por los cuatro departamentos con vigencia retroactiva desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2017: el departamento 1 fue alquilado a Sebastián Martín Varela y Rocío Ximena López; el 2, a Melisa Soledad Soria; el 3, a Cristian Rodrigo Vargas y Vanesa Soledad González; y el 4, a Rubén Fabián Barcia. Las condiciones económicas fijaron un canon de $6.000 mensuales para el primer año y $7.500 para el segundo, valores sustancialmente menores a los que desembolsaba la empresa de Báez.

Los acusadores explicaron en el requerimiento que en octubre de 2015, en plena coyuntura de las elecciones presidenciales que pusieron fin a los doce años de mandato de Néstor y Cristina Kirchner, Los Sauces resolvió rescindir de manera intempestiva su vínculo comercial con Austral Construcciones, tal como lo había hecho antes con Kank y Costilla.

“A través de esa operatoria previa con la principal contratista vial del Estado, la inmobiliaria familiar había legitimado un total de $323.915,79”, se consigna en el requerimiento.

A partir de esa ruptura, la sociedad decidió alquilar los departamentos a particulares ajenos a la estructura de los empresarios afines, con la meta de ingresar fondos genuinos que se mezclaran con aquellos de origen ilícito.

Con el propósito de justificar este flujo de fondos, se escuchó durante la audiencia, “Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces, y Martín Báez, por Austral Construcciones, celebraron en enero de 2015 un contrato de locación por el edificio de la calle Moreno 882 en Río Gallegos”.

En ese acuerdo convinieron el alquiler de los cuatro departamentos por dos años —desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016— por un canon de $27.000 más IVA para el primer año y $30.000 más IVA para el segundo, lo que representaba pagos mensuales de $32.670 y $36.300, respectivamente.

Los pagos se materializaron mediante cheques librados por Martín y Luciana Báez en su carácter de apoderados, los cuales terminaron depositados en la cuenta corriente que la sociedad de los exmandatarios operaba en el Banco Santa Cruz.

A la par de estos giros y de la cesión gratuita de terrenos en Río Gallegos, Austral Construcciones intervino en el circuito hotelero a través de contrataciones simuladas en el hotel Alto Calafate. Por esa vía, la constructora canalizó fondos públicos hacia la gerenciadora Valle Mitre para que luego fueran volcados a Hotesur, firma perteneciente a la familia Kirchner. Entre 2007 y 2015, Valle Mitre le facturó a Austral Construcciones un total de $70.949.170,95, consolidando un mecanismo indirecto de inyección de dinero ilícito al patrimonio familiar.

Dice la acusación fiscal que una vez que Loscalzo y Del Curto culminó su contrato con Los Sauces en diciembre de 2014, Báez “modificó el canal de transferencias hacia Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. A partir de enero y hasta octubre de 2015 recurrió directamente a Austral Construcciones para remitir los fondos derivados del fraude al Estado”.

Según la pesquisa conexa del caso Vialidad, ACSA había percibido entre 2003 y 2015 más de 6.698 millones de pesos ($6.698.062.565,08) por 31 contratos viales asignados de forma irregular en Santa Cruz —a los que se sumaron otros 693 millones en UTE con firmas del mismo grupo—, tras haberse constituido en mayo de 2003 con un capital mínimo de apenas 12.000 pesos.

Bajo este esquema que los fiscales calificaron de “reciclaje”, Austral Construcciones “aplicó parte de esos fondos para engrosar el patrimonio de la familia presidencial: durante los diez meses en que sostuvo el vínculo directo, transfirió un total de $323.915,79 a favor de la inmobiliaria Los Sauces”.

Quienes estuvieron a cargo del órgano de gobierno en el período investigado fueron Lázaro Báez (95%) y Martín Báez (5%), mientras que el órgano de administración se mantuvo en cabeza de Julio Enrique Mendoza, quien asumió como presidente en 2004 y permaneció como máxima autoridad durante toda la operatoria.

Al tratarse de una firma con gran volumen de operaciones, contaba con diversos apoderados para celebrar contratos de obra pública y concretar maniobras inmobiliarias y bancarias.

