Un dueño de la droguería Suizo Argentina profundiza la embestida contra la investigación por corrupción en el área de Discapacidad
Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, solicitó anular el allanamiento realizado en agosto de 2025 en su casa, en el barrio privado Nordelta, donde la Justicia secuestró dinero en efectivo y documentación en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Lo hizo luego de que el juez Ariel Lijo aceptara postergar su indagatoria y la de su hermano, Emmanuel Kovalivker con un planteo que profundiza la ofensiva judicial contra los audios atribuidos al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se habla de corrupción dentro del organismo.
La defensa asegura que el procedimiento policial estuvo plagado de “irregularidades” y pide que se excluya del expediente toda la prueba obtenida del operativo.
“Lo que se verificó aquella noche no fue un registro domiciliario ajustado a la ley, sino una sucesión de improvisaciones”, sostuvo Magram en el escrito, en el que cuestiona que la Policía llegara a Nordelta sin una orden de allanamiento para la vivienda y que el procedimiento se realizara de madrugada sin que estuviera “justificada” su urgencia.
El allanamiento se ejecutó durante la madrugada del 22 de agosto de 2025, en el lote 6 del barrio La Isla, en Nordelta, donde vive Jonathan. Allí se incautaron US$68.759 y casi siete millones de pesos, además de un dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad.
La defensa reclama a la Justicia que le devuelva el dinero secuestrado y el dispositivo de almacenamiento.
Jonathan Kovalivker abandonó el country antes de que la Policía llegara a su domicilio, mientras que su hermano Emmanuel fue sorprendido en una calle interna del country, a bordo de un automóvil en el que había alrededor de US$197.000 y $7 millones en efectivo.
En otro escrito, la defensa cuestionó también esa requisa, señalando que el acta confundió a los hermanos y que el secuestro del dinero excedió el alcance de la orden, que solo autorizaba la búsqueda de dispositivos electrónicos.
En una causa paralela que nació tras el operativo, fue procesado el jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, acusado de haber alertado a los Kovalivker sobre el procedimiento.
En el escrito presentado ayer, el abogado de ambos, Martín Magram, rechazó que Jonathan se haya dado a la fuga. Sostuvo que salió de Nordelta a las 00:45, a la vista de los policías, pero que estos no lo interceptaron.
El pedido se inscribe en una estrategia más amplia de las defensas contra la investigación.
Uno de los ejes centrales en esa estrategia es cuestionar la validez de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron origen a la investigación.
La acusación del fiscal se apoya también en los resultados de los allanamientos realizados en la sede de la droguería Suizo Argentina, en el barrio de Núñez.
Allí, la Policía secuestró distintos elementos que reforzaron la sospecha de los investigadores de que la empresa tenía injerencia en el organismo de discapacidad a través de intermediarios.
En una de las computadoras se encontraron más de 30 pasajes aéreos pagados por la Suizo Argentina emitidos a nombre del médico Pablo Atchabahian, quien no era empleado de la droguería y es investigado por su presunto papel como intermediario entre la Suizo y la Andis.
Para el fiscal Franco Picardi, la empresa, a través de intermediarios como Atchabahian, lideró un esquema de cartelización y “cooptó” el organismo de discapacidad.
La defensa de los empresarios solicitó el allanamiento en el country como parte del pedido de nulidad general que presentaron antes del llamado a indagatoria.
Magram sostuvo que el allanamiento tuvo como “fundamento” grabaciones de origen desconocido y cuya autenticidad y legalidad cuestiona.
“Toda la actuación de aquella noche se construyó sobre la premisa de una urgencia que no existía. La única base de la investigación eran unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo”, dice la presentación.
Mientras los audios son peritados por la Gendarmería, la causa que lleva el fiscal Picardi –que cuenta ya con una treintena de procesamientos– avanza con una tercera tanda de indagatorias, prevista para la próxima semana.
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