La influencia y el involucramiento de China en América Latina
La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América para 2025 se compromete a resistir la influencia de actores extra hemisféricos en América Latina y el Caribe, así como a evitar su presencia en la geografía estratégica de la región. Se considera, por lo general, que la República Popular China (RPC) es el objetivo principal de estos esfuerzos. La nueva encuesta Latinobarómetro, publicada en octubre de 2026, revela que la influencia de China —en comparación con la de Estados Unidos— ha aumentado considerablemente en los últimos seis años. El porcentaje de encuestados que percibe de manera positiva la influencia china pasó del 48% al 65%, mientras que el porcentaje de quienes ven positivamente la influencia estadounidense descendió del 60% al 57%.
Si bien las actividades de la RPC en América Latina y el Caribe están dominadas por las transacciones comerciales, este enfoque —incluso según los propios documentos de política de China— abarca cada vez más ámbitos no comerciales. El tercer “libro blanco” de política de la RPC hacia América Latina, publicado pocos días después de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2025, reconoce y respalda una mayor participación de la RPC en la región en los ámbitos político y militar, en sectores que involucran tecnologías sensibles (como las telecomunicaciones, la inteligencia avanzada y el espacio), así como en los intercambios entre personas. Todos estos aspectos, especialmente los vínculos entre individuos, pueden generar oportunidades para ampliar la influencia y las actividades de espionaje de China, lo cual conlleva implicaciones estratégicas.
La relación entre la expansión de estas actividades en América Latina y las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos no siempre se especifica con claridad. Se trata de una serie de actividades que se refuerzan mutuamente y que, en caso de guerra, brindan opciones al Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región; asimismo, proporcionan capacidad de influencia y oportunidades de obtención de información a los servicios de inteligencia de la RPC —como el Ministerio de Seguridad del Estado (MSE)—, tanto en tiempos de paz como durante un conflicto armado:
Durante las últimas dos décadas, a diferencia de los éxitos logrados en África y otras partes del mundo, la República Popular China (RPC) ha tenido un éxito limitado en la venta de plataformas y sistemas militares sofisticados en la región. No obstante, ha establecido relaciones significativas con entidades militares y policiales mediante ventas, donaciones de artículos de doble uso (como camiones, equipos de ingeniería y motocicletas), programas de capacitación en la RPC para personal militar y policial de América Latina y el Caribe, visitas institucionales regulares y despliegues militares periódicos en la región.
En lo que respecta a la venta de armas, los avances previos de la RPC se centraron principalmente en gobiernos de tendencia izquierdista. Entre ellos destacan la venta de aviones de combate K-8 y radares JYL-1 y JY-27A al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela; 709 camiones militares, 10.000 fusiles y radares YLC-2V y YLC-18 al gobierno de Rafael Correa en Ecuador —quien mantenía una postura contraria a Estados Unidos—; así como seis aviones de combate K-8, seis helicópteros Z-9/H-425 y 31 vehículos blindados a Bolivia, entre otros casos.
Empresas militares de la RPC, como Norinco y CATIC, también tienen una presencia frecuente en ferias militares de la región y han logrado éxitos puntuales en la venta de armamento a gobiernos con una postura más neutral. Esto incluye la provisión de 27 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes a Perú, un buque de patrulla oceánica (OPV, por sus siglas en inglés) a Trinidad y Tobago, y cuatro vehículos blindados WMZ-551 a Argentina.
