Milei bajo presión: entre el corset de Trump y la negociación clave con los gobernadores

El ensayo de Javier Milei por convertirse en líder internacional chocó nuevamente con los vientos externos. El triunfo de Lula en Brasil lo dejó atrapado y en soledad. Su salida política fue coordinar con Estados Unidos una operación de escape de Flavio Bolsonaro, intervención que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, negó. No pudo celebrar la elección en Israel, y tampoco logró sacar provecho en España, viaje que resultó más rentable para Pedro Sánchez que para sus aliados de ultraderecha. Pasado mañana se expone a un cimbronazo si los comicios de medio término terminan confirmando una merma considerable del poder de Donald Trump.

La consecuencia inmediata será una suba aún más pronunciada del riesgo país, que ya llegó casi a los 800 puntos, quedando en 790 el viernes, el nível más alto desde octubre de 2025. El Gobierno vive en una tensión permanente. El año electoral se le adelantó con valores que se parecen mucho más al momento de los comicios legislativos y la derrota en la provincia de Buenos Aires que a un año que debería haber sido de relativa calma. Milei alimenta ese estado de conflicto eterno.

A la ya tirante relación que mantenía con Brasil, Mieli le sumó uno de los actos más hostiles que la diplomacia pueda ejecutar. Sus consecuencias, a esta altura, dependen más de Lula que de Milei. Hasta ahora no se ha resentido el comercio bilateral. Se mantiene la tendencia estructural deficitaria para la Argentina por el volumen comercial, pero el país tiene una protección especial en la industria automotriz, el acuerdo de complementación económica 14, que Lula podría poner en juego ahora. No lo hizo durante estos casi tres años de convivencia forzosa con Milei. Los analistas de un lado y otro sostienen que es poco probable que juegue esa carta, pero Milei puso en riesgo décadas de trabajo diplomático.

El mayor interesado en mantener y renovar el acuerdo debería ser la Argentina. Hoy están cortados los lazos. No hay diálogo. Tampoco coordinación, fundamental, por ejemplo, para sortear con cierto margen la devaluación del real que se dio en Brasil. La última renovación fue en 2019, por 10 años. Ambas cancillerías deberían estar negociando de nuevo, sobre todo porque cualquier inversión demora entre 3 y 5 años en tomarse y ejecutarse, y los industriales necesitan saber que ese escenario no cambiará. Hay preocupación porque incluso antes de las elecciones, nadie se había sentado a discutir. El acuerdo establece que por cada dólar que la Argentina le exporta a Brasil, el país vecino puede hacerlo hacia acá sólo por 2. Ya el pacto tiene pasos de actualizaciones, que llevarán a que la diferencia sea 3 dólares en 2029. Esa protección a la industria automotriz podría ser un motivo de represalia. Lo que más llama la atención de los analistas internacionales es que tampoco al gobierno de Milei parecería importarle demasiado proteger esa industria, como ninguna industria. La relación bilateral siempre se sostuvo con consensos lógicos, incluso en el mandato de Mauricio Macri, que Lula se encargó de poner de manifiesto en su respuesta al ex presidente, que había celebrado su triunfo. Entonces, el mayor desaire fue que Macri fue reticente al liderazgo internacional de Lula vía el crecimiento de los Brics. “Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, atendió Lula a Milei en el intercambio con Macri. El ex presidente no puede entender la política exterior del Gobierno. Es una de las áreas que más le cuestiona, y por la que pujó bastante cuando comía milanesas en Olivos. Nunca logró convencer a Milei. Dirigentes del entorno de Macri se sorprenden de ver a Pablo Quirno, un hombre que venía del PRO, en un rol secundario en la toma de decisiones. El lugar soñado de Macri se lo regaló Lula. “Es lo que siempre le dijimos”, refuerza un allegado al ex presidente.

El otro punto de posible conflicto se podría dar en la Agencia de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, un organismo binacional que garantiza que los materiales e instalaciones nucleares de ambos países se empleen exclusivamente con fines pacífico. Este modelo es único en el mundo. Sólo existen acuerdos entre países y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pero no entre dos países. A pesar de las tensiones, hoy funciona en piloto automático, pero la distancia política hace que no se avance en su desarrollo. Por un lado, el organismo pierde peso internacional, pero sobre todo se pone en juego en momentos en que Brasil avanza en la construcción de un submarino nuclear.

Milei sigue sin reconocer al gobierno de Brasil y se especula por estas horas qué decisión tomará si Bolsonaro se autoproclama presidente desde los Estados Unidos. Hizo un primer intento que después desactivó, pero el viernes a la noche lanzó un inquietante mensaje al advertir que volvería a competir en elecciones pero que para eso no esperaría al próximo turno electoral, en 2030.

Una encuesta que publicó ayer O Globo reflejó que 3 de cada 4 electores del Partido Liberal no respaldan el “texto golpista”, así califican la primera carta de Bolsonaro, y sostiene que sólo el 38% lo defendió, abonando el aislamiento de ese sector político. Milei, en su guerra permanente, abre y deja otro conflicto sin resolver.

