La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.
Esta respuesta por parte del organismo tuvo lugar luego de una consulta expedida por el equipo de abogados que representa a la exmandataria.
“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron el martes 29 de septiembre una presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de seis años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
En aquella oportunidad, los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos.
En dicha adenda denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a LA NACION desde el entorno de la expresidenta.
Si bien la reciente comunicación del organismo mitiga las expectativas de la líder kirchnerista, el mismo no implica un rechazo del planteo realizado por sus abogados. El Comité de DD.HH. de la ONU deberá dirimir si acata a trámite la presentación de la expresidenta, cuya intención es objetar internacionalmente su sentencia por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en junio del año pasado.
La adenda introducida a finales de septiembre, y a la que tuvo acceso LA NACION, busca “poner en conocimiento del Comité de DD.HH. de la ONU tres hechos sobrevenidos de especial relevancia”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
Según el apéndice presentado por Beraldi, Valim y Borrego “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por la Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
En tercer lugar, la adenda denunció más actos de “intimidación” después de “conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
Finalmente, la presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio [Cristina] Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
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