La justicia federal le ordenó al gobierno que preserve las imágenes de la salida del país de Flávio Bolsonaro
La jueza federal María Eugenia Capuchetti le ordenó a distintos organismos del gobierno nacional de Javier Milei que preserve todas las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron al ex candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro en su ingreso al país antes de partir a los Estados Unidos.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada le hizo ese requerimiento a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Gendarmería Nacional. Se trata de los organismos que cumplen funciones en migraciones, el aeropuerto de Puerto Iguazú, la Aduana y el punto internacional Tancredo Neves. Todos los lugares por los que pasó Bolsonaro y su familia.
Se trata de una medida previa, entre otras que se tomaron en denuncias que presentaron legisladores de la oposición , que la jueza dispuso a pedido de la fiscal Paloma Ochoa para analizar si abren formalmente una causa en la que se investigue si hubo algún tipo de ayuda irregular del gobierno de Milei para que Bolsonaro escape de Brasil, en donde tenía una prohibición de salida ordenada por la justicia.
Las fuentes señalaron que la orden es de preservar las imágenes y no de entregarlas a la justicia, por lo menos hasta tanto se defina si las denuncias se investigarán como un caso penal. En esa línea, la justicia quiere tener el registro de los ingresos al país de Bolsonaro y que se preserven.
El ex candidato a presidente ingresó al país con su esposa y sus dos hijas el martes pasado a las 22:50 a través del Puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. De allí se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú en donde a las 23:30 tomó un avión de la empresa Baires Fly para salir de la Argentina primero a Ecuador y luego a Estados Unidos.
La jueza Capuchetti también le pidió a Migraciones que informe todas las constancias de ingreso al país de Bolsonaro y a la Cancillería que diga si recibió pedidos de cooperación de autoridades extranjeras sobre la situación judicial o migratoria del ex candidato.
Por último, la magistrada solicitó conocer la causa que investiga la justicia federal de Puerto Iguazú en la que también se tomaron medidas de prueba como contó este lunes Clarín.
El legislador de izquierda Gabriel Solano y el diputado nacional socialista Esteban Paulón presentaron sedas denuncias para que se investigue si hubo algún tipo de ayuda ilegal por parte del gobierno nacional para ayudar a Bolsonaro a huir del país.
Las denunciados fueron el presidente Milei, el canciller, Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien estuvo en Misiones para acompañar a Bolsonaro.
“No se debe dejar de soslayar que el Presidente Milei es cómplice de este accionar ilícito, lejos de cumplir con los deberes de cooperación internacional y control fronterizo que dependen del ejecutivo, utilizando los recursos del Estado, ideó y ejecutó una maniobra clandestina para facilitar el ingreso del prófugo al territorio nacional”, planteó Solano en la denuncia.
Por su parte, Paulón destacó que “no existe mención por parte del gobierno nacional de la existencia de un pedido formal o informal de asilo político ante nuestro país o terceros, como tampoco salvoconducto diplomático; ello de acuerdo a la Convención Sobre Asilo Diplomático del que la Argentina, Brasil y Ecuador forman parte”.
Los dos destacaron que Bolsonaro tenía una prohibición de salida del Brasil que fue dictada por la justicia al día siguiente de perder el balotaje con Lula Da Silva.
Ambas denuncias fueron acumuladas y la fiscal Ochoa pidió medidas de prueba previas antes de resolver si formalmente abre una investigación. Parte de esas medidas fueron ordenadas por la jueza Capuchetti.
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