Mientras tanto se acumulan alrededor del Presidente las presiones internas. Santiago Caputo quedó en el ojo de la tormenta por las dudas sobre su rol en la fuga. Tendrá que dar explicaciones el jefe formal de la Secretaría de Inteligencia, Cristian Auguadra, a la comisión bicameral de control y seguimiento de los organismos de inteligencia. Se supone que las reuniones y los pedidos que ingresan a ese organismo son secretos. En este caso se hizo público que Unión por la Patria había pedido su presencia. El cuerpo está presidido por Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei. ¿Quién lo filtró?, se preguntan con suspicacia en el Congreso. Caputo es el jefe de Auguadra. El asesor presidencial es el más comprometido si la Justicia avanza en investigar cómo se financió la salida de Bolsonaro y si se usaron recursos públicos para la operación. La trama de lo que pasó dejó en evidencia una cancillería paralela, ya no una embajada, como en otros tiempos. Pero desnudó además vínculos de Caputo con sectores marginales norteamericanos, por fuera de los carriles formales de la diplomacia. Caputo se expuso a ubicarse en la escena, una extrañeza para un mago al que no se le deberían ver los hilos. Lo más llamativo del caso es que nadie defendió las razones por las que la Argentina colaboró para la huida de Bolsonaro, una suerte de actitud culposa de quien se sabe en falta.

Hace rato que el Gobierno promueve políticas sin vocero. No hay narrativas que convenzan. Le pasó con la ley de tierras la semana pasada, cuando nadie pudo defender que estaban reponiendo una norma de Cristina Kirchner, y lo repitieron el miércoles pasado con los cambios que debieron hacerle al proyecto de soberanía nacional para cumplir con las exigencias norteamericanas. En el debate de comisión sólo Damián Arabia terminó llevando el caso, para exponer los cambios. Antes había hablado otro diputado, Federico Pelli, por Tucumán, y cerró Lisandro Almirón. No llevaron a ningún especialista a defender la ley en las cinco reuniones que se hicieron. Sólo estuvo la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Todas las exposiciones fueron críticas del proyecto. Martín Menem sólo juntó los votos, pero evitó exponerse. La suerte final del sueño de Caputo se verá en plena sesión. Está previsto que se lleve al recinto el 18 de noviembre. El oficialismo consiguió las firmas gracias a los aliados, que lo hicieron en disidencia. El debate por estas horas en todos los bloques de la oposición es cómo votar: quedaron atrapados por el Gobierno, que colocó en el capítulo 1 toda la defensa y sanciones por la explotación petrolera y de recursos naturales en Malvinas e incorporó un control estatal sin precedentes vía la creación del Consejo de Seguridad Nacional en el resto de los artículos. Tendrían que votar a favor en general y oponerse en particular.

Paradójicamente, en el proyecto de soberanía nacional se impuso Estados Unidos y el oficialismo aceptó limitar las sanciones para empresas y fondos de inversión que tengan una porción minoritaria, de hasta el 2%. Antes entraban todas. Y no sólo eso. Con los cambios, cualquier empresa podrá argumentar que no sabía. “Se dan garantías para quienes desconocieran un sentido ilícito”, explicó Arabia cuando anunció las modificaciones. El oficialismo todavía tiene que construir su mayoría para aprobarlo. Seguramente habrá más cambios, como el artículo 111 que establece penas de prisión de cinco a doce años para quienes intervengan en campañas de desinformación masiva financiadas por actores extranjeros. Todo decidido por el Poder Ejecutivo con un posterior control del Congreso, que se incorporó en el debate de comisión. “Que no nos pase lo mismo que con morosidad”, apunta una diputada aliada. Son más de 15 días para negociar.

Otra vez los gobernadores estuvieron dispuestos a jugar con Milei. Los misioneros y los catamarqueños, que se habían acercado al peronismo, ahora acompañaron al Gobierno. El dato más llamativo fue la firma de Pablo Farías, del socialismo de Santa Fe. Se lo pidió el gobernador Maximiliano Pullaro. Ni siquiera estaba en juego el número, pero firmó igual. Necesitaban 54 diputados y tuvieron 60. Pullaro intervino de hecho el bloque de Provincias Unidas. Juega también su propia interna provincial. Hace tres semanas que tiene trabado en la legislatura un nuevo proyecto de seguridad que no logra los votos ni de los propios. Ya había quedado expuesto en el debate del DNU 70 cuando aportó la última firma que faltaba para el dictamen de mayoría del oficialismo.

