Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: arranca el proceso por Hotesur y Los Sauces
Carlos Manzanares fue contador de los Kirchner, un hombre de mucha confianza del entonces matrimonio presidencial y ahora un imputado arrepentido que puede ser clave en el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner en la causa Hotesor-Los Sauces.
"Es algo que estaba esperando hace muchso años. Yo vengo a estar a derecho, a responder ante la socoiedad y la Justicia por lo que he cometido, vengo a recibir mi sentencia cuando corresponda y lo que necesito es cerrar este capítulo de mi vida", dijo manzanares antes de sostener que su objetivo es "sanar".
En una improvisada rueda de prensa afuera de los tribunales de Comodoro Py también le preguntaron si tuvo miedo por las amenazas que recibió. "Miedo no, al contrario. Si hubiera ocurrido (que lo ataquen por todo lo que sabe) hubiera llevado poco tiempo la cruz y así vengo llevando al cruz hace rato. El sufrimiento hubiera sido menor", insistió.
El presidente del TOF 5, el juez José Michilini, dio por concluida la primera audiencia del caso Hotesur - Los Sauces que tuvo como particularidad la conexión virtual de todos los imputados.
Mayoritariamente, la transmisión expuso al secretario del TOF 5 que dio lectura a la primera parte del requerimiento de elevación a juicio del caso Los Sauces SA. El rol de Máximo y Cristina Kirchner fue determinante para poder avanzar hacia la segunda etapa: el lavado de los fondos ilegales.
A las 12.57 de este viernes terminó la primera audiencia del juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces.
La acusación encuadró la responsabilidad penal de Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Carlos Sancho y Romina Mercado. "Fueron imputados como miembros de la asociación ilícita y coautores de lavado de activos en concurso real, precisando para el hijo mayor de Báez que su participación en el blanqueo se computa desde la sanción de la ley 26.683", se leyó.
Por su parte, el requerimiento detalló la calificación para los colaboradores operativos de las empresas constructoras. "Leandro Báez, Luciana Báez, Claudio Bustos y Martín Jacobs deberán responder como partícipes necesarios del delito de lavado de activos, aplicándose respecto de Jacobs la tipificación anterior según la ley 25.246 por haber cesado previamente su intervención", expusieron.
En el cierre de la jornada se dio lectura a la situación de los escribanos, colaboradores y bancarios. Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña fueron acusados como miembros de la asociación ilícita, la escribana Norma Abuín como coautora de lavado, Oscar Leiva por lavado y aceptación de dádivas, y cinco empleados del Banco Nación por la omisión de registrar operaciones financieras.
La lectura del requerimiento siguió fijando la calificación legal para cada acusado. Para Cristina Kirchner solicitaron juzgarla como jefa de una asociación ilícita, coautora de lavado de activos y admisión de dádivas. En tanto, a Máximo Kirchner lo imputaron como organizador del entramado criminal y coautor del reciclaje de fondos.
Respecto de Lázaro Báez, los fiscales mantuvieron el encuadre como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado, con la ampliación temporal de la causa Vialidad. Por su parte, a Cristóbal López y Fabián De Sousa los acusaron como coautores de lavado de dinero, ofrecimiento de dádivas y organizadores de la banda criminal.
Además, detallaron las responsabilidades del contador y el socio inmobiliario. A Víctor Manzanares le atribuyeron los delitos de lavado de activos y asociación ilícita como organizador. Sobre Osvaldo Sanfelice pesaron las figuras de organizador, coautor de lavado y partícipe necesario en el ofrecimiento de dádivas.
La lectura del requerimiento expuso la simultaneidad de funciones de Osvaldo Sanfelice. "Como apoderado de Los Sauces S.A. y empleado de Álcalis de la Patagonia, participó en la recepción de dádivas de López y De Sousa mediante el depósito de cheques emitidos por Indalo a favor de la sociedad familiar", señalaron durante la lectura de las acusaciones.
La acusación encuadró su participación en la cúspide operativa. "Se le imputa a Osvaldo Sanfelice haber integrado en calidad de organizador una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, orientada a la defraudación contra el Estado y al lavado de dinero", expuso la fiscalía.
Sostuvieron, además, la intervención directa de Sanfelice en el manejo de Los Sauces S.A. "Entre enero de 2009 y marzo de 2016 diseñó y ejecutó un mecanismo de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar, en beneficio de la familia Kirchner, el dinero volcado por las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo mediante el negocio inmobiliario y hotelero", leyeron durante la sesión.
A víctor Manzanares se le atribuye haber "integrado como organizador una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a la defraudación al Estado y al lavado de activos", leyeron los secretarios.
Los fiscales destacaron la función clave del profesional en la ingeniería financiera de Los Sauces S.A. "Manzanares aportó sus conocimientos técnicos para armar la estructura ilícita, llevó la contabilidad durante toda la maniobra, fijó la sede fiscal en su propio estudio en Río Gallegos y administró inmuebles de la sociedad y de los Kirchner", precisó el requerimiento.
La lectura del requerimiento precisó la responsabilidad de Fabián De Sousa en el envío de fondos a la empresa familiar. "Directamente a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia volcó $18.554.725,76, e indirectamente mediante Idea S.A. aportó $561.665,57, constituyendo el 65% del total facturado por Los Sauces S.A. entre 2009 y 2016’, señalaron.