A medida que Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para persuadir a sus socios regionales de no adquirir equipamiento chino —evitando así los vínculos a largo plazo en materia de capacitación, mantenimiento y otros aspectos inherentes a dichas ventas—, los intentos de la RPC por vender sus aviones de combate FC-1/JF-17 a Argentina y L-15 a Uruguay no prosperaron. Tras el desempeño relativamente positivo de sus aviones de combate J-10 en un enfrentamiento entre India y Pakistán en mayo de 2025, la RPC intentó vender estas aeronaves —bajo condiciones muy favorables— a Colombia y Brasil; sin embargo, dichas gestiones no llegaron a concretarse. Las donaciones de equipamiento por parte de la RPC en la región han sido generalizadas, alcanzando tanto a fuerzas policiales como a instituciones militares. Para las fuerzas armadas de la región, estas donaciones han consistido, por lo general, en equipos de gama básica o de doble uso. Por ejemplo, se han donado camiones militares a Uruguay (2017 y 2024), Bolivia (2018) y Perú (2019). Asimismo, se ha donado equipo militar de pontonaje a Colombia (2013), además de tractores militares y maquinaria de ingeniería a Guyana (2017), Uruguay (2018) y Perú (2019). También se han donado ambulancias militares a Surinam (2016), Guyana (2017), Uruguay (2018) y Perú (2019, entre otros países.
En cuanto a las fuerzas policiales, las donaciones más frecuentes han consistido en vehículos policiales, motocicletas y equipo de protección. La RPC ha donado vehículos policiales a al menos ocho países de la región, entre ellos Costa Rica (2009 y 2012), Guyana (2017), Granada (2017), Surinam (2017 y 2025) y Argentina (2018). En agosto de 2026, ofreció donar camionetas patrulleras al gobierno de Noboa en Ecuador, el cual mantiene una postura favorable hacia Estados Unidos.
Además de vehículos de cuatro ruedas, la RPC ha donado motocicletas policiales a al menos ocho países: Argentina (2018), Costa Rica (2021), Dominica (2013), la República Dominicana (2020), Guyana (2014 y 2017), Nicaragua (2025), Panamá (2022) y Trinidad y Tobago (2019).
Asimismo, ha donado equipo de protección —como chalecos, cascos y escudos— a al menos nueve países de la región: Argentina (2018), Costa Rica (2021), Guyana (2017), Jamaica (2011), Nicaragua (2022), Panamá (2024), Perú (2025), Surinam (2016) y Uruguay (2020).
Se puede argumentar que tales donaciones fomentan vínculos de gratitud entre las fuerzas policiales —que enfrentan una grave escasez de equipamiento— y brindan oportunidades de interacción a la parte china.
La República Popular China (RPC) también ha ofrecido, en ocasiones, sistemas electrónicos —como ocurrió con Costa Rica en noviembre de 2018—, lo que genera oportunidades para que la RPC acceda a los sistemas nacionales a los cuales dichos equipos se conectan.
En cuanto a los programas de formación de personal, la RPC ha ampliado su oferta en los últimos años.
En el ámbito de la educación y el entrenamiento militar, además de ofrecer cursos de varias semanas en la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Changping, actualmente imparte allí programas de varios meses de duración sobre mando y estado mayor. Asimismo, ofrece cursos en la Escuela de Mando del EPL en Nankín y en un centro de operaciones especiales en Shijiazhuang, entre otros lugares.
Respecto a la formación de las fuerzas del orden, desde septiembre de 2024 —momento en que la RPC celebró el Foro de Cooperación Global para la Seguridad Pública en Lianyungang, China—, el país ha incrementado el número de cursos de capacitación para funcionarios policiales realizados en territorio chino. Entre las instalaciones utilizadas se encuentra un centro de la Policía Armada Popular (PAP) en Tianjin, al cual Perú envió 20 alumnos en 2024, entre otros casos.
De manera recíproca, muchos países de la región, incluidos Perú y México, reciben a representantes del EPL en sus instituciones militares profesionales; no obstante, algunos gobiernos cercanos a Estados Unidos (como el de Argentina) han reducido esta colaboración, posiblemente por el deseo de no generar inquietud en Washington.
Asimismo, funcionarios del EPL viajan con regularidad a la región, mientras que representantes de la región se desplazan a China para participar en intercambios con el EPL. Brasil ha sido, posiblemente, el socio más activo: en junio de 2023 —al inicio del mandato actual del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva—, recibió a un grupo de 17 oficiales generales del EPL.
El EPL también ha desplegado periódicamente tropas y medios militares en la región, generalmente para participar en ejercicios, visitas de buques hospital y otras actividades que evitan adoptar una postura abiertamente amenazante.