Esta tarea recayó principalmente en los hijos de Báez —Leandro Antonio (designado director suplente en 2012), Luciana Sabrina y Martín Antonio—, en personas de su extrema confianza como Martín Samuel Jacobs y Fernando Javier Butti, y en apoderados como Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti.

En tanto, la contabilidad integral estuvo siempre a cargo de César Gerardo Andrés, profesional de confianza que llevaba los balances de todo el grupo económico, incluidas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre.

Austral Construcciones S.A fue creada por Lázaro Báez el día 8 de mayo de 2003, quien constituyó la empresa —dos semanas antes que Néstor Kirchner asumiera como Presidente de la Nación— conjuntamente con otros dos socios 10 y mediante el aporte de tres mil pesos 12.000).

A partir de allí, gracias a haberse convertido en la mayor contratista de obra pública vial en Santa Cruz durante los doce años en que Néstor y Cristina Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, Austral Construcciones (ACSA) se transformó en la principal empresa de Lázaro Báez.

Por secretaría se continuó dando lectura al requerimiento de elevación, que sostiene que la firma fue utilizada para “inyectarle dinero ilícito a Los Sauces mediante el alquiler de propiedades”.

Pese a los años de continuidad de la relación comercial, el requerimiento detalla el punto de inflexión.

A partir de enero de 2015 la locación del edificio de la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos como “justificación para el lavado de activos fue transferida a la principal empresa del Grupo Báez, Austral Construcciones, la que alquilaría el inmueble hasta el mes de octubre de 2015 —en consonancia con la situación de Kank y Costilla—, pues a partir de allí las empresas de Lázaro Baéz dejarían de girarle dinero a los ex presidentes, al menos en este mecanismo de lavado de dinero”.

Con todo esto, dice la acusación, es “posible afirmar que el contrato no fue más que una mise en scene a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde Loscalzo y Del Curto hacia la firma Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente —esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial— hasta que el mismo era colocado en la empresa Los Sauces por el alquiler de departamentos de la familia Kirchner, lo que permite sostener la hipótesis planteada por este Ministerio Público Fiscal”.

Se leyó durante la audiencia que la relación contractual entre la familia Kirchner y Lázaro Báez “continuó incluso después de la muerte del ex mandatario en octubre de 2010, ya que Los Sauces —cuyos accionistas eran Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner— renovó el vínculo desde el 1 de enero 2011 hasta finales de 2014, supuestamente mediante otros dos contratos de locación”.

Así, la primera prórroga por el edificio de la calle Moreno n° 882 habría comprendido el período del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por $18.000 más IVA para el primer año y $20.000 más IVA para el segundo, esto es $21.780 y $24.200, respectivamente.

Luego, Máximo Kirchner, en nombre de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de Loscalzo y Del Curto, “habrían suscripto una nueva prórroga por el término de dos años, desde el 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, por $22.000 más IVA para el primer año y $24.500 más IVA para el segundo, esto es $26.620 y $29.645, respectivamente”.

Finalmente, en diciembre de 2014, Loscalzo y del Curto concluyó su vínculo con Los Sauces, tras 6 años de relación comercial durante los cuales transfirió un total de 1.691.580 versus $1.466.012,31”.

Para el Ministerio Público Fiscal, no solo la fecha en la que se celebró la contratación, el monto del convenio y los firmantes del acto jurídico “resultan idénticos a las del acuerdo firmado con Kank y Costilla (otra empresa de Báez) por el alquiler del edificio sito en la calle Alvear n° 391 de Río Gallegos, sino que ambos documentos contienen la misma redacción”.

En ese sentido, se explicó que solamente se modificó la representación del locatario —que fue Loscalzo y Del Curto en lugar de Kank y Costilla—y la ubicación del inmueble a alquilar.

Conforme surge del contrato, Los Sauces “entregó en locación a la constructora de obra pública vial cuatro departamentos por un plazo “definitivo e improrrogable” de 2 años, desde el 1° de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, por 16.000 mensuales más IVA—19.360 finales—.

