Alerta | Diputados debate la prórroga de la Emergencia en Discapacidad
La Cámarade Diputados aprobó este miércoles una serie de proyectos impulsados por el oficialismo y otros bloques, en una sesión marcada por negociaciones parlamentarias, votaciones ajustadas y cruces entre legisladores. Entre las principales iniciativas, la Cámara baja dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aprobó una nueva normativa sobre Discapacidad. En cambio, el tratamiento del proyecto de endeudamiento familiar quedó interrumpido luego de que La Libertad Avanza impulsara su regreso a comisión.
La jornada legislativa, que comenzó el miércoles 21 de octubre, se extendió hasta las 3.31 del jueves 22. Durante ese período también se aprobaron modificaciones al Código Penal para sancionar el vandalismo rural, un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y la transferencia gratuita de un inmueble nacional al Gobierno de Chaco.
La Cámara baja aprobó por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. Para alcanzar la mayoría, La Libertad Avanza aceptó reincorporar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, contempla cambios vinculados con las expropiaciones, los desalojos y la protección de la propiedad privada. Con las modificaciones introducidas durante el debate, el texto deberá regresar a la Cámara alta para continuar su trámite legislativo.
Durante la discusión, desde el oficialismo defendieron la propuesta como una herramienta para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados. En contrapartida, legisladores de la oposición cuestionaron distintos aspectos del proyecto, en particular los vinculados con las expropiaciones y las consecuencias que podría tener sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural por 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa, impulsada originalmente por el PRO, incorpora nuevas figuras penales al Código Penal con el objetivo de proteger los establecimientos rurales frente al ingreso no autorizado y los daños a la producción agropecuaria.
Uno de sus artículos incorpora el artículo 150 bis, que establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume ante la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que prohíban el ingreso.
El proyecto también incorpora el artículo 184 bis, que contempla sanciones para quienes provoquen daños a bienes vinculados con la actividad agropecuaria, como cultivos, ganado, silobolsas, paneles solares e infraestructura productiva. Según lo expuesto durante el debate, las penas podrán alcanzar los ocho años de prisión en determinados supuestos.
Desde los bloques que respaldaron la iniciativa señalaron que la reforma busca brindar mayor protección jurídica a los productores y sus establecimientos. En cambio, legisladores del Frente de Izquierda cuestionaron el alcance de la propuesta y sostuvieron que podría reforzar la protección de grandes propietarios rurales.
La Cámara baja aprobó por 241 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones la creación del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs). La iniciativa busca reforzar los controles sobre estos productos mediante un mecanismo que permita reconstruir su recorrido, desde la producción hasta su utilización, identificar lotes y determinar a qué pacientes fueron administrados.
El proyecto se impulsó tras la crisis sanitaria de 2025 vinculada con el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que provocó más de 100 muertes en el país. El caso derivó en investigaciones judiciales y en la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados, cuyo informe final recomendó avanzar con mecanismos de trazabilidad para medicamentos críticos.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques coincidieron en la importancia de poder identificar el recorrido de los medicamentos ante eventuales nuevas contaminaciones. Sin embargo, también hubo cuestionamientos sobre la capacidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para implementar los controles necesarios con los recursos presupuestarios disponibles.
Con 235 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara baja aprobó la transferencia gratuita al Gobierno de la provincia del Chaco de un inmueble propiedad del Estado nacional.
El predio corresponde al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ubicado en la localidad de Barranqueras, en el departamento San Fernando. La iniciativa autoriza el traspaso del inmueble a la administración provincial.
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Durante la sesión, la Cámara baja también rindió homenaje al senador libertario Juan Carlos Pagotto, fallecido a fines de septiembre, según lo consignado en el material de la sesión.
Durante el reconocimiento, el diputado Guillermo Montenegro lo recordó como “una persona intachable” y destacó su trayectoria como jurista y legislador, además de su interés por la música, el cine y la pintura “Fue honesto, íntegro, fiel a sus convicciones, leal a sus principios y sobre todo leal a sus amigos, siempre dispuesto a tender una mano sin preguntar qué podía recibir a cambio”, expresó.
Tras las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Discapacidad impulsado por el Gobierno. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El texto incorporó modificaciones acordadas durante el debate parlamentario, entre ellas cambios vinculados con la continuidad de las prestaciones, la actualización de los nomencladores y la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo formal.
La discusión estuvo atravesada por cuestionamientos de legisladores opositores y organizaciones del sector, que reclamaron garantías presupuestarias para sostener las prestaciones y advirtieron sobre la necesidad de asegurar la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de las políticas públicas.
Desde el oficialismo defendieron la propuesta como una alternativa para establecer reglas permanentes y superar el esquema de emergencia. En cambio, distintos diputados plantearon dudas sobre su implementación y reclamaron que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Con la aprobación en Diputados, el proyecto continuará su recorrido legislativo en el Senado.
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El último tramo de la sesión estuvo dedicado al proyecto de endeudamiento familiar, una iniciativa que buscaba establecer medidas para atender las dificultades de los hogares para afrontar sus obligaciones financieras. La discusión terminó sin que se votara el contenido de los dictámenes, luego de que el oficialismo impulsara una moción para devolver el expediente a comisión.
El proyecto opositor, promovido por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, proponía declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de refinanciación de deudas en al menos 12 cuotas. La iniciativa contemplaba mecanismos de alivio para personas con atrasos en sus pagos, con condiciones específicas para la regularización de las obligaciones.
Por su parte, La Libertad Avanza defendía su propio dictamen, centrado en mejorar la información disponible para los usuarios de créditos, facilitar el seguimiento de sus obligaciones y permitir el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades financieras y las plataformas. La propuesta oficialista no contemplaba un régimen general de refinanciación ni establecía tasas máximas.
La discusión se extendió durante más de dos horas y estuvo atravesada por las diferencias entre los bloques sobre el alcance de las medidas. El presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobar su dictamen y reclamó que se votaran las propuestas en debate.
La diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, propuso que el proyecto volviera a comisión. La moción fue aprobada por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, correspondientes a diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora.
La decisión impidió que el proyecto avanzara hacia una votación de fondo y postergó su tratamiento sin establecer una fecha para retomarlo. Desde la oposición cuestionaron la maniobra y reclamaron que el Congreso abordara las dificultades de las familias endeudadas.
Durante el debate, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció presuntas presiones de funcionarios del Gobierno sobre legisladores para evitar el rechazo del dictamen oficialista. “Me preocupa que, a esta hora, en la Cámara haya funcionarios del Gobierno que además de estar dando vueltas, están llamando a diputados para decirles qué necesitan para que no se rechace el dictamen del oficialismo sobre el endeudamiento”, afirmó. Se trató de una acusación formulada durante la sesión.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la decisión de devolver el proyecto a comisión sin fijar un plazo para reanudar la discusión. Otros legisladores opositores también advirtieron sobre la falta de acuerdos para avanzar con una respuesta legislativa al problema de la morosidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión a las 3.31 del jueves 22 de octubre.