El ejemplo más reciente y significativo de la participación del EPL en un ejercicio militar en la región fue el despliegue de 33 efectivos de infantería de marina en septiembre de 2024, con motivo del ejercicio de logística militar “Formosa” realizado en Brasil. Otros ejemplos incluyen la participación en el ejercicio de respuesta ante desastres “Ángel de la Paz” en Perú (2010), un ejercicio de contraterrorismo urbano en Venezuela (2011), un ejercicio de contraterrorismo de fuerzas especiales en Colombia (2012), un ejercicio naval conjunto con Chile (2013), un ejercicio naval conjunto con Brasil —que contó con los mismos buques, días después, en la vertiente atlántica del continente—, una competencia de patrullaje en la selva junto a fuerzas chinas en la escuela de guerra en la selva de Brasil, en Manaos (2016), y un ejercicio conjunto de rescate marítimo con Brasil, en el que participó uno de los buques hospital chinos que visitaban el país en enero de 2026.
Otros despliegues del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región incluyen la participación, de carácter semirregular, de delegaciones del EPL en el desfile anual del Día de la Independencia de México.
En lo que respecta a las actividades de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN, por sus siglas en inglés), sus buques hospital han realizado visitas periódicas a la región, haciendo escala en diversos puertos para llevar a cabo labores médicas y otras actividades; entre ellas, destacan las visitas del buque Peace Ark en 2011, 2015 y 2018-2019. Más recientemente, el buque hospital más nuevo de China, el Silk Road Ark*, realizó un viaje por la región entre 2025 y 2026, visitando Nicaragua (noviembre de 2025), Jamaica, Barbados (diciembre de 2025), Brasil (enero de 2026), Uruguay (enero de 2026) y Chile (enero de 2026). Cabe señalar que su escala en Montego Bay, Jamaica —oficialmente para prestar servicios médicos tras el paso del huracán Melissa, cuyos efectos más graves se concentraron en la parte occidental del país— coincidió, de manera oportuna, con los preparativos de las fuerzas estadounidenses presentes en el Caribe para lanzar, en enero de 2026, la operación destinada a capturar al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Si bien las visitas de buques hospital han constituido la forma más frecuente de presencia naval de la PLAN en la región, también han recalado periódicamente en ella buques de combate y buques escuela de dicha armada. Entre los ejemplos más destacados figuran la visita realizada entre noviembre y diciembre de 2009 por el destructor de misiles guiados Shijiazhuang y el buque de aprovisionamiento Hongzhu a Chile, Perú y Ecuador. En julio de 2012, el buque escuela Zheng He visitó Jamaica y Ecuador. En octubre de 2013, el destructor de misiles guiados Lanzhou*, la fragata de misiles guiados Liuzhou y el buque de aprovisionamiento Poyanghu realizaron escalas portuarias y llevaron a cabo diversas actividades en Chile, Brasil y Argentina. En noviembre de 2015, el destructor de misiles guiados Jinan*, la fragata de misiles guiados Yiyang y el buque de aprovisionamiento Qiandaohu visitaron Cuba y México.
En los últimos años, a medida que gobiernos de tendencia derechista y favorables a Estados Unidos han llegado al poder en un número creciente de Estados de América Latina y el Caribe, estos han priorizado —en lugar de acoger fuerzas militares chinas en la región— una forma de interacción menos visible: el envío de funcionarios a escuelas y actividades militares en la República Popular China (RPC). Con diferencia, el gobierno izquierdista de Lula en Brasil ha mantenido los vínculos militares más extensos con el Ejército Popular de Liberación (EPL). Recientemente, en consonancia con los amplios vínculos militares de su administración con la RPC —como se ha señalado en los párrafos anteriores—, el gobierno de Lula ha designado un número sin precedentes de agregados militares con rango de oficial general ante la RPC.