Los fiscales encuadraron el accionar coordinado de De Sousa con Cristóbal López dentro del engranaje ilícito. "Ejecutaron un esquema permanente para el reciclaje de fondos que permitió disimular la entrega de dinero en concepto de dádivas que habían sido ofrecidas a Néstor y Cristina Kirchner a cambio de contratos y beneficios estatales", advirtieron.
La acusación precisó que Cristóbal López firmó en persona los cheques de Inversora M&S para transferir los fondos. Además, contrató a allegados a los expresidentes —como Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva— en empresas del Grupo Indalo, ubicándolos en ambos lados del mostrador: las firmas pagadoras y la receptora Los Sauces S.A.
Los fiscales remarcaron ante los jueces que las operaciones inmobiliarias sirvieron como pantalla. "López, De Sousa y la familia Kirchner ejecutaron un esquema permanente para reciclar fondos ilícitos y disimular la entrega de dádivas ofrecidas a cambio de contratos de obra pública y beneficios impositivos otorgados desde el Estado".
Los fiscales expusieron el mecanismo utilizado por los empresarios para canalizar fondos hacia la firma familiar. "Junto a Fabián De Sousa, Cristóbal López alquiló departamentos en el Madero Center mediante Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia para simular una causa jurídica que justificara el flujo millonario hacia Los Sauces S.A.", leyeron.
El requerimiento precisó el impacto financiero del conglomerado Indalo en las cuentas de los exmandatarios. "Directamente a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia giraron $18.554.725,76, e indirectamente vía Idea S.A. sumaron otros $561.665,57, representando en conjunto el 65% del total facturado por Los Sauces entre 2009 y 2016", detallaron.
Durante la lectura de las imputaciones, la acusación encuadró al titular del Grupo Indalo como organizador de la banda. "Se le imputa a Cristóbal López haber integrado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 una asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos mediante la defraudación al Estado y el lavado de dinero", se expuso.
Los fiscales sostuvieron que los giros del Grupo Indalo funcionaron como retornos por favores oficiales. "Entre 2009 y 2016, López diseñó un esquema para canalizar hacia Los Sauces S.A. las dádivas ofrecidas a los expresidentes a cambio de contratos y facilidades impositivas otorgadas por agencias estatales", leyeron.
El requerimiento detalló la estructura societaria montada por los empresarios patagónicos. "Junto a Fabián De Sousa, López creó un conglomerado de más de 150 firmas nacionales y extranjeras con participaciones cruzadas, donde ellos ejercían la propiedad directa y la dirección ejecutiva para el manejo personal de los negocios", concluyeron los acusadores.
Los fiscales destacaron el rol político y comercial de Carlos Sancho durante los gobiernos kirchneristas. "Tras ser vicegobernador y gobernador de Santa Cruz, participó con Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en Negocios Inmobiliarios cobrando alquileres de Los Sauces, y fue director de Hotesur, desde donde se formalizaron préstamos hacia la firma societaria", expusieron en el juicio.
El requerimiento detalló el nivel de representación que ejercía el exmandatario santacruceño sobre los bienes familiares. "Con un poder amplio otorgado por Negocios Patagónicos, participó en la transferencia de la residencia de Mascarello 441 a Los Sauces para uso de Cristina Fernández, además de administrar y firmar alquileres del condominio de Máximo y Florencia Kirchner", remarcaron.
“En el tramo dedicado a los socios comerciales del grupo, se expuso la imputación contra el exgobernador santacruceño. ‘Se le atribuye a Carlos Sancho haber tomado parte como miembro de una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a la defraudación al Estado y al lavado de dinero", sostuvieron desde la acusación.
Los fiscales explicaron la maniobra instrumentada por el exsocio de Máximo Kirchner para sustituir la firma de Báez. "En noviembre de 2012, Sancho facilitó a Osvaldo Sanfelice la firma Idea S.A. para reemplazar a Valle Mitre y encargarse, a partir de 2013, de canalizar fondos ilícitos procedentes del Grupo Indalo hacia Los Sauces S.A.", leyeron durante la audiencia.
La acusación remarcó la gestión de Romina Mercado en la adquisición del inmueble de la calle San José 1111. "Se encargó de la compra del departamento de USD 370.000 pagados con Cedines y aportes irrevocables de la familia, entregándoselo a Florencia Kirchner para uso personal sin contraprestación ni aval formal del directorio", leyó la secretaría.
Durante su presidencia en Los Sauces S.A., Mercado mantuvo los alquileres con Austral Construcciones, Kank y Costilla, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A. "Las locaciones se sostuvieron con el propósito de que constituyeran la causa jurídica que justificara el flujo millonario para legitimar dinero ilícito’, expuso el requerimiento".
La fiscalía concluyó señalando el doble rol de la sobrina de la expresidenta. "Aprobó los balances 2014 y 2015, permitió retiros de fondos sin recaudos legales y contrató como empleada a Florencia Kirchner, todo mientras cobraba simultáneamente un sueldo de Inversora M&S, firma del Grupo Indalo que financiaba a Los Sauces", cerraron.
Tras el cuarto intermedio, la lectura se centró en la hija de Alicia Kirchner. "Se le imputa a Romina de los Ángeles Mercado haber integrado como miembro una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a apoderarse de fondos públicos mediante defraudación al Estado y lavado de dinero", se leyó al reanudarse la audiencia.
La acusación sostuvo el rol de la sobrina de la expresidenta en el manejo de Los Sauces S.A. "Ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar, a favor de los expresidentes y sus hijos, el dinero canalizado por las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera", remarcaron los fiscales
En la lectura de las imputaciones se abordó la situación de Luciana Báez. "Se le atribuye haber participado, como apoderada de Loscalzo y Del Curto y de Austral Construcciones, en el esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito desplegado entre 2009 y 2016 para legitimar dinero a favor de la familia Kirchner a través de Los Sauces S.A.", sostuvieron desde la acusación.