La interna Karina-Caputo también tiene su correlato en la previa al debate por la eliminación de las PASO. Mientras el asesor presidencial generaba uno de los hechos de mayor tensión política con su principal socio comercial, Karina Milei se rodeaba de 13 gobernadores en Rosario, en la presentación de la ronda de negocios del RIGI para la producción nacional. Pullaro fue el anfitrión. El contraste es notorio. La secretaria general avala la posibilidad de acordar con los mandatarios mientras Caputo ampara a los rebeldes. Ocurrió con Luis Petri. Buena parte del acuerdo con los gobernadores radicales está trabado en Mendoza. Petri se refugió en el asesor presidencial para conseguir que no lo bajen de la candidatura. El actual mandatario, Alfredo Cornejo, viene reclamando eso a cambio de apoyar al Gobierno. En Mendoza tomaron nota de que toda la maquinaria digital de Caputo salió a levantar a Petri. “No es nuestro candidato”, respondieron desde el ala karinista cuando pudieron explicaciones. Están seguros de que hubo difusión de contenidos de Petri por la agencia que maneja Caputo.

El radicalismo le cambió la estrategia a Diego Santilli. Ahora negocia en bloque, cansados de la falta de acuerdos. Quedó al mando el ex gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. “Nosotros no cerramos hasta que no cierren los radicales”, dicen en el PRO de Macri. La cuestión está más trabada en el primer anillo de aliados que en el ampliado. Todos los actores consultados sostienen que el proyecto va a salir, pero al apuro del Gobierno, los gobernadores le contestan con paso de tortuga. Es la última oportunidad de negociar que tienen y la quieren aprovechar. Primero está el Presupuesto, que irá al recinto el 25 de noviembre. La reforma política quedará para sesiones extraordinarias. Ya no hay tiempo. Sólo se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre.

El Gobierno tiene un cuello de botella. Como quien no llega a fin de mes. No es literal y se las arregla para seguir, pero con una agenda que no es propia. En Diputados se le acumula aún el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Defensa de la Soberanía, Presupuesto y Biocombustibles. En el Senado esperan el nuevo régimen de patentes, Super RIGI y reforma política. Patricia Bullrich dio media sanción esta semana a un proyecto del radicalismo que tocará la caja de Luis Caputo. Prevé beneficios fiscales para pequeñas empresas.

Los aliados necesitan algún reaseguro de que no habrá competencia por las reelecciones de los gobernadores, un pacto imaginario, una suerte de pagaré. Pero además, necesitan un dique de contención para los distritos donde no gobiernan pero pueden tener candidatos competitivos, incluso por encima de los dirigentes libertarios. Un ejemplo es Córdoba, con Rodrigo De Loredo. También apuntan a La Pampa, Catamarca y Misiones. La pregunta que se hacen los gobernadores es por qué deberían rifar su marca. Vuelve el proyecto de colectoras. Es la única opción viable para contener hacia abajo. También está trabado Jujuy. Los liberarios presentan a Ezequiel Atauche, más vinculado a Caputo, y al diputado del Tesla, Manuel Quintar, aliado de Karina.

En el PRO todavía desconfían, pero sostienen que está cerrado el acuerdo en la Ciudad para la reelección de Jorge Macri. Cambia el logo y el nombre, todo pasa de amarillo a violeta, pero dicen, tienen la palabra de que se respetará esa candidatura.

Nadie quiere poner la firma por adelantado. Sobre todo en momentos en que la economía no da señales de recuperación. Macri también quiere esperar a ver cómo evoluciona el juego de Patricia Bullrich. No descarta a nadie, solo a él, que no quiere ser candidato. En el PRO dicen que también está listo el acuerdo en Chubut y Entre Ríos, los otros dos distritos que gobiernan. Como el radicalismo, el momento de hacerlo esperar a Santilli y a Milei es ahora. Nadie se quiere adelantar.

Ayer se conocieron los anticipos sobre recaudación. Según el economista Nadin Argañaraz, la recaudación nacional de IVA de octubre habría caído un 7,6% real interanual. Se acumularían doce meses consecutivos de caídas reales interanuales, desde noviembre de 2025. La demanda de dólares no merma. En septiembre se compraron USD 3410 millones, un 1,3% superior a agosto. La cantidad de cheques rechazados creció 30% en septiembre. Equilibra adelantó una inflación de 1,8%, hacia la baja, pero el Gobierno anunció el aumento tarifarios para servicios de electricidad y gas que podría ponerle más presión. Como herramienta a mano sólo atinó a postergar un mes más la suba del impuesto a los combustibles. Luis Caputo anunció que no se mueve de su plan, para desmentir diferencias con el Presidente. Las diferencias son con la mesa política, que sin reactivación económica, ve cada vez más difícil una recuperación de expectativas.

Según Pulso Research, la evaluación de la gestión de Mileí alcanzó un 66,4% de rechazo contra un 28,9% de aprobación. Eso es lo que reclama el ala política. Le queda un año para corregir, pero ni Milei ni Caputo quieren tocar nada. Cuentan con un valor agregado, que por ahora es su gran aliado. Ante la pregunta abierta, esa misma medición arrojó que si se consulta por quién es el líder de la oposición un 43,5% responde “nadie”.