El principal riesgo de estas ventas de armamento, donaciones y otras formas de interacción por parte de la RPC en la región —si bien limitadas— es que permiten forjar relaciones y familiaridad con las instituciones militares, los líderes y la geografía estratégica de América Latina. Esto podría facilitar el acceso de la RPC a la región en caso de un conflicto bélico con Estados Unidos. En concreto, para el EPL, la utilidad militar de tales relaciones y familiaridad podría incluir la coordinación entre fuerzas armadas, siempre que el gobierno latinoamericano en cuestión sea favorable a la RPC en el momento del conflicto. Asimismo, podría brindar a la RPC oportunidades para obtener inteligencia o establecer una cooperación a través de funcionarios específicos con los que han cultivado vínculos, incluso si el gobierno latinoamericano en cuestión no estuviera dispuesto a prestar ayuda a la RPC.
En el marco de la doctrina de “fusión cívico-militar” de la RPC, la operación de puertos, aeropuertos, instalaciones espaciales, complejos de telecomunicaciones y otras infraestructuras sensibles otorga a la RPC la posibilidad de utilizarlos contra Estados Unidos en caso de guerra. Este uso podría darse, por ejemplo, mediante la autorización explícita de gobiernos afines a la RPC; o bien, podría ocurrir sin el conocimiento —o incluso en contra de la voluntad— de los países anfitriones latinoamericanos, debido a la falta de presencia gubernamental, a una capacidad insuficiente de supervisión técnica, o a una crisis interna que paralice la capacidad de respuesta del Estado.
En el sector espacial, el caso de riesgo más debatido es la operación de una instalación de “radar para el espacio profundo” en la provincia de Neuquén, Argentina, gestionada por una organización vinculada al EPL, sin que exista una supervisión permanente por parte del gobierno argentino. La RPC también ha tenido acceso a instalaciones de control espacial en tierra en la Base Aérea Manuel Ríos (cerca de Caracas) y en Luepa (en el sureste del estado Bolívar), en Venezuela. En Bolivia, tiene acceso a estaciones de control terrestre —cuya construcción ayudó a financiar para el programa espacial de dicha nación— ubicadas en Amachuma (cerca de La Paz) y La Guardia (en el departamento de Santa Cruz).
En Brasil, la RPC colabora desde la década de 1990 con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) en el desarrollo y lanzamiento de satélites, en el marco del Programa Sino-Brasileño de Satélites de Recursos Terrestres (CBERS). Brasil y China tienen previsto lanzar, desde territorio chino en 2028, un satélite equipado con un radar de apertura sintética (SAR) en banda X; asimismo, planean poner en órbita geoestacionaria el primer satélite de este programa en 2030. La empresa china Space Sail cuenta actualmente con un memorando de entendimiento (MOU) para acceder al centro de lanzamiento ecuatorial de Alcântara, con el fin de desplegar allí una constelación de microsatélites en colaboración con la empresa brasileña Telebras.
Por otro lado, la construcción de instalaciones para telescopios chinos en Ventarrones —en el desierto de Atacama, Chile— y del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART), una gigantesca antena de 40 metros situada en la provincia argentina de San Juan, ha sido cancelada debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad.
En el ámbito espacial, el acceso de la RPC a este tipo de instalaciones conlleva el riesgo de que el Ejército Popular de Liberación (EPL) las utilice —o emplee los datos obtenidos a través de ellas— para localizar y fijar como objetivo satélites estadounidenses, interceptar comunicaciones satelitales o establecer contacto con activos militares espaciales chinos de carácter ofensivo. Un ejemplo de ello es el Sistema de Bombardeo Orbital Fraccional (FOBS, por sus siglas en inglés), que permitiría lanzar ataques desde la órbita —mediante proyectiles hipersónicos, ya sean nucleares o convencionales— contra objetivos estratégicos en Estados Unidos.