Los fiscales encuadraron el rol de la apoderada del Grupo Austral en el circuito financiero. "Intervino en la canalización de fondos hacia la firma familiar mediante el alquiler del edificio de Mariano Moreno 882 en Río Gallegos, con el objetivo de que dicha locación funcionara como la causa jurídica para justificar el flujo de dinero", detallaron durante la audiencia
En el cierre del tramo dedicado al entorno familiar del empresario, se leyeron las acusaciones contra el menor de sus hijos. "Se le imputa a Leandro Báez haber participado como socio, gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto en el esquema de reciclaje de fondos ilícitos para beneficiar a la familia Kirchner entre 2009 y 2016", leyó la secretaria del tribunal.
La fiscalía encuadró el rol del hijo menor de Lázaro Báez a partir de su ingreso a la constructora en 2011. "Intervino en la canalización de dinero hacia Los Sauces S.A. mediante el alquiler del edificio de Mariano Moreno 882 en Río Gallegos, utilizando esa locación como la causa jurídica para justificar el flujo de fondos hacia la firma familiar", detallaron.
En el tramo de la audiencia dedicado a la familia Báez, se leyeron las acusaciones contra el hijo mayor del empresario. "Se le imputa a Martín Báez haber integrado en calidad de miembro una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a apoderarse ilegítimamente de fondos públicos mediante la defraudación al Estado y el lavado de dinero", expuso la fiscalía.
Los fiscales sostuvieron el rol operativo de Martín Báez en las maniobras financieras de Los Sauces S.A. "Entre enero de 2009 y marzo de 2016 ejecutó un esquema de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar, a favor de los expresidentes y sus hijos, dinero proveniente de la obra pública vial de Santa Cruz a través de la firma inmobiliaria y hotelera", remarcaron.
La lectura del requerimiento expuso que Lázaro Báez integró un "mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz". Según la fiscalía, el empresario montó las empresas necesarias para canalizar ese dinero hacia las firmas de la familia presidencial.
Los fiscales destacaron las decisiones de Báez al frente de sus sociedades. "Desde su rol de accionista en Kank y Costilla, Austral Construcciones y Valle Mitre, aprobó los ejercicios económicos, avaló la compra y donación de inmuebles, ratificó la voluntad de contratar con Los Sauces S.A. y nombró directores a lo largo de toda la maniobra", leyó la secretaria del tribunal.
El requerimiento detalló que el empresario alquiló inmuebles y hoteles a Los Sauces S.A. mediante Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones y Valle Mitre. "Las locaciones sirvieron de causa jurídica para simular y justificar el flujo de fondos millonario con el que se buscó legitimar parte del dinero de origen ilícit", leyeron durante la audiencia judicial.
Durante la lectura de las imputaciones, la acusación situó a Lázaro Báez como organizador de la maniobra. "Entre enero de 2009 y marzo de 2016, el empresario mantuvo un esquema de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar a favor de la familia Kirchner el dinero de la defraudación con la obra pública en Santa Cruz a través de la actividad inmobiliaria y hotelera de Los Sauces S.A.’, leyeron en el tribunal".
La fiscalía expuso la mecánica financiera para capitalization a la expresidenta. "A través de Austral Construcciones, Báez le compró a Cristina Kirchner un terreno en Río Gallegos por $317.000, dinero que la ex mandataria destinó a adquirir un departamento y tres unidades en el complejo Madero Center que luego fueron alquilados a Álcalis de la Patagonia, firma del Grupo Indalo", precisó el requerimiento.
El expediente remarcó la construcción de complejos de departamentos cedidos a la sociedad familiar. "Mediante la empresa Loscalzo y Del Curto, Báez edificó dos complejos sobre terrenos de la pareja presidencial que, al momento de construirse, fueron cedidos a Los Sauces S.A. e inmediatamente alquilados por las firmas Kank y Costilla, Austral Construcciones y la propia constructora", remarcaron los acusadores.
La acusación detalló la procedencia de los ingresos millonarios captados por la firma familiar. "Entre enero de 2009 y marzo de 2016, la sociedad de Máximo Kirchner recibió directamente de las empresas de Lázaro Báez $6.851.650,97 y del grupo de Cristóbal López y Carlos De Sousa $18.554.725,76, además de $561.665,57 vía Idea S.A., sumando el 88% de lo facturado por Los Sauces", expuso la fiscalía.
Los fiscales argumentaron el origen ilícito de los caudales inyectados en la firma. "Los Kirchner utilizaron Los Sauces S.A. para reciclar fondos provenientes de la defraudación con la obra pública vial en Santa Cruz en el caso de Báez, mientras que con el Grupo Indalo el esquema sirvió para aceptar de forma disimulada las dádivas ofrecidas por los empresarios a cambio de beneficios otorgados a sus firmas".
A través de la firma Los Sauces S.A., Máximo Kirchner adquirió junto a Néstor y Cristina Kirchner el Hotel La Aldea, cuarto complejo del grupo. Sobre la maniobra, la acusación remarcó que fue "a un valor subdeclarado trece veces menor al real, fijado en $2.890.000, para luego ser alquilado primero a Valle Mitre, del empresario Lázaro Báez, y posteriormente a la firma IDEA, de Osvaldo Sanfelice”.
