La política no se hace con algoritmos
La victoria de Lula suele explicarse por la eficacia de una estrategia digital. Es una variante del determinismo tecnológico: las plataformas aparecen como protagonistas y desaparecen las condiciones sociales, los intereses materiales y los sujetos colectivos que hacen posible una mayoría.
Las redes son un terreno decisivo de la disputa: permiten instalar temas y llegar a públicos que los medios tradicionales no interpelan. Pero una herramienta no es una fuerza social. Puede amplificar una identidad, no fabricarla; hacer circular un programa, pero no reemplazar la organización que lo sostiene ni la confrontación entre proyectos.
La experiencia brasileña obliga a mirar más allá de la pantalla. Los votos que ampliaron el caudal de Lula deben leerse en relación con conflictos concretos: reducción de la jornada, cuestionamiento de la escala 6×1, defensa de los ingresos populares, educación y sanidad públicas. El debate sobre pasar de 44 a 40 horas semanales –que alcanzaría a millones de trabajadores– muestra cómo una reivindicación material puede entrar en la agenda. No fue un algoritmo el que inventó el conflicto por el tiempo de trabajo.
Brasil tampoco se entiende sin identificar a los actores enfrentados. El agronegocio, la bancada ruralista y los grandes intereses financieros conservan un peso considerable. La disputa por la tierra, las demandas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y las reivindicaciones de la CUT –jornada reducida sin pérdida salarial, negociación colectiva y regulación del trabajo en plataformas– expresan conflictos que exceden las urnas.
El bolsonarismo no es una corriente de opinión con buenos comunicadores. Es una articulación con bases empresariales, agrarias, religiosas y militares, capaz de disputar instituciones. Los ataques contra el Poder Judicial y Alexandre de Moraes por los procesos vinculados al 8 de enero de 2023 muestran que la disputa excede las urnas. En ese marco se inscribe Flávio Bolsonaro, adversario de Lula en el balotaje de octubre de 2026.
El problema es qué entendemos por política. Cuando la izquierda confunde la construcción de mayorías con la gestión de audiencias, los ciudadanos se convierten en consumidores y los militantes en operadores de marketing. El conflicto queda reducido a una competencia de relatos. Pero detrás de cada proyecto hay intereses materiales: los del capital, por un lado; los de los trabajadores y los sectores populares, por el otro. Se disputa la riqueza, el ingreso y el tiempo de trabajo.
La victoria electoral tampoco elimina esas contradicciones. El Congreso conserva una composición conservadora, con el Partido Liberal y sus aliados en posiciones de peso. Una mayoría en las urnas no equivale a una mayoría parlamentaria ni modifica por sí sola las relaciones de poder.
Despolitizar es una operación de la ideología dominante: atribuir a los dispositivos tecnológicos los efectos de una práctica popular, mientras se borran los sujetos y las relaciones de fuerza que la hicieron posible. La historia parece protagonizada por algoritmos y especialistas en comunicación. Los trabajadores y los conflictos de clase quedan fuera de cuadro. La desigualdad deja de aparecer como resultado de relaciones de producción y apropiación de la riqueza y se transforma en un problema de percepción.
No se trata de oponer tecnología y organización, sino de subordinar los instrumentos a una estrategia de transformación. La tecnología puede amplificar una correlación de fuerzas, pero no crearla; puede contribuir a organizar una voluntad colectiva, pero no sustituir a los sujetos que la construyen.
Reducir la política a comunicación no es modernizarla: es despolitizarla, estimados lectores de PERFIL.