En lo que respecta a los puertos, la empresa china COSCO —vinculada al Ejército Popular de Liberación (EPL)— continúa ampliando la capacidad de su puerto estratégico en Chancay, Perú, con planes para añadir 11 atracaderos de aguas profundas adicionales. Aunque la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori —quien mantiene una postura favorable a Estados Unidos—, podría teóricamente restringir las actividades chinas en Chancay, el gobierno peruano cuenta actualmente con escasa capacidad para supervisar las operaciones de COSCO. El organismo peruano de supervisión portuaria, Ositran, ha reconocido que su autoridad es limitada debido a la ausencia de un contrato portuario público convencional; no obstante, un tribunal de apelaciones, en el marco de una disputa legal sobre este asunto, le ha otorgado ciertas facultades.
Más allá de los tecnicismos legales y administrativos relacionados con el control por parte de Perú —país que ha tenido 10 presidentes en los últimos 10 años—, es realista pensar que una nueva crisis política podría impedir que el gobierno peruano responda con eficacia si COSCO permitiera el uso del puerto para el reabastecimiento y la provisión de buques de guerra de la Armada del EPL durante un conflicto con Estados Unidos; tal como ha ocurrido anteriormente, cuando la empresa brindó apoyo a operaciones del EPL en Libia, Yemen y otros lugares.
Además de Chancay, existen otros numerosos proyectos portuarios operados por entidades de la República Popular China (RPC) que suscitan preocupaciones similares. Entre ellos figuran proyectos desarrollados bajo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua —aliado de la RPC—, tanto en el puerto de Corinto como en el cercano aeropuerto de Puente Huete, el cual cuenta con una pista de longitud militar que data de la época de la Guerra Fría.
Si bien la empresa Hutchinson, con sede en Hong Kong, fue excluida en febrero de 2026 de las operaciones portuarias en Cristóbal y Balboa (Panamá), la compañía mantiene otras seis instalaciones portuarias en México y dos en las Bahamas. Asimismo, otras empresas con sede en la RPC —como China Merchants Port, que desarrolla proyectos en Kingston (Jamaica), así como en Paranaguá, Santos, Açu y São Luís (Brasil)— poseen infraestructuras que podrían utilizarse para el almacenamiento de material, o incluso para albergar unidades de la Armada de la RPC o elementos de operaciones especiales que actúen contra Estados Unidos en caso de guerra.
Desde la perspectiva de las comunicaciones, se ha reconocido oficialmente la presencia de la RPC en al menos tres de las 12 instalaciones —aparentemente destinadas a la inteligencia de señales y electrónica— ubicadas en Cuba. Dichas instalaciones podrían utilizarse para interceptar comunicaciones estadounidenses y obtener las “firmas” (características distintivas) de activos de EE. UU., así como para monitorear la actividad militar y de otro tipo en instalaciones estadounidenses cercanas —ya sea en tiempos de paz, en el periodo previo a un conflicto con la RPC o durante el transcurso del mismo—.
Con más de 210 000 millones de dólares en inversiones comerciales en la región, las instalaciones gestionadas por entidades vinculadas a la RPC —que operan con una transparencia limitada y mantienen relaciones con élites o redes criminales sobre las cuales la RPC podría ejercer influencia financiera o personal— brindan a dicho país oportunidades para llevar a cabo labores de espionaje en tiempos de paz y operaciones militares en caso de conflicto. Las operaciones de la RPC en zonas geográficas estratégicas —como México, el Caribe, Panamá, el estrecho de Magallanes y el paso de Drake— podrían plantear riesgos específicos.
En los últimos años, un número considerable de empresas con sede en la RPC han establecido operaciones en el lado mexicano de la frontera sur, entre ellas el Parque Industrial Hofusan. Si bien la presión ejercida por la actual administración estadounidense ha reducido notablemente el flujo de inversores chinos, estas fábricas —junto con el personal asociado a ellas y en connivencia con grupos de delincuencia organizada de la región— podrían facilitar que los servicios de inteligencia y otras redes de la RPC realicen actividades de tráfico de personas y lleven a cabo operaciones a través de la frontera sur de Estados Unidos. La interceptación de más de 37.000 ciudadanos chinos tan solo en 2023 —muchos de ellos en edad militar— puso de relieve estos posibles riesgos.