Los fiscales detallaron la intervención directa del diputado en la operación de El Chaltén. "En abril de 2009, Máximo Kirchner aprobó la adquisición como presidente de Los Sauces, se autorizó a sí mismo para concretar el acto traslativo de dominio, firmó el cheque con el que se saldó la compra e instrumentó la escritura pública directamente ante el notario Ricardo Albornoz", señalaron durante la lectura.
Durante la lectura de los cargos en la audiencia, se expuso el rol de liderazgo del legislador. "Se le imputa a Máximo Kirchner haber tomado parte como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, cometiendo delitos de defraudación contra el Estado y lavado de dinero", sostuvieron desde la acusación.
Los fiscales argumentaron cómo operaba el mecanismo delictivo mediante la sociedad familiar. "Entre enero de 2009 y marzo de 2016, en el marco de la organización criminal, el diputado diseñó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos ilícitos a través de Los Sauces S.A., legitimando dinero devuelto por el Grupo Báez y el Grupo Indalo mediante la actividad inmobiliaria y hotelera".
Para la acusación, la administración del legislador fue determinante para el beneficio económico de la firma familiar. “Máximo Kirchner no solo administró el canal de ingreso de los alquileres bajo sospecha, sino que se benefició del crecimiento superior al 12.000% del patrimonio neto de la firma, cobrando honorarios de director, haciendo retiros directos y canalizando recursos como devolución de créditos”.
El requerimiento de elevación a juicio ubicó a Máximo Kirchner en un rol central: el de organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de dinero. Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, entre 2009 y 2016 el diputado nacional fue una pieza operativa clave para ejecutar y mantener el engranaje de reciclaje de fondos ilegítimos canalizados por los grupos de Lázaro Báez y Cristóbal López.
Con un poder amplio concedido por sus padres, Máximo presidió Los Sauces S.A. y coordinó la compra de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén. “El hijo de la expresidenta conformó el quórum asambleario en soledad desde 2009, aprobó los balances y firmó de mano propia los contratos de alquiler con las contratistas de Báez, gestionando los movimientos que explicaron el 88% de la facturación”.
La acusación remarcó la responsabilidad directa de la expresidenta en la sociedad familiar. "Desde su rol de accionista, aprobó los ejercicios económicos de Los Sauces entre 2006 y 2016, avaló las compras de propiedades y ratificó las contrataciones con sus socios Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos De Sousa y Osvaldo Sanfelice", se detalló durante la lectura del requerimiento.
La sociedad integrada por Cristina Kirchner “recibió, en el período comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2016, directamente por parte de las firmas pertenecientes a Lázaro Báez un total de $6.851.650,97 y por parte de las empresas de titularidad de Cristóbal López y Carlos De Sousa en forma directa la suma total de $18.554.725,76 y de manera indirecta —a través de la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice— un total de $561.665,57, lo que constituyó un 88% de lo facturado en ese periodo por Los Sauces”.
De esta forma, Cristina Kirchner junto con Néstor, Máximo y luego Florencia Kirchner “utilizaron a la firma Los sauces como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro BÁEZ de la defraudación al Estado Nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz —causa n° 5048/16—“.
El secretario continuó con la lectura del requerimiento y sostuvo: “También, la acusada junto con Néstor y Máximo Kirchner, por medio de la firma Los Sauces adquirió un terreno de 18.153,20 m2 a la Municipalidad de El Calafate por un valor de $136.149 —es decir $7,50 el metro cuadrado—, cuando en rigor de verdad, al momento de pago, el lote cotizaba $445.000 (+226% del valor de venta)”.
Por otra parte, en el mes de junio de 2010, “Cristina Fernández junto con Néstor y Máximo Kirchner, por medio de la firma LOS SAUCES adquirió un terreno de 1.250 m2 lindero al hotel Los Sauces Casa Patagónica en la ciudad de El Calafate a cambio de la suma de $100.000 y recibió bajo la apariencia de una operación de compraventa un terreno de 1250m2 en la ciudad de Río Gallegos. También se precisó que mediante la utilización de la firma Los Sauces, Cristina Fernández junto con Néstor y Máximo compraron "el Hotel La Aldea del Chaltén —el cuarto complejo hotelero de la familia Kirchner— a un precio de $200.000 —cuando a esa fecha el precio real del hotel era de $2.890.000, es decir más de trece veces el valor declarado—, el cual sería entregado en locación primero a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez, y luego a la empresa IdeaA, de Osvaldo Sanfelice”.
A Cristina Kirchner se le imputa que en el marco de la asociación ilícita, de la que formaba parte en “calidad de jefe, diseñó, ejecutó y dirigió entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del Grupo Baez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.
Los ejemplos: el 7 de noviembre de 2006, Cristina junto con Néstor y Máximo Kirchner, constituyó ante el notario Jorge Ludueña la firma Los Sauces S.A., cuyo objeto social fue circunscripto al desarrollo de las actividades inmobiliarias, comerciales, de hotelería, turismo y servicios; design como presidente del órgano de directorio y colocó a su cónyuge y a sí misma como directores suplentes de la empresa.
Desde la cuenta particular del socio Néstor Kirchner, “el ex presidente y luego sus herederos, se extrajeron en concepto de "débitos por retiro" la suma de $4.625.260,52, mientras que desde la cuenta de la accionista Cristina Fernández se retiró la suma de $2.095.426,67 gracias al mecanismo de lavado de dinero del que formaba parte”.
