Diputados aprobó con amplia apoyo los cambios al Código Penal para endurecer las penas por vandalismo rural
La Cámara de Diputados aprobó, por 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, los cambios al Código Penal sobre el vandalismo rural.
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, apunta a penalizar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agravar las penas por daños contra bienes y recursos productivos del campo.
Ardohain, quien es presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, defendió la iniciativa. “Para muchos de los que venimos del interior, que venimos del campo, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de federalismo. Defendemos el federalismo, a nuestras familias rurales y a nuestros trabajadores rurales, pero cuando vamos a la ley, muchas veces parece que la ley llega hasta la última columna de luz de nuestra localidad”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la presencia de la ley parece desdibujarse a medida que uno se aleja de los centros urbanos. “Cuando uno agarra un camino vecinal y se empieza a alejar del pueblo, parece que se aleja de la ley también. Este es un reclamo muy importante para nuestras familias”, afirmó.
Ardohain recordó que la última reforma del Código Penal data de 1921 y señaló que transcurrieron más de 105 años hasta que se pudo instalar este debate en el Congreso. En ese marco, destacó la necesidad de establecer con mayor precisión el derecho a decidir quién puede ingresar a un establecimiento rural. “Entrar a una propiedad privada sin autorización, no solamente del dueño, sino también de la persona que vive en ese predio, lo alquila o trabaja en él, es una cuestión que debe contemplarse. Esa persona tiene derecho a decir quién puede entrar y quién no”, explicó.
El proyecto, que ahora se tratará en el Senado, incorpora dos artículos que fueron modificados durante la sesión. El artículo 150 bis establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a impedirlo.
La iniciativa establece que la voluntad de exclusión se presumirá por la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. Sin embargo, contempla excepciones cuando la entrada responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente los límites con la vía pública.
Además, el texto prevé elevar a dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentren en el establecimiento, así como para la sanidad de los animales o los cultivos de la explotación.
En este sentido, la aplicación de esta figura penal quedará sujeta a que el hecho no constituya otro delito que tenga prevista una pena más severa.
Por su parte, el Artículo 184 bis establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño causado para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen elementos vinculados con la producción agropecuaria, cuando la acción afecte directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural. La figura se aplicará siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública.
Entre los bienes protegidos se incluyen los cereales y las oleaginosas sin cosechar, así como los granos recolectados que se encuentren almacenados en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas, silos u otras instalaciones. También quedan comprendidos los bosques, viñedos, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales y otras plantaciones en explotación, tanto con sus frutos en pie como ya cosechados.
La protección alcanza, además, al ganado de cualquier especie, las aves de corral, los animales de granja y sus productos derivados, así como a la leña y el carbón apilados en los campos. También contempla los alfalfares y otros cultivos forrajeros, ya sea que estén en pie o se encuentren empardados, engavillados, ensilados o enfardados. Las sanciones también se aplicarán cuando los productos comprendidos en estas categorías sufran daños durante su transporte.
La iniciativa extiende las mismas penas a quienes destruyan, inutilicen o dañen instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía y la extracción de agua, como paneles solares, bombas sumergibles, generadores y sistemas de riego. También incluye otras instalaciones utilizadas en la cadena productiva, como alambrados, tranqueras, silos, corrales y reservas hídricas.
El texto prevé agravar las sanciones cuando el autor sea un funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria: en esos casos, la pena mínima se elevará al doble.
Por otra parte, el máximo de la pena se incrementará a 10 años de prisión cuando el hecho sea cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada, provoque la pérdida total de la producción en curso, impida la continuidad del ciclo productivo o afecte su transporte o comercialización. El mismo agravante se aplicará cuando el delito se cometa mediante violencia o amenazas contra las personas, siempre que el hecho no constituya otro delito con una pena mayor.
Romina del Pla criticó el proyecto contra el Vandalismo Rural por "defender a los terratenientes". Tras repasar de forma irónica casos de la ruralidad como explotación de trabajadores o la forestación en tierras de pueblos originarios, la diputada de Izquierda aseguró que "se trata de una ley para reforzar todo lo que tiene que ver con las grandes extensiones de los terratenientes y el agronegocio".
Entre los casos que mencionó la legisladora, se mencionó a Joe Lewis, magnate británico propietario de terrenos rurales en el sur del país y empresas que "explotan" los territorios rurales.
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, consideró que el proyecto que plantea una reforma en el Código Penal y la introducción del delito de "vandalismo rural" apunta a "blindar a las grandes corporaciones y propietarios de la tierra".
"Quieren tener las nomas reforzadas para protegerlos, aunque no pudieron avanzar en la extranjerización de tierras. Es parte del armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región", analizó.
El diputado cordobés Juan Brügge dijo sobre el proyecto contra el Vandalismo Rural: "Primó la cordura". "No solo está en riesgo el material de la agroindustria, sino todo lo referido a la energía limpia", sumó el legislador a los objetos que entiende están expuestos al vandalismo en la ruralidad.
Sobre esto sumó: "En Córdoba hemos hecho inversiones muy importantes" en esta materia. "Los delincuentes aprovechan está situación para hurtar o dañar" estos materiales.
Alejandra Torres defendió la incorporación del delito de Vandalismo Rural. La diputada de Provincias Unidas señaló que el delito que el proyecto en debate moderniza toma en cuenta "el respeto al esfuerzo de los propietarios rurales", a los que definió como "aquellos productores que se levantan muy temprano y empiezan a trabajar sus campos".
"El daño no es solo económico, implica costos vinculados con la producción a logística y hasta la calidad de los granos que producen", dijo en relación con los actos delictivos que se producen en el sector, y consideró que la iniciativa apunta a que "la producción agropecuaria siga siendo el sostenimiento del país.
Guillermo Agüero, diputado de la UCR, destacó los nuevos artículos que la ley incorporaría al Código Penal y destacó que lo que se busca es proteger a las “familias de pequeños productores de 50, 80, 100 hectáreas, que no cuentan con dinero o medidas de seguridad suficientes”.
En esa línea destacó la incorporación del artículo 184 bis, que prevé penas “de hasta 8 años de prisión y una multa de hasta 12 veces el daño que causó” a “quienes destruyan silo bolsas, paneles solares, cultivos, ganado, bombas de agua o afecten el ciclo productivo” y que “duplica las penas para el caso de que el delito lo cometan funcionarios públicos o personas vinculadas al sector agropecuario".
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