Del mismo modo, el Caribbean Policy Research Institute (CAPRI) estima que más de 800 entidades con sede en la República Popular China (RPC) —cuyas operaciones están valoradas en más de 10 000 millones de dólares— se encuentran activas en el Caribe. Estas operaciones, que abarcan hoteles turísticos, puertos, establecimientos comerciales, almacenes y otras actividades, podrían servir para albergar y sustentar a personal de inteligencia y fuerzas especiales de la RPC. Esto permitiría realizar labores de vigilancia y poner en riesgo los desplazamientos de buques de guerra, naves de logística militar y otros activos estadounidenses que, en caso de conflicto, tendrían que navegar desde el Atlántico o los puertos de la costa este de Estados Unidos, atravesando el Caribe y el Canal de Panamá, para llegar al Indo-Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron amenazar estas mismas rutas que atraviesan el Caribe.
En el caso de Panamá, aunque la empresa china Hutchinson fue apartada de la gestión de los puertos de Cristóbal y Balboa en febrero de 2026, persisten otros factores de riesgo. Entre ellos destacan el papel de COSCO —el gigante chino de la logística marítima— como quinto mayor usuario del Canal; la presencia de la constructora china China Harbor, encargada de la construcción del cuarto puente y la infraestructura de apoyo en la zona; y la existencia de más de 100 empresas chinas adicionales que operan instalaciones de almacenamiento y distribución en la Zona del Canal de Panamá. En conjunto, estos elementos podrían proporcionar a los agentes de la RPC el acceso físico, las relaciones y los conocimientos técnicos necesarios para paralizar el Canal en una situación de conflicto. Esto podría llevarse a cabo mediante ataques —físicos o cibernéticos— contra las esclusas (incluidos sus sistemas de control y gestión hídrica), la colocación de minas en el Canal, el hundimiento de un buque en el Corte Culebra, ataques a embarcaciones que aguardan para ingresar, u otros métodos.
Más al sur, en el estrecho de Magallanes, el gobierno argentino frustró en 2023 un intento del grupo chino Shanghai Chemical Industry Group de establecer una instalación portuaria comercial en Tierra del Fuego. Dicho proyecto habría brindado al Ejército Popular de Liberación (EPL) la capacidad de vigilar y amenazar a los grupos de combate de portaaviones estadounidenses, grandes buques anfibios y otras unidades que transitan por este paso, dado que sus dimensiones les impiden utilizar el Canal de Panamá. Si bien se evitó la amenaza inmediata, un número considerable de empresas comerciales chinas —entre ellas Huawei, ZTE y Xiaomi— operan instalaciones de ensamblaje y almacenamiento en la zona franca de Tierra del Fuego. Además, en marzo de 2026, el gobierno provincial de Tierra del Fuego anunció que la empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. —financiada por la República Popular China (RPC)— está desarrollando una nueva instalación de generación eléctrica en la zona. Asimismo, la principal estación de investigación de la RPC, denominada “Gran Muralla” (Great Wall), se encuentra en el sector antártico del pasaje de Drake, en la península Fildes de la isla Rey Jorge.
Sin una vigilancia constante, dicha presencia comercial y científica de la RPC en el sur de Argentina y en la Antártida podría introducir capacidades que permitirían al Ejército Popular de Liberación (EPL) poner en riesgo los tránsitos que los grupos de combate de portaaviones y los grandes buques anfibios de Estados Unidos tendrían que realizar a través de estas vías navegables estratégicas.
Como complemento al acceso de la República Popular China (RPC) a instalaciones de doble uso, las actividades comerciales y científicas de dicho país en la región —en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la computación en la nube, la superinteligencia y el ámbito espacial— generan oportunidades para que la RPC obtenga acceso a datos, propiedad intelectual clave e información personal sensible. Esta información podría utilizarse para influir en los responsables de la toma de decisiones en América Latina o para extorsionarlos.