A su vez, Máximo Kirchner “retiró de la empresa fondos limpios ya sea directamente en concepto de 'retiro de fondos', o bien como 'pago de gastos propios' o bajo el rotulo de 'pago de honorarios como director' por el monto de $2.492.415,69, mientras que Florencia Kirchner, retiró fondos en concepto de "débitos por retiros y pago de gastos por cuenta del accionista" por la suma de $883.293,07, además de recibir el monto de $ 874.871,12 en concepto de remuneración como empleada de la firma”.
Al concluir el detalle de las operaciones, se escuchó en la audiencia que “la incorporación del dinero al patrimonio de la ex familia presidencial una vez que el dinero de procedencia ilícita había transitado un proceso de blanqueo a través del ropaje de legitimidad que le otorgaba el haber sido incorporado a Los Sauces en virtud de la actividad inmobiliaria y hotelera que desarrollaba, fue finalmente integrado al patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y de sus dos hijos, Máximo y Florencia, para que pudieran disponer en forma segura de ellos”.
Así entonces, como consecuencia del crecimiento exponencial de la empresa Los Sauces, cuyo patrimonio neto aumentó en más de un 12.000%, los integrantes de la familia Kirchner, que habían "entregado" dinero en préstamo a la sociedad para aplicarlo a la compra y construcción de las propiedades que luego alquilaron a los "empresarios amigos", lograron integrar una parte de esos fondos como "devolución" de lo oportunamente "prestado", ya sea retirando fondos de la firma, o bien a través de la compra de propiedades para uso personal o mediante el pago de un salario.
De esta forma, leyó el secretario en el juicio, “la mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces —88% de lo facturado— correspondía a su relación comercial con las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo, lo que muestra que aquellas se encargaron a través de este mecanismo de lavado de activos que el patrimonio neto de la firma Los Sauces se incrementara en más de un 12.000% —de $100.000 a $12.122.430,26—“.
Para justificar en los papeles la transferencia de esos fondos, se “formalizaron distintos contratos de locación simulados entre, por un lado, Los Sauces representada por Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, y los diferentes miembros del Grupo Báez y del Grupo Indalo, a través de los cuales esas empresas sin justificación alguna alquilaban a la firma de los ex presidentes de la nación distintas propiedades y hoteles que resultaban innecesarios para las actividades del grupo económico y/o lo hacían a precios más costosos que los valores de mercado”.
La canalización de fondos desde las empresas de Báez y el Grupo Indalo fueron parte de las acusaciones leídas.
Así versa el requerimiento: “Una vez que la firma Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, o a incorporar propiedades, hoteles y terrenos a su patrimonio, los integró a la maniobra de lavado de dinero con el propósito de que, a partir mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2016, el alquiler de aquellos fuera la causa jurídica que permitiera transferir con ropaje de legitimidad una parte del dinero de procedencia ilícita”.
Así fue que, a través de esta “maniobra ilícita y en el período transcurrido entre los años 2009 y 2016, los fondos que fueron facturados por la firma Los Sauces a las distintas empresas del Grupo Báez y del Grupo ïndalo en concepto de alquileres de propiedades y hoteles alcanzaron un total de $25.968.042,30”.
Entre el detalle de las operaciones se contó cómo se adquirió San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario.
Fue de la siguiente manera: el día 11 de junio de 2015, la firma Los Sauces adquirió un inmueble de 236,6 m2 localizado en la calle San José n° 1111, piso 2° "d", de la ciudad de Buenos Aires (matrícula FRE 12-759/5), con la finalidad de que, sin contraprestación alguna, fuera utilizado como vivienda por la hija de los ex presidentes de la nación y accionista de la empresa, Florencia Kirchner.
Para ello, “en la fecha señalada y ante el notario Jorge María Allende, tras el aporte de $4.000.000 de Cristina Fernández y la certificación contable de Víctor Manzanares, Romina de los Ángeles Mercado, en su calidad de presidente de la empresa Los Sauces, le compró la propiedad precitada a Jorge Edmundo Coscia, a cambio de la suma de USD 370.000 (escritura n° 168), la cual fue abonada a través de la utilización de cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (cedines), los cuales cedió y entregó a la parte vendedora”.
El día 22 de noviembre de 2012, la firma Los Sauces adquirió un inmueble localizado en la calle Mascarello n° 441 de la ciudad de Río Gallegos utilizado como vivienda por Cristina Kirchner, sin embargo, “nuevamente los antecedentes de la operación permiten sostener su ilicitud”.
Para ello, la propiedad fue adquirida el día 14 de agosto de 2009 por parte de firma Negocios Patagónicos S.A. que abonó a Marcelo Fidel Moreno la suma de $200.000, lo que fue instrumentado por el presidente de la firma, Osvaldo Sanfelice, quien como venimos sosteniendo resulta ser una persona de extrema confianza de la familia presidencial.
Se dieron más detalles: “Poco más de un arño después, el propio Sanfelice con fecha 19 de agosto de 2010 cedió en representación de la firma Negocios Patagónicos el boleto de compraventa a favor de la empresa Los Sauces, que representada por Máximo Kirchner, adquirió los derechos cedidos a cambio de la suma de USD 250.000, pagaderos en diez cuotas mensuales de USD 25.000 y un interés de USD 10.407”.
Así entonces, sin que se expusiera razón o justificación, “llamativamente el valor de la propiedad, en solo 12 meses, se había prácticamente quintuplicado, ya que pasó de USD 51.948 —monto que surge de dividir $200.000 por la cotización del dólar de esa fecha que ascendía a 3,85— a USD 250.000, lo que demuestra lo inverosímil y simulado de las operaciones mencionadas”.