Los peritos contadores expresaron en su informe que el flujo de fondos directo desde la firma Loscalzo y Del Curto a la empresa Los Sauces se llevó a cabo de la siguiente forma: Quienes se encargaron de girar el dinero en favor de la sociedad de los ex presidentes fueron Lisandro Donarie —sobre quien pesa una falta de mérito—, Martín Samuel Jacbos, Emilio Martín, Claudio Bustos, Leandro Báez, Luciana y Martín Baez, quienes suscribieron alternadamente al menos cuarenta (40) cheques por los que se canalizaban los fondos hacia la firma Los Sauces”.

Esto lo realizaban, dice la acusación, en calidad de apoderados. Por otra parte, “quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Loscalzo y Del Curto fue Máximo Kirchner, quien depositó más de 35 cheques librados por la empresa en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz”.

La acusación de los fiscales ilustra la situación con algunos ejemplos: “A los efectos de justificar este flujo de fondos, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces y Martín Jacobs en representación de la empresa Loscalzo y Del Curto, celebraron un primer contrato de locación el penúltimo día del año 2008 —el 30 de diciembre— a través del cual se instrumentó el alquiler del edificio de la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.

A su vez, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, “no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participó en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera, para lo cual a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre”.

El paso siguiente de ese circuito, se leyó, “era aplicar el dinero a la actividad hotelera en beneficio de la firma Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, tal como se pudo demostrar en el marco de la causa conexa n° 11.352/14”.

De esta manera, la firma Valle Mitre le facturó a Loscalzo y Del Curto, en concepto de alquiler de habitaciones en el Hotel Alto Calafate, un total de $497.000 más IV A —$602.217 final— entre julio y diciembre del 2010, lo que permitió a su vez un segundo mecanismo de inyección de fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial —esta vez indirecto—”.

Así, la constructora del Grupo Báez que resultó adjudicataria de una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte del esquema de corrupción analizado en el marco de la causa n° 5048/16 y que resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas.

Esta empresa, “fue otra de las empresas que inyectó fondos ilícitos a la firma Los Sauces desde el mes de enero del año 2009 y hasta el mes de diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

De esta forma, consta en la acusación, “una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma Los Sauces, que como informaron los peritos contadores intervinientes en estos actuados, permitió que la sociedad de la familia Kirchner le facturara a LOSCALZO Y DEL CURTO un total de $1.398.000 sin IV A —$1.691.580 final— en el período que va desde el mes de enero de 2009 hasta el mes de diciembre de 2014”.

Sin embargo, se leyó durante la audiencia, según se pudo demostrar, la “presencia de personas de confianza de Lázaro Báez en los órganos de gobierno y administración de la empresa se encontró garantizada mucho tiempo antes, en tanto Fernando Javier Butti —autoridad y apoderado de numerosas empresas del Grupo Báez— ostentó desde el año 2006 y hasta el 2009 el 50% del capital accionario de la empresa, y fue gerente y administrador durante ese mismo período temporal”.

A su vez, desde el 2 de noviembre de 2005, “existía un poder general amplio de administración a favor de Fernando Javier BUTTI y Martín Samuel JACOBS para que representaran y operasen en nombre de la empresa Loscalzo y del Curto lo que evidencia que ya en el año 2005 esta firma formaba parte del conglomerado societario del Grupo Báez”.

Finalmente, en el año 2011, la composición social de la empresa fue modificada, cuando Martín BÁEZ mantuvo su participación social del 90% e ingresó su hermano, Leandro BÁEZ, quien adquirió el restante 10% de la empresa, colocándose ambos como gerentes de la S.R.L”.

Por secretaría se continuó leyendo los lazos comerciales entre la empresa de la familia Kirchner y el Grupo Báez.

Sobre Loscalzo y Del Curto Construcciones, otra de las empresas contratistas del Estado Nacional que es propiedad de Lázaro Báez, se determinó que “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”.

Su actividad principal consistió en la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.

El órgano de gobierno de la firma Loscalzo y Del Curto, quedó integrado formalmente por el Grupo Báez desde el año 2009 cuando el paquete accionario fue adquirido en un 90% por Martín Báez y 10% por Emilio Martín—quien también era socio de los nombrados en la firma Invernes S.A. y apoderado de Austral Construcciones—, mientras que el órgano de administración quedó en cabeza de Martín Báez, quien ostentó el cargo de socio gerente de la empresa.

