A un año de las elecciones, el Gobierno defendió su plan ante Wall Street y marcó qué riesgos arrastra la economía
El equipo económico presentó este martes, justo un año antes de las elecciones presidenciales generales, un informe extenso con una radiografía de la economía argentina ante la comisión de valores en los Estados Unidos, el organismo que regula el funcionamiento de Wall Street.
El Gobierno defendió su rumbo, marcó ante inversores cuáles son los potenciales riesgos para la economía y pasó en limpio una cuestión relevante para los inversores: qué otros juicios en tribunales extranjeros siguen pendientes contra el país y que pueden significar un costo para las reservas.
En el informe anual que entregó a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), el equipo económico destacó el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y las oportunidades de inversión.
El documento, fechado el martes 27, forma parte del Form 18-K, un reporte anual que los gobiernos extranjeros pueden presentar ante la SEC para actualizar información relevante para los inversores. Es un requisito si quisieran emitir deuda en Nueva York, una posibilidad lejana hoy con un riesgo país por encima de los 700 puntos.
Incluye, generalmente, una descripción de la economía, las cuentas públicas, la situación financiera y las obligaciones de deuda, y funciona como una herramienta de comunicación con el mercado estadounidense.
El Gobierno presentó en el informe al superávit fiscal y la reducción de la inflación como pilares de su plan económico. Mencionó a los sectores "ganadores" de los últimos años como energía, la minería y el agro como canillas de dólares para la economía. Son los tres sectores que logran escapar del estancamiento que mide el Indec para la actividad desde hace meses.
El equipo económico también repasó las medidas de desregulación, los cambios en el marco normativo para atraer inversiones y pasó en limpio cuáles fueron los procesos de privatización y concesión de activos estatales que ya fueron concretados.
En el apartado dedicado a los riesgos -es un paso requerido en todos los documentos y prospectos de emisión de deuda-, el Gobierno advirtió que las proyecciones económicas pueden verse alteradas por factores internos y externos. Entre ellos, enumeró la “volatilidad del tipo de cambio”, los aumentos de la inflación y de las tasas de interés locales, además de posibles caídas de la inversión extranjera.
El documento también señaló los cambios en los precios internacionales, incluidas las cotizaciones de las materias primas, y las tasas de interés globales. A eso sumó una eventual recesión o desaceleración de los principales socios comerciales, que podría reducir las exportaciones argentinas y afectar los ingresos fiscales.
En la lista de contingencias, el informe incluyó además los “eventos climáticos”, aunque no mencionó al Súper Niño de manera puntual. También enumeró los conflictos internacionales abiertos, entre ellos el funcionamiento normal del mercado petrolero por la guerra en Irán.
Ante los inversores, el Gobierno detalló qué otros juicios afronta el Estado argentino ante tribunales del exterior, tras la victoria en el caso YPF. Al 8 de octubre, la Argentina registraba siete laudos definitivos pendientes ante el CIADI por US$ 832,5 millones, otros dos por US$ 833,5 millones que tienen pedido de anulación solicitado por el país y hay pendientes de resolución otros seis arbitrajes en curso con reclamos por US$ 15.200 millones.
A este tribunal, dependiente del Banco Mundial y que intermedia en conflictos contractuales entre empresas privadas y estados, también se presentaron los demandantes del caso YPF tras perder en la justicia de Nueva York. El Gobierno no especificó si esa suma de US$ 15.200 millones ya incluye el monto que solicitarán cobrar ante el CIADI.
A eso se suman litigios por los bonos atados al crecimiento del PBI: en uno de los casos, los demandantes reclaman alrededor de US$ 1.300 millones más intereses. El informe aclara que los montos de los arbitrajes corresponden al capital y excluyen intereses y costos. No se trata de una deuda consolidada ni de un monto que necesariamente deba pagarse en su totalidad, sino de reclamos con distintos estados procesales y posibilidades de resolución.
Un reporte que el Banco Galicia le envió a sus clientes recientemente tras reuniones con inversores en Nueva York puso de manifiesto cuáles son las preocupaciones de los fondos de inversión, a un año de las elecciones.
"La falta de dinamismo de sectores intensivos en mano de obra genera preocupación por su potencial impacto en la contienda electoral", plantearon. "Varios inversores creen que el Gobierno no tiene herramientas o voluntad de potenciar esos sectores. Asumen que el crecimiento seguirá siendo heterogéneo y que la probabilidad de reelección de Milei no está asegurada bajo estas condiciones", aseguraron.
"El balance general es de wait and see (esperar y ver), la mayoría no identifica catalizadores evidentes. Para las próximas semanas y el mercado parece necesitar señales más tangibles en varios frentes: acumulación de reservas, acceso al financiamiento, recuperación de la actividad particularmente en sectores mano de obra intensiva y mayor definición política", fue una de las conclusiones de los economistas del Galicia.
Un tema repetido por los inversores como eventual buena noticia en los ojos del mercado sería la suspensión de las PASO. "Quitaría un pilar de potencial volatilidad en 2027", consideraron.
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