Durante la audiencia, la acusación expuso la transferencia de una propiedad clave de la principal constructora patagónica. "El 28 de junio de 2010, Los Sauces S.A. incorporó a su patrimonio un terreno de 1.250 metros cuadrados ubicado en la calle 25 de Mayo 66 de Río Gallegos, registrado a nombre de Austral Construcciones, señalaron desde el tribunal.
El requerimiento detalló el encuentro entre los hijos de los socios para concretar la operación inmobiliaria. "Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces S.A., y Martín Báez, por Austral Construcciones, se reunieron en la escribanía de Ricardo Albornoz para suscribir la escritura traslativa de dominio número 254".
Los fiscales remarcaron las irregularidades detectadas en la operación entre la firma familiar y la contratista estatal. "Aunque formalmente figuró como una compraventa por 97.000 dólares, se trató en realidad de una simulación para ocultar una donación por parte de la mayor adjudicataria de obra pública vial en Santa Cruz", concluyeron los acusadores.
En el tramo dedicado a las inversiones hoteleras, la fiscalía detalló la incorporación del cuarto complejo turístico de la familia. "El 13 de abril de 2009, Los Sauces S.A. compró el Hotel La Aldea del Chaltén, edificado sobre un predio de 1.961 metros cuadrados en la calle Güemes 95 de dicha localidad santacruceña", se leyó.
El requerimiento expuso los montos declarados ante el escribano Albornoz para cerrar la operación. "Máximo Kirchner formalizó la compra por $200.000 abonados con un cheque del Banco Santa Cruz, integrándolo a la cadena hotelera compuesta por el Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces Casa Patagónica", precisaron durante la audiencia.
El mismo día de la operación ya detallada, el 25 de noviembre de 2008, “Néstor Kirchner también le cedió a la firma Los Sauces en concepto de aportes irrevocables un terreno que valuó en $13.500 identificado como Lote 2, Manzana 73 (matrícula n° 5026) situado en la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (escritura n° 697)”.
La operación fue instrumentada “nuevamente ante el notario Ricardo Albornoz por el hijo de los ex presidentes, Máximo Kirchner, quien transfirió la propiedad a la firma Los Sauces en representación de su padre, aceptó el traspaso de dominio como representante de la firma y de su madre Cristina Fernández, de conformidad ido en el art. 1277 del Código Civil, vigente a ese momento.
Al igual que en la anterior propiedad, “paralelamente a la cesión del bien y mientras Cristina Fernández ejercía la primera magistratura, la firma Loscalzo y Delcurto, de Lázaro Báez, también se encontraba construyendo un edificio con cuatro (4) departamentos en dicho terreno —con un grado de avance del 60% según el Tribunal de Tasación de la Nación—, el cual a finales del mes siguiente —30 diciembre de 2008— fue entregado íntegramente en locación a la propia firma Loscalzo y Delcurto, y luego a la empresa Austral Construcciones, también perteneciente al Grupo Báez y principal beneficiaria de la maniobra fraudulenta cometida contra la administración pública”.
Al consignar las maniobras, se leyó en la audiencia que el día 25 de noviembre de 2008, Cristina Fernández le cedió a la firma Los sauces en concepto de aportes irrevocables un terreno que valuó en $13.500 identificado como Lote 6, Manzana 197 (matrícula n° 1574) situado en la calle Alvear n° 391 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (escritura n° 696).
La operación -dijo el secretario del TOF 5-, “fue instrumentada ante el notario Ricardo Albornoz por Máximo Kirchner, quien transfirió la propiedad a la firma Los Sauces en representación de su madre Cristina Fernández, aceptó el traspaso de dominio como representante de la firma y dio el asentimiento conyugal de su padre Néstor Kirchner, de conformidad con lo establecido en el art. 1277 del Código Civil, por ese entonces vigente”.
Hubo más: “Paralelamente a la cesión del bien inmueble y mientras Cristina Fernández ejercía la primera magistratura, la firma Loscalzo y Delcurto, propiedad del amigo y socio comercial de los ex presidentes, Lázaro Báez y una de las empresas contratistas de obra pública que recibió adjudicaciones con las que se defraudó al Estado, ya se encontraba construyendo un edificio con cuatro (4) departamentos en dicho terreno —con un grado de avance del 60% según el Tribunal de Tasación de la Nación—, el cual a finales del mes siguiente —30 diciembre de 2008— fue entregado íntegramente en locación a otra de las firmas pertenecientes al Grupo Báez, que recibió obras viales en Santa Cruz, Kank y Costilla”.
Se fueron detallando las operaciones de la familia Kirchner que posibilitaron las maniobras de blanqueo: “El mismo 8 de abril de 2008, Néstor Kirchner también adquirió "para y con dinero" de la empresa LOS SAUCES un departamento de 426,21 m2 ubicado en el piso 4° L (UF 126), dos cocheras y una baulera (unidades complementarias MCCCXVI/II y CCCXCIII) en el edificio "Dique" del complejo "Madero Center", a cambio de la suma de USD 943.000, para lo cual primero abonó la suma de USD 283.000 con el cheque n° 01373275 de su cuenta personal n° 59777/0 del Banco Santa Cruz, el que fue suscripto por su hijo Máximo Kirchner”.