El andamiaje delictivo requirió una ingeniería societaria y notarial cerrada ejecutada por personas del círculo íntimo, con Máximo Kirchner ejerciendo la presidencia unipersonal de la firma y concentrando la firma de contratos y balances familiares. La estructura contó además con el contador Víctor Manzanares para encuadrar las cifras en las declaraciones juradas oficiales, los escribanos Leandro Albornoz y Jorge Ludueña en la cobertura notarial, y la actuación cruzada de Romina Mercado y Osvaldo Sanfelice, quienes figuraban como directivos y apoderados de la empresa familiar mientras cobraban sueldos de las compañías inquilinas del Grupo Indalo.

La acusación profundizó la simbiosis comercial directa entre los expresidentes y Lázaro Báez mediante maniobras de triangulación de tierras y fondos públicos. La pesquisa detalló cómo el matrimonio Kirchner adquirió bienes con dinero transferido por el contratista, aportó a la sociedad terrenos valuados oficialmente en más de 800 mil pesos a un valor ficticio de 13.500 pesos, y encomendó al propio Báez la construcción de edificios que luego el empresario alquiló en su totalidad a través de sus firmas viales, cerrando un circuito continuo donde actuó en simultáneo como beneficiario estatal, constructor privado y locatario cautivo.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio expuso severas inconsistencias que desmoronan la apariencia de una inmobiliaria legalmente constituida. La compañía careció de una sede comercial real, nunca evaluó la solvencia ni el perfil de sus inquilinos y funcionó sin empleados durante sus primeros cuatro años de existencia; cuando finalmente registró personal dependiente en su nómina salarial, incluyó de forma insólita al jardinero personal de Cristina Kirchner y a su hija Florencia Kirchner para aparentar actividad.

A estas irregularidades operativas se sumó un manejo contable en abierta infracción a las normativas legales, documentado por los peritos oficiales del cuerpo técnico judicial. Los libros sociales y registros contables incautados evidenciaron folios anulados con la inscripción "erróse", tachaduras, asientos no correlativos, registraciones previas a la rúbrica de los libros y una absoluta ausencia de comprobantes sobre movimientos de fondos, contratos originales de locación y balances posteriores al ejercicio 2014.

Durante la audiencia de la semana pasada, se describió un plan delictivo sistemático extendido entre 2003 y 2016, donde la exfamilia presidencial operó a ambos lados del mostrador: garantizó millonarios contratos de obra pública y beneficios impositivos desde el Estado para luego percibir retornos privados. La hipótesis acusatoria conecta de manera directa este juicio con el expediente de Vialidad y las ventajas otorgadas al Grupo Indalo, señalando que los fondos ilícitos obtenidos por Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa constituyeron el delito precedente indispensable para el posterior blanqueo de activos.

Bajo esa estructura de retornos encubiertos, más de 110 millones de pesos a valores históricos fueron canalizados hacia las sociedades familiares a través de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras. En el caso puntual de Los Sauces SA, más del 88% de su facturación dependió exclusivamente de las empresas de Báez y de López, quienes arrendaron inmuebles desvinculados de su giro comercial —como departamentos y amenities en el complejo Madero Center— a precios por encima del mercado para justificar el ingreso de divisas a las cuentas presidenciales.

El pasado lunes se leyó el tramo de la acusación que enumera cronológicamente las irregularidades que prueban la maniobra de los Kirchner para lavar dinero con la inmobiliaria.

La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas -Los Sauces y Hotesur- funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.

El requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, cuya lectura comenzó el viernes en la primera audiencia del juicio oral y continuó este lunes, reforzó el concepto del que siempre buscó desligarse Cristina Kirchner. Las acusaciones ubicaron a Lázaro Báez no solo como el mayor contratista vial de Santa Cruz, sino como el “amigo personal y socio comercial de los ex presidentes”. La acusación judicial expuso todas las operaciones que unieron el patrimonio del Grupo Austral con el de la familia Kirchner.

Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner.

La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.

El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.

A partir de las 10 de la mañana continúa el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.

A la cabeza de las acusaciones se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto a la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta.

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