En el sector de las telecomunicaciones, empresas con sede en la RPC, tales como Huawei, ZTE, Xiaomi, Honor y Oppo, ya han captado una parte significativa del mercado de teléfonos inteligentes, enrutadores, servidores y otros dispositivos e infraestructuras de telecomunicaciones.
En lo que respecta a la infraestructura de fibra óptica —incluida la submarina—, que transporta gran parte de los datos de la región, cabe señalar que un intento por parte de una empresa vinculada a Huawei de construir un cable de datos transpacífico que conectara Chile con Hong Kong fue bloqueado, en parte debido a la presión de Estados Unidos. China ha construido otros cables que transportan datos de la región, entre ellos el cable South Atlantic Interlink (SAIL), que conecta Brasil con Camerún (África); la Fibra Óptica Austral (FOA), que une el centro y el sur de Chile; y un cable a lo largo del Escudo Guayanés. Asimismo, empresas con sede en la RPC, como Huawei y Alibaba, han establecido centros de datos en la región.
Huawei, Alibaba, Tencent y Byte Dance cuentan con importantes iniciativas de computación en la nube y superinteligencia en América Latina. Para 2025, Huawei disponía de cinco regiones de computación en la nube en América Latina, prestando servicios a 2500 empresas. Alibaba inauguró su primera región de computación en la nube en México en febrero de 2025, y la primera en Brasil en agosto de 2026. Por su parte, la empresa china Tencent opera servicios en la nube en Brasil desde noviembre de 2021. ByteDance se encuentra construyendo un centro de datos de gran envergadura —con una inversión de 200 000 millones de reales— en el estado de Ceará, Brasil. En conjunto, esta infraestructura digital china gestionará y almacenará una proporción cada vez mayor de información sensible, tanto gubernamental y empresarial como de carácter personal. El acceso a dicha información por parte de la República Popular China (RPC) no solo podría facilitar el robo de tecnología occidental con aplicaciones militares, sino que también podría comprometer la información personal de líderes y funcionarios militares latinoamericanos, exponiéndolos potencialmente a la manipulación o extorsión por parte de los servicios de inteligencia de la RPC.
En el marco de la “Iniciativa para el Desarrollo Global”, empresas con sede en la RPC y el gobierno chino están llevando a científicos, académicos y técnicos de la región a la RPC para recibir formación y participar en intercambios en ámbitos sensibles, como la tecnología espacial y la supercomputación. La RPC se ha comprometido a llevar a 3500 académicos y otros profesionales latinoamericanos a su territorio mediante becas, solo para el periodo 2025-2027. Dado que la RPC cuenta con un historial bien documentado de captación y obtención de información sensible de personal científico y técnico con sede en Estados Unidos, estas actividades de “intercambio entre personas” —dirigidas a latinoamericanos bajo el pretexto del desarrollo— amplían la capacidad de la RPC para obtener tecnologías de interés militar, acceder a programas y activos espaciales en el hemisferio occidental, o penetrar en arquitecturas de datos sensibles de la región.
Las relaciones de la RPC con personas clave —que revisten un carácter estratégico— se extienden también a los ámbitos militar y político. Un informe de la Fundación Carnegie estimó que, entre 2000 y 2025, la RPC llevó a su territorio a más de 12.000 agentes policiales de todo el mundo. Como se ha señalado anteriormente, el gran número de militares, policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad latinoamericanos que han viajado a la RPC aumenta considerablemente el riesgo de que la inteligencia china logre captar a algunos de ellos —ya sea mediante incentivos económicos o chantaje—, facilitando así la obtención de información de inteligencia militar, incluida aquella relacionada con su colaboración con socios estadounidenses o su acceso a sistemas de Estados Unidos. De hecho, este acceso por parte de la RPC podría brindar al Ejército Popular de Liberación (EPL) la posibilidad de obtener la colaboración de dichos funcionarios militares para llevar a cabo, dentro de sus propios países, acciones que resulten perjudiciales para Estados Unidos en caso de conflicto bélico.