También -leyó el secretario- “alrededor de tres años después, con fecha 9 de abril de 2011, paralelamente a que el inmueble generaba ingresos desde las empresas Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, la firma Los Sauces escrituró la adquisición del inmueble ante la notaria Sara Jaratz de Perelmuter (escritura n° 40), para lo cual en 2009 se había pagado el saldo restante, esto es la suma de USD 660.000, con el cheque n° 01373279 de su cuenta personal n° 59777/0 del Banco Santa Cruz, el que esta vez fue suscripto por el propio Néstor Kirchner”.
El secretario continuó con la lectura de las acusaciones: “En esos actuados, se pudo corroborar que a los fines de hacer fluir los fondos desde el Estado a favor de las empresas de Báez, se instrumentó un esquema de corrupción mediante el cual los funcionarios con competencia en la materia —presidente, ministro, secretario, subsecretario— lograron que una importantísima cantidad de fondos públicos fueran puestos a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí, fueran destinados a la provincia de Santa Cruz, y una vez asignados a dicha jurisdicción fueran adjudicadas al referido empresario que de esta forma recibiría prácticamente el 80% de las obras —51 obras— por un monto de $16.447.135.922,59 que actualizado a agosto de 2016 representaba un total de $45.947.946.238”.
Asimismo, “se logró establecer que una vez que las empresas del Grupo Báez habían sido adjudicatarias de las obras, mediante procedimientos licitatoriós plagados de irregularidades —tales como, la concurrencia múltiple de empresas del grupo a una misma licitación, la simulación de competencia, procedimientos en tiempo record, entre otras— se le garantizó al devenido empresario de confianza de los expresidentes un esquema de beneficios que implicaría mediante esta operatoria un importantísimo perjuicio para las arcas del Estado Nacional”.
Para lograr instaurar, ejecutar y sostener los distintos planes criminales tendientes a apropiarse de los fondos públicos, Néstor, Máximo y Cristina Kirchner junto con Báez, López y De Sousa se valdrían de la colaboración de distintos profesionales —escribanos, abogados y contadores— para e el diseño de un andamiaje societario, legal y contable que les permitiría canalizar fondos desde las empresas de los grupos Báez e Indalo y a su vez, junto con distintas personas de confianza que ocuparían cargos en las sociedades involucradas, suscribirían los contratos que permitirían justificar las relaciones comerciales y cobrarían los cheques o recibirían las transferencias a través de los que fluían los fondos, logrando así blanquear el origen espurio del dinero e integrarlo a su o con apariencia lícita, lo que les permitía disponer libremente de aquél.
Con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner, se sumó a la asociación criminal a Florencia Kirchner, “quien a partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades Hotesur, Los Sauces y del patrimonio personal de su padre, y a su vez desde el papel de vicepresidente de la última entidad y empleada de la misma, se ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.
La justicia federal dejó afuera de los dos casos a Florencia Kirchner, decisión que contó con la confirmación de la Corte Suprema.
En este contexto, se señaló que fue el momento en el que los ex presidentes “incorporaron a la organización criminal a su hijo, Máximo Kirchner quien formaría junto a su padre la firma Hotesur y junto a sus dos progenitores la empresa Los Sauces".
De la inmobiliaria, Máximo Kirchner su vez, “sería presidente, ocupándose de realizar en nombre de aquellos y en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.
Para la Justicia, siendo Néstor y Cristina Kirchner “las máximas autoridades de la República, dada su posición institucional y la publicidad de sus declaraciones patrimoniales, su fortuna no podía incrementarse en la medida que lo había hecho”.
En esta punto se hizo la siguiente distinción: “La de quienes habían sido favorecidos con contratos de obra pública, concesiones estatales en distintas actividades y habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.
La finalidad de la maniobra era “justificar a través de actividades lícitas —hotelera e inmobiliaria— que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios beneficiados, canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”.
"Los planes criminales llevados a cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor y Cristina Kirchner”, puntualizaron.
En esta ocasión, “ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.
Esta fase, configura el “eje central de las iones que se siguen en las causas n° 11.352/14 —denominada nte "Hotesur"— y n° 3732/16 —conocida como "Los Sauces"— y definitiva en que los jefes de la asociación ilícita recibieran una e los fondos que habían sido sustraídos por la organización criminal que ellos dirigían y que pudieran disponer libremente de ellos".
Según la Justicia, Néstor y Cristina Fernández “aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.
Todos ellos se “valieron de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público, de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz —en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes— para sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Carlos De Sousa quienes se encontraban —como privados— del otro lado de la maniobra criminal”.
Según la lectura, también se encuentra bajo investigación en esta causa “otros planes delictivos que habrían sido llevados a cabo por esta organización, tales como la contratación ilegítima por parte de la empresa estatal AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. del Hotel Alto Calafate de la ex familia presidencial y la adjudicación de obras públicas viales a favor de la firma SUCESIÓN DE ADELMO BIANCALANI S.A. también perteneciente a Lázaro Báez”.
El detalle continúa: “La maniobra de lavado de activos a través de la empresa AGOSTO S.A., entre tantas otras”.
Para lograr sustraer los fondos del Estado, señaló el requerimiento, “alguno de los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo a expensas del interés de la sociedad gracias a la asignación de más de 46 mil millones de pesos”.
En ese momento del juicio, se volvió a escuchar la maniobra corroborada en el caso Vialidad. Se leyó: “seleccionaron a la provincia de Santa Cruz el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se a matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y ente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.
De acuerdo a la lectura, “los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar”.
Esto se concretó a través de “préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, tal como se investiga en estas actuaciones y en la causa n° 11.352/14 públicamente conocida como "Hotesur".
En cuanto al rol de miembros de la asociación, también se mencionó a la sobrina del ex matrimonio presidencial Romina de los Ángeles Mercado. Además de los integrantes del Grupo Baéz, Martín Báez y Emilio Carlos Martin, y a los escribanos Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz.
El TOF 5 sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio del caso Los Sauces SA obliga a reordenar el cronograma del debate.
El juez Michilini explicó que la próxima audiencia será el lunes y el próximo viernes, es decir: se usarán diez días hábiles para leer el requerimiento de más de 300 páginas.
En el comienzo del debate, el presidente del TOF 5 -José Michilini-, explicó que la virtualidad era sólo una “excepción” y una de las defensas solicitó que se garantice “los diez días que contempla el Código Procesal Penal para el caso Hotesur, es necesario para ejercer la defensa contar con el plazo procesal “.
El juez Michilini explicó que se garantizará el plazo, por lo que la lectura del requerimiento del caso Los Sauces durará diez días hábiles, y recién se dará inició a la lectura de las acusaciones de la causa Hotesur.
Comenzó este viernes el juicio de los casos Hotesur-Los Sauces. Con los imputados conectados de forma online, se inauguró la lectura de los requerimientos de elevación a juicio: un detalle de los hechos investigados y corroborados, el rol de cada uno de los acusados y los delitos atribuidos.
Las acusaciones sostienen que Cristina Kirchner, fue la jefa de la asociación ilícita, “en el papel de organizadores a su hijo, Máximo Kirchner”. Se mencionaron a otras personas: el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner, al exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y el exgobernador de Santa Cruz Carlos Sancho.
El detalle incluyó a “los amigos personales y socios comerciales de los ex presidentes”, entre ellos: Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, al contador de la familia presidencial y sus empresas Víctor Manzanares y a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Tras la decisión de la Cámara de Casación, el TOF 5 integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron que el juicio en esta primera etapa de lectura de acusaciones se realizará de forma virtual.
Se explicó que ante la decisión de unificación de las causas, para no postergar el comienzo del debate, se decidió que las primeras semanas donde se escucharán las maniobras investigadas, el rol que cada imputado desempeñó y por ende, los delitos atribuidos, será de manera virtual. Cuando comiencen las indagatorias, se volverá a la modalidad presencial.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) dispuso el inicio del juicio oral y público unificado por los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner por maniobras de presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La apertura del debate se fijó para este 23 de octubre a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py, tras resolver la disputa procesal en la que el fiscal Mario Villar y la Cámara de Casación impulsaron la reunificación de ambas causas para evitar desdoblamientos probatorios y juzgar en conjunto la estructura de las empresas familiares.
El objeto central de la acusación se enfoca en el retorno de fondos a través de contratos de alquiler de complejos hoteleros y propiedades de las firmas familiares, triangulados principalmente mediante empresarios contratistas de obra pública como Lázaro Báez. En vísperas del comienzo de las audiencias, las defensas de los imputados solicitaron la dispensa para no asistir de manera presencial a los tribunales, mientras que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas cautelares y dejó firmes los embargos patrimoniales sobre los bienes e inmuebles de las sociedades involucradas.
La unificación de los juicios de Hotesur y Los Sauces complica la situación judicial de Cristina y Máximo Kirchner. La decisión fortalece la hipótesis de un único circuito de lavado de dinero y reduce las posibilidades de utilizar fallos contradictorios en su defensa.
A horas del inicio del juicio oral y público por los casos Los Sauces y Hotesur, donde los principales acusados son Cristina y Máximo Kirchner, la Cámara de Casación dejó firme los embargos preventivos ordenados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la condena del caso Vialidad. La medida cautelar se dictó en el marco del segundo pedido de decomisos para cubrir los 685.000 millones de pesos, fijados como el fraude cometido.
Máximo y Florencia Kirchner apelaron ante la Cámara Federal de Casación la resolución del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a través de la cual ordenaron un embargo preventivo sobre las empresas familiares.
La hiperactividad política que mostró Cristina Kirchner en las últimas semanas acaso se explique por la proximidad de un frente de tormenta judicial a punto de explotar. Como viene contando Clarín, el arranque del juicio oral por los casos Hotesur y Los Sauces, y la inconveniencia para la expresidenta de su unificación procesal, es una pésima noticia para ella. Pero no la única.
En paralelo a esta acusación por lavado de dinero que involucra a su hijo Máximo, en el caso Vialidad también se pronostican lluvias. Se trata de la causa por corrupción que terminó con una condena de seis años de prisión (en su caso domiciliaria) y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Cristina Kirchner se sentará, por tercera vez, en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará junto a su hijo Máximo, que también va a juicio por lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces. El juicio arrancará este viernes de manera unificada luego de la decisión que tomó la Cámara de Casación.
A la ex presidenta la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a lavar dinero a través de sus hoteles y compañías y también de haber recibido dádivas. Entre las pruebas figuran los contratos con Lázaro Báez, la creación de empresas para lavar el dinero, movimientos de fondos y todo tipo de maniobras irregulares, según determinó la Justicia.
El juicio unificado de los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, entre otros imputados, arranca este viernes a partir de las 10, después del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó la realización de un solo debate oral y público de las dos causas unificadas.
Los Sauces es la inmobiliaria familiar y Hotesur, la sociedad propietaria de los hoteles. La hipótesis de la acusación sostiene que ambas sociedades fueron utilizadas para recibir fondos de empresarios beneficiados con contratos estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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