Una lógica similar se aplica a los esfuerzos de la RPC por estrechar lazos con legisladores, funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos de América Latina. El gobierno chino invita regularmente a muchos de estos cargos a visitar la RPC y, tanto en su tercer “Libro Blanco de Política” como en su “Iniciativa para la Gobernanza Global”, aboga abiertamente por ampliar este tipo de contactos. Al igual que ocurre con los oficiales militares latinoamericanos, los vínculos de amistad, la influencia económica e ideológica, y/o el chantaje podrían brindar al gobierno de la RPC oportunidades para abrir las puertas a la cooperación militar y de otro tipo de carácter estratégico con la RPC, o bien para cerrárselas a Estados Unidos y sus aliados, tanto en tiempos de paz como de guerra.
Influencia que afecta a la dinámica política y al acceso: Estados Unidos, China y otros adversarios
Aunque la relación entre la opinión pública, la política y la cooperación militar suele ser indirecta, la creciente simpatía hacia la República Popular China (RPC) y la desilusión con Washington deberían ser motivo de preocupación. Actualmente, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe están dispuestos a cooperar con Estados Unidos y procuran no alarmarlo, evitando una colaboración excesiva y abierta con la RPC en el ámbito militar y en otras áreas estratégicas. No obstante, la historia demuestra que la política en América Latina se mueve por ciclos, alternando entre la derecha y la izquierda a medida que los sucesivos gobiernos decepcionan a la población al no cumplir con las expectativas en cuestiones fundamentales como la seguridad, el bienestar material y la lucha contra la corrupción.
Si la población percibe que algunos de los gobiernos actuales —que mantienen una postura favorable hacia Estados Unidos— no están dando los resultados esperados, es probable que, con el tiempo, sean sustituidos por otros menos afines a Washington y más abiertos a la RPC en materia de seguridad y otras formas de cooperación. Esto ocurriría en un contexto político en el que la población ve a la RPC con mayor simpatía, mientras que su actitud hacia Estados Unidos se vuelve cada vez más escéptica u hostil.
Los responsables de la toma de decisiones en el ámbito militar y estratégico de Estados Unidos deberían prestar atención a estas dinámicas a largo plazo. Históricamente, la orientación política de un gobierno —más que el desempeño de las fuerzas armadas estadounidenses como socio en materia de defensa— ha sido el factor determinante de su cooperación con Estados Unidos en cuestiones de seguridad y, por el contrario, del acceso que puedan tener la RPC y otros rivales de Estados Unidos en este mismo ámbito.
Si bien las actividades de la RPC en América Latina son, en esencia, de carácter económico, el análisis presentado en este artículo debería servir como una llamada de atención para los responsables de la seguridad nacional y los analistas estadounidenses. Asimismo, es un mensaje para aquellos en la región que restan importancia a las preocupaciones sobre seguridad, argumentando que la creciente presencia e influencia de la RPC son “solo negocios”. Este artículo subraya la necesidad de que los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos articulen con mayor eficacia la relación entre las actividades económicas, políticas, tecnológicas y de seguridad de la RPC; la influencia y los compromisos adquiridos; y los riesgos políticos y militares reales tanto para la región como para Estados Unidos. Para la región, el hecho de que sus élites políticas, militares, empresariales y técnicas se encuentren personalmente comprometidas —y su margen de maniobra política, restringido— supone un riesgo potencial para la soberanía nacional. Asimismo, el uso del territorio de estos países por parte de la República Popular China (RPC) en un eventual conflicto con Estados Unidos plantearía un dilema no menor, especialmente si los políticos —ya fuera del poder— que autorizaron dichos acuerdos lo hicieron por dinero y no por ideología. En resumen, los riesgos estratégico-militares derivados de la presencia de la RPC en América Latina son reales; esto hace aún más necesaria una mayor atención por parte de los planificadores estadounidenses, así como un diálogo respetuoso entre Estados Unidos y sus socios regionales sobre cómo colaborar de manera más eficaz para gestionar los riesgos que plantean acontecimientos que afectan a todos en nuestro hemisferio compartido.
